ARÍSTIDES AGÜERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTAS

Y

CONTRAVENCIONES

 

(JURISPRUDENCIA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

ÍNDICE GENERAL

 

FALTAS Y CONTRAVENCIONES

 

Faltas y contravenciones: Poder de policía. Poder de policía provincial. Poder de policía municipal. Legislación contravencional. Delitos y contravenciones. Finalidades. Teoría cuantitativa. Teoría cualitativa. Contravenciones y faltas. Contravenciones de resultado y de peligro. Contravenciones de omisión.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

APLICACIÓN DE LA LEY

Ámbito espacial: Principio de legalidad. Ámbito territorial. Establecimientos de utilidad nacional. Municipios.

Prohibición de analogía: Principio de legalidad. Principio de bien jurídico. Principio de lesividad. Principio de igualdad ante la ley. Principio de tipicidad. Tipos penales abiertos. Prohibición de analogía. Interpretación de la ley. Decretos del Poder Ejecutivo.

Ley más benigna: Fundamento. Constitucionalidad. Ámbito de aplicación. Contravenciones y faltas. Sucesión de leyes: retroactividad - ultraactividad. Ley más benigna. Valoración. Aplicación de una sola ley. Aplicación durante la condena. Aplicación de oficio. Efectos. Leyes penales en blanco. Casos particulares.

Supletoriedad del código penal: Leyes especiales. Contravenciones. Prescripción. Suspensión de juicio a prueba. Casos particulares.

Culpabilidad: Imputabilidad. Principio de culpabilidad. Prueba. Contravenciones. Culpa. Dolo. Acusación. Responsabilidad. Error o ignorancia. Estado de necesidad disculpante. Casos particulares.

Participación: Participación. Autoría. Coautoría. Autoría mediata. Representación. Complicidad primaria. Exceso del autor. Comunicabilidad. Instigación. Agente encubierto. Agente provocador. Complicidad secundaria. Encubrimiento.

Tentativa: Tentativa. Pena. Contravenciones. Delito imposible. Desistimiento voluntario. Delito experimental.

Menores: Derechos del niño. Competencia. Menores no punibles. Menores abandonados. Medidas de seguridad. Guarda. Organismos gubernamentales. Detención. Necesidad de pena. Difusión de datos.

Personas jurídicas: Responsabilidad. Autoría. Persona física. Representación. Derecho de defensa. Sanciones. Ley más benigna.

Perdón judicial: Facultad judicial. Individualización de la pena. Incompatibilidad. Procedencia. Diferencia con la condena condicional. Diferencia con la absolución.

Indulto: Facultades provinciales. Naturaleza jurídica. Diferencia con la amnistía. Presunción de inocencia. Efectos.

 

PENAS

Enumeración: Generalidades. Poder de policía. Principio de legalidad. Penas contravencionales. Principio de proporcionalidad. Arresto. Multa. Decomiso. Clausura. Violación de clausura. Clausura preventiva. Inhabilitación. Prohibición de concurrencia. Trabajos comunitarios. Cursos de capacitación. Obligaciones de conducta.

Penas paralelas: Facultad judicial. Individualización de la pena. Pena con pluralidad de sanciones. Trabajo.

Pena de arresto: Generalidades. Arresto. Cómputo. Centro de detención de contraventores. Habeas corpus. Prisión preventiva. Personas jurídicas. Arresto y multa. Trabajo comunitario. Casos particulares.

Arresto domiciliario: Generalidades. Facultad judicial. Domicilio. Procedencia. Improcedencia. Quebrantamiento.

Arresto diferido o suspendido: Generalidades.

Arresto de fin de semana: Finalidad. Procedencia.

Libertad condicional: Concepto. Reincidentes.

Condenación condicional: Fundamento. Facultad judicial. Faltas y contravenciones. Procedencia. Improcedencia. Motivación. Efectos. Penas accesorias. Revocación. Unificación. Reglas de conducta. Suspensión de proceso a prueba.

Contravención primaria: Infractor primario. Primera condena.

Arresto o multa mínimos: Pena de multa. Mínimos y máximos.

Pena de multa: Generalidades. Multa penal. Pago en cuotas. Graduación. Diferimiento. Conversión en arresto. Conversión en trabajo comunitario. Caución de no ofender.

Días-multa: Ius puniendi. Sistema. Pago en cuotas. Quebrantamiento.

Conversión en arresto: Límite. Cómputo. Conversión. Defensa en juicio.

Quebrantamiento de inhabilitación: Non bis in ídem. Improcedencia. Conducción de vehículo. Sentencia recurrida. Faja de clausura.

Ejecución de la multa: Apremio. Título ejecutivo. Excepciones. Apelación.

Trabajo comunitario: Finalidad. Procedencia. Multa conjunta. Capacidad del condenado. Inicio. Lugar de cumplimiento. Control de cumplimiento de la pena. Probation. Sustitución de penas.

Instrucciones especiales: Generalidades.

Graduación de penas: Facultad provincial. Juez competente. Arbitrio judicial. Aplicación supletoria del CPP. Finalidad de la pena. Principio de razonabilidad. Principio de proporcionalidad. Medida de la pena. Motivación. Atenuantes. Agravantes. Peligrosidad. Informe ambiental. Pena de multa. Capacidad de pago. Clausura.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Observación policial: Generalidades. Internación manicomial. Medidas predelictuales. Duración.

 

REINCIDENCIA

Reincidente: Fundamento. Condición de reincidente. Reincidencia real y ficta. Principio de igualdad. Inconstitucionalidad. Constitucionalidad. Non bis in ídem. Antecedente contravencional. Personas jurídicas. Aplicación de oficio.

 

CONCURSOS

Concurso ideal: Concepto. Hecho. Delito y falta. Consunción. Contravención y falta. Casos particulares.

Concurso real: Diferencia con el concurso ideal. Delito y contravención. Casos particulares. Pena. Delito continuado.Unificación de penas.

 

EXTINCIÓN DE ACCIONES Y PENAS

Causales: Generalidades. Muerte. Amnistía. Indulto. Prescripción. Suspensión de juicio a prueba.

Prescripción de la acción: Facultades provinciales. Generalidades. Finalidad. Competencia. Código penal. Declaración de oficio. Inicio. Términos. Concurso. Efectos. Casos particulares.

Prescripción de la pena: Orden público. Inicio. Código penal. Conversión en arresto. Recurso de revisión. Casos particulares.

Interrupción de la prescripción: Norma supletoria. Nueva infracción. Secuela de juicio. Interrupción y suspensión. Casos particulares.

Oblación voluntaria de la multa: Desigualdad legal. Norma supletoria. Casos particulares.

 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN

Acción pública: Derecho público. Titularidad. Oficiosidad. Principio de legalidad. Principio de insignificancia. Inmunidad de legisladores. Magistrados. Intendente y concejales. Diplomáticos.

 

FALTAS Y PENAS

 

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD

Inobservancia de sus disposiciones legales: Bien protegido. Ley penal en blanco. Ley especial. Desobediencia a la autoridad. Venta ambulante. Limpiavidrios. Canes peligrosos. Casos particulares.

Negación de informes sobre la propia identidad personal: Negativa. Funcionario público. Desobediencia a la autoridad. Generales de la ley. Falso testimonio. Testigo de procedimiento. Detención en averiguación de antecedentes.

Negación de auxilio personal en caso de infortunio: Funcionario público. Abandono de persona.

Empleo malicioso de llamadas: Dolo. Intimidación pública.

Uso indebido del sistema de llamadas de emergencia: Contravenciones. Ley fiscal. Dolo. Perdón judicial.

Destrucción o deterioro de carteles: Bien jurídico protegido. Daño. Dolo.

Ofensa personal a funcionario público: Desacato. Inconstitucionalidad. Dolo.

Agresión a personal docente: Casos particulares.

Agencia de negocios y despachos públicos no autorizados o prohibidos: Poder de policía. Razonabilidad. Ley penal en blanco. Habilitación. Error. Locales bailables. Hoteles-alojamiento. Casa de pensión. Cines. Venta ambulante. Actividad lucrativa. Ejercicio profesional. Licencia de conductor. Cirujeo. Limpiavidrios.

Omisión del registro de huéspedes o pasajeros: Libro de pasajeros. Industria lícita. Consumación.

Omisión del registro de operaciones de préstamos, empeños o compraventa de cosas usadas: Casas de empeño.

Inhumación o exhumación no autorizada: Policía mortuoria. Cementerios. Exhumación.

Obstaculización de los controles en barreras sanitarias: Poder de policía. Situación económica. Reglamentación de derechos. Razonabilidad. Reglamentación. Derecho de propiedad. Faltas.
Evasión de los controles en barreras sanitarias: Poder de policía. Razonabilidad. Restricciones. Principio de legalidad.

 

FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Formación de cuerpos armados no dirigidos a cometer delitos: Orden público. Asociación ilícita.

Turbación de la tranquilidad pública o privada: Tranquilidad pública. Intimidación pública. Apología del crimen. Ruidos molestos. Inmisiones inmateriales. Ley 13.512. Molestias a las personas. Entorpecimiento de comunicaciones. Molestias a reunión pública. Insultos. Calumnias e injurias. Amenazas. Hostigamiento. Peleas y provocaciones. Violencia escolar. Discriminación. Responsabilidad de empresarios con motivo de desórdenes.

Ejercicio abusivo del derecho de reunión: Policía de la seguridad. Facultades provinciales. Derecho de reunión. Reuniones. Derecho de peticionar. Aviso previo. Edictos policiales. Estado de sitio. Corte de calles. Entorpecimiento de transportes. Protesta social. Delito contra la seguridad común. Usurpación.

 

FALTAS CONTRA LA MORALIDAD

Ofensas a la decencia y moralidad pública: Policía de la moralidad. Facultades provinciales. Constitucionalidad. Principio de reserva. Acciones privadas. Moralidad pública. Hechos inmorales. Exhibiciones obscenas.

Ofensas al pudor o decoro personal: Facultades provinciales. Ofensa al pudor. Acoso sexual. Violencia contra la mujer. Abuso deshonesto.

Espectáculos públicos prohibidos para menores: Policía de espectáculos. Ley penal en blanco. Responsable. Falta continuada. Agravante. Analogía prohibida.

Exhibición de videos: Facultades provinciales. Límites de los derechos. Industria lícita. Libertad de expresión.

Filtros sobre pornografía y violencia en internet: Poder de policía provincial. Pornografía. Fundamento. Casos particulares.

Prostitución escandalosa y homosexualismo: Prostitución. No constituye delito. Moral media. Principio de reserva. Principio de lesividad. Bien jurídico. Derecho penal de autor. Discriminación. Prostitución pública. Acciones exteriores. Prostitución escandalosa. Acciones típicas. Oferta y demanda de sexo. Constitucionalidad. Contravención continuada. Dolo. Error de prohibición. Política represiva. Prueba. Anuncios periodísticos. Clausura. Alcahuete. Facilitación y promoción de la prostitución y de la corrupción. Exhibiciones obscenas.

Casas de prostitución: Principio de reserva. Casas de tolerancia. Clausura. Ley 13.512. Ley 12.331. Publicación de avisos.

Prostitución peligrosa: Medidas de coerción. Enfermedad. Sida. Contagio venéreo. Propagación de enfermedad.

Tratamiento forzoso: Facultades nacionales. Medidas de coerción. Extracción compulsiva. Comunicación.

Prostituta: Fuero interno. Acciones privadas. Prostituta. Prostitución.

 

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES

Mendicidad profesional y vagancia: Policía de las costumbres. Buenas costumbres. Edictos policiales. Derecho penal de autor. Vagancia habitual. Inconstitucionalidad. Hecho punible. Mendicidad. Estado de necesidad. Estado de necesidad disculpante. Habeas corpus.

Mendicidad amenazante o vejatoria: Culpa. Cuidacoches.

Mendicidad fraudulenta: Contravención. Estafa.

Mendicidad por medio de menores e incapaces: Responsabilidad. Omisión. Reducción a servidumbre.

Ebriedad: Acciones privadas. Inconstitucionalidad. Constitucionalidad. Principio de lesividad. Lugar público. Ámbito privado. Prueba. Pena. Conducción en estado de ebriedad. Estado de ebriedad. Comprobación. Test de alcoholemia. Comunicación. Negativa. Aprehensión. Habeas corpus. Establecimiento asistencial. Culpabilidad. Estado de duda. Suspensión de juicio a prueba. Facultades concurrentes.

Consumo indebido de bebidas alcohólicas: Bien jurídico. Personalidad de la pena. Paternidad responsable.

Contribución a ocasionar la ebriedad: Suministro. Obrar malicioso. Acto electoral. Paternidad responsable. Venta de bebidas alcohólicas.

Suministro de bebidas alcohólicas a menores o enfermos mentales: Bien protegido. Competencia. Actividad comercial. Facultades municipales. Autor. Culpabilidad. Error. Edad. Duda. Acciones típicas. Expendio, suministro y venta. Atipicidad. Derecho de defensa. Contravención. Ley 24.788. Exhibición de cartel. Clausura.

Inhalantes tóxicos: Poder de policía. Venta. Reglamentación.

Promoción de consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ingreso excesivo de personas. Venta excesiva de entradas: Poder de policía. Promoción. Ingreso de menores. Exceso de personas. Reventa de entradas.

Falta de vigilancia o cuidado de menores de edad: Personalidad de la pena. Patria potestad. Supervisión y control.

Actos iniciales: Poder de policía. Poder de policía municipal. Facultades municipales.Venta de alcohol a menores. Conducción en estado de ebriedad. Duda.

Ebriedad habitual: Medida de seguridad. Aplicación de pena. Embriaguez habitual. Alteración psíquica.

Juegos de azar: Constitucionalidad. Facultades locales. Contravenciones. Control estatal. Bien jurídico protegido. Fines públicos. Faltas de peligro. Insignificancia. Juego prohibido. Elementos. Autorización. Explotación y organización. Autor. Capitalistas. Falta continuada. Error. Prueba. Internet. Reincidencia. Estafa. Ley 11.723. Facultades administrativas.

Cooperación al juego: Cooperadores. Supletoriedad del Código Penal. Prueba. Duda. Estado de necesidad. Propietario. Casos particulares.

Participación en los juegos de azar: Finalidad. Flagrancia. Responsabildiad penal y administrativa. Eximición. Reglamentación. Procedimiento. Certeza. Ludopatía.

Juegos electrónicos, video juegos y análogos: Poder de policía. Fundamento. Finalidad. Ley penal en blanco. Medios de recreación. Explotación comercial. Locales de internet. Horarios.

Elementos esenciales de juego de azar: Generalidades. Juegos de azar. Prueba. Casa de juego.

Juegos comprendidos en la prohibición: Loterías. Bingo. Prode. Estafa. Quiniela. Rifas. Sorteos. Ley 22.802. Apuestas sobre carreras. Riñas de gallos. Juegos de destreza. Máquinas electrónicas. Apuestas. Polla futbolística. Juegos bancados. Hipódromos. Juegos prohibidos.

Juegos de azar en los clubes y asociaciones con personería jurídica: Club social. Socio. Comisión directiva.

Clausura: Facultades provinciales. Constitucionalidad. Clausura.

Decomiso: Generalidades. Procedencia. Prueba. Dinero. Billetes de lotería. Muebles. Teléfono. Vehículos. Persona jurídica. Secuestro. Restitución.

Publicidad de la sentencia: Requisitos.

 

FALTAS CONTRA LA FE PÚBLICA

Explotación de la credulidad pública: Fe pública. Imposturas análogas. Anuncios. Cartas astrales. Quiromancia. Mitómanos. Estafa. Ejercicio ilegal de la medicina.

Imitación de moneda para propaganda: Moneda falsa. Falsificación de moneda.

Simulación de la calidad de funcionario: Usurpación de autoridad. Usurpación de títulos y honores. Extorsión.

Adquisición y entrega indebida de indumentaria policial: Usurpación de títulos y honores.

Anuncio profesional malicioso: Poder de policía. Atipicidad. Usurpación de título profesional.

Uso indebido de hábitos: Sacerdote.

Simulación de sexo: Finalidad. Bien jurídico tutelado. Inconstitucionalidad. Opciones de vida. Atipicidad. Molestias. Exhibiciones obscenas.

 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Tenencia indebida y omisión de custodia de animales: Seguridad pública. Poder de policía. Animales peligrosos. Culpa. Canes. Animales sueltos. Lesividad. Lesiones. Pena. Responsabilidad civil.

Conducción peligrosa: Poder de policía. Bien protegido. Competencia. Contravención de peligro. Culpa. Vehículo. Exceso de velocidad. Lugares poblados. Picadas. Estado de ebriedad. Conductor no habilitado. Responsabilidad de los padres. Transporte público de pasajeros. Cruce de vías férreas. Ley de tránsito. Semáforo en rojo y cartel “pare”. Prioridad de paso. Circulación de contramano. Adelantamiento. Retroceso. Apertura de puerta. Estacionamiento. Vehículo en emergencia. Accidente vial. Conductor no identificado. Deberes del conductor. Licencia de conducir. Acta vial. Foto-radar. Control de vehículo. Uso de casco y de cinturón. Inhabilitación.

Señalamiento de un peligro. Alumbrado público: Poder de policía. Bien jurídico protegido. Señalización vial. Culpa. Dolo. Contravención de peligro. Trabajos en la calzada. Obstrucción de la vía pública. Veredas. Delito y contravención. Afectación de servicios públicos. Zanjas y pozos en la vía pública. Facultades municipales. Responsabilidad municipal.

Arrojamiento o colocación peligrosa de cosas: Policía ambiental. Facultades provinciales. Arrojamiento de cosas. Colocación de cosas. Emisión  de gases o humos. Medio ambiente. Contaminación del medio ambiente. Ley 24.051.

Uso indebido de los cauces de agua: Generalidades.

Ruinas de edificios u otras construcciones: Poder de policía. Responsabilidad municipal. Empresario. Culpa. Derrumbe.

Construcción ruinosa: Poder de policía. Policía edilicia. Facultades concurrentes. Limitaciones al dominio. Demoliciones. Derrumbes. Obras nuevas. Baldíos. Clausura.

Apertura abusiva de lugares de espectáculos o entretenimientos públicos: Poder de policía. Policía de espectáculos. Material combustible. Sistema contra incendios. Conductores eléctricos. Instalaciones especiales. Restricciones municipales. Casos particulares. Estragos. Incumplimiento de deberes de funcionario público.

Fuego o explosiones peligrosas: Disparo de armas. Disparo de armas de fuego. Delito de peligro. Lesiones. Contravenciones forestales. Delito de incendio. Explosiones. Intimidación pública.

 

FALTAS EN OCASIÓN O CON MOTIVO DE EVENTOS, JUSTAS O ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Prohibición de venta de objetos aptos para agredir: Facultad estatal. Bien jurídico tutelado. Estadio. Espectáculo deportivo. En ocasión o con motivo. Contrato de trabajo

Prohibición de venta de bebidas alcohólicas: Bien protegido. Finalidad. Ámbito espacial. Figura de peligro. Concurso. Tipicidad. Error. Estado de temor. Secuestro.

Prohibición de ingreso: Obligación de vigilancia. Legitimados. Pirotecnia. Derecho de admisión. Medida cautelar. Responsabilidad civil.

Obligaciones de promotores, organizadores y autoridades: Facultades provinciales. Responsabilidad municipal. Omisión de recaudos. Tipicidad. Clausura. Responsabilidad civil. Responsabilidad de los organizadores.

Portación de objetos aptos para agredir, elementos pirotécnicos y combustibles: Figura de tenencia. Tipo complejo. Concurso aparente. Destino. Secuestro. Dolo. Duda. Pena.

Violencia: Violencia o agresión. Ámbito espacial. Tipos abiertos. Tipo de resultado. Daño o peligro. Cómplice primario. Obstrucción de salida. Desórdenes. Provocación a la parcialidad contraria. Lesiones. Riña. Responsabilidad civil.

Arrojamiento de objetos: Bien protegido. Arrojamiento. Pirotecnia. Figura de peligro. Legítima defensa. Agresión con arma. Responsabilidad civil.

Avalanchas: Responsabilidad. Tipo de resultado.

Entrada injustificada al lugar reservado a la práctica del deporte: Bien jurídico. Consumación. Campo de juego. Falta de prueba. Venta de entradas.

Fraude deportivo: Poder de policía.

Dirección de eventos, justas o espectáculos deportivos por personas no aptas: Poder de policía.

Desempeño malicioso o negligente de jueces o árbitros: Culpa deportiva. Suspensión de justa deportiva.

Violación maliciosa de las reglas del deporte: Reglas del deporte. Conducta riesgosa. Lesiones deportivas. Responsabilidad civil.

Realización de espectáculos deportivos de riesgo extraordinario: Organizador. Carrera de motocicletas. Responsabilidad civil.

Sustitución de participantes en justas, eventos o espectáculos deportivos sin causa justificada: Principio de legalidad.

Ausencia de habilitación: Poder de policía.

Inasistencia injustificada de directores, árbitros o participantes: Poder de policía.

Procedimiento respecto de los participantes: Autoridad policial. Atentado y resistencia a la autoridad. Responsabilidad civil.

Casos en que la infracción no es punible: Poder de policía.

Prohibición de concurrencia y organización: Pena. Ejecución. Casos particulares. Reglas de conducta.

Elementos de prueba: Filmaciones. Cámaras ocultas.

 

FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD

Tenencia de falsas pesas, medidas o controles: Propiedad. Policía de pesas y medidas. Leyes. Ordenanzas municipales. Sistema métrico legal argentino. Defraudación. Policía alimenticia. Adulteración de alimentos. Productos en mal estado. Adulteración de medicamentos. Identificación de mercaderías. Taxímetro alterado. Estafa.

Infracción a la normativa de la profesión de óptica técnica: Derecho de propiedad. Facultades provinciales. Espacios públicos. Habilitación. Clausura. Reincidencia.

Posesión injustificada de llaves alteradas o de ganzúas: Punguista. Ganzúa. Llave falsa. Casos particulares.

Posesión injustificada de valores o cosas: Derecho de propiedad. Requisa policial. Delito.

Venta o entrega abusiva de llaves y ganzúas: Ganzúa. Hurto.

Apertura arbitraria de lugar u objeto: Cerradura.

Decomiso e inhabilitación aplicables a las infracciones procedentes de este título: Decomiso. Inhabilitación.

Adquisición de cosas de procedencia sospechosa: Receptación sospechosa. Elemento subjetivo. Delito anterior. Precio. Procedencia. Prueba. Presunción. Buena fe.

Omisión del registro de operaciones de desarmaderos: Derecho de propiedad. Poder de policía. Principio de razonabilidad. Derechos. Papeles privados. Registros.

Adquisición indebida de efectos provenientes de productos usados: Poder de policía. Reglamentación. Encubrimiento.

Portación de elementos idóneos para estafar: Documento falsificado. Billete de lotería. Instrumentos destinados a falsificar.

Daños a la propiedad pública o privada: Bienes públicos. Lugares públicos. Ensuciar bienes. Aprovechamiento de aguas. Vehículo. Puerta. Daño. Consunción. Pintadas. Inscripciones. Propaganda. Medio ambiente. Residuos. Residuos peligrosos.

Uso indebido de letras de cancelación de obligaciones provinciales: Policía económica. Policía de emergencia. Razonabilidad. Estado de sitio. Personas de existencia ideal.

Abstención o condicionamiento de entrega de vuelto en operaciones con letras de cancelación de obligaciones provinciales: Poder de policía. Policía económica. Policía de emergencia. Restricciones. Reglamentación. Razonabilidad. Libertad de comercio.

Aprovechamiento malicioso del crédito: Alojamiento. Consumición de alimentos. Petardismo. Simple silencio. Incumplimiento contractual. Estafa. Automóvil de alquiler. Aparato telefónico. Aparato mecánico.

Abandono malicioso de servicio: Pasajero. Accidente. Estafa. Abandono de persona.

Intromisión indebida en campo o heredad ajena: Caza. Servidumbre. Violación de domicilio. Ocupación clandestina.

Invasión de ganado en campo ajeno: Ganado. Heredad cercada. Omisión de recaudos. Daños. Peligro. Prueba. Abigeato.

Introducción de productos de caza o pesca en época de veda: Comercio interprovincial. Introductor. Mercadería clandestina. Especies protegidas. Ley 22.421.

 

FALTAS CONTRA LA SOLIDARIDAD Y PIEDAD SOCIALES

Omisión de los deberes de asistencia: Omisión de auxilio. Abandono de persona.

Crueldad contra los animales: Facultades provinciales. Finalidad. Libertad religiosa. Riñas de gallos. Derechos de los animales.Ley 14.346. Casos particulares. Daño.

Hipnotismo peligroso: Lesiones.

Custodia de los alienados: Guarda. Responsabilidad civil.

Usura: Poder de policía. Bien tutelado. Usura. Intereses usurarios. Elemento subjetivo. Atipicidad. Aprovechamiento. Prueba. Habitualidad.

 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL

Tenencia abusiva de armas: Seguridad pública. Facultades nacionales. Delito de peligro. Infracción permanente. Tipo en blanco. Tenencia. Tenencia pretérita. Autoría. Autorización. Dolo. Consumación. Arma. Concurso ideal. Concurso real. Ley 23.817. Ley 25.086. Ley 25.886. Secuestro. Casos particulares.

Portación abusiva de armas: Portación. Atipicidad. Autorización. Infracción de peligro. Autoría. Elemento subjetivo. Arma. Arma de juguete. Arma a disparo. Arma cortante. Objeto apto para la violencia. Competencia. Prueba. Eximente. Ley 25.886. Pena. Casos particulares.

Agravaciones en la portación abusiva de armas: Reunión de personas. Tenencia. Antecedentes.

Fabricación o comercio no autorizado de armas: Tenencia de municiones. Transmisión y venta. Arma.

Omisión en la custodia de armas: Facilitación y entrega. Falta de precauciones. Arma.

Casos en que no existe infracción: Atipicidad. Elemento subjetivo. Caza mayor. Monte despoblado. Asociación de tiro. Armas blancas para oficio. Amenazas. Defensa. Autorización. Ejercicio de un derecho. Plazo legal. Trámite para tenencia. Cumplimiento de un deber. Razones afectivas. Inidoneidad del arma. Tenencia precaria. Absorción. Ignorancia. Arma impropia.

 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES PARTICULARES

Fabricación clandestina de elementos pirotécnicos: Poder de policía local. Tenencia. Almacenamiento. Depósito. Ley 13.512.

Expendio prohibido de pirotecnia y cohetería: Clausura judicial. Levantamiento. Violación de sellos.

Prohibición de comercialización de artículos de pirotecnia a menores: Poder de policía. Venta y comercialización.

Utilización prohibida de artefactos de pirotecnia: Inconstitucionalidad. Delito. Incendio. Responsabilidad civil. Dirección general de fabricaciones militares. Reincidencia.

Omisión del deber de vigilancia activa de padres, tutores o  curadores: Acceso a la educación.

 

TRIBUNALES DE FALTAS Y PROCEDIMIENTO

 

TRIBUNAL DE FALTAS COMPETENTE

Competencia judicial: Poder de policía. Debido proceso legal. Competencia judicial. Sistema acusatorio. Principios y garantías. Plazo razonable. Defensa en juicio. Imparcialidad del juzgador. Facultades judiciales. Excusación y recusación. Prejuzgamiento. Remoción. Competencia territorial. Competencia por turno. Competencia por conexidad. Cuestiones de competencia. Competencia penal. Competencia federal. Jurisdicción administrativa. Competencia policial. Competencia municipal. Actos procesales. Archivo. Excepciones. Acción de amparo.

 

ACTOS INICIALES

Promoción de la acción: Acción pública. Denuncia. Calumnia. Autoridad de prevención. Procedimiento judicial. Secreto profesional. Falta de acción. Régimen municipal.

Querellante particular y actor civil: Acceso a la justicia. Querellante particular. Particular damnificado. Actor civil. Jurisdicción civil.

Ministerio fiscal: Constitucionalidad. Inconstitucionalidad. Tribunal imparcial. Actuación fiscal. Nulidad.

Detención: Interpretación restrictiva. Nulla coactio sine lege. Detención. Detención en flagrancia. Detención por peligro de fuga. Detención con fines de identificación. Cómputo. Imputado. Inmunidades. Detención ilegal. Habeas corpus. Clausura. Delito.

Libertad bajo caución: Principio de libertad. Medidas cautelares. Excarcelación. Arraigo.

Términos: Plazos. Examen médico. Recurso. Defensa en juicio. Control judicial.

Notificación: Trámite esencial. Finalidad. Requisitos. Derecho de defensa. Casos particulares.

Prohibición de incomunicación: Responsabilidad policial. Desobediencia.

Arresto domiciliario preventivo: Prisión preventiva domiciliaria. Procedencia. Mujer honesta. Casos particulares.

Registros de detenidos: Principio de legalidad. División de poderes.

Habilitación: Faz de instrucción. Deber policial.

Acta inicial: Constitucionalidad. Inconstitucionalidad. Finalidad. Competencia. Acta contravencional. Acta policial. Acta vial. Acta fotográfica. Cinemómetro. Instrumento público.  Requisitos. Defectos. Nulidad. Medio de prueba. Plena prueba. Declaración del prevenido. Firmas. Pericia. Control judicial suficiente. Casos particulares. Acta de infracción administrativa.

Elevación: Plazo. Nulidad. Informe ambiental. Falsedad ideológica.

Informes quincenales: Responsabilidad disciplinaria. Orden judicial.

Allanamiento de domicilio: Constitucionalidad. Inviolabilidad del domicilio. Domicilio. Facultades jurisdiccionales. Control judicial. Requisitos. Limitación. Excepciones. Consentimiento. Obtención de pruebas. Prueba ilegal. Nulidad. Requisa. Interceptación de comunicaciones. Casos particulares.

Secuestro: Finalidad. Fundamento. Constitucionalidad. Control judicial. Potestad excepcional. Medida cautelar. Derecho de propiedad. Otros medios de prueba. Elementos secuestrados. Aseguramiento de prueba. Prueba. Plena fe. Plazo. Supletoriedad del Código Procesal Penal. Diferencia con decomiso. Pericia. Legalidad. Secuestro ilegal. Falta de agravio. Anulación. Devolución. Requisa.

 

JUICIO

Contraventor detenido: Etapa de juicio. Garantías constitucionales. Debido proceso legal. Plazo razonable. Defensa en juicio. Declaración indagatoria. Confesión. Archivo. Falta de acción. Sobreseimiento. Devolución de secuestro. Desobediencia. Conciliación. Juicio abreviado.

Contraventor citado: Garantías constitucionales. Confesión. Declaración indagatoria. Fuerza pública. Defensa en juicio.

Convocatoria a juicio: Garantías constitucionales. Debido proceso legal. Imputado. Declaración indagatoria. Abstención. Intérprete. Defensa en juicio. Audiencia de juicio. Detención. Medida de seguridad. Principio de congruencia. Desistimiento fiscal.

Audiencia: Partes. Cuestiones previas. Audiencia. Nulidad. Imparcialidad del juzgador. Plazo razonable. Defensa en juicio. Prueba. Declaración indagatoria. Confesión. Prueba ilegal. Actuación policial. Testimonios policiales. Testigos. Denunciante. Documental. Filmación. Intervención de comunicaciones. Pericia. Inspección ocular. Reconocimiento en rueda de personas. Antecedentes. Sentencia. Motivación. Nulidad. Sentencia condenatoria. Notificación. Principio de congruencia. Falta de acusación. Costas. Doble instancia.

Prórroga: Amplitud probatoria. Ofrecimiento de prueba. Defensa en juicio. Facultad judicial. Incorporación de pruebas. Prueba ilegal. Medida para mejor proveer. Confesional. Instrumental. Testimonial. Pericial. Reconocimiento. Informes telefónicos y vía mail. Indicios. Casos particulares.

Recursos: Derecho a recurrir. Recursos. Competencia. Doble instancia. Control de constitucionalidad. Reformatio in peius. Control judicial. Recurso de nulidad. Recurso de apelación. Recurso de casación. Recurso de inconstitucionalidad. Recurso de revisión. Recurso extraordinario.

Non bis in ídem: Garantía constitucional. Requisitos. Prohibición. Cosa juzgada. Delito permanente. Delito y contravención. Sanciones penales y administrativas. Delito y falta municipal. Contravención y falta. Contravención vial. Plazo razonable. Casos particulares.

In dubio pro reo: Estado de inocencia. Generalidades. Facultad judicial. Procedencia. Interpretación de la ley. Casos particulares.

Publicidad, oralidad y libres convicciones: Juicio. Publicidad. Oralidad. Principio de inmediatez. Principio de progresividad. Libres convicciones. Valoración de pruebas. Motivación. Casos particulares.

Supletoriedad del código procesal penal: Complementación. Aplicación restringida. Nulidades. Casos particulares.

 

DISPOSICIONES GENERALES

Destino de multas y decomisos: Decomiso. Facultades municipales.

Vigencia: Normas nuevas. Orden público. Vigencia.

Impresión: Facultad reglamentaria. Delegación legislativa.

Abrogación: Principio general. Código de policía. Ley 3052. Desuetudo.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Creación de juzgados: Facultades provinciales. Facultades jurisdiccionales administrativas. Tribunales municipales de faltas.

Comunicación: Principio de legalidad. Delegación legislativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTAS Y CONTRAVENCIONES

 

I. Poder de policía

 

 

1.- “El poder de policía es la potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, la salud y el bienestar general de los habitantes, impone por medio de la ley y de acuerdo con los principios constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales a los que no puede alterar ni destruir” (SCJ Mendoza, 31-12-59, expte. 21.853: “Corporación Cementera Argentina SA”, LS 073-139).-

2.- “El ejercicio del poder de policía es entendido como la facultad de imponer limitaciones y restricciones a los derechos individuales con la finalidad de salvaguardar, entre otros, la seguridad, la salubridad, la moralidad pública, la edificación, la actividad comercial y el orden público” (CAC CABA, Sala II, 23-12-98, causa 027-CC/98, “G.C.B.A.”).-

3.- “Los derechos establecidos por las Constituciones nacional y local en resguardo de los ciudadanos no son absolutos, ya que aquéllos deben ejercerse conforme las normas que regulen su ejercicio (art.14, CN), obedeciendo a esta razón la facultad reconocida al poder administrador de ejercer, razonable y legítimamente, el poder de policía, en lo que atañe a seguridad, higiene, salubridad y moralidad, teniendo siempre como guía el interés público, es decir, el de la comunidad en su conjunto” (CACCBA, “J., P.A.”, 12-11-99).-

4.- “La CN establece que los derechos reconocidos a los individuos en ella se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, tal es el principio que surge expresamente del art. 14, CN y éste debe ser interpretado armónicamente con lo dispuesto en el art. 28, CN, en tanto que los derechos reconocidos en la Carta Magna Fundamental no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. De esta manera, la CN ha señalado que los derechos no son absolutos pero que no pueden ser desvirtuados invocando ese pretexto. Del juego de los arts. 14 y 28, CN, debe surgir en el análisis de cada caso en particular, si una ley constituye una reglamentación razonable o por el contrario esa ley torna ilusorio el ejercicio del derecho que supuestamente reglamenta” (CACCBA, “M., G.E.”, 31-1-00).-

5.- “El poder de policía es el ejercicio de una función legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a ese fin los derechos individuales reconocidos expresa o implícitamente por la ley fundamental, extendiéndose hasta donde la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario, dentro de los límites constitucionales” (SCJ Mendoza, 17-6-88, expte. 41.803: “Porro”, LS 203-252).-

6.-El poder de policía, no sólo es ejercitable para evitar lesiones a la seguridad, moralidad y salubridad, sino que dicho poder por su propia índole está destinado a promover y estimular el bienestar general, incluido el que hace a la moral y a las buenas costumbres de las que depende en definitiva el mayor bien del Estado, la vida virtuosa de los ciudadanos” (SCJ Mendoza, 15-3-82, expte. 39.213: “Rocriped SAC”, LS 173-038).-

7.- “Mediante el poder de policía se regulan los derechos otorgados por la Constitución a los individuos determinando la materia y el procedimiento que ha de aplicarse para sancionar las contravenciones de tal tipo y asimismo fijará el órgano que ha de aplicar el procedimiento y en su caso la sanción” (SCJ Mendoza, 26-2-73, expte. 32.733: “Halon”, LS 129-403).-

8.- “Es opinión difundida y acogida sin reservas por los tratadistas de derecho político que, en ejercicio del poder de policía, la Constitución restringe las libertades individuales hasta donde sea necesario para conservar el orden público” (SCJ Mendoza, 16-3-61, expte. 22.005: “Dufau e Hijos Sociedad Vitivinícola y Olivícola”, LS 076-388).-

9.- “El ejercicio del poder de policía nunca puede considerarse como una función privativa del órgano administrador, toda vez que es una potestad propia del PL, y para que la delegación de su ejercicio sea legítima, además de estar enmarcada dentro de los principios de política legislativa establecidos por la ley, debe estar sometida a control judicial. En tanto que si se refiere a la actividad administrativa de policía materializada en el presente caso -en una disposición que deniega la licencia de conductor profesional-, si bien se trata de una actividad propia de la Administración, tampoco puede sostenerse válidamente que se halle exenta de control por parte del PJ, dado que a través de la misma se afectaron derechos subjetivos del administrado -máxime teniendo en cuenta la jerarquía de los derechos en juego-“ (CACCBA, “B.J.C.”, 6-12-99).-

 

10.- “El gobierno federal actúa y se mueve dentro de los poderes que le han sido delegados, y su autoridad es amplia y completa cuando aquéllos son exclusivos” (CSJN, 12-4-29, Fallos, 154-192).-

11.- “El federalismo argentino es una realidad social de honda raíz histórica y no sólo la fórmula política de una solución circunstancial” (CSJN, Fallos, 208-497).-

12.- “Las leyes locales no pueden ser invalidadas sino en aquellos casos en que la CN concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las Provincias, o cuando hay directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable que las Provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso” (CSJN, Fallos, 3-131).-

13.- “Si bien la multiplicidad de aspectos que puede presentar el poder de policía hacen que el de la Nación pueda estar ocasionalmente en colisión con el que se han reservado las provincias, ello no obsta a la concurrencia de ambos poderes, cuyo ejercicio puede considerarse incompatible sólo cuando media una repugnancia efectiva entre una y otra facultad, en cuyo caso la facultad provincial sólo cede ante el orden federal cuando se opone a finalidades de bienestar general determinadas en la legislación nacional” (SCJ Mendoza, 20-9-88, expte. 43.655: “Triplifama”, LS 205-320).-

14.- “Para que resulte incompatible el ejercicio de los poderes, el nacional y el provincial, no es bastante que el uno sea el de crear y proteger y el otro sea el de imponer o destruir, sino que es menester que haya repugnancia efectiva entre esas dos facultades al ejercitarse, en cuyo caso y siempre que la atribución se haya ejercitado por la autoridad nacional dentro de la CN, prevalecerá el precepto federal, por su carácter de ley suprema” (CSJN, Fallos, 137-212).-

15.- “En situaciones de emergencia social o económica, la facultad del art. 14, CN de regular los derechos personales puede ser más enérgicamente ejercida que en los períodos de sosiego y normalidad” (SCJ Mendoza, 20-11-91, expte. 48.985: “Sindicatura de la ley nacional n° 22.334 Quiebra Prensa del Oeste”, LS 225-001).-

16.- “Para admitir la constitucionalidad de las leyes de emergencia se exige el cumplimiento de los siguientes principios básicos: a) Que exista una situación de emergencia definida por el Congreso; b) Persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país; c) Transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales y sociales; d) Razonabilidad del medio empleado por el legislador, o sea, la adecuación del medio empleado al fin público perseguido y respeto al límite infranqueable del art. 28, CN” (SCJ Mendoza, 14-11-07, LS 383-125, “Aracena”).-

17.- “El Estado de emergencia supone: a) Situación de excepcionalidad; b) Debe ser declarada por ley; c) Las restricciones deben ser transitorias, nunca permanentes; d) Los medios adecuados a la finalidad propuesta (razonabilidad); e) Las garantías no quedan suspendidas en su totalidad, sino sólo en cuanto a su ejercicio sea incompatible con el poder de policía; f) Las restricciones deben ser generales. En consecuencia, para poder apreciar el cumplimiento de tales condiciones en el caso concreto caben dos posibilidades: a) Que se cuestione la declaración misma del estado de emergencia; b) Irrazonabilidad de la medida” (SCJ Mendoza, 11-5-93,  expte. 51.337: “Graffigna”, LS 236-267).-

 

II. Poder de policía provincial

 

18.- “Es un hecho, y también un principio de Derecho constitucional, que la policía de las Provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos; y, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantido por el art. 14, CN, a los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión sino con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio” (CSJN, Fallos 7-150).-

19.- “El poder de policía local está a cargo de sus gobiernos, que pueden proveer lo conveniente a la salubridad, seguridad y moralidad, siempre que tal ejercicio sea razonable y proporcionado a los fines perseguidos, con exclusión de toda arbitrariedad” (CSJN, Fallos, 301-1053).-

20.- “Pertenece a las Provincias decidir con entera independencia de los poderes de la Nación sobre todo lo que se refiere a su régimen, su progreso y su bienestar interno” (CSJN, Fallos, 9-278).-

21.- “Las leyes relativas a poderes de policía constituyen el ejercicio de un poder reservado por las Provincias” (CSJN, Fallos, 134-401).-

22.- “El supremo derecho de policía corresponde a la Provincia para velar por el bienestar social y económico y por la moralidad misma de sus habitantes” (CSJN, Fallos, 207-231; 270-16).-

23.- “Las Provincias pueden, en el ejercicio del poder de policía, legislar sobre la seguridad, moralidad e higiene, e incluso el orden y la paz del trabajo, y dictar normas para la aplicación jurisdiccional de las leyes comunes” (CSJN, Fallos, 252-26).-

24.- “Las Provincias han conservado por el “pactum foederis” (art. 104 y sigs., CN) competencias diversas y de orden institucional, tributario, procesal y también de promoción general, esto último particularizado en el art. 107, CN. Entre esos poderes reservados se encuentran comprendidos el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos, como así también a la defensa del interés económico de la colectividad” (CSJN, Fallos, 304-1588).-

25.- “El poder para establecer la ordinaria regulación de policía ha sido dejado a los Estados particulares y no les puede ser sustraído en todo o en parte para su ejercicio por el Congreso. Ni tampoco puede el Gobierno Nacional, por medio de cualquiera de sus departamentos o funcionarios, asumir una supervisión o contralor de la regulación policial de los Estados. Todo lo que la autoridad federal puede hacer es observar que los Estados, encubriéndose con ese poder, no invadan la soberanía nacional, impidiendo u obstruyendo el ejercicio de toda autoridad conferida por la CN a la Nación, o priven a cualquier ciudadano de los derechos garantidos por la Constitución Federal. La policía y las funciones que desempeña son de carácter local, conforme al principio de que el Gobierno Nacional creado por la CN es un gobierno de poderes limitados por la delegación que menciona el art. 104, CN, y nunca se entendió que correspondiese a la Nación intervenir en la vida propia de las Provincias para la debida regulación del orden, salud, bienestar, etc., salvo los casos extraordinarios de los artículos 5 y 6 y la jurisdicción superior de esta Corte en los casos del artículo 14, ley 48” (CSJN, Fallos, 154-6).-

26.- “En principio, el poder de policía corresponde a las Provincias; se trata de una potestad que éstas se reservaron al constituir la unión nacional; excepcionalmente, corresponde a la Nación cuando ésta ejercite atribuciones que la Constitución le otorga expresa o implícitamente, o cuando el ejercicio de idénticas atribuciones por las Provincias resulte incompatible con igual ejercicio por parte de la Nación. Existen cuatro principios nacidos de la jurisprudencia y de la lógica jurídica para que el ejercicio del poder de policía sea constitucionalmente legítimo: a) La limitación debe estar justificada; b) El medio utilizado, o sea, la cantidad y el modo de la limitación, debe ser adecuado al fin deseado; c) El medio y el fin utilizados por la limitación deben manifestarse proporcionalmente; d) Todas las limitaciones deben ser restringidas. En síntesis, la razonabilidad se expresa con la justificación, adecuación, proporcionalidad y restricción de las normas sancionadas” (SCJM, LS 304-259).-

27.- “Lo relevante en la distribución del poder de policía no es el territorio sino la materia objeto de la limitación, la extensión de los bienes en custodia: unos merecerán una custodia jurídica con extensión nacional, otros provincial o municipal” (CSJN, 23-2-95, ED, 163-94).-

28.- “Como norma general dentro de nuestro régimen federativo, el poder de policía corresponde a las Provincias y la Nación lo ejerce dentro del territorio de las mismas sólo cuando expresamente le ha sido conferido o es una forzosa consecuencia de otras facultades constitucionales. La policía de las Provincias está, pues, a cargo de los gobiernos locales, entendiéndose incluidas en tales potestades las de proveer lo concerniente a seguridad, salubridad y moralidad de los vecinos, pudiendo entonces lícitamente dictar leyes y reglamentos con tales finalidades” (CSJN, Fallos, 192-449; SCBA, 16-7-91, “Sanatorio Azul S.A.”).-

29.- “El poder de policía en las Provincias está a cargo de sus gobiernos, que pueden proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad, dictando leyes y reglamentos que regulen razonablemente el derecho de ejercer la industria o profesión de sus habitantes, en defensa del interés económico de la colectividad y por medios proporcionados a los fines que se persiguen” (CSJN, Fallos, 277-147).-

30.- “En el orden local el poder de policía en materia de higiene, seguridad y orden público lo ejerce el Jefe de Gobierno, y ciertas conductas forman parte del ámbito contravencional como consecuencia del poder de policía en cabeza de los distintos niveles de gobierno que componen un Estado Federal. La Ciudad integra, como un Estado más, el sistema federal argentino. Por ello, el dictado de la legislación de faltas o contravencional, necesaria para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por ella, se encuentra dentro de su autonomía constitucional” (TSJBA, 24-10-00, “León”).-

31.- “En nuestra organización constitucional, la Nación ha reservado para sí la facultad de legislar en materia penal, restándoles de tal modo a las Provincias sólo una capacidad residual para hacerlo sobre aquellos aspectos que no hubieren penetrado al CP y ello con mero carácter de faltas o contravenciones. De tal modo y sin necesidad de incursionar en el análisis relativo a la diferencia conceptual entre delito y contravención, queda absolutamente en claro que si una determinada materia ha sido considerada y atrapada por la legislación nacional como constitutiva de delito, no puede serlo al mismo tiempo por la provincial como configurativa de falta. Tolerar otra cosa implicaría romper la estructura de nuestra Constitución” (CPenal Santa Fe, Sala IV, 12-5-93, “R., R.L.”, JS, 2-147).-

32.- “Nunca puede ser atentatorio al régimen autónomo de las Provincias el ejercicio legítimo por parte de la Nación de las facultades que le han sido expresamente delegadas, por más que deban ellas ejercitarse en el propio territorio de los Estados autónomos” (CSJN, Fallos, 220-1354).-

33.- “Resultaría contradictorio negar a las Provincias los medios de mantener la pureza del sufragio, cuando se les obliga por el art. 5, CN, a organizar su gobierno bajo el sistema republicano. Si no pueden reprimir todo lo que tienda a deformar la verdad electoral no pueden impedir la elección de representantes distintos a los que el pueblo ha querido elegir” (CSJN, Fallos, 171-55).-

34.- “El poder de policía de cada jurisdicción territorial es local (nación, provincia o municipio); conservando las provincias todo el poder no delegado al gobierno federal y el que expresamente se reservaron por pactos especiales al tiempo de su incorporación (art. 121, CN) y a tal efecto se dieron sus propias constituciones locales y se rigieron por ellas, sancionando para sí una Constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías que aseguren su administración de justicia, régimen municipal y educación primaria (arts. 5, 122 y 123, CN)” (CCCABA, 22-5-06, causa 069-00/CC/06, “Correo Oficial de la República Argentina S.A.”).-

35.- “Las Provincias no se han reservado poderes, sino que la CN, como expresión de la voluntad del pueblo de la Nación Argentina, es quien los distribuye, delegándolos en forma definida al gobierno nacional, mientras que los poderes no delegados los conservan las Provincias. El Congreso Nacional no puede devolver a las Provincias las facultades que ellas le delegaron, porque, de lo contrario, quedaría librado a su voluntad destruir el sistema federal de gobierno, tal como lo establecieron los constituyentes” (CSJN, Fallos, 308-1298; 268-306).-

36.- “La división de poderes entre la Nación y las Provincias trae una consecuencia inevitable, la de ejercer la facultad de policía, ya que otorgado o reservado un poder, lleva necesariamente el derecho de adoptar los medios coercitivos para ponerlo en práctica” (CSJN, Fallos, 102-25).-

37.- “Las acciones lesivas de un interés que la Nación regula exclusivamente, sólo corresponde a ésta tutelarlo mediante penas, y, por el contrario, únicamente corresponde a las Provincias proteger con sanciones los intereses que les competen (prensa, sistema electoral, impuestos)” (CSJN, Fallos, 373-101).-

38.- “La policía de la Provincia está a cargo de los Gobiernos locales y se entiende incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moral de los vecinos” (CSJN, Fallos, 7-150).-

39.- “Las Provincias tienen derecho de regirse por sus propias instituciones, y conservan su soberanía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación. A ellas corresponde darse leyes, ordenanzas de impuestos locales, de policía, higiene, y todas las conducentes a su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108, CN” (CSJN, Fallos, 7-373).-

40.- “En una aproximación muy básica la competencia legislativa provincial está restringida a todas aquellas materias que no han sido delegadas en el Congreso Federal dentro del texto de la CN (arts. 75 y 126, CN). En tal sentido, el dictado del CP corresponde al Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, CN), a la par que la Constitución Provincial atribuye a la Legislatura local la sanción del Código de Faltas. Si bien la atribución de dictar los códigos sustantivos constituye una competencia delegada y exclusiva del PL federal, ello no impide que, conforme interpretación constante de la CSJN, las provincias ejerzan sobre esa materia el poder de policía de seguridad, moralidad y salubridad (Gelli). Por su parte, Zaffaroni, reconociendo una contradicción en el propio texto de la CN (delegación legislativa del CP vs. régimen federal y autonomía municipal), concluye que “estableciendo la Constitución formas secundarias y terciarias de Estado, no puede dejarlas huérfanas de toda facultad punitiva.... Ratificando que el derecho contravencional es derecho penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste, la competencia legislativa penal en materia contravencional por parte de provincias y municipios es muy poco discutible”. En el mismo sentido, se ha advertido que “esta ingeniería institucional (arts, 121 y 126, CN) despertó algunas dudas -con no pocos fundamentos- respecto de las facultades provinciales para darse leyes contravencionales, las que de acuerdo con lo antedicho, podrían encontrarse dentro de la nómina de las facultades delegadas -la delegación de la regulación del poder coercitivo-, más aún si se considera que delitos y faltas forman parte de un mismo sistema punitivo. Sin embargo, lo cierto es que, hoy por hoy, se encuentra francamente consolidada -indiscutida, diríase- la potestad de las provincias para darse sus propios regímenes contravencionales” (Juliano). En efecto, la doctrina mayoritaria coincide en que “la concesión de un poder de legislar implica la de hacer efectivas con sanciones penales ciertas disposiciones legales para cuyo cumplimiento no hay otro medio coercitivo, pues de otra manera se trataría del ejercicio de una jurisdicción sin imperium, lo que es lo mismo que decir sin poder efectivo de ejecución” (Nuñez). Asimismo, Sebastián Soler expresó que “la división de poderes entre nación y provincias determina, como consecuencia inevitable, la facultad de policía de esos poderes, ya que, otorgado o reservado un poder, lleva como necesaria implicancia la facultad de adoptar los medios para ponerlo en práctica y cuando ese poder se ejerza sancionando una prohibición, la conminación de penas será el remedio natural”. En el mismo rumbo se ha pronunciado Villegas Basavilbaso, al sostener que el poder de policía es originario de las provincias, y sólo corresponde a la Nación en los casos en que le ha sido expresamente conferido o es una consecuencia necesaria de otras facultades constitucionales. Así, enfatizó que “es obvio decir que si las provincias tienen por derecho propio la potestas de formación policial, salvo en la materia delegada a la Nación expresa o implícitamente, tienen por ende la facultad represiva, por cuanto la atribución de un ‘poder’ implica al mismo tiempo disponer de los medios necesarios para hacerlo efectivo” (TSJ Neuquén, 16-4-12, “Repetto”).-

41.- “El derecho punitivo, como género (del que el derecho penal y el contravencional son especies), no cubre todas las conductas posibles, sino únicamente las que el órgano constitucionalmente facultado para legislar lo considera de suficiente gravedad como para reprimir, ya que debe ser un sistema discontinuo o fragmentario de prohibiciones que intervenga como ultima ratio del ordenamiento jurídico, dejando amplios márgenes de libertad para que el Estado no contravenga su propio fin que no es otro que permitir la plena y libre realización de los individuos dentro de la sociedad. En síntesis, “la facultad de imponer penas será nacional o provincial según sea el poder o facultad que esas penas tutelan; un poder delegado en la nación o reservado por las provincias” (Soler). Por lo tanto, “en todas las materias que la Ley Fundamental ha conferido a la legislación del Congreso, existe una delegatio de las provincias a la Nación, vale decir, una disminución de su autonomía. Y en el caso de funciones concurrentes en materia de policía, prevalece la legislación nacional si existe repugnancia efectiva con las legislaciones provinciales” (Villegas Basavilbaso). Por consiguiente, el poder legisferante local está acotado, pues no puede exceder su función y crear delitos encubiertos bajo la denominación de faltas, invadiendo otra competencia más allá de la que le corresponde estrictamente en razón del territorio y la materia (Losa). Soler ha puntualizado que “tampoco pueden las provincias sancionar disposiciones que importen alterar las figuras específicas del CP, ni su régimen represivo... ni arrogarse facultades que corresponden, por su naturaleza, al Congreso Nacional; ni legislar de manera que queden prohibidas como contravenciones ciertas acciones que el legislador ha querido dejar como lícitas, al trazar las figuras delictivas... En virtud del llamado principio de reserva, no pueden interpretarse las facultades provinciales como suficientes para colmar esas lagunas” (TSJ Neuquén, 16-4-12, “Repetto”).-

42.- “Al delinear la relación provincia-nación, en punto a la imposibilidad de pensar un Estado sin imperium, cabe citar que “dentro de un Estado como el argentino, organizado de acuerdo con la forma federal, aquella facultad (poder de policía) corresponde tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales y a los municipios, por cuanto es finalidad primordial del Estado nacional, provincial y municipal, cada uno dentro de su órbita jurisdiccional, amparar la vida, la propiedad, la seguridad, la moralidad y la salud de los habitantes. En conclusión, la potestad de la Legislatura de dictar el Código de Faltas no altera la competencia de los municipios nacida de su autonomía y las normas específicas. De manera que las leyes contravencionales provinciales serán aplicables únicamente hasta donde alcance su jurisdicción territorial o en los casos en que los hechos excedan el ámbito de poder local de un municipio, involucrando a más de una comuna” (TSJ Neuquén, 16-4-12, “Repetto”).-

 

III. Poder de policía municipal

 

43.- “Los recaudos al poder de policía (y consecuentemente a la policía) son: La limitación del derecho debe estar justificada en un fin público; el medio utilizado debe ser adecuado y proporcionado al fin buscado; debe existir razonabilidad en la medida tomada” (SCJM, 22-6-90, expte. 47.395: “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”, LS215-479).-

44.- “La policía municipal no debe ser encuadrada en disposiciones legales expresas” (SCJM, 23-10-91, expte. 44.001: “Dalvian SA”, LS224-119).-

45.- “Es la Constitución -art. 209, Const. Prov.-, quien distribuye la esfera de competencias entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal. En su caso, es la legislatura quien confiere las atribuciones necesarias para que las Municipalidades cumplan eficazmente la atención de los intereses y los servicios locales. Luego, ninguna autoridad provincial puede limitarle el poder, excepto la legislatura. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica establecen las atribuciones municipales: I) De carácter político-jurídico: convocar elecciones; dictaminar acerca de su validez; nombrar empleados; sancionarlos; juzgar a Intendentes y Concejales; II) De carácter económico-financiero: elaborar y aprobar presupuesto anual de gastos y recursos; aceptar legados y donaciones; aprobar cuentas; contraer empréstitos; crear tasas y contribuciones; III) De carácter social: fundar casas de corrección y trabajo; asilo para pobres imposibilitados y hogares de niños huérfanos; asistencia maternal; fomento del deporte; IV) En ejercicio del poder de policía: ornato e higiene, código de edificación, apertura, ensanche y cierre de calles; formación de plazas, parques y paseos; construir cementerios y quemaderos de basura, etc.” (SCJM, 2-11-10, expte. 52.153: “Municipalidad de Maipú”, LS419-216).-

46.- “La materia propiamente municipal o local, es la relacionada con la policía y el poder de policía en materia de seguridad, higiene y salubridad, las facultades de control de higiene y seguridad son típicas atribuciones municipales. La seguridad urbana, de tránsito, de circulación por veredas, de higiene de las instalaciones y oficinas comerciales, compete al municipio y sus poderes están específicamente salvados por el art. 75, inc. 30, CN, aún respecto de establecimientos de utilidad nacional, como las universidades nacionales, los aeropuertos, etc. Conforme estas facultades, reconocidas en el art. 200, incs. 3 y 6, Const. Provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades reglamenta en forma genérica, entre las atribuciones del Concejo Deliberante, la de dictar ordenanzas sobre higiene, moralidad y vialidad vecinal, administración comunal, bienestar económico de sus habitantes y demás objetos propios de su institución -art. 71, inc. 9-, para luego reglar minuciosamente la seguridad pública -art. 79- , la higiene pública -art. 80- y la asistencia social y moralidad pública -art. 82-” (SCJM, 3-8-10, expte. 88.957: “CTI SA”, LS415-226).-

47.- “Los municipios tienen poder sancionador en lo que respecta al control de policía ya sea edilicia, urbana, seguridad pública, moralidad, etc. Sobre esta base el Municipio de Luján es competente para exigir el cumplimiento de la reglamentación existente en materia instalación y construcción de estructuras y antenas de telefonía móvil. Por otra parte, aunque se admitiera que la potestad municipal queda reservada a la obra civil y no al material tecnológico instalado cuya habilitación y homologación corresponde a la Secretaría de comunicaciones de la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones dependiente de la Presidencia de la Nación, ello no la libera de obtener los permisos pertinentes y cumplir con las exigencias respecto al emplazamiento en zonas permitidas, a las características del predio, a su lejanía de establecimientos escolares, hospitales, clubes, etc.” (SCJM, 3-8-10, expte. 88.957: “CTI SA”, LS415-226).-

48.-Sólo la Legislatura y ningún otro órgano de gobierno puede limitar el poder dado por la Constitución a las Municipalidades, de allí que ni por reglamentación ni por delegación administrativa, alguna autoridad provincial pueda coartar o interferir el poder de las Municipalidades. Estas facultades van más allá de la simple administración pues son constitutivas de titularidad y sobre los bienes municipales sólo se permite la ingerencia de autoridades provinciales o nacionales sólo en el caso de facultades concurrentes” (SCJM, 12-5-94, expte. 53.869: “Municipalidad de la Ciudad Provincia de Mendoza”, LS245-244).-

49.- “Las municipalidades constituyen gobiernos o poderes (deliberativo y ejecutivo) circunscriptos al territorio que se les ha señalado, cuyas facultades se limitan a la administración de intereses y servicios locales, encontrándose subordinados a la Constitución de la Provincia y a la legislatura que mantiene sobre ellos el poder político supremo; la primera, atribuyéndole una jurisdicción territorial y la porción de soberanía necesaria y expresa para la realización de ese gobierno local; y la segunda, deslindando las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos municipales ( art. 199, C.Mza.)” (SCJM, 4-9-85, expte. 42.145: “Intendente Municipal de la Municipalidad de Las Heras”, LS190-258, voto minoría).-

50.- “La subordinación política es esencial, ya que de lo contrario las Municipalidades serían gobiernos independientes -con facultades para alterar sus derechos y deberes a voluntad- y, por ende, contrarios a la soberanía de la Nación y a la autonomía de las Provincias en los art. 1, 27, 31, 104, 105, 106, CN, y art. 1, C. Prov. Mza.” (SCJM, 4-9-85, expte. 42.145: “Intendente Municipal de la Municipalidad de Las Heras”, LS190-258, voto minoría).-

 

IV. Legislación contravencional

 

51.- “Ciertas conductas forman parte del ámbito contravencional como consecuencia del poder de policía en cabeza de los distintos niveles de gobierno que componen un Estado federal. Por ello, el dictado de la legislación de faltas o contravencional, necesarias para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por ella, se encuentra dentro de su autonomía constitucional (art. 129, CN)” (TSJBA, 24-10-00, causa 245/00, “León”).-

52.- “El Congreso ha dejado librada a las Provincias la legislación sobre faltas y contravenciones” (CSJN, Fallos, 191-245).-

53.- “En virtud del poder de policía, las Provincias han dictado sus leyes sobre faltas, en cuyas disposiciones generales incluyen lo relativo a la prescripción de las mismas” (SCBA, 7-12-82, “P., F.J.”).-

54.- “La legislación sobre faltas y contravenciones le compete a las Provincias. Al dictar el CP vigente, el Congreso de la Nación, deliberadamente no ha querido legislar sobre faltas, dejando la materia, con ciertas reservas, librada a la legislación de los Estados federales, considerando que si bien esta clase de contravenciones constituye en algunos casos verdaderos pequeños delitos comunes a los cuales podrían aplicárseles los principios generales de la legislación nacional, más frecuentemente ofrecen características especiales determinadas por las costumbres de cada lugar o localidad, por las necesidades de orden moral o material de los pueblos o por el resguardo de ciertas instituciones locales, cuyo regular funcionamiento les interesa más directamente, o porque existen en cada región muchos y pequeños intereses que hay que contemplar en este género de represión y que lógicamente pueden ser mejor apreciados por los poderes locales. Este concepto resulta claramente establecido de los antecedentes legislativos que han precedido a la sanción del CP” (CSJN, Fallos, 191-245; LL, 24-747; JA, 76-972).-

55.- “Las Provincias están facultadas para legislar sobre faltas propiamente dichas y sobre aquellas infracciones que configuren delitos de carácter exclusivamente local en cuanto agravian leyes circunscriptas a su esfera, como las electorales, rentísticas, etc.” (CSJN, Fallos, 197-381).-

56.- “La potestad de legislar implica la de hacer efectiva con sanciones penales ciertas disposiciones legales para cuyo cumplimiento no hay otro remedio coercitivo” (CSJN, Fallos, 53-255).-

57.- “La doctrina y la jurisprudencia pueden resolver, en circunstancias extraordinarias de manifiesto e insalvable conflicto entre aquéllas (medidas legislativas o administrativas tendientes a proteger la salud pública) y la Ley Fundamental (arts. 14, 17, 19, 20 y 28, CN), que las mismas no tienen relación con sus fines aparentes, y que se han desconocido con ellas innecesaria e injustificadamente derechos primordiales que el PJ debe amparar, como es el goce normal y honesto de la propiedad, sin perjuicio de terceros, y el ejercicio de profesiones lícitas, porque de otra suerte, la facultad de reglamentación de las Legislaturas y de los Municipios sería ilimitada y las leyes y ordenanzas locales o nacionales sobre la materia podrían hacer ilusorias todas las garantías acordadas al habitante del país. No pueden las Provincias promulgar disposiciones que supongan alteración de las figuras específicas del CP, ni su régimen represivo, ni castigar, por ejemplo en actividades tendientes al abigeato, actos meramente preparatorios, como medidas precautorias de policía, con penas más rigurosas que las que el CP señala al delito consumado, ni imponer penas repudiadas por la CN o la tradición legislativa (como los tormentos y los azotes prohibidos por el art. 18, CN), ni arrogarse facultades que corresponden por su naturaleza al Congreso Nacional, ni legislar de manera que queden prohibidas como contravenciones, ciertas conductas que el legislador ha querido dejar como lícitas al describir las figuras delictivas” (CSJN, Fallos, 94-361; 124-402; 102-219; 68-293; 11-235; CACrim. Rosario, BJ, I-179).-

58.- “El carácter contravencional que los dispositivos locales otorgan a determinadas acciones humanas típicas es, la más de las veces, el resultado de que el legislador asume el sentir colectivo en tanto reputa ciertas conductas como disvaliosas” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726).-

59.- “Las normas que tienden tan sólo a prevenir y sancionar los eventuales abusos de quienes especulen en los procesos de abastecimiento, no equivalen a las leyes penales dictadas para prevenir y sancionar delitos. En consecuencia, pueden ser sancionadas y ejecutadas por las Provincias en ejercicio de los poderes de policía, que comprenden la aneja facultad de legislar sobre las faltas” (CSJN, Fallos, 263-309).-

60.- “Las Provincias pueden legislar en materia concurrente de faltas mientras la Nación no lo haga como faltas federales o como delitos” (CSJN, Fallos, 176-315).-

61.- “Implícitamente se veda a las provincias que puedan crear incriminaciones de actividades que el legislador haya querido, en forma demostrable, al organizar el CP, considerarlas fuera del ámbito de ilicitud (arts. 18 y 19, CN)” (CCrim. Rosario, 10-9-43, “Roque Lara”).-

62.- “La Provincia de Mendoza tiene facultades exclusivas para legislar sobre faltas. Nuestro Código de Faltas, en su Exposición de Motivos, al mencionar que ha tenido como fuentes, entre otras, al Código de Policía de 1900, al Código Penal italiano de 1930, al Código Penal español de 1870 y al Código Penal francés de 1810, dice que “la Comisión se ajustó estrictamente a las normas que la Constitución de la Provincia, que convalidan el Decreto del PE Nº 3411, de fecha 7 de agosto de 1952, en cuanto este Poder participa en la formación de las leyes y es atribución de la H. Legislatura legislar sobre faltas o contravenciones” (1°JFaltas Mendoza, 1-3-85, “Pérez Guilhou”).-

63.- “Las Provincias pueden establecer libremente, sin atender a su naturaleza intrínseca, infracciones y sanciones, siempre que no estén previstas en el CP, y el Congreso puede legislar sobre hechos calificados como faltas cuando considere que interesan al orden o moral de la Nación” (CSJN, Fallos, 176-315, 191-245, 198-139).-

64.- “Las Provincias no pueden promulgar disposiciones que supongan alteración de las figuras específicas del CP” (CSJN, Fallos, 124-402).-

65.- “Teniendo en cuenta las potestades reservadas de los Gobiernos locales, es decir, las no delegadas a la Nación por la CN, el legislador local puede regular ciertos aspectos con la intención de tutelar determinados bienes jurídicos, tales como la seguridad, salubridad y moralidad en las conductas públicas que se exteriorizan frente a los vecinos” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726).-

66.- “La legislación contravencional o de faltas es de resorte provincial por disposición de la CN que establece que las Provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal (art. 104, CN) y dispone que las mismas se den sus instituciones y se rijan por ellas, quedando, en consecuencia, el poder de policía de las Provincias a cargo de sus Gobiernos locales” (SCBA, 7-12-82, JA, 1984-I-17).-

67.- “La expresión “constituir la unión nacional” contenida en el Preámbulo de la Constitución, no puede tener un alcance contrario a la forma federal de gobierno ni privar a las Provincias de potestades que conservan con arreglo al art. 104, CN, y que son inherentes al concepto jurídico de autonomía, como la de legislar sobre faltas y contravenciones” (CSJN, Fallos, 242-496).-

68.- “Es innegable la potestad de las Provincias para legislar sobre faltas y contravenciones” (CSJN, Fallos, 242-496).-

69.- “Más allá de la expresa delegación de poderes de las Provincias al Gobierno federal, las primeras guardan para sí la facultad autónoma de establecer su régimen de faltas y contravenciones, como así también la administración de justicia encargada de su juzgamiento” (2ºJGarantías Penal Necochea, LLBA, 2002-112).

70.- “Las  Provincias  tienen  el  derecho  de  legislar sobre faltas siempre  y cuando los hechos u omisiones considerados punibles, no  caigan dentro de la órbita de la legislación nacional sobre delitos” (CSJN, 17-4-01, Fallos 324-1307, “Irala; CA Contrav. CABA, sum. A0057408).

71.- “La legislación de policía que dictaren las Provincias, será válida en tanto dejen a salvo el ámbito de la legislación común (art. 67, inc. 11, CN)” (CSJN, Fallos, 7-152).-

72.- “No existe obstáculo constitucional para que la Provincia tenga en vigencia un Código de Faltas en tanto el Congreso no efectivice el mandato contenido en el inc. 11 del art. 67, CN. Esta circunstancia, sin embargo, no altera el carácter de derecho penal especial de este tipo de infracción y, por tanto, las contravenciones, ni deben ser juzgadas por órganos administrativos, ni sustraídas de los principios jurídicos generales del Derecho penal” (CPenal Rosario, Sala II, 7-10-85, JA, 1986-II-síntesis).-

73.- “Las autoridades locales, como consecuencia del poder de policía que les está reservado, tienen la legítima facultad de crear contravenciones, a fin de sancionar la violación de las normas dictadas en ejercicio de dicho poder. Ello sin perjuicio del respeto debido a los límites que impone el art. 67, inc. 11, CN” (CSJN, 8-3-67, ED, 21-33).-

74.- “La materia contravencional está delimitada por el legislador nacional, en tanto no regule la materia dentro el CP y por el contenido que se le acuerde al poder de policía, ya que esta facultad proviene de la CN” (CSJN, Fallos, 255-402; 242-496).-

75.- “Conforme lo dispuesto en el art. 31, CN, la Provincia pudo crear una figura delictiva, hasta que la Nación la incorporó al CP” (SCJ Tucumán, LL, 5-9-47).-

76.- “No cabe ninguna duda que es una atribución exclusiva del Congreso Nacional legislar en materia penal, de acuerdo a lo establecido en el art. 75, inc. 12, CN. Pero de allí no puede sostenerse sin más que las contravenciones sean delitos, pues por un lado no se encuentran tipificadas en el CP y, por otro, porque no acarrea las mismas consecuencias una eventual sentencia condenatoria en el ámbito penal que en el ámbito contravencional. Sin perjuicio de ello, para aplicar una sanción contravencional a una persona debe seguirse un proceso como corolario del debido proceso legal, en donde se aplican los derechos fundamentales, el sistema de garantías, las exigencias y limitaciones de las reglas interpretativas del Derecho penal. Esto responde al fin de limitar el poder punitivo del Estado, que históricamente había estado cuestionado en el ámbito de las contravenciones, pues la tutela constitucional extiende su espectro no sólo ante imputaciones penales sino también de otra índole. Pero ello no significa que las conductas ilícitas tipificadas en el Código Contravencional sean delitos. Por principio general, el poder de policía corresponde a las provincias por tratarse de una potestad que éstas se reservan al constituir la unión nacional. Excepcionalmente, dicho poder le corresponde a la Nación, cuando ésta ejercita atribuciones que la CN le otorga expresamente, o implícitamente, o cuando el ejercicio de idénticas atribuciones por las provincias resulte incompatible con igual ejercicio por parte de la Nación. Tal el diseño de organización federal de competencias, del que se deriva la facultad de los gobiernos locales de dictar y aplicar las regulaciones que, con sujeción a los principios constitucionales que rigen la materia, resulten necesarias para el ejercicio de ese poder (art. 121, CN). Por ello, el dictado de la legislación de faltas o contravenciones necesarias para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por la ciudad, se encuentra dentro de la esfera de autonomía constitucional (art. 129, CN). La aplicación del CC importa una forma de ejercicio del ius puniendi estatal, ejercicio que en todo Estado de derecho está acotado por principios, derechos y garantías que, en nuestro sistema, tienen rango constitucional nacional y local, y que son reiterados por la ley. El régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, así como la cláusula de progreso económico y desarrollo humano (arts. 125 y 129, CN), conlleva necesariamente al establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población. Finalmente, es dable destacar que el principio de concurrencia de las juris­dicciones reconocido por la CN y los antecedentes legis­lativos, avalan la postura de que la existencia de un régi­men de gobierno autónomo de la CABA. Sobre esta base, para cuestionar la potestad de la ciudad para legislar y juzgar en materia contravencional sería necesario debatir sobre el mismo sistema federal de gobierno adoptado por la República Argentina (art. 1, CN)” (CCFCABA, Sala III, 25-6-09, causa 16.241­00-00/08, "Alderete”).-

77.- “Por otro lado, es dable mencionar que el TSJ de la Ciudad, ante una acción declarativa de inconstitucionalidad, tuvo oportuni­dad de expresar su opinión sobre este tema, declarando inadmisible la acción intentada y sosteniendo que "la facul­tad de la Ciudad para dictar un CC surge expresamente de la CCBA; por lo que, implícitamen­te, el ataque está dirigido contra la propia Constitución de la CABA. Sin desecharlo, no es posible satisfacer el re­clamo de los actores, puesto que no sólo el presente, sino cualquier Código Contravencional que verse acerca de las materias que tradicionalmente han sido consideradas por la CS como competencia privativa de las provincias, sería inválido. Es claro que la Ciudad integra, como un Estado más -si bien con particulari­dades que la diferencian de las provin­cias- el sistema federal argentino (art. 129, párr. 1, CN)” (CPCF CABA, Sala III,  25-6-09, causa 16.241­00-00/08, "Alderete”).-

78.- “Corresponde reconocer la atribución de legislar sobre faltas y sancionarlas con penas de alcance puramente local, siempre y cuando esos hechos u omisiones no caigan en la órbita de la legislación nacional punitoria, razón por la cual cabe concluir que existe preponderancia de la ley penal sobre la contravencional” (SCJN, 20-2-07, Fallos 330-200, “Follis”).-

79.- El poder de policía corresponde a las provincias, quienes, por tanto, dentro de ese ámbito jurídico pueden legislar estableciendo qué supuestos constituyen contravenciones, infracciones o faltas policiales” (STJ Viedma, 8-9-93, “Medina”).-

80.- “Todo lo vinculado con el alcance y el contenido que cabe asignar a las normas contravencionales es una cuestión de "derecho local", pues no se trata de un tema de índole federal ni está incluido en la reserva que se estableció sobre la legislación común (art. 75, inc. 12, CN), de modo que el Tribunal Superior de Justicia es el intérprete final de la Constitución local y de las leyes locales” (TSJ CABA, 13-12-06, “Ministerio Público”).-

 

V. Código contravencional

 

 

81.- “La normatividad del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe no contiene principios que repugnen a los sustentados por la CN, afectando derechos y garantías del imputado” (CApel. Penal Santa Fe, 29-9-88, expte. 154-88, “G., J.”).-

82.- “El CF establece los órganos y el procedimiento para las infracciones -faltas y contravenciones- a ese cuerpo normativo. La instrucción corresponde, pues, a la comisaría del lugar de la falta y de una atenta lectura del CF, surge que la declaración y la prueba de descargo que ofreciere el imputado, debe ser llevada a cabo ante el órgano instruyente. Ese es el texto legal y no otra cosa en contrario puede inferirse de normas que carecen de dicho rango. No obsta a tal interpretación las múltiples voces que se expresan pretendiendo modificar el anacrónico articulado del CF, ya que una cosa es la lege ferenda y otra la lege lata. Si los poderes constitucionales encargados de llevar a cabo tal tarea no la realizan, la ley vigente es la que debe aplicarse” (JPaz Tordillo, 16-11-99, “Alday”).-

83.- “En el caso, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del Código Contravencional planteado por la defensa. En efecto, no cabe ninguna duda que una atribución exclusiva del Congreso Nacional es legislar en materia penal, de acuerdo a lo establecido en el art. 75, inc. 12, CN. Ahora bien, de allí no puede sostenerse sin más que las contravenciones sean delitos, ello pues, por un lado no se encuentran tipificadas en el CP y, por otro porque no acarrea las mismas consecuencias una eventual sentencia condenatoria en el ámbito penal que en el ámbito contravencional. Sin perjuicio de ello, para aplicar una sanción contravencional a una persona debe seguirse un proceso como corolario del debido proceso legal, en donde se aplican los derechos fundamentales, el sistema de garantías, las exigencias y limitaciones de las reglas interpretativas del Derecho penal. Esto responde al fin de limitar el poder punitivo del Estado, que históricamente había estado cuestionado en el ámbito de las contravenciones, pues la tutela constitucional extiende su espectro no sólo ante imputaciones penales sino también de otra índole. Pero ello no significa que las conductas ilícitas tipificadas en el Código Contravencional sean delitos. El principio de concurrencia de las jurisdicciones reconocido por la CN y los antecedentes legislativos como la ley 24.588 avalan la postura de que la existencia de un régimen de gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, conlleva "el establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población" (Fallos: 325:766). Sobre esta base, para cuestionar la potestad de la Ciudad de Buenos Aires para legislar y juzgar en materia contravencional sería necesario debatir sobre el sistema federal de gobierno adoptado por la República Argentina (art. 1, CN)”  (CAPCYF, 25-6-09, causa 0016241-00-00-08: “Alderete”).-

84.- “En el caso, la defensa centra su agravio en la inconstitucionalidad “in totum” del Código Contravencional, sosteniendo al respecto que la Ciudadde Buenos Aires no puede legislar en materia penal pues dicha función se encuentra reservada exclusivamente al Poder Legislativo Nacional y no al local o provincial, refiriendo asimismo que entre los delitos y las contravenciones no hay diferencias ontológicas. Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad, no cabe ninguna duda que una atribución exclusiva del Congreso Nacional es legislar en materia penal, de acuerdo a lo establecido en el art. 75, inc. 12, CN. Ahora bien, de allí no puede sostenerse sin masque las contravenciones sean delitos, ello pues, por un lado no se encuentran tipificadas en el CP y, por otro porque no acarrea las mismas consecuencias una eventual sentencia condenatoria en el ámbito penal que en el ámbito contravencional. Sin perjuicio de ello, para aplicar una sanción contravencional a una persona debe seguirse un proceso como corolario del debido proceso legal, en donde se aplican los derechos fundamentales, el sistema de garantías, las exigencias y limitaciones del as reglas interpretativas del Derecho penal. Esto responde al fin de limitar el poder punitivo del Estado, que históricamente había estado cuestionado en elámbito de las contravenciones, pues la tutela constitucional extiende su espectro no sólo ante imputaciones penales sino también de otra índole. Pero ello no significa que las conductas ilícitas tipificadas enel Código Contravencional sean delitos. El principio de concurrencia de las jurisdiccionesreconocido por la CN y losantecedentes legislativos como la ley 24.588 avalan la postura de que la existencia de un régimen de gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, conlleva "el establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población"  (Fallos: 325:766). Sobre esta base, para cuestionar la potestad de la Ciudad de Buenos Aires para legislar y juzgar en materia contravencional sería necesario debatir sobre el sistema federal de gobierno adoptado por la República Argentina (art. 1, CN)” (CAPCYF, 22-5-08, causa 1536-01-00-CC-2008: “Kuperman”).-

 

VI. Delitos y contravenciones

 

85.- “Entre delito propiamente dicho y delito contravencional no existen diferencias ontológicas, cuanto más de matices. Entre delito y contravención no existe una diferencia cualitativa, sino meramente cuantitativa. Las mismas garantías que existen en materia penal deben aplicarse en materia de faltas o contravenciones. Los hechos lesivos a la actividad financiera del Estado, a la policía industrial u orden normal de la comunidad, todos de índole delictual, pero de evidente menor gravedad, se los califica como faltas o contravenciones al buen orden social y se los sanciona con menor severidad” (SCJM, 26-2-73, LS, 129-403, 137-167, 61-112; 21-10-74, “Campanello”).-

86.- “No hay distinción cualitativa prejurídica entre delito y contravención; la frontera es meramente cuantitativa o, a veces, formal” (CSJN, 7-10-75).-

87.- “La distinción entre delitos y contravenciones o faltas no tiene una base cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza jurídica de cada orden de infracciones para establecer un criterio seguro o fórmula clara que permita distinguirlos” (CSJN, Fallos, 205-173; 3-7-46, LL, 43-228).-

88.- “Entre el delito y la contravención no hay una diferencia ontológica. La distinción entre uno y otro tipo de infracciones ha de buscarse en los contingentes elementos dogmáticos que suministre cada ordenamiento y que están condicionados por la circunstancial valoración que sustente el legislador en un momento histórico determinado” (SCBA, 4-11-69, A y S, 1969-798; JPaz Letr. Tordillo, 22-10-98, “J., C.A.”,  RSD 149/98).-

89.- “Si no existen diferencias ontológicas o cualitativas entre delitos y contravenciones, sino tan sólo cuantitativas, es la pena como referencia externa de cada clase de ilícitos la que permitiría establecer la distinción apuntada” (CSJN, 7-10-75, ED, 66-134).-

90.- “Resulta de vieja data la discusión doctrinaria respecto de la naturaleza jurídica de la contravención, discutiéndose desde siempre si la diferencia entre delitos y contravenciones es cuantitativa o cualitativa. Soler, enrolado en la primera tesis, modernamente mayoritaria, habló de la contravención como un delito en pequeño, lo que importa que el Derecho contravencional debe respetar todos los principios del Derecho penal común propios de un Estado democrático de derecho que recepta nuestra Carta Magna. Uno de tales principios ampliamente consentido es el de intervención mínima que, entre otros aspectos, conlleva la utilización de la prisión como “ultima ratio”. La contravención, en consecuencia, se diferencia sólo cuantitativamente del delito.” (CAG Necochea, 3119/03, “A., A.D.”).-

91.- “No puede entenderse que exista colisión sobre una ley nacional, en el caso del Código Penal y otra provincial, ley 3058, ya que en el primero se menciona un delito del derecho criminal y en la segunda la Provincia ha hecho uso de poderes de policía local, atendiendo al bienestar y seguridad de la población” (SCJ Mendoza, 13-2-78, expte. 34.401: “Rodríguez Romero”, LS 152-300).-

92.- “No existen diferencias esenciales y ontológicas entre los delitos y las faltas o contravenciones” (CNCont.Adm.Fed., Sala I, 22-11-94, JA, 1996-I-305).-

93.- “La penalidad es el criterio que permite distinguir la mera contravención del delito” (CNCrim. y Correc., 21-8-81, JA, 1982-I-508).-

94.- “Desde antiguo, las infracciones punibles se clasificaban mediante dos sistemas: bipartita y tripartita. La primera distingue entre delitos y faltas (o contravenciones) y la segunda formula otra separación dentro del género delitos, a los que llama crímenes y delitos propiamente dichos. La distinción se hace sobre la base de la pena amenazada y no de la aplicada” (SCJ Santa Fe, 4-7-90, “Díaz”).-

95.- “El tratamiento de una conducta como contravención o falta no se desprende del requerimiento de que se trate de una acción típicamente antijurídica, pues entre delito y contravención no existe diferencia ontológica, aun cuando el círculo de intereses protegidos sea distinto, por lo tanto el Código de Faltas de la Provincia debe aplicarse sobre un sustrato incriminatorio que reúna siquiera mínimamente los elementos dogmáticos de un tipo legal punitivo” (2ªCCrim. y Correc. La Plata, Sala II, 2-10-97. “Gallo”. LLBA, 1997-1352).-

96.- “Aun cuando la distinción entre contravención, falta y delito no responda a criterios universalmente aceptados, ni reciba un tratamiento idéntico en todas las legislaciones nacionales de los países que han ratificado la CADH, no es dudoso que esa distinción está generalizada y que la voz “delito” no agota el universo de conductas a cuya comisión la ley enlaza una sanción penal, y ni siquiera comprende la totalidad de las conductas alcanzadas con pena privativa de la libertad, más apunta a un ámbito de ilicitud de mayor entidad que el de las contravenciones o las faltas, a las cuales, universalmente, se identifica como conductas reprochables de menor gravedad” (TSJBA, expte. 3910, 5-8-05, “Alberganti”).-

97.- “El CP Argentino sólo habla de delitos, de suerte que prescinde de toda clasificación. Sin embargo, al dejar las faltas sin legislar, tácitamente adopta la clasificación bipartita” (SCJ Santa Fe, 4-7-90, expte. 324-85, “Díaz”).-

98.- “Son faltas o contravenciones los comportamientos que, no estando contemplados en el CP ni en leyes penales especiales de la Nación, estén válidamente reprimidos ya sea por la Nación -en los lugares en los que ésta tenga jurisdicción exclusiva- o por las Provincias dentro de su respectivo ámbito. La recíproca potestad de la Nación y de las Provincias para legislar sobre delitos y sobre faltas o contravenciones surge de la CN” (STJ Viedma, 8-9-93, “Medina”).-

 

VII. Finalidades

 

99.- “El régimen contravencional de fondo estructura un complejo normativo que tiene como misión fundamental proteger la vida comunitaria, gregaria; quien no advierta esa finalidad, esa meta, quien suponga erradamente que el sistema contravencional es solamente un complejo de mandatos, prohibiciones y sanciones correlativas, jamás podrá llegar a comprender la esencia de la materia contravencional, su íntima relación con los variados modos en que se ejerce la convivencia social en esta concentración urbana” (CAContrav. C.A.B.A., causa 1398/CC/03, “P., E.”, 28-4-03).-

100.- “Las contravenciones son conductas que el legislador reprimió con el fin de preservar las mejores condiciones de convivencia de los vecinos de la ciudad” (CACBA, causa 326/CC/00, 22-5-00).-

101.- “La materia contravencional, por ser eminentemente local, comprende conductas que ofrecen características especiales, signadas por los valores culturales y las costumbres de cada ciudad. Las cuestiones de orden moral o material, el resguardo de las instituciones de cada jurisdicción son aspectos que, sin dudas, se caracterizan por una permanente evolución con el transcurso del tiempo. De hecho, pocas materias como ésta cambian con tanta rapidez y, por tanto, la legislación debe correlativamente actualizarse en forma casi constante” (TSCABA, 24-10-00, LL, 2000-F-726).-

102.- “En general, la materia contravencional comprende normas con las siguientes finalidades últimas: que apunten a mejorar la convivencia colectiva en las ciudades, que faciliten las comunicaciones y los inconvenientes diarios de los individuos, que aseguren la sanidad de la población, que preserven el medio ambiente y las condiciones edilicias, que tiendan a que sean observadas las reglamentaciones que hacen puntualmente a determinadas actividades laborales y comerciales, que se respete la tranquilidad de los vecinos, que resguarden el cumplimiento de las leyes impositivas respecto de las cosas o las personas que están bajo la autoridad respectiva, que refuercen el cumplimiento de las leyes sobre materia rural y policía sobre urbanismo y planeamiento”  (TSJ Neuquén, 16-4-12, “Repetto”).-

103.- “Las modificaciones al Código tienen como fin afianzar la seguridad, tranquilidad y orden público. La materia contravencional, por ser eminentemente local, comprende conductas que ofrecen características especiales, signadas por valores culturales y las costumbres de cada ciudad. Las cuestiones de orden, moral o material, el resguardo de las instituciones de cada jurisdicción son aspectos que, sin dudas, se caracterizan por una permanente evolución con el transcurso del tiempo. De hecho, pocas materias como ésta cambian con tanta rapidez y, por lo tanto, la legislación debe correlativamente actualizarse casi en forma constante. El legislador local puede regular ciertos aspectos con la intención de tutelar determinados bienes jurídicos, tales como la seguridad, salubridad y moralidad en las conductas públicas que se exteriorizan frente a los vecinos” (STJCABA, causa 245/00, “León”).-

 

VIII. Teoría cuantitativa

 

104.- “Las contravenciones no son distintas a los delitos (distinción cuantitativa) en razón de su menor contenido injusto. Las contravenciones afectan bienes jurídicos al igual que los delitos. No hay posibilidad de aplicar sanción alguna cuando no se afecta un bien jurídico. No se concibe que haya una conducta típica sin que afecte un bien jurídico, puesto que los tipos no son otra cosa que particulares manifestaciones de tutela jurídica de esos bienes” (CACCABA, 8-7-98, causa 239-CC/98).-

105.- “A partir de este presupuesto (rechazo de una distinción cualitativa y adopción de una tesis cuantitativa), y como consecuencia de él, es lógico que concluyamos en el sentido de que, al ser el Derecho contravencional una de las manifestaciones del “ius puniendi” estatal que sólo se diferencia del Derecho penal común desde una perspectiva cuantitativa, tanto su estructura material como procesal, deben reunir los requisitos que para la ley penal y la ley procesal penal exige la CN en salvaguarda de la dignidad de las personas humanas” (STJ Neuquén, expte. 166/99, “Mardones”).-

106.- “No existe diferencia ontológica alguna entre delito y contravención, tratándose en ambos casos de penalizar conductas que se consideran violatorias de bienes jurídicos admitidos como tales por la sociedad en su conjunto y por el legislador en particular; en tales condiciones, dichas conductas contravencionales exceden el marco dentro del cual el Poder Administrador puede sancionar infracciones a las normas que en ejercicio de su legítimo poder de policía establece, para proyectarse hacia un estamento superior, que implica el respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos, sin recorte alguno que no provenga de la propia ley, que protegen su normal convivencia y, coetáneamente, hacia la punición de aquellos comportamientos que atentan contra dicha convivencia” (CACBA, “V., E.”, 3-11-99).-

107.-Tanto si aceptáramos la tradicional clasificación francesa, la cual divide las conductas reprochadas según su gravedad en contravenciones, delitos y crímenes, o bien según el sistema bipartito, que sólo distingue entre contravenciones y delitos, nos encontramos con que la reprochabilidad que establecen los ordenamientos penal y contravencional no se fundamenta con base en una categorización distinta de las conductas por ellos previstas y reprimidas, derivados de una diferencia ontológica entre ambos. En efecto, todas las teorías que han tratado de diferenciar ontológicamente la contravención del delito, no pudieron hallar base suficiente de sustento; lo cierto es que, las circunstancias que separan a una de otro no son de aquel carácter, sino que provienen de su diverso origen legislativo, de su ámbito de aplicación  territorial y de los bienes jurídicos que ambos ordenamientos prohibitivos protegen. Según este análisis, mientras el orden penal proviene de la conjunción de leyes nacionales, el sistema contravencional, proviene de la sanción de leyes de orden local, cuestión que a su vez, determina diferentes ámbitos de aplicación de ambos sistemas represivos. Así, el proceso contravencional es de íntima naturaleza penal, pues nuestro sistema constitucional vigente ha adoptado abiertamente la concepción que encuadra a las contravenciones dentro del sistema penal. Finalmente, y en lo que a este análisis respecta, si bien tanto delitos como contravenciones protegen bienes jurídicos, en estas últimas la conducta reprochable aparece como menos peligrosa respecto de los derechos individuales, pero sí sumamente gravosa para la normal convivencia social, sin olvidar que también los derechos subjetivos hallan protección a través del régimen contravencional” (CA Contrav. CABA, Sala II, 9-9-02, “H., W.D.” causa 310-CC/2000; 11-7-01, “B.D., L.”; 3-5-00, “H., O.D.”).-

108.- “Doctrinariamente siempre se admitió, al lado del Derecho penal común, la existencia paralela de un Derecho penal contravencional. Algunos autores como Soler y Zaffaroni, consideran a las contravenciones como un Derecho penal "pequeño", pero dejan en claro una diferencia significativa; en el ámbito de las contravenciones es posible el imperio de la ley local y en consecuencia se puede restar su juzgamiento del sistema judicial nacional o provincial, según fuere. Otras teorías remarcan la diferencia entre delitos y contravenciones en circunstancias vinculadas con la mayor o menor pena que pueden merecer delincuentes o contraventores; también influyen en esa graduación razones que tienen que ver con la política criminal del Estado. Con estos elementos, la distinción de los dos sistemas no es una mera diferencia cuantitativa, sino que también responde para considerarla, el distinto origen legislativo y en consecuencia el ámbito territorial no siempre coincidente donde la norma tiene vigencia, además de los diferentes bienes jurídicos que ambos protegen” (CA Contrav. CABA, 23-5-02, “M., J.G.”).-

109.- “Se ha intentado por vía doctrinaria distinguir los delitos de las contravenciones utilizando distintos criterios y tratando de establecer una diferencia ontológica entre ellos, aunque dicha diferencia está marcada, más que nada, por el distinto origen legislativo, el ámbito de su aplicación y los diferentes bienes jurídicos que ambos protegen. Los delitos son configurados por el CP y su legislación corresponde al Congreso Nacional (art. 75, inc. 12, CN), para ser aplicada en todo el territorio de la Nación. Por el contrario, las contravenciones reconocen su origen en los órganos legislativos locales y su aplicación se reduce, exclusivamente al ámbito local donde fueron dictadas. Si bien la legislación penal y la contravencional protegen, ambas, el goce de bienes jurídicos, es indudable que en el caso de la contravención, la afectación de dichos bienes aparece como menos peligrosa para los derechos individuales, aunque más gravosa para la normal convivencia social. El delito, por su gravedad, crea un estado de alarma social que engendra la necesidad de una reacción pública -igualmente grave- contra el atacante del bien jurídico protegido por la ley, mientras que la contravención apunta a conductas que implican un daño o peligro para bienes jurídicos que comprenden el interés general y que afectan la normal convivencia urbana” (CACBA, “S., Z.”, 3-5-00; causas 248/CC/00, 3-5-00; 310/CC/00, 3-5-00; 333/CC/00, 13-6-00).-

110.- “Teniendo en cuenta que los delitos y contravenciones tienen distinta potestad legislativa y judicial y la penalidad es el criterio que permite distinguir entre ambas categorías, discurrir sobre la posibilidad de consunción, implica emitir un juicio sobre la existencia o inexistencia del delito” (CSJN, 1-11-99, Fallos 322-2805, “Vives”).-

111.- “Aún superadas las diferencias ónticas entre delitos y contravenciones, y sentado que no exista otra distinción entre ambos que la puramente cuantitativa, motivo por el cual los códigos contravencionales o de faltas no pueden desconocer ninguno de los principios a que debe atenerse el ejercicio del poder punitivo conforme a la CN y al derecho internacional de los derechos humanos, ni desconocer el límite del art. 19, CN; ello no obsta, sin embargo, a que se trata de un Derecho penal especial. Y ello es así, por cuanto la diferencia cuantitativa da lugar a que se modifiquen algunos de los principios generales y a que el juzgamiento de las contravenciones se rija por un procedimiento también distinto del ordinario” (SCJ Santa Fe, 5-3-03, expte. 435-02, “L., E.J.”).-

 

IX. Teoría cualitativa

 

112.- “Todas las teorías que han tratado de diferenciar ontológicamente la contravención del delito, no pudieron hallar base suficiente de sustento; lo cierto es que, las circunstancias que separan a una de otro no son de aquel carácter, sino que provienen de su diverso origen legislativo, de su ámbito de aplicación territorial y de los bienes jurídicos que ambos ordenamientos prohibitivos protejen. Según este análisis, mientras el orden delictual proviene de la conjunción de leyes nacionales, el sistema contravencional proviene de la sanción de las leyes de orden local, cuestión que a su vez, determina los diferentes ámbitos de aplicación de ambos sistemas represivos. Finalmente, y en lo que a este análisis respecta, si bien tanto delitos como contravenciones protegen bienes jurídicos, en estas últimas la conducta reprochable aparece como menos peligrosa respecto de los derechos individuales, pero sí sumamente gravosa para la normal convivencia social, sin olvidar que también los derechos subjetivos hallan protección a través del régimen contravencional” (CAPCYF, 9-9-02, causa 1265/CC/02: “H., W.D.”).-

113.- “La contravención es la infracción que perturba y altera el orden de la actividad administrativa tendiente a materializar los derechos individuales y sociales de los individuos. Tal su carácter, toda vez que viola el interés de la Administración en que los gobernados cooperen con ella en su tarea de protegerlos y acompañarlos en el desenvolvimiento práctico de sus derechos” (CFed. San Martín, Sala I, 28-4-94, ED, 158-474).-

114.- “La contravención o falta a las reglas policiales locales constituye una infracción propia del Derecho Administrativo, porque la sanción impuesta por aquél tiene como misión tutelar la operatividad de las regulaciones administrativas, tanto a nivel nacional, cuanto provincial o municipal (arts. 104 y 108, CN). El principio de inherencia represiva, consecuente, explica que todo poder concedido a un gobierno por la CN lleva implícita la facultad para lograr su efectividad. De allí que si las Provincias se han reservado el poder de policía local que, indiscutiblemente, es una actividad administrativa porque hace a la regulación de la administración local en esa materia, a ellas se les debe reconocer, asimismo, la facultad de reprimir las contravenciones a reglas que regulan dicha actividad (la policía local)” (TSJ Córdoba, Sala Penal, 23-8-91, LLC, 1192-16, “Fernández”; 6-10-94, “Abraham”).-

115.- “Existe una diferencia estructural entre contravenciones y delitos, ya que las primeras son acciones contrarias al orden administrativo y no lesiones directas o inmediatas a los derechos del hombre como individuo o como miembro de la sociedad” (JFed. Mercedes, 13-8-81, LL, 1981-D-475).-

116.- “Delito y contravención son dos entidades de distinta naturaleza, ya que entre ellos no existe homogeneidad técnica que permita considerarlos con un mismo criterio y bajo un mismo aspecto, pues delito y contravención son hechos heterogéneos, tanto en el punto de vista de los intereses que afectan, de sus infractores, cuanto de la jurisdicción y procedimiento” (CCrim. y Correc., Fallos, 3-17).-

117.- “El hecho contravencional es indiferente en sí mismo, no causa ordinariamente daño a un sujeto concreto, y su incriminación es esencialmente variable, según las circunstancias ambientales de cada lugar y de uno a otro. La mutabilidad es otra de sus características distintivas (Vidal-Magno)” (CSJN, Fallos, 141-217; 175-231).-

 

118.- “Es principio en la materia la diferencia de género entre el Derecho penal y el llamado Derecho penal administrativo, distinción que proviene tanto de la competencia constitucional para su regulación normativa, como en razón del bien jurídico tutelado, las figuras de inconductas y respectivos tipos de sanciones, fundamento de la tipicidad, sujetos imputables, etc. En efecto, en el segundo caso, corresponde a las Provincias y a las Municipalidades la regulación normativa de la potestad sancionadora contravencional de la administración pública, por no haber sido objeto de delegación expresa ni razonablemente implícita a la Nación; el fin o interés jurídico tutelado es el buen orden administrativo, a través del deber jurídico de colaboración de los particulares; los incumplimientos de éstos configuran contravenciones que deben estar expresamente previstas, como asimismo sus sanciones, en virtud del principio contenido en el art. 19, CN. Las significativas diferencias reseñadas tienen entidad suficiente para sustentar la afirmada diferencia de género y, consecuentemente, la indubitable naturaleza sustancial administrativa, y no penal, de las contravenciones” (CSJ Tucumán, 26-4-94, sentencia 153; 29-4-99, sentencia 282).-

119.- “La obvia índole administrativa de las contravenciones -en la especie alegada violación de la ley que regla los juegos del azar- determina, en ausencia de expresa norma procesal positiva, la regulación del recurso de casación y, consecuentemente del de queja por denegación de aquél, por las pertinentes disposiciones del Código Procesal Administrativo de Tucumán que, al respecto hace expresa remisión al régimen instituido por el CPCC” (CSJ Tucumán, 26-4-94, sentencia 153).-

120.- “La especificidad de la función represiva policial, ha dado lugar, en orden a estas particularidades, a un Derecho Penal Administrativo, Disciplinario o Sancionador -según denominan los autores- cuya legalidad se integra por garantías fundamentales, propias del Derecho Penal, pese al trabajo intelectivo que ha costado diferenciar las conductas antijurídicas e ilícitas en delitos -por una parte- y faltas y contravenciones -por la otra-. De cualquier modo -evitando traer al juicio las controversias sobre el punto- habré de coincidir con Fiorini cuando afirmaba que si la actividad represiva de la Administración puede crear una disciplina especial del Derecho penal, esto no explica que sea actividad especial con prerrogativas y privilegios a favor de la Administración Pública" (STJ Rawson, 9-6-06, “P., P.F.”).-

121.- “Hay muchos autores que consideran que delitos y contravenciones se distinguen, mientras que hay otros que consideran que no hay diferencias entre ellos. Sin embargo, está claro que los delitos importan la destrucción de un derecho por medio de la consumación o importan situaciones de peligro concreto por actos tentados. Por lo tanto, el derecho penal común reprime determinadas acciones que lesionan o ponen en peligro real los derechos naturales o sociales de los individuos, alterando así de manera directa o inmediata la seguridad de estos derechos. Por su parte, las contravenciones representan una situación de riesgo, de peligro temido; solamente sancionan aquellos hechos o conductas que de algún modo u otro pueden llegar a perjudicar la vida cotidiana y la convivencia entre pares. Son infracciones a los deberes impuestos a los individuos por la legislación que regula la actividad administrativa estatal. Se define entonces al derecho contravencional como un conjunto de disposiciones que garantiza bajo amenaza penal, el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración. Ester derecho, aunque indirectamente, en mayor o menor medida protege la seguridad jurídica, al reprimir conductas transgresoras de la actividad administrativa, cuyo objeto es la prosperidad social o bienestar colectivo” (JContrav. Río Segundo, Córdoba, 7-11-12).-

 

X. Contravenciones y faltas

 

122.- “El campo de las contravenciones no se limita a las faltas policiales, sino que se extiende a todo el ámbito de las infracciones, a los mandatos administrativos, comprendidos por cierto, los de policía local y los de acción estatal fiscal, económica y sanitaria” (STJ Viedma, 8-9-93, “Medina”).-

123.- “Es imprescindible dejar sentado que han quedado atrás todo tipo de consideraciones referidas a la contravención como una falta administrativa, y el análisis de su composición (para ser considerada tal) no se confecciona conforme a pautas de Derecho común, sino en un todo homónimo a las reglas de la teoría del delito” (CA Contrav. CABA, 12-3-01, “M., W.F.”).-

124.- “Si, con apartamiento de aquello que es clásico para el Derecho penal, el Derecho contravencional carece de amenaza alguna para la libertad locomotiva de los infractores, privilegia soluciones reparatorias por sobre las represivas, incluye, al menos mediante la instancia necesaria para proceder, métodos judiciales semejantes o equivalentes a los del Derecho privado o a los del Derecho administrativo -al menos, excluye la acción oficial y obligatoria- y permite soluciones conforme al principio de autonomía de la voluntad, por citar algunas de esas condiciones o características, entonces será posible coincidir acerca de la insignificancia penal del caso. Esto es aquello que sucede, normalmente, cuando el Derecho contravencional ha sido transformado en un Derecho administrativo sancionatorio, en meras contravenciones de orden a la labor que la Administración desarrolla en procura del bienestar público; para dar un ejemplo, esto es aquello que sucede con las faltas en casi todas las jurisdicciones. Pero, en cambio, si el Derecho contravencional se edifica a imagen y semejanza del Derecho penal, pues, por ejemplo, contiene la posibilidad de una pena privativa de libertad, principal o por conversión, reconoce al CP como legislación supletoria, impone la persecución penal de oficio mediante órganos predispuestos por la organización judicial -en especial, la policía profesional encargada de reprimir los delitos-, utiliza el CPP de modo supletorio a un reglamento procesal fácilmente reconocible como tal, esto es, como penal, por citar algunos ejemplos, ello significa, básicamente, que cumple la misión de conceder al Estado, en este caso local, autorización y legitimación para proceder a reprimir el hecho sin atenerse de manera alguna a otra condición que su propia voluntad y capacidad persecutoria y para reaccionar con una pena: el Derecho contravencional se escapa así de un modelo relativo al ejercicio del poder de policía reconocido a la Administración por razones de convivencia social, sometido a ciertas condiciones, para pasar a ser, igual que el CP en los crímenes o en los delitos, Derecho penal, limitado, pero, al fin y al cabo, represivo. Esto es aquello que sucede con el Derecho contravencional materia y formal y no hace falta demasiada información, ni perspicacia, para advertirlo. Aquí rige la sentencia popular que informa acerca de que “si se parece, debe ser, en principio, porque es”, afirmación que, traducida a lenguaje algo más jurídico, habla sobre una presunción -si bien rebatible- del carácter penal de la regulación respectiva” (TSJBA, expte. 1541, 1-11-02, “M.S., C.”; 23-10-02, causa 1509, “A., O.A.”).-

125.- “Debe tenerse en cuenta que las faltas son una violación a las disposiciones que, en ejercicio del poder de policía, dicta el poder administrador, y que las contravenciones admiten un horizonte mucho más amplio, toda vez que a través de la represión de las mismas se persigue preservar las mejores condiciones de convivencia entre los vecinos de la ciudad; de allí que en este análisis no pueda dejar de tenerse en cuenta el principio de lesividad, que es el fundamento de todo el sistema contravencional” (CACCABA, 9-6-99, causa 049-CC/99).-

126.- “Las faltas son una violación a las disposiciones que, en ejercicio del poder de policía dicta el poder administrador y las contravenciones son conductas que el legislador reprimió con el fin de preservar las mejores condiciones de convivencia de los vecinos de la ciudad; asimismo se torna imperioso tener en cuenta el principio de lesividad que requiere la conducta para llegar a encuadrarla en el marco normativo contravencional” (CA Contrav. CABA, 1-01-02, “V., T.M.”; causas 326/CC/00, 22-5-00; 390/CC/00, 10-7-00).-

127.- “Las faltas están fuera del Derecho penal, ya que meramente resultan ser una violación a las disposiciones que, en ejercicio del poder de policía, dicta el poder administrador” (CAContr. Bs. As., Sala I, causa 049/CC/99).-

128.- “No puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas sea enteramente clasificable como Derecho penal. Existen algunas razones para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la Administración. En principio, las reglas nuevas no conducen a una aplicación supletoria de normas procesales o de fondo de carácter penal, tal como lo hacían las anteriores leyes aplicables y como lo hacen expresamente las normas contravencionales vigentes. Por lo demás, desde el punto de vista material, el hecho de que se declame que la acción es pública no parece ser más que ello, esto es, una suerte de declamación sin el efecto que el art. 71, CP, adjudica a esta expresión. En ese sentido, resulta claro que la voluntad del imputado, mediante el llamado pago voluntario de la multa, no sólo extingue la acción sino que evita todo procedimiento de persecución. De la misma manera, también el procedimiento judicial se resume en una facultad del infractor que cuestiona la decisión sancionatoria del controlador de faltas, mediante su sola expresión de voluntad. Por lo demás, no resulta necesaria la asistencia letrada, ni el Ministerio Publico es un interviniente necesario durante el período judicial cuando el infractor ocurre a esta vía. Como se observa, todo el procedimiento judicial se asemeja bastante al procedimiento de impugnación de resoluciones administrativas singulares, por las cuales el Estado, detentador del orden y de la fuerza pública (poder de policía), decide aplicarla (coerción) a una persona determinada quien, como toda la teoría en la legislación administrativa lo supone, cuenta con un recurso judicial para objetar esa decisión. Por lo demás, el régimen de faltas no contiene la pena grave de privación de la libertad, ni siquiera como conversión de otras penas menores, de tal manera que la multa, como detracción del patrimonio del presunto infractor resulta ser, en términos punitorios, la sanción más grave. Acerca de ello, cuando la pena no es excesiva, cualquiera que sea el régimen de sanción, no resultan aplicables todas aquellas garantías que conforman el catálogo referido a una persona acusada por un delito, garantías reguladas incluso en las convenciones regionales o internacionales sobre derechos humanos” (TSJCABA, expte. 4054/05, 21-12-05, “Leiva Quijano”).-

129.- “Es menester señalar que el régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho administrativo sancionador y no dentro del Derecho penal, ya que los intereses protegidos por las normas sancionadoras, se refieren por lo general a intereses colectivos, generales y públicos. Cuando hablamos de intereses y bienes generales, lo más importante no es el resarcimiento del daño, sino evitar que ese daño se produzca, y precisamente lo que las normas sancionadoras fundamentalmente pretenden es que el daño no se produzca, y para evitar ese daño hay que evitar previamente el riesgo que es el verdadero objetivo de la política represiva. En este contexto, la infracción es el incumplimiento de un deber desconectado en principio de sus eventuales consecuencias. Por ello, a la hora de determinar si existe infracción, resultan indiferentes las consecuencias dañosas del riesgo creado. El riesgo constituye una simple variante de la figura de la responsabilidad, puesto que existe, en términos generales, responsabilidad por actos lícitos, por actos ilícitos y por riesgo. El incumplimiento de las normas de protección de riesgos abre paso a un círculo dialéctico de riesgo e infracción y es claro que el daño es ajeno a tal círculo. Por así decirlo, a diferencia de lo que sucede con el Derecho penal, en el Derecho administrativo sancionador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”. Y siguiendo este paralelo, podrá haber daños e ilícitos penales con infracción a reglamentos, pero en el ámbito del Derecho administrativo sancionador la infracción de las normas constituye cabalmente la esencia de la infracción” (CCABA, 27-8-06, causa 11234-00/CC/2006, “Zhang Xiujuan”).-

130.- “El régimen de faltas se encuentra inserto en el Derecho administrativo sancionador, y no dentro del Derecho penal, por lo que no corresponde la aplicación de la teoría del delito, justamente propia del Derecho penal, a este ámbito en particular. La autonomía y especialidad propias del Derecho administrativo sancionador, donde campea la prevención como principio rector del sistema, explica Maljar que, a diferencia de la responsabilidad penal, donde se exige la verificación de un daño concreto, el Derecho administrativo sancionador es fundamentalmente un derecho preventivo al intentar impedir que la lesión a los bienes jurídicos se efectivice. La transgresión, por lo tanto, es el incumplimiento de un deber legal desconectado de sus eventuales consecuencias, es decir, el Derecho sancionador es esencialmente de “prevención de riesgos” al existir una situación de "peligro potencial" CAPCYF, 10-11-09, causa 16984-00-00-09: “Transportes Rivas y Cía. SA”).-

131.-En la actualidad, la diferencia entre lo injusto penal y lo injusto administrativo se trata de niveles desde el punto de vista cuantitativo (Stratenwerth); de diferencias de grado y no esenciales (Jescheck); al no haberse podido determinar una diferencia cualitativa entre lo ilícito penal y lo ilícito administrativo, y entre la pena y la sanción administrativa, es preciso extender a las infracciones administrativas la aplicación de algunos de los principios fundamentales del Derecho penal (Cerezo Mir)” (CAContrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 070-00/CC/04, “Pérez”, 18-5-04).-

132.- El Derecho administrativo sancionador se nutre de conceptos y principios penales del ámbito administrativo y si bien la aplicación de la totalidad de los principios penales no es un tema pacífico en la doctrina, no puede negarse que algunos de ellos son comunes. Así, sostiene Carretero Pérez que los principios penales sustantivos deben aplicarse a las sanciones administrativas. Siendo una de las características del Derecho su eficacia, la infracción de normas administrativas requiere una reacción, pero aplicando los principios generales del ordenamiento jurídico, que es único; en este caso los del Derecho penal, puesto que la adecuación al Derecho de un acto es la de la teoría general del Derecho penal. El hecho ilícito pertenece a la rama del Derecho administrativo: el Derecho administrativo sancionador, que supone un traspaso de conceptos del Derecho penal al administrativo. De ahí se deduce la existencia de principios comunes, derivados del principio de legalidad contenidos en el Derecho penal. La potestad sancionadora de la Administración se mueve en el ámbito de la potestad punitiva del Estado y sujeta a unos mismos principios en garantía del interés público y las libertades ciudadanas” (CAContrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 184-00/CC/04, “GCBA”, 10-8-04; causa 070-00/CC/04, “Pérez”, 18-5-04).-

133.- “Las penas que se aplican en función de una contravención revisten los mismos caracteres que las sanciones en Derecho penal. Distinta es la situación respecto a las faltas, toda vez que ellas están fuera del Derecho penal, ya que meramente resultan ser una violación a las disposiciones que, en ejercicio del poder de policía, dicta el poder administrador. Ello así, surge clara la diferencia ontológica entre falta, por un lado, y delito y contravención por el otro. La primera es una infracción al orden administrativo o policial. Es preciso, respecto de las faltas, que ellas estén claramente descriptas en la ley, esto es, es necesaria la tipicidad. También podemos estar de acuerdo en la aplicación de la antijuridicidad, en tanto ello significa una conducta contraria a derecho, esto es, jurídicamente disvaliosa, lo que sin duda ocurre con las faltas. Pero en cuanto a los demás principios de la teoría del delito, siendo que la responsabilidad por faltas es objetiva, el de culpabilidad no tiene aplicación en el régimen de faltas, así como tampoco cabe hablar de imputabilidad con el sentido que la expresión tiene en el Derecho penal, ya que bien puede una falta ser responsabilizada a alguien distinto de aquel que cometió directamente la acción prohibida. Respecto a la pena, siendo que la sanción por la comisión de una falta puede definirse en cuanto a su teleología, diciendo que sus tipos tienden a la obtención de un estado (objetivo) deseado desde el punto de vista de la política administrativa, particularmente económica, y que lo aseguran a través de una amenaza de pena (Welzel), resulta que tal sanción nada tiene en común con las penas del Derecho penal. En las faltas, el disvalor se agota mediante la simple infracción, y a su comisión sigue la imposición de una pena administrativa, en calidad de simple retribución” (CApel.Contr. Bs. As., causa 007-F/2001, “A., M.N.”).

134.- “Las contravenciones debieran estar fuera del Derecho penal. El Derecho contravencional es, en nuestro desarrollo institucional, de orden exclusivamente local. Se trata básicamente del ejercicio del poder de policía tendiente a posibilitar su labor administrativa para lograr el llamado “bien común”. Conforme a esta idea, podría ser que el Estado local decidiera aplicar a sus faltas o contravenciones un sistema distinto sin connotaciones penales, o sintéticamente, descriminalizado. Se trata de lograr cierta descriminalización del sistema penal despenalizando las faltas o contravenciones. Y la manera de hacerlo, pues no cabe eliminar por completo el poder de policía estatal y su relativa necesidad sancionatoria, es convertir toda esa regulación en Derecho administrativo sancionatorio -contravenciones de orden- no necesariamente ligado a las instituciones represivas características del sistema penal (policía institucional, ministerio público, jueces profesionales) que con él cobran poder, sino derivado, en principio, a la actuación de órganos administrativos que conforman la voluntad ejecutiva del Estado, con los controles judiciales necesarios según principios generales” (TS Bs. As., expte. 339/00, “Pariasca”).-

 

135.- “La naturaleza jurídica de las contravenciones -que son consideradas Derecho penal de menor cuantía, y por ello se nutren de los principios de esta rama del derecho- y por ende de los delitos, es diversa de la de las de faltas, que integran el Derecho administrativo sancionador, pues éstas son disposiciones con las que conmina el poder administrador el ejercicio del poder de policía. En otras palabras, las sanciones administrativas por infracciones tienen distinta naturaleza, finalidad y esencia que las penas del Derecho penal. Dicha postura ha sido receptada a nivel normativo en el foro de la Ciudad al sancionarse por separado un Código Contravencional y un Digesto de Faltas, cada uno con procedimientos especiales. De allí que es menester concluir que el régimen de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho administrativo sancionador y no dentro del Derecho penal, del que forma parte el Derecho contravencional” (CAPCYF, 23-10-07, causa 21211-07:” N. N. O”).-

136.- “El proceso de faltas se encuentra inserto dentro del Derecho administrativo sancionador y no del Derecho penal, consecuentemente, la aplicación de los principios penales se justifica únicamente por la necesidad de garantizar los derechos fundamentales del ciudadano en un mínimo suficiente que impida una desigualdad intolerable de trato entre el procesado y el expedientado (Nieto)” (CAPCYF, 16-12-08, causa 17661-00-00/08: “Responsable Inc. SA”).-

137.- “No puede decirse, así, sin más, que el régimen material y formal de faltas sea enteramente clasificable como Derecho penal. Existen algunas razones para pensar que se trata de un régimen sancionatorio de la administración” (TSJ CABA, 19-10-05, “Impsat S.A.”).-

138.- “Aun cuando la jurisprudencia reconozca entidad penal, punitiva o represiva a las multas impuestas por la Administración con el objeto de prevenir o castigar las violaciones a leyes o reglamentos, ello no implica, sin más, que el régimen de faltas sea derecho penal material” (TSJ CABA, 19-10-05, “Impsat S.A.”).-

 

XI. Contravenciones de resultado y de peligro

 

139.- “La ley contravencional admite tanto la existencia de contravenciones de resultado como la de contravenciones de peligro. En lo que hace específicamente a la segunda de las categorías mencionadas, se debe distinguir entre figuras de peligro concreto y de peligro abstracto. Sin embargo, a poco que se profundice en torno del alcance que es dable asignar a cada una de estas subcategorías, no restará sino concluir que sólo la primera de ellas tiene cabida en la legislación” (CA Contrav. CABA, 8-8-02, “G., E.F.”).

140.- “Debemos hacer una diferenciación entre contravenciones de resultado y aquéllas que son de peligro, teniendo en cuenta la lesividad que se requiere en la materia” (C.A.Contrav. B.A., “M., J.”, 10-7-00).-

141.- “Los llamados delitos -o contravenciones- de peligro abstracto pueden ser la puerta de entrada de concepciones totalitarias, ya que la indefinición respecto del resultado ofrece un campo amplio de posibilidades punitivas, ajustadas o no a la ley según el criterio del juzgador” (C.A.Contrav. B.A., “L., B.”, 29-12-99).-

142.- “Si bien es posible ver a muchas figuras de la parte especial del Código Contravencional como prevenciones de lesiones más graves - prohibidas por el régimen penal -, no es posible exigir que su infracción genere una lesión o puesta en peligro para los bienes tutelados por el último ordenamiento. La conexión que aquí se rechaza implicaría, en realidad, interpretar un tipo contravencional como una especie de adelantamiento de la punibilidad de actos preparatorios de conductas previstas como delitos. Empero ello resulta inadmisible a la luz de los principios establecidos por el art. 19, CN, y por otra parte, desnaturalizaría el espíritu del Código de Convivencia que se propone proteger otros bienes jurídicos, por cuanto lo transformaría en letra muerta. Nos encontraríamos en la mayoría de los casos ante un concurso ideal o aparente entre delito y contravención; en consecuencia, este último régimen sería desplazado” (CAPCYF, 27-12-04, causa 269-00/CC/04: “Alberganti”).-

143.- “Las infracciones formales no requieren para su configuración de la existencia de intencionalidad, basta con la comisión del hecho. No requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración; son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su apreciación es objetiva. Se configura por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar las normas” (CNCont.Adm.Fed., Sala II, JA 2005-II-618).-

 

XII. Contravenciones de omisión

 

144.- “Los elementos fácticos requeridos en la omisión impropia, de acuerdo con los requisitos postulados por la mayoría de la doctrina que admite estas figuras, son: en primer lugar, se debe verificar un no hacer, es decir una omisión de la conducta ordenada a través de una norma imperativa; en segundo, debe acreditarse la posición de garante del sujeto activo; en tercero, se debe probar el resultado lesivo, que, por último, debe ser atribuido al autor mediante un nexo de evitabilidad” (CApel.Contr. y Faltas, 14-7-08, causa 13698-00/CC/06, “Pérez”).-

145.- “El tipo omisivo requiere, para justificar la aplicación de una sanción, que el imputado se encuentre abarcado por la “posición de garante” (CA Contrav. CABA, 15-10-02, “G., J.A.”).

146.- “Importa una clara afectación al principio de congruencia condenar al imputado por una conducta omisiva, cuando durante todo el proceso fue acusado por un accionar comisivo activo” (CApel.Contr. y Faltas, 14-7-08, causa 13698-00/CC/06, “Pérez”).-

147.- “Se lesiona el principio de congruencia al imputar inicialmente una omisión y condenar luego por una acción, lógicamente se lo lesiona también cuando se imputa en forma originaria una comisión y posteriormente se condena por una omisión. No es lo mismo defenderse por una omisión impropia que por una comisión. La congruencia de la acusación debe ser verificada a través de la descripción fáctica, sin perjuicio de la calificación legal que, en su caso, corresponda” (CApel.Contr. y Faltas, 14-7-08, causa 13698-00/CC/06, “Pérez”).-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES

 
APLICACIÓN DE LA LEY

 

ÁMBITO ESPACIAL

 

 

I. Principio de legalidad

 

1.- “Siendo las infracciones contravencionales previstas en la ley “especies” de infracción penal, rigen en principio en este campo todas las directrices que la CN fija, entre ellos la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar” (CFed. Mendoza, 17-9-90, JA, 1991-I-síntesis).-

2.- “En el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la CN y que se basa en el principio de la división de los poderes, el legislador no puede delegar en el PE o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables. Tampoco puede el PE, so pretexto de facultad reglamentaria, sustituirse al legislador y dictar, en rigor, la ley previa que requiere el art. 18, CN. Es contrario al art. 18, CN, y al sistema de gobierno establecido por ella, el precepto del decreto que faculta a la Policía Federal a emitir y aplicar edictos dentro de la competencia asignada por el Código de Procedimientos en lo Criminal. La atribución de emitir edictos para reprimir los actos no previstos por las leyes excede la facultad simplemente “reglamentaria” del PE o de las reparticiones administrativas e importa la de legislar en materia exclusivamente reservada al Congreso” (CSJN, Fallos, 237-636).-

3.- “El Jefe de Policía posee la delegación funcional de carácter judicial que le permite aplicar las normas contravencionales. La delegación funcional citada es inconstitucional porque pone en manos de un juez administrativo la aplicación de verdaderas medidas asegurativas predelictuales, y basta analizar el catálogo de faltas policiales para comprender el ingreso del poder político (PEN) en el campo de dictado de normas penales, que vulneran todas las garantías constitucionales directrices del Derecho penal (principio de legalidad, reserva, certeza jurídica, etc.) trasvasando así la delegación funcional indebida como problema a la legislación que le diera origen, objetándose a dichas leyes como inaplicables, arbitrarias y fuera del contexto del Estado de Derecho, más cercano al Estado totalitario que afecta a la libertad de los ciudadanos. Asimismo, los edictos son represivos de los actos preparatorios en contra de lo acuñado en el art. 42, CP, y sancionan preestableciendo la característica de autor sobre la base de su modo de vida anterior, de cómo son y no de lo que han hecho, propios de un Derecho penal de autor, totalmente antidemocrático y, por ende, vulnerador del principio de culpabilidad. Los tipos penales totalmente “abiertos” violan principios de la certeza jurídica mediante el vaso comunicante del principio de legalidad, preestablecido en el art. 18, CN” (CSJN, Sala VI).-

4.- “No existe delegación de funciones por parte del PE al PJ, porque en ninguna disposición constitucional se ha establecido que sea facultad privativa del Poder Administrador ocuparse de la represión de las contravenciones” (SCJM, 26-2-73, “Halon”).-

5.- “Ni la Constitución ni las leyes de la Provincia autorizan al Gobernador a crear faltas o contravenciones ni establecer penalidades represivas de las mismas, por lo que el decreto dictado por aquél en cuanto impone pena de multa o arresto a los que portaren armas en las poblaciones urbanas, es violatorio del art. 18, CN” (CSJN, Fallos, 191-245).-

6.- “Los Gobernadores de Provincia no se hallan facultados para legislar sobre faltas y contravenciones por vía de reglamentación” (CSJN, Fallos, 191-245).-

7.- “La potestad del Estado para sancionar -“ius puniendi”- se encuentra enmarcada en el principio de legalidad, ello significa que las conductas disvaliosas para merecer la aplicación de una pena deben ser precisadas por la norma y que, además, dicha norma o ley sólo puede ser creada por el legislador, siendo éstas las únicas que pueden describir o crear un tipo penal. Es imposible admitir la posibilidad que el Poder Ejecutivo -por vía de reglamentos- intente tipificar delitos o contravenciones, función o facultad que expresamente está vedada por nuestras leyes fundamentales, sostenes históricos del principio de legalidad (art. 29, inc. 3, CN)” (CA Contrav. CABA, 29-8-02, “L., A.G.”).-

8.- “En nuestro sistema constitucional la ley es la única fuente inmediata del Derecho penal, ya sea delictual o contravencional. Cualquier norma que provenga de un decreto-ley o reglamento dictado en materia de policía municipal y que contenga penas privativas de libertad, aunque sólo fuera por 24 horas, es inconstitucional” (CNCrim. y Correc., 18-7-86, ED, 120-386).-

9.- “Para que una persona pueda ser condenada por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, se requiere que una ley prohíba el hecho o mande realizarlo y establezca, además, una sanción que reprima la contravención” (CSJN, Fallos, 191-245).-

10.- “El principio de reserva penal está ínsito en la garantía de legalidad, que consagra el art. 18, CN: ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (CSJN, Fallos, 20-436; 136-200).-

11.- “¿Está legitimado el Poder Ejecutivo Provincial para imponer sanciones, de neto contenido penal, a las infracciones relativas a las medidas antisiniestrales en lugares de esparcimiento público? Las sanciones de multa (de diez mil a cien mil pesos) y de clausura (de veinte a ciento ochenta días), con las que se conminan en el Decreto las transgresiones tienen, a no dudarlo, una significación punitiva y, sin embargo, fueron dispuestas por el Gobernador -en acuerdo general de ministros- con absoluta prescindencia de la H. Legislatura; es decir, soslayando el principio de legalidad en materia contravencional, ámbito jurídico donde, las garantías -tanto sustantivas, cuanto procesales- están debilitadas, si no suprimidas. No obstante, el acierto de tales disposiciones antisiniestrales, la contravencionalización de su incumplimiento debió instrumentarse, en forma inexorable, con arreglo al principio de reserva de ley, que como es dable esperar en un Estado republicano, donde quien gobierna no legisla, al menos, en materia penal. En esa inteligencia, la ilegalidad constitucional de las sanciones establecidas en el Decreto no podría resultar más evidente. El hecho de que el Congreso de la Nación haya dejado esta materia a la reglamentación de las autoridades locales, no autoriza a pensar que el PE pueda por sí solo ejercer esta función, que en todo país republicano es del resorte del PL. La jurisdicción para entender en esta clase de contravenciones, acordada a las autoridades locales, es distinta del poder de legislar sobre la materia. La configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del PL y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas (CSJN, Fallos, 191-245). Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19, CN). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18, CN). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el PL quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el PE solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido (art. 86, inc. 2, CN). “Toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el PE no puede crearlas ni el PJ aplicarlas si falta la ley que las establezca” (CSJN, Fallos, 178-355). En conclusión, constituye una intolerable afrenta al sistema republicano -y, en definitiva, al Estado de derecho-, el ejercicio por parte del PE, de funciones legisferantes en materia punitiva -en el caso, de sanciones de corte contravencional-. Ergo, el Decreto dictado por el Gobernador de la Provincia en acuerdo general de ministros, desde que implica una extralimitación en las atribuciones constitucionalmente conferidas al titular del PE local, colisiona no sólo (o no tanto) con lo normado en la Carta Magna local, en cuanto atribuye a la Honorable Legislatura estadual que a ésta -y a nadie más- le corresponde “dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales…”, sino también (y sobre todo) el régimen republicano de gobierno instituido en el art. 1, CN, tanto para el Estado Federal, cuando para los Estados Provinciales (art. 5, CN). Aun cuando del Decreto Provincial es posible inferir, con toda claridad, las meritorias motivaciones que lo inspiraron, no menos ostensible es que el titular del gobierno provincial excedió su cometido (con errónea invocación de la doctrina justificante de los decretos de necesidad y urgencia, a partir de 1994, constitucionalmente legitimados en el Estado federal, aunque con expresa interdicción para insertar “normas que regulen materia penal”), pues para sancionar con penas de multa y clausura, ambas con escalas exorbitantes; en el primer caso, según lo patentiza el propio fallo del “a quo”- a los infractores a las reglas antisiniestrales, se requiere a título de “conditio sine qua non” proceder con plena observancia al principio de reserva de ley. Es decir, en la adopción de cualquier medida de penalización contravencional deben tomar necesaria intervención, cuanto menos, los órganos locales depositarios de la voluntad general, habida cuenta que se trata de un asunto de la exclusiva competencia de la H. Legislatura Provincial, en el que “el PE no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (CApel. y Garant. Penal Mar del Plata, Sala III, 8-11-06,  causa 10.880, “Romero”).-

12.- “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto del PE, pues la configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del PL, y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas, tal como sucede con sanciones de corte contravencional; por ello, el dictado de dicha disposición por el Gobernador de la Provincia, en acuerdo general de Ministros, desde que implica una extralimitación en las atribuciones constitucionalmente conferidas al titular del PE local, colisiona con la Carta Magna, en cuanto atribuye a la Honorable Legislatura estadual el dictado de todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales, sino también al régimen republicano de gobierno instituido en el art. 1, CN, tanto para el Estado federal, cuanto para los Estados provinciales y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida declarando la absolución del imputado, en orden a la infracción al decreto provincial mencionado” (CApel. y Gar.Pen.Bs.As., Sala II, 8-11-06, “R., O.R.”).-

13.-Los límites de las acciones privadas, en cuanto no se circunscriben a la esfera íntima de quien las realiza, sino que se extienden a la vida en relación con los demás encuentran su límite, según lo prevé el artículo 19, CN, en tanto y en cuanto no ofendan el orden público, la moral pública o los derechos de terceros. En ese punto es donde el Estado se ve obligado a reglamentar los derechos de los ciudadanos a fin de posibilitar su convivencia, de momento que el hombre no vive aislado, siendo el legislador por mandato constitucional, el órgano encargado de redefinir los límites a fin de lograr el equilibrio necesario de la vida en sociedad” (C.A Contrav. y de Faltas C.A.B.A, causa 418- 00- CC05, 14-3-06, “Mamani”).-

14.- “La interpretación de la ley contravencional común, en el sentido de decidir cuáles acciones son típicas y cuáles resultan irreprochables, no configura una competencia del Tribunal Superior de Justicia, salvo que la ley aplicada se oponga a una regla constitucional concreta” (TSCBA, 9-9-04).-

15.- “Tal cual como lo prescribe el CPP, la base del procedimiento es la comprobación de la existencia de un hecho o de una omisión que la ley repute delito o falta y, desde el punto de vista lógico, la comprobación de la existencia de una infracción penal es previa a la determinación del culpable, por cuanto sin la existencia de un hecho u omisión punibles, no podría existir responsabilidad penal” (CNPen.Econ., Sala I, 5-5-83, ED, 105-311).-

16.- “Toda acción que encuadre dentro del CP es delito y no falta, desde que ésta queda absorbida por la figura delictuosa cuando adquiere los perfiles definitorios de la última” (CPenal Santa Fe, Sala II, Juris 5-342).-

17.- “Aunque las leyes de la República, en materia criminal, pueden considerarse rezagadas con relación a las de otros países, a ellas, sin embargo, deben ajustarse los jueces, no a prácticas o costumbres extrañas por dignas que sean de imitación” (CSJN, Fallos, 21-121).-

18.- “Esta Corte ha establecido también en causas que versaban sobre materias análogas, que es una de las más preciosas garantías consagradas por la CN la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. La configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del PL y escapa a la órbita de las facultades legislativas” (CSJN, Fallos, 237-636, “Mouviel”).-

19.- “Se trate de delitos o contravenciones, sólo puede por el mecanismo constitucional construirse un catálogo de prohibiciones compatibles con la CN” (CCC, 26-4-86, ED, 118-174).-

20.- “El aspecto del principio de legalidad que en esta oportunidad debe ser analizado es aquel vinculado con el manda­to dirigido al legislador de dictar normas taxativas y precisas desde el pun­to de vista empírico que permitan lue­go al juez aplicarlas por exclusivo so­metimiento al texto legal y no a otra clase de valoraciones o juicios extrale­gales. Esta aclaración permite avanzar sobre dos agravios planteados de modo autónomo por el recurrente -aunque no desarrollados en profundidad- re­feridos al derecho a la libertad y a la igualdad. Si se admite que la ley no pue­de calificar como penalmente relevante cualquier supuesto indeterminado, sino sólo comportamientos verificables em­píricamente, identificables como tales con exactitud y atribuibles con la mis­ma precisión a un sujeto determinado, entonces queda asegurada para todos los habitantes una esfera de libertad, reconocida por nuestra CN en el artículo 19; del mismo modo, queda también asegurado que todas las personas, con prescindencia de sus condiciones per­sonales, se encuentran frente al ius pu­niendi en una situación igual en la me­dida en que las acciones son descriptas de un modo objetivo y preciso que no discrimina a priori” (TSCABA, 24-10-00, expte. 245/00, "León”).-

21.- “Tiene dicho la doctrina que "la re­ferencia a la lex certa pretende impedir leyes difusas o indeterminadas, en las que se ponga de manifiesto qué es lo efectivamente prohibido y cuál la con­secuencia penal imputada. Desde ese punto de vista, el significado de la cues­tión es permitir a los ciudadanos conocer desde un principio lo que está pro­hibido penalmente para así poder adecuar su comportamiento a la regla que sostiene la decisión penal” (CPCF CABA,  Sala III, 14-7-08, causa 13.698­00-CC/2006, "Pérez”).-

22.- “En un Estado de derecho la facultad de modificar la ley penal, in­troduciendo diferencias entre tipos de contravenciones, es competencia exclusiva e indelegable del Poder Legis­lativo" (TSCABA, 20/10/2009, expte. 6470/2009, "Alemán”).-

23.- “Sigue en pie el axioma de la libertad implícito en la Constitución Provincial, siendo preciso que las conductas sancionadas por vía contravencional queden circunscriptas con claridad y razonabilidad suficientes para evitar incertidumbres acerca de lo que está prohibido” (JPaz Letr. Tordillo, 15-4-98, RSD 16/98).-

24.- “El derecho penal como el contravencional son modalidades de control social y las actividades que se llevan a cabo en su concreta operatividad es controlable, previsible y vinculada a principios establecidos por las normas. Así, el CF chaqueño debe aplicarse de acuerdo con los principios y garantías constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La certeza en la descripción de la conducta definida como delito, contravención o falta implica no solamente la expresión clara y sin ambigüedades ni términos de difícil comprensión de tal conducta, sino que también, deben quedar claramente establecidos los límites de tales comportamientos. Dicho en otros términos, la conducta sancionada de alguna forma por el poder punitivo debe establecerse en forma cierta, con pautas objetivas que limiten el arbitrio judicial al momento de la aplicación de la ley al caso concreto. La ley penal-contravencional debe ser cierta, estricta y escrita. Es que, la ley penal debe expresarse en forma clara y precisa, con una terminología que en lo posible evite todo tipo de confusión acerca de su contenido, procurando recurrir a conceptos de límites definidos y que no ofrezcan resistencia semántica. Una práctica del legislador mucho más usual de lo deseable -principalmente en el ámbito contravencional- lo es la incorrecta recurrencia a la deformada técnica de la ley en blanco y los tipos abiertos” (JFaltas Barranqueras, 1/7/14, expte. 241/14."Ruiz Díaz").-

 

II. Ámbito territorial

 

25.- “La misión del art. 1, CP, es fijar la extensión, en cuanto a su dimensión espacial, de uno de los elementos constitutivos del Estado, cual es la soberanía, entendida como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la Nación. Es decir, el ámbito fuera del cual la autoridad de aquél pierde ese carácter y cede frente a la soberanía de las naciones extranjeras” (CSJN, 1-12-98, “Vinokur”).-

26.- “El artículo 1, CP, no constituye una regla de Derecho penal en sentido estricto, ya que no establece delitos y penas, sino que prevé los límites para la aplicación del Derecho nacional, en su rama punitiva, con relación al espacio” (CSJN, 1-12-98, “Vinokur”).-

27.- “Resulta aplicable a la interpretación del art. 1, CP, el criterio según el cual cuando un delito comienza a ejecutarse en territorio de un Estado y queda consumado en otro debe reputarse “cometido” en todas las jurisdicciones en las que ha desarrollado alguna parte de la acción y también en el lugar de verificación del resultado” (CSJN, 1-12-98, “Vinokur”).-

28.- “El artículo 1 se refiere a la validez espacial de la ley penal provincial y adopta el principio de territorialidad. Aun cuando el artículo se refiera a la aplicación de la ley penal con relación al espacio, sienta un principio general que también se tiene en cuenta para la determinación de la jurisdicción competente” (CCCap., 13-12-35, JA, 52-926).-

29.- “No afecta el principio de igualdad ante la ley la disposición provincial que rige tanto para los naturales o habitantes de la Provincia, como para los de cualquier otra parte, estableciendo solamente una limitación objetiva, relativa a hechos y no a personas, derivada del ejercicio del poder de policía local” (CSJN, Fallos, 303-1050).-

30.- “La ley estatuye que el Código Contravencional se aplicará a las contravenciones que se cometieren en el territorio, en infracción a las normas dictadas en el ejercicio del poder de policía, contemplándose en forma específica diversas faltas, por lo que cuadra interpretar que las normas positivas antes comentadas excluyen la aplicación de otra ley” (CCBA, 2-4-91, LP-208856-RSI-119-91-I).-

31.- “La cuestión relativa a la aplicación del principio de territorialidad o de defensa debe resolverse a través de lo que se considera “lugar de comisión del delito” (CNCrim. y Correc., Sala III, 20-12-90, “Maradona”, LL, 1991-C-373).-

32.- “La finalidad esencial perseguida por la Constitución y por la ley de procedimientos, en cuanto preceptúan que la competencia territorial se determina por el lugar de comisión del hecho, consiste en procurar la mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde ocurrió la infracción y donde se encuentran los elementos de prueba, y facilitando también la defensa del imputado. Tales propósitos pueden resultar desvirtuados si se tiene en cuenta sólo el lugar de consumación del delito, donde se produjo el resultado cuando la acción o una etapa principal y decisiva de ésta han ocurrido a gran distancia” (CSJN, Fallos, 271-396).-

33.- “El Derecho contravencional es, en nuestro desarrollo institucional, de orden exclusivamente local; incluso cuando se trata de contravenciones o faltas del Estado federal, ellas rigen exclusivamente en el territorio y en las actividades bajo su jurisdicción. Se trata, básicamente, del ejercicio del poder de policía tendiente a posibilitar su labor administrativa para lograr el llamado “bien común”. Conforme a esta idea podría ser que el Estado local decidiera aplicar a sus faltas o contravenciones un sistema distinto al de la ley o sistema penal común -entre nosotros de orden nacional-, incluso un sistema sin connotaciones penales o, sintéticamente, “descriminalizado”. Las Constituciones o leyes locales no pueden desconocer los derechos y garantías individuales que establece la Constitución nacional, pero nada obsta a que, en el ámbito que les corresponde, aseguren a sus ciudadanos mayores derechos o garantías que aquellos que concede el orden jurídico nacional” (CCCABA, 29-9-00, expte. 339/00 “Pariasca”).-

34.- “Dado que el sitio de internet crea un casino virtual dentro de la computadora del usuario o permite la participación en unos juegos no autorizados legalmente -especialmente diseñados por una empresa proveedora extranjera para su difusión en los mercados de habla hispana y portugués a través del portal de Terra-, no importa el lugar físico donde se instale físicamente el servidor ya que éste no puede convertirse en un escudo contra la ley que reprima a aquellos que realicen tales actos ilegales. Es irrelevante que las apuestas por Internet sean legales en un Estado, dado que el acto de entrar una apuesta y trasmitir la información desde otro Estado vía Internet constituye una actividad de apuestas dentro del citado Estado. En relación al caso de autos, debe sumarse que los juegos promocionados están dirigidos a los habitantes de esta ciudad, por un portal de acceso a internet, cuyo domicilio legal se asienta en el mismo ámbito geográfico. En síntesis, más allá de las notas particulares del medio de comunicación involucrado en autos, no se advierten razones fundadas para dispensar un tratamiento diferenciado en igualdad de circunstancias a los restantes medios de comunicación, sobre los cuales rigen indiscutida y pacíficamente las reglas aplicables al caso. Ello en la medida que se verifica la comisión de una conducta idónea para afectar el bien jurídico protegido; entendido como el monopolio que detenta el Estado para regular, administrar y explotar los juegos de azar, restringiendo el que se desarrolle fuera del marco reglamentario y destinando los fondos que produzca el juego ilegal a las necesidades y exigencia de la beneficencia pública” (JContr.CABA, 6-11-01, “Leopoldo”).-

35.- “En el caso, afirma el defensor que el ámbito de aplicación del CC se encuentra dado para quienes cometan contravenciones dentro de los límites de la Ciudad o para las que produzcan sus efectos en ella. Por lo tanto, consi­dera que el magistrado, al imponer la prohibición de concurrencia a partidos futbolísticos fuera de ese ámbito, exce­dió su jurisdicción. Al respecto, es cier­to que el CC se aplica a las con­travenciones que se cometan dentro de los límites del territorio de la CABA y a las que produzcan sus efectos en ella. Siendo así, y toda vez que en autos, el juez, en ejercicio de su facultad jurisdic­cional, ha impuesto una pena a hechos perpetrados en nuestra ciudad, no cabe afirmar, tal como lo postula la defensa, que ha excedido el límite al que alude el artículo de la ley. Ello así toda vez que esta condición dispuesta por ley sólo se refiere a la comisión de contravencio­nes y no al cumplimiento de las sancio­nes establecidas para esos hechos, caso este último para el cual el Código no prevé limitación alguna” (CCFCABA, sala I, 16-4-08, causa 17.319-06, "Club Atlético Vélez Sarsfield”).-

36.- “Como toda sentencia penal que im­pone cualquier tipo de pena lícita, ella debe ser cumplida en todo el ámbito territorial del planeta. Una cosa es que el Estado cuyo PJ condena, sólo tenga un poder limitado a una es­fera territorial y deba pedir a otro, por rogatoria, el ejercicio de la coacción fuera de su propio territorio -en nues­tro caso: extradición-, y otra muy dis­tinta el afirmar que las reglas de con­ducta sólo rigen en el territorio del Es­tado que las impone. Internamente, en­tre nosotros (art. 7, CN) los actos de un Estado federado son reputados vá­lidos en el territorio de otro Estado fe­derado, y entre esos actos están las sen­tencias penales y las contravencionales. Es por esa razón que las penas de multa que una Provincia impone producen, a pedido de autoridad, la intimación de pago y el embargo en otra Provincia, y la regla no vale sólo para la materia pe­nal. También una cosa es sostener que, por ejemplo, el Estado brasileño no se va a ocupar de impedirle el ingreso al condenado al último partido de Boca Juniors contra Fluminense (disputado en Río de Janeiro), siempre que no lo pida la autoridad argentina por la vía correspondiente, y otra muy distinta es concluir que la regla de conducta sólo rige en el ámbito de la CABA. Reemplá­cese esta última condición por la prohi­bición de ingerir bebidas alcohólicas: le bastaría al condenado trasladarse, se­gún en qué punto de la Ciudad se en­cuentre, sólo 11 kms. al sur, al norte o al oeste para lesionar impunemente la condición impuesta para la suspensión de la pena de arresto” (TSCABA, 19-11-08, expte. 5978/08, "Martín”).-

37.- “El legislador no ha impuesto limi­tación alguna al ámbito geográfico al cual debe acomodarse la imposición de las reglas de conducta. A su vez, tam­poco la Constitución local y, menos aún, la CN contienen previsiones en ese sentido o cláusulas generales de las que tal limitación pueda ser deduci­da. Es decir, ninguno de estos cuerpos normativos vino a restringir las facul­tades de la Ciudad en ese aspecto. Por esas razones, cabe concluir que no pesa sobre los jueces una restricción en vir­tud de la cual la imposición de las re­glas de conducta deba quedar acotada al ámbito de la CABA o, en otros tér­minos, que exista impedimento legal al­guno que impida a los jueces requerir el cumplimiento de esas reglas en ámbi­tos que excedan los límites geográficos de esta Ciudad. El CC impone dos obligaciones al juez que de­cide dejar en suspenso la ejecución de una condena. Por un lado, fijar una o más reglas de conducta y, por el otro, relacionar esas reglas con una finalidad determinada: la de prevenir la comi­sión de nuevas contravenciones. Si bien el legislador libró a la discreción de los magistrados la elec­ción de las reglas de conducta a im­poner (siempre que se encuentren entre las enunciadas en la ley); de la can­tidad; del tiempo por el que deben ser observadas (el que no puede exceder el año); y, por úl­timo, de su ámbito territorial de cum­plimiento (dado que no pesa sobre el juez limitación territorial alguna para imponer su cumplimien­to), condicionó la imposición de esas re­gias al hecho de que estén dirigidas a cumplir con una finalidad determinada: prevenir la comisión de nuevas contra­venciones. Esa circunstancia pone a los jueces en la obligación de tener que ex­plicitar tanto los motivos por los cuales impusieron tal o cual regla de conducta como aquellos por los que decidieron darles determinada forma de cumpli­miento (duración o lugares en los que debe ser observada)” (TSCABA, 19-11-08, expte. 5978/08, "Martín”).-

38.- “Las reglas aplicables para establecer el ámbito alcanzado por el CC es­tán básicamente contempladas en ese cuerpo normativo. Con arreglo a él, no so­lamente aquellas conductas que se co­metan en el territorio de la CABA, sino también "las que produzcan efectos en ella" están dentro del universo alcan­zado por el Código, con prescindencia de su lugar de comisión. ¿Cómo deci­dir cuándo una conducta llevada a cabo fuera del territorio tiene efecto en él. Producir efecto, consiste en afectar un bien jurídi­co tutelado por la CABA; cabe agregar, siempre que sea válido tutelarlo” (TSCABA, 8-4-09, expte. 6004/08, "Wasserman”).-

39.- “Tampoco caben dudas acerca de que la CABA ha ejercido efectivamente los poderes que genéricamente le incumben en el orden federal. Así lo ha hecho al promulgar el CC. Ello así, puesto que no es dudo­so que el bien jurídico tutelado se ve tan afectado en el su­puesto de la celebración de una apuesta cara a cara en una esquina de Buenos Aires, como en este otro que nos ocupa en que el apostador es un individuo que juega desde un escritorio sito en un do­micilio porteño que resulta tentado por un banquero de juego que reside en aje­na jurisdicción, pero que tienta delibe­radamente a quienes residen en ésta y consiente tomar sus apuestas. En efecto, tanto el impacto del juego sobre la mo­ral de los apostadores, y de la sociedad más inmediata de la que éstos partici­pan, como aquel otro que estas apues­tas tienen sobre el monopolio estatal del juego vigente en nuestra CABA, se ven igualmente afectados por ambos ti­pos de apuesta. En este orden de ideas, y con relación al primero de los bienes enunciados, esto es, la moral, no cabe duda de que la Ciudad puede, en ejer­cicio de su poder de policía, disponer, entre otras cuestiones: qué clase de establecimientos pueden ser utilizados para la explotación del juego; dónde deben ser emplazados, y mediante qué medios se puede explotar el juego en la Ciudad de Buenos Aires” (TSCABA, 8-4-09, expte. 6017/08, "Wasserman”).-

40.- “Si la CABA careciera de la potestad de ejercer sus poderes respecto de esa actividad en cuanto tiene efectos en su territorio, estaría impedida de prote­ger, de un modo pleno, los bienes que son de su incumbencia. Tampoco esta­mos ante el supuesto de interferencia con el ejercicio del poder público proveniente del Estado federal, otros Estados locales o, menos aún, de Estados extranjeros. En síntesis, la con­ducta afecta tan sólo a la CABA” (TSCABA, 8-4-09, expte. 6017/08, "Wasserman”).-

41.- “En materia de faltas y contravenciones el CF establece como ámbito de aplicación el juzgamiento de las faltas previstas en su texto y en cualquier otra norma vigente en esta Provincia, que se cometan en su territorio y sean de su jurisdicción o competencia. Determina que la jurisdicción y competencia son improrrogables; este carácter deriva, al igual que en el penal, del carácter público que posee su objeto” (CPazLetr. San Juan, 3-11-97, “Claudeville”).-

42.- “Si el hecho ilícito -infracción a las normas de juego de azar se cometió en la localidad bonaerense de Morón, es en dicha jurisdicción donde debe juzgarse la supuesta conducta ilícita a la luz de las leyes contravencionales de la Provincia” (CSJN, 29-8-02, “Censosud SA”).-

 

III. Establecimientos de utilidad nacional

 

43.- “La palabra “exclusiva” del inc. 27 del art. 67, CN, quiere decir única y no compartida y, en consecuencia, el Gobierno Federal posee sobre los establecimientos las potestades de legislar, juzgar y ejecutar, con independencia de cualquier poder provincial” (CSJN, Fallos, 155-104).-

44.- “Hay colisión cuando la existencia de las normas concurrentes presentan una manifiesta repugnancia para nuestro orden constitucional” (CSJN, Fallos, 137-212).-

45.- “Se admiten los poderes provinciales para suplir la negligencia legislativa del Gobierno Nacional, reconociéndose que la atribución del Congreso es exclusiva, pero sólo en lo concerniente a la realización de la finalidad de utilidad nacional del establecimiento de que se trate” (CSJN, Fallos, 160-342; 201-536).-

46.- “Los poderes del Congreso Nacional son exclusivos, en cuanto a los fines de utilidad común del establecimiento, pero no excluyentes del poder local, en tanto éste no interfiera en los mencionados fines” (CSJN, Fallos, 253-26).-

47.- “Si el área y dimensión del asunto es nacional, la competencia es nacional, porque los órganos constitucionales del Estado nacional tienen derecho a los medios más adecuados” (CSJN, Fallos, 211-162).-

48.- “Esta CS sostiene la tesis concurrente de las Provincias ante la ausencia en estos lugares de legislación federal específica” (CSJN, Fallos, 262-186).-

49.- “La actividad desplegada no es esencial al establecimiento de utilidad nacional y el ejercicio del poder de policía local sobre una confitería y restaurant bailable mal puede interferir con los fines específicos que justifican la jurisdicción federal en los corredores ferroviarios destinados al tráfico de pasajeros y cargas” (TSJBA, 9-9-99, causa 58/99, “Paca S.A.”).-

50.- “De acuerdo a la distribución fijada en la CN, el poder de policía es una potestad eminentemente local. Resulta indudable que la Ciudad tiene el poder de policía sobre las actividades desarrolladas en todo su territorio; tiene el poder de policía sobre todo su territorio, el que también alcanza a los establecimientos en él ubicados, aunque el Congreso los hubiera declarado de utilidad nacional, ya que debe descartarse que existan dentro de los límites de su jurisdicción enclaves federales inmunes y, mucho menos, privados” (TSJBA, causa 456/00, 24-10-00, “Centro Costa Salguero”).-

51.- “Respecto a la competencia en los establecimientos de utilidad nacional ubicados dentro del territorio provincial, baste mencionar que el principio general es que las facultades legislativas y administrativas de las provincias no quedan excluidas de dichos lugares, sino en tanto y en cuanto su ejercicio interfiera en la realización de los fines de utilidad nacional de la obra y la obste directa o indirectamente” (TSJ Neuquén, 16-4-12, “Repetto”).-

52.- “El establecimiento de la jurisdicción marítima nacional y las atribuciones y potestades en esta materia, del PL y del PE, no excluyen el poder de policía local. En los establecimientos de utilidad pública de la Nación, sólo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo afectado o inherente a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno Federal por la Constitución y leyes nacionales. En lo comprendido en ese uso las provincias mantendrán su jurisdicción o podrán ejercer los actos que de ésta se deriven, en tanto no interfieran directa o indirectamente en las actividades que tal utilidad nacional implique” (CSJN, 16-4-02, Fallos, 599-XXXV, “Casino Estrella”).-

53.- “Aún sobre un buque amarrado en el puerto, puede postularse la doctrina de los poderes concurrentes entre el Estado soberano y los Estados miembros autónomos que deben ser ejercidos de manera compartida, siempre y cuando no se produzca una situación de incompatibilidad o interferencia con el Gobierno de la Nación. La tesitura sostenida precedentemente es la que mejor se adecua al status constitucional especial de la Ciudad y a sus fines de control de la moralidad, seguridad, higiene y salubridad pública del establecimiento, propia de los controles municipales, dejando a salvo las facultades jurisdiccionales del Estado federal sobre sus establecimientos de utilidad pública. Por lo que no existe conflicto real entre la competencia penal federal y la contravencional de la Ciudad” (CSJN, 16-4-02, “Casino Estrella”).-

54.- “El poder de policía es una potestad eminentemente local (CSJN, Fallos, 7-150; 7-373; 320-89; 320-223). Los intereses federales son, también como principio, de alcance general. Cuando el Congreso estima conveniente crear establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines. Es decir que cuando el Congreso desarrolla poderes con un alcance local, no desplaza a las autoridades naturales de la jurisdicción, sino cuando existe interferencia entre el ejercicio de esos poderes locales y los fines federales” (CSJN, 9-9-04, expte. 2901/04, “González”).

55.- “El apelante cuestionó la potestad de aplicar multas en materia de faltas alegando que corresponde la competencia federal pero  se sometió a la competencia de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad sin promover la correspondiente cuestión. Lo que torna aplicable también la doctrina de la Corte Suprema, conforme la cual el voluntario sometimiento a un régimen jurídico determinado impide, a falta de reserva expresa, su impugnación ulterior con base constitucional” (CSJN, Fallos, 297-356).

56.- El poder de policía en sentido amplio es un instrumento flexible, tendiente a la protección de los intereses sociales. Su fuente es el art. 14, 1ª parte, CN, en cuanto reza: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentes su ejercicio”. De esta norma deriva directamente el reconocimiento amplio de la facultad del Estado de reglamentar los derechos, por lo que el poder de policía no se agota en la seguridad, salubridad y moralidad, sino que abarca numerosas actividades como la economía, la seguridad social, la industria, el comercio, etc. El servicio público de correo, regulado por las normas citadas por el recurrente, en modo alguno ha sido alterado, prohibido o suprimido por el ejercicio del poder de policía que en materia de seguridad, salubridad, higiene y habilitaciones detenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que, por otra parte, de ninguna manera concurre con el que le corresponde a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que sí lo lleva a cabo en materia postal como ente regulador de este servicio. Las infracciones comprobadas, fueron labradas en ejercicio del poder de policía local, sin que exista la mínima interferencia de éste con los fines federales del servicio postal, no habiéndose demostrado el compromiso o afectación de los intereses nacionales” (CCCABA, 22-5-06, causa 069-00/CC/06, “Correo Oficial de la República Argentina S.A.”).

57.- “El ejercicio del contralor de la moralidad, seguridad e higiene inherente al poder local, en cuanto se vincula con un predio arrendado para depósito de hierro a Ferrocarriles Argentinos, no interfiere de manera directa o indirecta en la finalidad del establecimiento de utilidad nacional; sin que tampoco sea viable la acción de amparo, por no aparecer configuradas la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que exige la ley” (CSJN, Fallos, 302-742).-

58.- “Corresponde admitir la convergencia armónica de las facultades administrativas propias del Ferrocarril y del poder de policía que la Municipalidad ejerce sobre toda proyección de la actividad publicitaria. Si bien las autoridades municipales no pueden desvirtuar las facultades propias de la empresa ferroviaria, ésta a su vez no debe hacer uso irregular de tales facultades, pues no se le han otorgado ilimitadamente ni son prerrogativas de cuyo ejercicio pudiese admitirse que deriven riesgos para la seguridad pública” (CNCiv., Sala C, 21-9-82, JA, 1983-II-534).-

59.- “El TSJ de esta ciudad aceptó la plena validez de la ley en relación con las actividades privadas que se llevan a cabo en inmuebles cuyo dominio ejerce el Estado Nacional, al decir que "el reconocimiento de la competencia local para el ejercicio de las prerrogativas de que se trata (el ejercicio del poder de policía) ha tenido una tradicional acogida legislativa, en tanto las mismas no impiden en manera alguna el ejercicio por parte del Gobierno de las facultades relativas al poder de policía que le son propias y de origen constitucional” (C.A.Contrav. B.A., “C.C.S.”, 7-7-00).-

60.- “En los establecimientos de utilidad pública de la Nación, sólo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo afectado o inherente a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno federal por la Constitución y las leyes nacionales.  En lo no comprendido en ese uso, las provincias mantendrán su jurisdicción o podrán ejercer los actos que de ésta deriven, en tanto no interfieran directa o indirectamente en las actividades normales que tal utilidad nacional implique. El régimen de gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con facultades propias de legislación y jurisdicción, así como la cláusula de progreso económico y desarrollo humano (arts. 125 y 129, CN), conllevan necesariamente al establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población. Actividad ésta propia de cualquier régimen municipal, y hasta tal punto esencial, que sólo bajo su aseguramiento por parte de las provincias, el Gobierno federal les garante a éstas el goce y el ejercicio de sus instituciones (art. 5, CN). La tesitura sostenida precedentemente (refiere a que no existe incompatibilidad entre la actuación de la justicia federal y la contravencional en ordenes distintos de competencia) es la que mejor se adecua al status constitucional especial de la Ciudad y a sus fines de control de la moralidad, seguridad, higiene y salubridad pública del establecimiento propio de los controles municipales. El constituyente ha diseñado los poderes legislativos de la Ciudad Autónoma como el resultado de detraer de los poderes locales definidos por los arts. 121 y ss., CN, aquellos que el Congreso ejerza en interés federal. El Congreso solamente puede restringir esta autonomía porteña para garantizar el interés federal. Garantizar no es igual a promover, ya que no  puede jamás implicar expansión. Es que, a su vez, los intereses federales son, también como principio, de alcance general. Cuando el Congreso estima conveniente crear establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República, las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines. Es decir, que cuando el Congreso desarrolla poderes con un alcance local, no desplaza a las autoridades naturales de la jurisdicción, sino cuando existe interferencia entre el ejercicio de esos poderes locales y los fines federales. No puede haber colisión ni interferencia en las competencias del Gobierno local y la Comisión Nacional de Comunicaciones ya que lo que determina la competencia de la última, y no puede ser de otro modo constitucionalmente, son los fines federales. Tales fines refieren al poder de policía postal que es el único que importa a la órbita federal, no pudiendo comprender lo referente al poder de policía en materia de seguridad, salubridad, habilitaciones e higiene que, como es obvio, sólo importa a los habitantes de la Ciudad Autónoma. ¿Qué interés federal tiene la Nación en la seguridad, salubridad, habilitaciones e higiene de los locales en que funciona el Correo Oficial? Ninguno. Uno es el poder de policía en materia postal ejercido por la CNC y otro es el poder de policía que hace a la salubridad, higiene, habilitaciones y seguridad ejercido por el gobierno local. Ciertas conductas forman parte del ámbito contravencional como consecuencia del poder de policía en cabeza de los distintos niveles de gobierno que componen un Estado federal. La Ciudad integra, como un Estado más -si bien con particularidades que la diferencian de las provincias- el sistema federal argentino. Por ello, el dictado de la legislación de faltas o contravencional, necesarias para regular la conducta de sus habitantes y de quienes a diario transitan por ella, se encuentra dentro de su autonomía constitucional (art. 129, CN). En síntesis, la Ciudad tiene el poder de policía sobre todo su territorio, el que también alcanza a los establecimientos en él ubicados, aunque el Congreso los hubiera declarado de utilidad nacional, ya que debe descartarse que existan dentro de los límites de su jurisdicción enclaves federales inmunes y, mucho menos, privados. La reforma constitucional del art. 67, inc. 27, en el año 1994 (hoy art. 75, inc. 30, CN) ha sido contundente, pues involucra tanto a las provincias como a los municipios, conviniendo que ambos conservan los poderes de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional, en tanto no interfieran en el cumplimiento de los fines específicos de dichos lugares, teniendo ello inclusive acogimiento constitucional por parte de nuestra Corte Suprema en el caso “Operadora de Servicios SA c/ Municipalidad de Avellaneda” del 28 de abril de 1998 en donde sostuvo que: “No hay razón que autorice a desconocer la competencia ejercida por el municipio y sus poderes son plenos en tanto su ejercicio no vaya contra lo que constituye la razón de ser de la jurisdicción nacional en ellos”. El incumplimiento en materia de seguridad en el local de la empresa de Correo Oficial de la República Argentina SA -y que no se vinculen a una finalidad de servicio postal- cualquiera sea la naturaleza del dominio y titularidad de ellas, están sujetas al poder de policía de la Ciudad y no se advierte que se haya vedado a la autoridad local la posibilidad de regular los requisitos mínimos que deberá cumplir la estructura edilicia mencionada con respecto a la seguridad e higiene, sino al contrario, deviene del ejercicio del poder de policía propio, cedido por el Estado nacional a la Ciudad. Para establecer el límite del poder de policía, es importante reconocer que no es una atribución que amplía las facultades del órgano que lo utiliza frente a otros órganos de gobierno. Se debe vincular siempre su ejercicio específico para reglamentar derechos, con la atribución de facultades por materia, ya que, al menos formalmente, el poder de policía nunca es una fuente para ampliar facultades de la autoridad local frente al poder nacional, ni al revés. La Corte Suprema ha reconocido de antiguo que el poder de policía corresponde a las provincias, estableciendo que los actos de las Legislaturas provinciales “no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos, es incuestionable que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso” (Fallos, 3:131). De allí que el ejercicio del poder de policía presenta por un lado aspectos estrictamente locales, susceptibles de reglamentación provincial, y de otro lado, aspectos que escapan a la reserva del art. 121, CN, y por tanto competen al gobierno federal, cuando la actividad se encuentra relacionada con fines federales de máxima jerarquía. De ello se sigue que las provincias no pueden usar su poder de policía ordinario para prohibir o suprimir per se actividades propias del gobierno federal, ya que comprometería altos intereses nacionales” (CCCABA, 22-5-06, “Correo Oficial”; CSJN, “Casino Estrella de la Fortuna”).-

61.- “Las autoridades provinciales y municipales se reservaron -es decir, no delegaron en el Congreso Nacional- el poder de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional emplazados en el territorio de la República, en tanto y en cuanto no haya interferencia en el cumplimiento de los fines de éstos (art. 75, inc. 30, in fine, CN). La CS ha establecido que en los establecimientos de utilidad pública de la Nación, sólo imperarán la jurisdicción y las leyes nacionales en lo afectado o inherente a esa utilidad nacional, para servir a objetivos expresamente encomendados al Gobierno federal por la Constitución y las leyes nacionales. En lo no comprendido en ese uso, las Provincias mantendrán su jurisdicción o podrán ejercer los actos que de ésta deriven, en tanto no interfieran directa o indirectamente en las actividades normales que tal utilidad nacional implique. En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires dijo que “el régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, así como la cláusula de progreso económico y desarrollo humano (arts. 125 y 129, CN), conllevan necesariamente al establecimiento de un régimen comunal de contravenciones y faltas, en protección de la población. Actividad ésta propia de cualquier régimen municipal, y hasta tal punto esencial, que sólo bajo su aseguramiento por parte de las Provincias, el Gobierno federal les garante a éstas el goce y el ejercicio de sus instituciones (art. 5, CN)”. Concluyó la Corte diciendo que “... la tesitura sostenida precedentemente es la que mejor se adecua al status constitucional especial de la ciudad...y a sus fines de control de la moralidad, seguridad, higiene y salubridad pública del establecimiento propio de los controles municipales”. No existe yuxtaposición de competencias entre el Gobierno Federal -a través del ORSNA- y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que aquellos fines -los federales- se refieren al conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves privadas y públicas, a la autorización o habilitación de los aeropuertos, personal aeronáutico o servicios aerocomerciales aéreos; pero en modo alguno comprenden (ni podrían comprender) lo atinente al poder de policía en materia de seguridad y salubridad. El hecho de que según el Decreto 375/97 el concesionario administre y explote, por sí o por terceros, bajo su exclusiva responsabilidad, todas las actividades comerciales, industriales y de servicios afines y/o conexos con la actividad aeroportuaria no es óbice para reconocer a la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción en materia de salubridad, seguridad, higiene, edificación y toda otra de carácter local sobre esa porción del territorio porteño y las instalaciones emplazadas en él, ya que ninguna disposición de orden federal podría disponer lo contrario, bajo riesgo de conculcar lo dispuesto en el art. 75, inc. 30, in fine, CN. El Gobierno local no sólo cuenta con la potestad sino que también tiene el deber de ejercer el poder de policía en la materia que le es propia, conforme el reparto de competencias que efectúa la Carta Magna federal” (CCCABA, 9-10-06, “Aeropuertos Argentinos 2000 SA”).-

62.- “Las contravenciones ajenas a los delitos federales contemplados en la ley 49, dado el carácter local de las mismas, hacen que esas infracciones sean ajenas a la competencia de los jueces federales, aunque ocurran en los lugares citados en el artículo 3, inciso 4, de la ley 48” (CSJN, Fallos, 296-36).-

63.- “El tipo en cuestión exige para el en­cuadramiento que la actividad sea llevada a cabo en el espacio público, cuya característica definitoria es el uso co­mún, y ninguna concesión o regulación de transporte podría quitar ese carácter a los andenes de los ferrocarriles como tampoco el pago de un boleto o pasa­je que habilite la circulación que se da en ellos para acceder a los medios de transporte -utilidad pública-. Por eso es correcta la solución sobre el pun­to adoptada por la jueza de mérito, en tanto se trata en el caso de un espacio de uso común que al encontrarse den­tro del territorio de la Ciudad, queda sujeto al poder de policía local” (CCFCABA, Sala II, 5/6/2006, causa 49-00-CC/2006, "Childe Arias”).-

 

IV. Municipios

 

64.- “Por el art. 75, inc. 30, CN, las autoridades provinciales y municipales conservan los poderes de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines; por ello es posible utilizar este concepto de interferencia, aplicado no ya a los lugares de establecimientos de utilidad nacional, sino al caso de la prestación de servicios públicos regulados por la Nación, cuando se trate de hacer efectiva una garantía que la misma CN quiere hacer efectiva, como es el art. 42, CN” (SCJM, 15-4-99, LS 287-180).-

65.- “La reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 123, CN, tendiente a reconocer la autonomía de los Municipios. Frente a esta tendencia de autonomía, cómo juegan las normas legales dictadas por la Legislatura frente a una Constitución Provincial que los ha considerado entes autárquicos? Es evidente que tiene que existir una relación armónica y respetando al Municipio en su carácter autárquico y en su tendencia a la autonomía. Debe existir un acto de voluntad política, en principio, una ordenanza que establezca la posibilidad concreta de aplicar esas leyes dentro de la órbita municipal. Dicho de otro modo, las leyes provinciales no tienen operatividad plena, si no existe el acto legislativo municipal, la decisión comunal del órgano deliberante que adopte y adapte la norma provincial con la local” (SCJM, 25-9-98, LS 283-119).-

66.- “La Constitución Mendocina de 1916 diseñó un concepto de Municipio no autónomo, con facultades previstas y diseñadas en la ley 1079, Ley Orgánica de Municipalidades de 1934. Si bien en sentido estricto el concepto de Municipio no era el de un ente autónomo, sino un ente descentralizado territorialmente, la reforma de la CN debe llevarnos a interpretaciones jurisprudenciales que potencien ese concepto de autonomía y hasta de autarquía institucional, política, administrativa y financiera. Es la pauta que ha ido desarrollando esta SCJ desde la reinstalación del sistema democrático y que ha respetado esencialmente en su actual integración” (SCJM, 14-8-97, LS 273-338).-

67.- “Si se verifica, prima facie, la existencia de un daño o peligro cierto, entonces es la justicia contravencional la habilitada para conocer en el juzgamiento del hecho; si, por el contrario, sólo se advierte una infracción a las disposiciones dictadas y aplicadas por los órganos locales en el ejercicio del poder de policía que les es inherente, es la autoridad administrativa la que debe emitir pronunciamiento” (CACABA, causa 1146-CC/01).-

 

 

 

PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA

 

 

I. Principio de legalidad

 

 

1.- “La materia contravencional debe entenderse como un derecho penal especial, por lo tanto la diferencia entre un delito y una falta es cuantitativa y no cualitativa, por lo que los códigos contravencionales provinciales no pueden desconocer el principio de legalidad, el debido proceso legal, el principio de culpabilidad y otras exigencias propias del derecho penal, rigiendo asimismo la limitación del art. 19, CN” (1ºJCorrec. Bahía Blanca, LLBA, 1999-1144).-

2.- “Del principio de legalidad consagrado en el art. 18, CN, nace la necesidad de que haya una ley anterior que mande o prohiba una acción para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que además se determinen previamente las penas a aplicar” (CSJN, Fallos, 357-22).-

3.- “Ningún hecho puede ser considerado como una infracción por el juez si no ha sido previsto expresamente por una ley penal vigente al momento de ser cometido y, por otra parte, la ley no puede declarar punibles sino a los actos cometidos después de la prohibición bajo forma de sanción penal” (ST Río Negro, 11-9-92).-

4.- “Para que una norma armonice con el principio de legalidad es necesario que, además de describir la conducta reprochable, establezca la naturaleza y límites de la pena, de modo tal que al momento de cometer la infracción su eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción con la que se lo amenaza, requisito que se verifica plenamente cuando la determinación de la pena queda asociada al valor del servicio contratado en infracción, sin perjuicio de las variaciones que en su realización monetaria dicho valor pueda sufrir a lo largo del tiempo” (CSJN, 17-9-92, “Cotonbel”).-

5.- “Desde el punto de vista material, el principio de legalidad establecido por el art. 18, CN, al exigir que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, pone en cabeza exclusiva del PL la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente” (CSJN, Fallos, 199-23).-

6.- “El principio de legalidad no extiende su vigencia a las modificaciones jurisprudenciales” (CSJN, Fallos, 291-463).-

7.- “Debe ser el órgano investido del PL el que brinde a los individuos las pautas inequívocas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles permitidas” (CSJN, 9-12-93, “Maggi”).-

8.- “Sigue en pie el axioma de la libertad, implícito en la Constitución, siendo preciso que las conductas sancionadas por vía contravencional queden circunscriptas con claridad y razonabilidad suficiente para evitar incertidumbres acerca de lo que está prohibido” (JPaz Letr. Tordillo, 15-4-98, “R., R.”).-

9.- “La garantía de ley anterior, consagrada por el art. 18, CN, y del principio nullum crimen, nulla poena sine lege, exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo” (CSJN, “Federación de Empresarios de Combustibles”, 19-4-05).

10.- “En gran medida la ausencia de un criterio claramente diferenciador entre contravención y delito, puede dar lugar a que algún desprevenido pretenda que en materia contravencional no rigen en plenitud las garantías contenidas en los arts. 18 y 19, CN. Pero todo sistema sancionatorio que alcanza a la sociedad, está inevitablemente atado a tales garantías y no hay decisión de autoridad alguna que pueda omitir este orden de sujeción impuesto por la CN” (1°JCorrec. Salta, causa 16.956/97).-

11.- “En razón que aún no rige la ordenanza municipal que otorgue carácter definitivo a la medida implantada, la conducta descripta no constituye falta” (CAF, 15-4-94, “A.P.D.”).-

12.- “Podrá ser grave que queden sin sanción hechos demostrativos de peligrosidad de sus autores, pero no es menos grave que en esta materia, so pretexto de ausencia de una disposición legal, se atribuyan los jueces potestad legislativa contra el equilibrio de los poderes, esencia de nuestro régimen democrático y contra los derechos individuales que ellos, más que nadie, deben salvaguardar” (J1a.Inst.Crim. y Correc. Mendoza, 4-5-45, LL, 38-659).-

13.- “El principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, sintéticamente significa que ninguna acción humana puede constituir delito, aunque aparezca inmoral o contraria a los intereses colectivos, si no la define como tal una ley escrita anterior a su ejecución, la que debe emanar exclusivamente del Congreso de la Nación, si se trata de un delito propiamente dicho, o de las Legislaturas Provinciales o de los Concejos Municipales, si constituye falta o contravención que puede ser reprimida por esos organismos” (CCrim. Mendoza, 27-4-57, JA, 957- III-282).-

14.- “El principio de legalidad contiene la denominada garantía criminal, según la cual no puede castigarse como delito conducta alguna si no ha sido previamente declarada por una ley y la llamada garantía penal, en virtud de la cual los tribunales no pueden imponer pena alguna que no haya sido establecida previamente en una ley, ésta debe fijar la clase de pena y su posible cuantía. El juez no puede crear sanciones penales, dicha facultad es propia y exclusiva del legislador, como correlato del principio de la división de poderes establecido en nuestra Carta Magna. No se puede por vía de interpretación modificar la ley” (CAContrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 081-01/CC/04, “Escucharini”, 12-5-04).-

15.- “En virtud de que la conducta punible debe estar previamente contemplada en la ley (art. 18, CN) y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de hacer lo que la ley no prohíbe (art. 19, CN), se extrae que la regla ineludible es que las prohibiciones o restricciones a la libertad básica del individuo, han de surgir de la ley, es decir, que es ésta la que debe enumerar y perfilar con claridad aquellas restricciones o prohibiciones, quedando a las personas dentro del marco de su libertad, la posibilidad de realización lícita de todas las conductas no prohibidas. Cabe concluir que la delimitación de las acciones prohibidas que los tipos penales contienen, ha de ser necesariamente cerrada, debiendo estructurarse en un sistema discontinuo de ilicitudes perfectamente definidas, de manera tal que la persona conozca cabalmente cuál acción es no querida por el orden jurídico, sabiendo de antemano que el resto le está permitido, lo que hace al sentimiento de seguridad jurídica, propio de un Estado de derecho” (CCrim. y Correc. Azul, 18-9-85, “L.E.A.”).-

16.- “Respecto a la violación del orden jurídico contravencional, para que un hecho constituya un ilícito, requiere como primera medida, la comprobación de que el hecho importa la infracción de una norma (descripción abstracta), que es presupuesto de la pena, debiendo comprobarse la concurrencia de los elementos normativos y descriptivos de la norma. Siendo que los segundos no generan dificultades, nos avocaremos a verificar la existencia de los primeros. Para la comprobación de los elementos normativos del tipo legal, el judicante tiene que valorar y expresar su valoración. En este sentido sostenía Mezger: “allí donde los juicios de valor son ineludibles para establecer la acción típica, es preciso tener el valor de valorar y no esconderse detrás de imágenes criptonormativas”. Por su parte Jescheck tiene dicho que “la vinculación del juez a la ley en estos supuestos se manifiesta en que el legislador no admite una valoración personal, sino que parte de la existencia de valoraciones ético-sociales a las que el juez está subordinado”, por lo tanto el juez debe motivar dicha valoración mediante una expresa referencia a criterios de comportamiento reconocidos socialmente” (CA Contrav. CABA, 28-6-01, “A., O.E.”).-

17.- “El hecho que el Congreso Nacional haya dejado librado a la reglamentación de las autoridades locales lo atinente a faltas, no significa que el PE provincial pueda por sí solo ejercer tal función, que en todo país republicano pertenece al resorte del PL. La configuración de un delito, por leve que éste sea, es materia que hace a la esencia del PL y escapa a la órbita de las facultades ejecutivas. Los derechos y obligaciones de los habitantes, así como las penas de cualquier clase, sólo existen en virtud de sanciones legislativas; el PE no puede crearlas, ni el PJ aplicarlas, si falta la ley que las establezca. El PE -nacional o provincial- no puede a su solo arbitrio y a título de reglamentación, configurar contravenciones o faltas y establecer las penalidades correspondientes” (CSJN, Fallos 178-355; JA 59-740; JA 76-972).-

18.- “El legislador puede dejar a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo, pero no puede delegar en el PE o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas” (CSJN, 17-5-57, LL 88-254).-

19.- “Una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución es la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Se viola tal garantía cuando se han aplicado penas fundadas en simples decretos del PE provincial, que no tienen fuerza de ley dentro de nuestro régimen constitucional” (CSJN, 1-1-20, Fallos 136-202).-

20.- “La “ley anterior” de la garantía del art. 18, CN, y del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar” (CSJN, 15-10-69, ED 30-229; 24-12-81, ED 98-460; 17-5-57, LL 88-254).-

21.- “Ratificando que el Derecho contravencional es Derecho penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste, la competencia legislativa penal en materia contravencional por parte de provincias y municipios es muy poco discutible. Con ello se sienta la posición de que se trata de un Derecho penal especial. Cabe aclarar que la posición administrativista legitimó la tradicional arbitrariedad policial en la materia y consagró, de hecho, un derecho de peligrosidad sin delito, en manos de funcionarios administrativos a los que se concedieron funciones judiciales por esta  vía (Zaffaroni). Cuando hablamos de contravenciones o faltas hablamos generalmente de coerción penal y, por lo tanto, de política criminal. Por esa razón, todo el sistema de garantías no sólo debe ser aplicado a esta área de la política criminal, sino que tal aplicación se hará con mayor cuidado aún porque es mucho más susceptible de distorsión (Binder). El hecho de que el Congreso de la Nación haya dejado esta materia a la reglamentación de las autoridades locales, no autoriza a pensar que el PE pueda por sí solo ejercer esta función, que en todo país republicano es del resorte del PL. La jurisdicción para entender en esta clase de contravenciones, acordada a las autoridades locales, es distinta del poder de legislar sobre la materia. La configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, es materia que hace a la esencia del PL y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 19, CN.). De ahí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18, CN). Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de que sea el PL quien establezca las condiciones en que una falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que el PE solamente puede reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido. Toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el PE no puede crearlas ni el PJ aplicarlas si falta la ley que las establezca. Constituye una intolerable afrenta al sistema republicano -y, en definitiva, al Estado de derecho-, el ejercicio por parte del PE, de funciones legisferantes en materia punitiva -en el caso, de sanciones de corte contravencional-. En la adopción de cualquier medida de penalización contravencional deben tomar necesaria intervención, cuanto menos, los órganos locales depositarios de la voluntad general, habida cuenta que se trata de un asunto de la exclusiva competencia de la H. Legislatura Provincial, en el que el PE no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (CApel. y Garant.Penal Mar del Plata, Sala III, 8-1-06, causa 10.880, “Romero”).-

22.- “Corresponde en principio recordar, partiendo de la máxima “nullum crimen nulla poena sine lege”, que solamente es posible considerar a una persona como autora de un delito -de contravención- y en consecuencia aplicarle un castigo, cuando la conducta prohibida y la pena que es su consecuencia son descriptas en ley anterior al hecho que origina el proceso. Es éste un principio característico del sistema penal liberal, y su expresión moderna se encontraba ya en Beccaria, quien afirmó, con base en el contrato social, que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad puede residir exclusivamente en el legislador. Asimismo, y como límite aún mayor a la arbitrariedad, se debe exigir que la ley a la que nos referimos sea exhaustiva en cuanto a la descripción de las conductas a sancionar. Se trata del denominado principio de determinación y que tiende a dotar de certeza al sistema penal contravencional; así el principio antes citado puede ser completado de la siguiente manera “nullum crimen nulla poena sine lege certa” (CCBA, causa 1235-02, “G., G.”).-

23.- “La norma del CF es una norma contravencional penal en sentido material. Las consecuencias jurídicas previstas por la ley de fondo contravencional constituyen sanciones cuya gravedad está establecida en función de la gravedad de las conductas prohibidas pero que representan privaciones de derechos equivalentes a las que ocurren en el ámbito de la Justicia penal. Está fuera de toda discusión que la Legislatura puede recurrir a todas las formas que considere idóneas para cumplir con los fines que se propone al sancionar determinadas normas, entre ellas, la norma contravencional penal, con un único límite: el límite impuesto por la propia Constitución local y por la CN. En la materia sometida a estudio, al haber optado por regular los conflictos relacionados por la convivencia mediante normas penales, la Legislatura debe respetar todos los principios que rigen los límites al ejercicio del “jus puniendi” en un Estado de Derecho, límites expresamente incorporados como derechos y garantías en los textos constitucionales y en la propia ley de fondo contravencional” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726, “L., B.M.”, voto minoría).-

24.- “El aspecto del principio de legalidad es aquel vinculado con el mandato dirigido al legislador de dictar normas taxativas y precisas desde el punto de vista empírico que permitan luego al juez aplicarlas por exclusivo sometimiento al texto legal y no a otra clase de valoraciones o juicios extralegales. En una concepción del Derecho Penal como instrumento de protección de los derechos de todas las personas, sólo es posible entender las prohibiciones y las sanciones como medios para minimizar la violencia y para proteger a los más débiles de los ataques arbitrarios de los más fuertes. En esa inteligencia se requiere que la conducta prohibida, en el caso como contravención, produzca un resultado lesivo de esos bienes protegidos” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726, “L., B.M.”,  voto minoría).-

25.- “Esta aclaración permite avanzar dos agravios planteados de modo autónomo por el recurrente -aunque no desarrollados en profundidad- referidos al derecho a la libertad y a la igualdad. Si se admite que la ley no puede calificar como penalmente relevante cualquier supuesto indeterminado, sino sólo comportamientos verificables empíricamente, identificables como tales con exactitud y atribuibles con la misma precisión a un sujeto determinado, entonces queda asegurada para todos los habitantes una esfera de libertad, reconocida por nuestra CN en el art. 19; del mismo modo, queda también asegurado que todas las personas, con prescindencia de sus condiciones personales, se encuentran frente al “ius puniendi” en una situación igual en la medida en que las acciones son descriptas de un modo objetivo y preciso que no discrimina a priori” (TSJBA, 24-10-00, LL, 2000-F-729, “L., B.M.”).-

26.- “La aplicación del CF importa una forma de ejercicio del “jus puniendi” estatal, ejercicio que en todo Estado de derecho está acotado por principios, derechos y garantías que, en nuestro sistema, tienen rango constitucional nacional y local. La legislatura, en ejercicio del mandato que la Constitución Provincial le impusiera, eligió regular los conflictos vinculados con la convivencia en la Ciudad al modo en que un CP regula el campo de los delitos. Aquella decisión legislativa tiene como nota relevante que toda norma contravencional deba entenderse como una norma penal en sentido material. En consecuencia, se incorporan al CF los derechos fundamentales, el sistema de garantías y las exigencias y limitaciones de las reglas interpretativas del Derecho penal” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726; voto minoría).-

27.- “La ley contravencional no puede calificar como relevante cualquier supuesto indeterminado, sino sólo comportamientos definidos con precisión y que puedan efectivamente atribuirse a un sujeto determinado. Así se asegura para todos, por una parte, una esfera de libertad (art. 19, CN), y por la otra, una situación de igualdad que evita la discriminación “a priori” basada en condiciones particulares (principio de legalidad material). Asimismo, es necesario para satisfacer el principio de legalidad material consagrado en los arts. 18 y 19, CN, y en la Constitución Provincial, que la conducta calificada como contravención lesione el o los bienes jurídicos protegidos por la norma que se refiere a ellos” (TSCABs.As., 24-10-00, LL, 2000-F-726; “L., B.M.”; voto minoría).-

28.- “No es conciliable con los principios básicos de nuestra CN establecer un sistema represivo que formule tipos penales que no estén fundados en la descripción de conductas punibles, sino en características personales. Un Derecho penal centrado exclusivamente en las características del sujeto y  desinteresado de sus conductas, abriría el camino a la arbitrariedad estatal al punir categorías de personas por el solo hecho de pertenecer a ellas” (CSJN, Fallos, 313-1333).-

29.- “Cuando se quiere subvertir al régimen republicano y democrático, cuando se pretende coartar el libre ejercicio de los más elementales derechos individuales, las simples contravenciones resultan ser uno de los principales instrumentos de que se valen los gobiernos dictatoriales para sofocar la libertad. Por ello es preciso precaverse contra aquellas prácticas viciosas a que conduce un mal entendido aunque bien intencionado celo policial, en virtud de las cuales muchas veces se transforman en faltas, actitudes que no configuran sino el legítimo ejercicio de derechos que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la Nación” (CSJN, Fallos, 243-500).-

30.- “De acuerdo con una concepción que estimo equivocada, aunque bastante extendida, el régimen jurídico que debe imperar en materia de faltas o contravenciones admite estándares diferenciales a los que exige el Derecho penal y procesal penal, por lo que se tolera, en aquel otro ámbito normativo, cierta flexibilización de las garantías sustanciales y adjetivas que informan al sistema punitivo “común” (por designarlo de alguna manera); es decir, a menudo es factible verificar un sensible debilitamiento no sólo del principio de legalidad (“nullum crimen, nulla poena, sine lege”), sino también del debido proceso (“nulla poena, sine iudicio”). Zaffaroni sostuvo -con mayor énfasis, todavía- la existencia de “un mecanismo de criminalización que no puede llamarse propiamente ‘subterráneo’, dado que es manifiesto, sino ‘paralelo’ al sistema penal estricto. El discurso jurídico segrega cuidadosamente el sistema penal paralelo, apelando al más heterogéneo arsenal argumental de racionalizaciones minimizantes: naturaleza no penal, menor cuantía, razones prácticas, organización federal, etc. De cualquier manera el resultado práctico de la segregación jurídica minimizadora es la total ignorancia de las garantías que proclama el discurso jurídico respecto del sistema penal estricto…”. Es más; en su obra en coautoría con Alagia y Slokar, añade que “...ratificando que el Derecho contravencional es Derecho penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste, la competencia legislativa penal en materia contravencional por parte de provincias y municipios es muy poco discutible... Con ello se sienta la posición de que se trata de un Derecho penal especial. Cabe aclarar que la posición administrativista legitimó la tradicional arbitrariedad policial en la materia y consagró, de hecho, un derecho de peligrosidad sin delito, en manos de funcionarios administrativos a los que se concedieron funciones judiciales por esta  vía”. En la misma línea de pensamiento, Binder expresa que “cuando hablamos de contravenciones o faltas hablamos generalmente de coerción penal y, por lo tanto, de política criminal. Por esa razón, todo el sistema de garantías no sólo debe ser aplicado a esta área de la política criminal, sino que tal aplicación se hará con mayor cuidado aún porque, como se ha señalado, es mucho más susceptible de distorsión” (CApel. y Garant. Penal Mar del Plata, Sala III, 8-11-06,  causa 10.880, “Romero”).-

31.- “Posiblemente por la menor importancia de las penas amenazadas, se ha opinado que la materia contravencional queda fuera de la exigencia impuesta por las convenciones universal (PDCYP) y regional (CADH) sobre derechos humanos. Sin embargo, esta posición cuando se refiere a la ley contravencional local, olvida dos aspectos esenciales para la decisión del punto: según el primero de ellos, el Derecho internacional de los derechos humanos se refiere a la pena estatal, esto es, a una institución característica del Derecho penal que concede al Estado la facultad de injerencia en derechos básicos de la persona humana (vida, libertad locomotiva, patrimonio, libertad de acción, laboral, etc.), con independencia de la manera según la cual el derecho interno clasifica las distintas infracciones que son presupuesto de la pena (delitos y contravenciones o crímenes, delitos y contravenciones); bajo el segundo aspecto, la Constitución local ha refrendado específicamente la garantía mediante la exigencia positiva de la doble instancia como principio” (TSJBA, expte. 1541, 1-11-02, “M.S., C.”).-

32.- “La materia contravencional es un Derecho penal especial y la diferencia entre delito y falta es cuantitativa y no cualitativa; la falta o contravención es un “delito en pequeño” (CSJN, Fallos, 175-231; 191-145; ED, 66-134). Por tal motivo ese peculiar poder punitivo debe respetar los principios y garantías del Derecho penal y procesal consagrados en la CN y en los Tratados Internacionales, no pudiendo ser ignorados por la normativa provincial” (1ºJCorrec. Bahía Blanca, 1-6-04, expte. 4733, “Barragán”).-

33.- “A partir del presupuesto del rechazo de una distinción cualitativa y adopción de una tesis cuantitativa, y como consecuencia de él,  es lógico que concluyamos en el sentido de que, al ser el Derecho contravencional una de las manifestaciones del “ius puniendi” estatal que sólo se diferencia del derecho penal común desde una perspectiva cuantitativa, tanto su estructura material como procesal, deben reunir los requisitos que para la ley penal y la ley procesal penal exige la CN en salvaguarda de la dignidad de las personas humanas” (TSJ Neuquén, expte. 166/99: “Mardones”).-

34.- “Esta Corte no puede dejar de advertir que los edictos policiales en vigencia contienen fórmulas extremadamente vagas, y prohibiciones que se refieren a formas de vida o al carácter de las personas, con olvido de la obligación de sancionar conductas (art. 19, CN). También debe el tribunal destacar la necesidad de que la revisión judicial de las decisiones administrativas sobre la libertad individual, ha de ser eficaz” (CSJN, 25-11-86).-

35.- “Es procedente el recurso extraordinario que cuestionó la validez constitucional de ciertos edictos policiales, pues si bien el art. 27, CPCr., atribuye a las administraciones policial y municipal la facultad de juzgar faltas o contravenciones, ello no importa la facultad de configurarlas o definirlas. Es inconstitucional el decreto que faculta a la Policía Federal para emitir edictos en materia de policía de seguridad, pues tal atribución así entendida incursiona más allá de la facultad simplemente "reglamentaria" que corresponde al PE o a sus reparticiones administrativas. Si bien el legislador puede dejar a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo, no puede delegar en el PE o en reparticiones la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas. La "ley anterior" de la garantía constitucional citada y del principio "nullum crimen, nulla poena sine lege", exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y máximo. En el sistema representativo republicano de gobierno adoptado por la CN y que se apoya fundamentalmente en el principio de la división de los poderes, el legislador no puede simplemente delegar en el PE o en reparticiones administrativas la total configuración de los delitos ni la libre elección de las penas, pues ello importaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables. Tal facultad de emitir edictos para reprimir actos no previstos por las leyes va mucho más allá de la facultad simplemente "reglamentaria" que corresponde al PE o a las reparticiones administrativas, en su caso, e importa la de legislar en materia exclusivamente reservada al Congreso. Es innegable la necesidad de mantener estrictamente la vigencia del principio "nullum crimen, nulla poena sine lege", contenido en la garantía consagrada por el art. 18, CN, no sólo porque se trata de un principio constitucional -y esta única consideración bastaría para aquel efecto- sino, también, porque es notorio que las modernas formas de autoritarismo o despotismo utilizan los edictos policiales como uno de los instrumentos más eficaces para la opresión de los ciudadanos y la restricción de las libertades públicas” (CSJN, 17-5-57, “Mouviel”).-

36.- “El aspecto del principio de legalidad es aquel vinculado con el mandato dirigido al legislador de dictar normas taxativas y precisas desde el punto de vista empírico que permitan luego al juez aplicarlas por exclusivo sometimiento al texto legal y no a otra clase de valoraciones o juicios extralegales. Si se admite que la ley no puede calificar como penalmente relevante cualquier supuesto indeterminado, sino sólo comportamientos verificables empíricamente, identificables como tales con exactitud y atribuibles con la misma precisión a un sujeto determinado, entonces queda asegurada para todos los habitantes una esfera de libertad, reconocida por nuestra CN en el artículo 19; del mismo modo, queda también asegurado que todas las personas, con prescindencia de sus condiciones personales, se encuentran frente al “jus puniendi” en una situación igual en la medida en que las acciones son descriptas de un modo objetivo y preciso que no discrimina “a priori” (STJ CABA, causa 245/00, “León”).-

37.- “No se deben redactar normas contravencionales que afecten el mandato dirigido al legislador de dictar normas taxativas y precisas desde el punto de vista empírico que permitan luego al juez aplicarlas por exclusivo sometimiento al texto legal y no a otra clase de valoraciones o juicios extralegales” (TSJ CABA, causa 245/00, “León”).-

 

II. Principio de bien jurídico

 

38.- “Los bienes jurídicos son categorizaciones abstractas de aquellos valores que una sociedad determinada intenta proteger a través de sus estatutos legales. El bien jurídico integra la tipicidad penal. Siendo ello así, aquéllos constituyen un mandato hermenéutico básico del Derecho Penal liberal, que incluso contiene una limitación general de prohibir o mandar sin referencia alguna a la tutela de un bien jurídico” (CACBA, 5-10-99, causa 112/CC/99; “H.M., J.M.”; 29-12-00, causa 666/CC/00, “C., V.A.”; 2-6-00, “C., M.A.”, causa 341-CC/00; “P. G., J.E.”, 28-12-00).-

39.- “La afectación al bien jurídico implica una ruptura en la relación de disponibilidad de la que goza su titular, y el objeto mismo protegido. Esto es, el sujeto pasivo (una o varias personas, la comunidad) es perturbado en el uso del bien jurídico (perturbación que puede significar la destrucción del bien, o un resultado dañoso hacia el mismo) a través de la comisión de una conducta que la sociedad considera como disvaliosa, por lo que ha decidido penarla. Para que la prohibición sea significativa, la afectación al bien jurídico debe ser real y efectiva, por lo que una conducta que se englobe dentro de la descripción del tipo, pero que no aflija al bien jurídico, no habrá de ser reprochada, puesto que el interés social en la preservación del bien jurídico no se encontraría afectado” (CACBA, 29-12-00, causa 666/CC/00, “C.V., A.”).

40.- “Los bienes jurídicos son categorizaciones abstractas de aquellos valores que una sociedad determinada intenta proteger a través de sus estatutos legales. Conforme las actuales doctrinas penales, el bien jurídico integra la tipicidad penal -en este caso contravencional-, de tal manera que para que una conducta pueda ser considerada típica, además de los requisitos que cada disposición establezca, es necesario ineludiblemente acreditar que se ha verificado un ataque o puesta en peligro del bien jurídico respectivo, lo que se ha dado en llamar principio de ofensividad. El Código Contravencional requiere justamente la existencia de daño o peligro cierto para los bienes jurídicos como exigencia insoslayable para la punición de las conductas descriptas como contravencionales en el Libro II de dicho ordenamiento” (CACCABA, Sala II, 14-7-00, “V., G.”, causa 395/CC/00).-

41.- “El bien jurídico se caracteriza por ser sistemático e interpretativo, permite clasificar las figuras de las contravenciones e interpretar cada uno de los elementos conforme a la esencia que él irradia. Para ello es preciso determinar claramente cuál es el bien tutelado, tarea que no resulta sencilla. Las mayores dificultades surgen de tres fuentes: la primera consiste en que la asignación de los bienes jurídicos suele ser muy lata y comprende intereses análogos, pero no iguales y así una buena interpretación exige determinar con la mayor precisión cuál es el bien que la figura protege. El segundo inconveniente proviene del carácter complejo de algunas figuras, es decir, cuando la figura reclama un par de acciones sucesivas o una acción y también un modo o un medio característico, o ciertas circunstancias; es probable que tome en cuenta varios bienes jurídicos. La tercera deriva de la anterior y radica en determinar en qué forma se tutela cada bien cuando la figura protege varios” (CA Contrav. CABA, 5-1-01, “I., M.”).-

42.- “En materia contravencional, a diferencia del Derecho penal, la efectiva lesión del bien jurídico tutelado o, al menos, su concreta puesta en peligro, no deben ser entendidas como parámetros para calcular la mayor afectación del bien jurídico (refiriéndonos al campo específico de los llamados “delitos de lesión” o de “peligro concreto” en materia penal) ni cumplen sólo una función legitimadora de la norma prohibitiva (legitimación material). Es que, en el ámbito en que ejercemos nuestra jurisdicción, los resultados mencionados -de lesión y de peligro concreto- además de integrar sin excepciones el tipo objetivo de que se trate, funcionan como condición objetiva de punibilidad. No es otra sino la dirección de la ley en cuestión al no admitir la tentativa para las contravenciones” (CApel.Contrav. y Faltas, causa 4757-00-CC/06, “Leyton”, 1-11-06).-

43.- “Debemos preguntarnos si la conducta que se le endilga al imputado se encuentra provista del grado de lesividad en el que se requiere la existencia de daño o peligro para los bienes jurídicos. Si se da una respuesta positiva y si estamos en presencia de una contravención de peligro abstracto, el mismo debe ser cierto; de lo contrario, la penalización de ese hecho implicaría entrar en el terreno del Derecho penal de autor” (CACBA, Sala II, 10-4-00, “F., H.E.”, causa 266-CC/00).-

44.- “Las conductas, aunque formalmente típicas, sólo son penalmente sancionables cuando resultan ofensivas del respectivo bien jurídico. En tal sentido, la política criminal, a través de su exigencia de racionalidad finalista, se encarga de individualizar cuáles son aquellos bienes e intereses que merecerán tutela a través de las herramientas del Derecho penal, seleccionando, además, los comportamientos y conductas que serán objeto de incriminación. Así surgen las decisiones tomadas desde el campo de la política criminal respecto a los concretos bienes jurídicos tutelados, cuya función primordial consiste en delimitar el umbral de la tutela penal.: las manifestaciones subjetivas de infidelidad no pueden ser tomadas en consideración, hasta tanto no se constituyan en un peligro para los bienes protegidos. Por lo demás, en el marco de un Estado de derecho la definición de las conductas penalmente relevantes se encuentra gobernada por los principios de ultima ratio y lesividad, en cuya virtud sólo pueden sancionarse penalmente aquellas acciones u omisiones que afecten, al menos potencialmente, al bien jurídico protegido, no bastando en forma alguna la mera contradicción formal de la actuación con los términos contenidos en la norma de prohibición. La referida exigencia de que el Derecho penal intervenga exclusivamente para proteger bienes jurídicos constituye una garantía fundamental inherente a la concepción de esta rama jurídica en el marco del Estado de derecho. Se asegura también de esta manera la vigencia del principio de proporcionalidad, pues la intervención punitiva no resulta proporcionada si no se encuentra justificada por tender a la protección de aquellas condiciones fundamentales de la vida en común, y con el objeto de evitar ataques especialmente graves dirigidos contra las mismas” (TCas.Penal Bs. As., Sala III, 22-2-05, causa 3771, “C., A.”).-

 

III. Principio de lesividad

 

45.- “La lesividad admitida por el Código Contravencional se refiere a las conductas que por acción u omisión implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos” (CAContrav.CABA, 8-6-99, causa 062-CC/99).-

46.- “El principio de lesividad, expresa la intención del legislador de delimitar categóricamente el marco de aplicabilidad del plexo normativo contravencional abarcando conductas -activas u omisivas- que causen un resultado lesivo al bien jurídico tutelado -contravenciones de lesión-, de manera armónica con la proscripción de la tentativa en la materia. Precisamente, incluir junto al daño el peligro cierto para los bienes jurídicos, refuerza esta interpretación, toda vez que éste último requiere un resultado de la acción: la proximidad de una concreta lesión de un bien jurídico determinado. Por el contrario, surge evidente que el Código Contravencional ha excluido de su ámbito de aplicación las conductas que sólo se desvaloran a los fines de su sanción como peligrosas en sí mismas, desvinculadas del resultado que importa la proximidad de lesión del bien que se tutela. Vale decir entonces, que el principio de lesividad expresa el límite adoptado por el legislador en la tipificación de las conductas -principio de legalidad- y reafirmado luego al establecer la prohibición de analogía. Tal delimitación en torno a la materia legislada se completa luego en lógico orden normativo con el Código Contravencional, por medio de precisiones respecto a los ámbitos territoriales y personales de aplicación de la ley contravencional” (CAContrav. C.A.B.A., Sala II, 23-4-04, causa 43-00-CC/2004, “Terrazas”).

47.-El principio constitucional de lesivi­dad (art. 19, CN) integra el orden jurídico aplicable. El principio de lesividad reclama la afectación real de algún bien jurídico por medio de una acción u omisión, como requisito para que ella, en definitiva, sea punible. Afectar un bien jurídico significa, dañar o constituir un peligro cierto para él. De otro modo, punir la acción u omisión que exteriormente coincide con una prohibición o un mandato de la ley, amenazado con pena significaría castigar acciones privadas o intrascendentes; la aproximación a la definición legal sólo constituye un indicio de la ilegitimidad de la conducta. En la conducta del imputado no se ha advertido ni probado mínimamente una afectación a las rentas de la Ciudad, que el mismo compita con otros juegos habilitados y, ni siquiera, que su entidad permita excepcionar el principio de insignificancia” (TS Bs. As., 11-7-01, causa 898/01, “Quintano”).-

48.- “Por lesividad se entiende la causación de un daño a un bien jurídico, o la puesta en peligro de éste, ya sea el mismo individual, ya colectivo” (CAContr. Bs. As., Sala II, causa 658/CC/00).-

49.- “Al resultar la lesión del bien jurídico uno de los requisitos del tipo objetivo, su ausencia torna atípica la conducta del imputado, por consiguiente deviene abstracto el análisis de la ausencia del elemento subjetivo del tipo -falta de acreditación del dolo-” (CAContrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 169-00/CC/04, “Santos”, 30-6-04).

50.- “La lesividad admitida por el Código Contravencional se refiere a las conductas que por acción u omisión implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos, como exigencia insoslayable para la punición de dichas conductas descriptas como contravencionales” (CACBA, “A., J.M.”, 8-6-99; causa 395/CC/00, 14-7-00).

51.- “Existe un mandato hermenéutico básico del Derecho penal liberal, que contiene una limitación general de prohibir o mandar sin referencia alguna a la protección de un bien jurídico” (TSJBA., causa 242/00, “F., P.A.”).-

52.- “Lo cierto es que el juez subrogante se apresuró al aseverar la inexistencia de lesividad pues en el caso sólo se puede predicar acerca de ella una vez producida la prueba solicitada por quien sostiene dicha afirmación. Adviértase que lo propio sucede con la existencia presunta del hecho endilgado como suceso histórico, pues será aquella la oportunidad que posee la parte interesada para acreditar su comisión” (CCBA, causa 113-00, 19-1-04, “R., C.A.”).-

53.- “Las faltas son una violación de las disposiciones que, en ejercicio del poder de policía dicta la Administración Pública y las contravenciones son conductas que el legislador reprimió con el fin de preservar las mejores condiciones de convivencia de los vecinos de la ciudad; asimismo se torna imperioso tener en cuenta el principio de lesividad que requiere la conducta para llegar a encuadrarla en el marco normativo contravencional. Con respecto a la reprochabilidad, el régimen contravencional requiere en el autor el dolo (o la culpa), es decir, conocimiento, intención y voluntad, de cometer la conducta de que se trate. Cabe señalar que cualquiera sea la graduación del dolo, permitirá el juzgamiento de la conducta de que se trate en el caso” (CACBA, “T., S.A.”, 22-5-00).

54.- “El  Código Contravencional requiere justamente la existencia de daño o peligro cierto para los bienes jurídicos como exigencia insoslayable para la punición de las conductas descriptas como contravencionales en el Libro II de dicho ordenamiento” (CACCABA, causa 395/CC/00, 14-7-00).-

55.- “En materia contravencional, se pro­híben -a diferencia de lo que ocurre en sede penal- conductas rayanas al ries­go jurídicamente permitido (contactos normales de interacción social), sin que por ello deje de ser, en alguna medida, Derecho penal. En consecuencia, la in­terpretación del tipo contravencional ha de ser sumamente cuidadosa y res­trictiva, dado que existen zonas grises que lindan con el Derecho administrati­vo sancionatorio o, sencillamente, con la adecuación social. En este sentido, la norma responde a un claro objetivo, es decir, el de evitar con­vertir a este tipo de prohibiciones en un medio de control social de un Estado policial2 (CCFCABA., Sala II, 23-4-04, causa 43-00-CC/2004, "Terrazas Gutiérrez”).-

56.- “Dado que el CC exi­ge un peligro cierto para el bien jurídi­co, consagrando el principio de lesivi­dad, previsto por la CN (art. 19), se ha sostenido que las dos características esenciales del peligro son: a) La posibi­lidad o probabilidad de la producción de un resultado; b) El carácter dañoso o lesivo de dicho resultado. Si falta una de esas dos notas, falta también el pe­ligro; por lo que éste puede caracterizarse como la mayor o menor probabi­lidad de un acontecimiento dañoso, es decir, la posibilidad más o menos gran­de de producción. A tal fin, cabe tener en cuenta que si la ley no añade matiza­ciones que incidan en la interpretación del peligro, cabría acudir al criterio que estima la mayor probabilidad de que el acontecimiento dañoso se produzca que de que no se produzca” (CCFCABA, Sala I, 9-2-05, causa 355-00-CC/2004, "Tévez”).-

57.- “El legislador, siguiendo el mandato constitucional, delimita el área de con­ductas a prohibir por los respectivos tipos contravencionales estableciendo un eje de cierre legislativo y jurisdiccional y no de apertura. Es decir, no afirma que las figuras contravencionales descriptas deban ser "integradas" mediante in­terpretaciones extensivas, para abarcar todas las conductas que el juez consi­dere lesivas y todas las modalidades de dichas acciones, violentando los límites de la legalidad estricta. Por otra parte, tampoco quiere significar que el Código sancionará todas las conductas que el legislador considere lesivas, sino aque­llas que materialmente importen un resultado lesivo al bien jurídico estricta y razonablemente delimitado por la nor­ma. Se trata, pues, de un principio deli­mitador, y como tal determina los lími­tes a nivel legal, de la legalidad misma, y de la jurisdicción, cuya tarea herme­néutica garantizará su efectividad, su vigencia y, fundamentalmente, su vali­dez, en ese último resguardo de la legi­timidad que implica el momento juris­diccional. Es así que funciona como lí­mite interno, en forma de legalidad es­tricta, mandato para la jurisdicción (es­tricta jurisdiccionalidad), y como límite externo, principio de reserva y razona­bilidad constitucional, mandato infran­queable para el legislador. En conclu­sión, el principio de lesividad. no es una válvula de esca­pe, sino una llave de cierre para con­tener la irracionalidad legislativa y ju­risdiccional en estricta relación, vincu­lando hechos, derecho bajo la lupa de la dogmática, y debido proceso (como garante de la relación efectiva entre los dos términos anteriores en cuanto se exige una auténtica motivación del modo en que se realice la ley como pro­ducto del proceso” (CCFCABA, Sala II, 22-4-05, causa 227-00-CC/2004, "Santillán”).-

 

IV. Principio de igualdad ante la ley

 

58.- “El principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar a los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra diligencia o acepción de ese derecho es contraria a su propia naturaleza e interés social” (CSJN, Fallos, 16-118).-

59.- “El principio de igualdad ante la ley, según el espíritu de la CN, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, por eso la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes, la ley según las diferencias constitutivas de ellos” (CSJN, Fallos, 320-2151).-

60.- “El derecho a la igualdad ante la ley es aquel que consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias; de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley según las diferencias constitucionales en cada caso” (CSJN, Fallos, 16-118).-

61.- “La igualdad ante la ley impide que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases, como sería si se hiciera depender de color, raza, nacionalidad, religión, opinión política y otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes” (CSJN, Fallos, 138-313).-

 

V. Principio de tipicidad

 

62.- “El tipo penal es la descripción del comportamiento prohibido que hace la ley, descripción que es general, abstracta y conceptual. La tipicidad es la coincidencia de una conducta concreta y real con el esquema abstracto contenido en el tipo penal, por ello dentro de la teoría del delito se dice que la acción tiene que ser típica, antijurídica y culpable, o al decir de Mezger, típicamente antijurídica. Se admite entonces que existen elementos subjetivos que transcurren en la conciencia del autor; a este aspecto subjetivo se lo llama tipo subjetivo, cuyo elemento principal y dominante es el dolo” (9°JInstr. Mendoza, 5-9-96, RF, 26-1997-366).-

63.- “La tipicidad tiene fundamental determinación en los hechos punibles, la acción típica debe consistir en un acto que sea antijurídico y culpable, siendo ésta el centro, en torno de la cual giran el resto de los elementos constitutivos de la contravención; por lo tanto, la ausencia de ésta, convertiría la acción en atípica” (CAContrav. CABA, 26-4-99, causa 10-CC/99, “L., F.”).-

64.- “Es indudable y está fuera de toda discusión que dentro de la teoría del delito el elemento “tipicidad”, asume la mayor de las importancias, dado que es el que permite configurar la existencia o no de una comisión u omisión que pueda calificarse de típica para, junto a los demás presupuestos, calificar una conducta como antijurídica, imputable y susceptible de atribuir responsabilidades. En esa tesitura, es esencial el tipo de verbo que describe la acción u omisión, que actúa de manera excluyente de toda otra situación y único que permite, además, mantener inalterables los principios de legalidad e igualdad” (CPenal Rafaela, 5-2-99, “P., R.A.”, Z, 81-12.563).

65.- “Es la descripción contenida en la ley de una acción contraria a una norma, la nota esencial de la tipicidad y no el bien jurídico tutelado por ella, por tal motivo resulta ocioso la discusión en torno a la identidad de los bienes jurídicos protegidos en las dos versiones del artículo de marras; admitir lo contrario sería afirmar que dos conductas de características distintas deben tener por el hecho de estar previstas para la tutela de un mismo bien jurídico, idéntico régimen, afirmación que está reñida con el más elemental sentido común”  (CACBA, “M., M.P.”, 8-3-00).

66.- “Si bien en el campo contravencional los principios conformadores y garantísticos del Derecho penal están también presentes, dada la misma sustancia de ambas especies de ilícitos, no puede dejarse de lado que el principio de tipicidad juega en aquel ámbito represivo (al igual que en el disciplinario) en forma menos rigurosa que en el otro, dados los distintos valores en juego y la imposibilidad práctica de una individualización llevada con la extremada -y justificada- puntillosidad atribuible al ilícito penal sustantivo” (CNCont.Adm.Fed., Sala I, 8-9-98, “Roldán”).-

 

VI. Tipos penales abiertos

 

67.- “El argumento según el cual los tipos penales abiertos contenidos en las disposiciones contravencionales son repugnantes a los principios de legalidad y reserva que emanan de los arts. 18 y 19, CN, constituye una afirmación genérica y vaga, carente de sustento para fundar la tacha de inconstitucionalidad de la ley que reprime los actos de violencia cometidos en espectáculos deportivos” (CSJN, Fallos, 245-22).-

68.- “Si bien la configuración de los tipos penales obliga a precisar los modos de conducta sujetos a punición, la ley previa no importa necesariamente que la figura penal contenga una descripción formalmente agotada, y no existe obstáculo constitucional alguno para que cuando el contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa sustancialmente de una valoración a realizarse en vista de circunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, sea la autoridad jurisdiccional quien determine y aplique esa valoración cultural. No resulta admisible el agravio relativo a la violación de la igualdad ante la ley que garantiza el art. 16, CN, pues el desmedro de ese derecho fundamental se configuraría si emanase la desigualdad del texto mismo de la ley, y no de la diversa interpretación que pudieran acordarle los jueces” (CSJN, Fallos, 300-100; 303-2024; 306-1347; 310-1909; 584-20; TSJBA, expte. 3812/05, “Brites”).-

69.- “El término “adyacencias” es efectivamente impreciso, como lo son en mayor o menor medida las palabras que refieren a clases o categorías de objetos, o que expresan lo que los juristas denominan “conceptos jurídicos indeterminados”. La ley previa no importa necesariamente que la figura penal contenga una descripción formalmente agotada, y no existe obstáculo constitucional alguno para que cuando el contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa sustancialmente de una valoración a realizarse en vista de circunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, sea la autoridad jurisdiccional quien determine y aplique esa valoración cultural” (TSJBA, expte. 3812, “Brites”).-

 

VII. Prohibición de analogía

 

70.- “La alusión a la lex scripta tiene como principal objetivo eliminar la costum­bre como elemento normativo de imputación penal, mientras que lex stricta se vincula estrechamente con la prohibi­ción de analogía, es decir, la imposibili­dad de aplicar leyes penales a casos dis­tintos a los expresamente descriptos en la norma (principio de máxima taxativi­dad interpretativa). En efecto, la senten­cia que interpreta el artículo del CC, como un suministro omisivo, no expresamente contemplado en dicha normativa, comporta una interpretación analógica in malam partem, que viene a desconocer íntegramente el principio de lex stricta" (CPCF CABA  Sala III, 14-7-08, causa 13.698­00-CC/2006, "Pérez”).-

71.- “No cabe extender las incriminaciones a otros casos que no sean los contemplados por la ley, en cuanto determina los elementos definitorios de la falta en una función limitadora” (CPenal Santa Fe, Sala I, Juris 3-388).-

72.- “Las reglamentaciones de la CS sólo deciden el caso concreto sometido a su fallo y no obligan legalmente sino en él, en lo que consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial” (CSJN, Fallos, 25-368).-

73.- “La declaración de inconstitucionalidad de la ley, sólo produce efecto dentro de la causa y con vinculación a la ley y a las relaciones jurídicas que la motivaron, por cuya consecuencia no tiene efecto derogatorio genérico, como lo tendría en el proceso penal una ley posterior que declarase no punible el acto que antes se consideraba tal o que disminuyese la pena” (CSJN, Fallos, 247-325; 315-276).-

74.- “Esta Corte ya tuvo oportunidad de señalar que decisiones suyas que alteran sustancialmente la inteligencia de la legislación deben equipararse a cambios en ésta a fin de asegurar que la defensa en juicio sea una realidad en la República. De lo contrario, se daría una grave violación sustancial al privilegio de igualdad ante la ley y al derecho de defensa, análoga a la que procuró evitar esta Corte cuando admitió que aprovechasen a los apelantes los recursos interpuestos por terceros, a los efectos de evitar el escándalo jurídico que supondría que quienes son autores de hechos de similar naturaleza, reciban un tratamiento por completo diferente, por virtud de alternativas procesales no imputables a los interesados” (CSJN, Fallos, 308-552).-

75.- “No corresponde confundir o tachar de vaga una norma porque no se ofrezcan elementos descriptivos que permitan circunscribir la amplitud de la misma a determinados casos. La norma prevista actualmente -prostitución- puede ser tachada de amplia pero no de vaga. En cuanto a las circunstancias que permitan determinar si se verifica en cada caso la oferta o demanda de sexo en la vía pública o espacios públicos, resultan ser cuestiones de hecho y prueba que deben necesariamente ser evaluadas por el juez, para así establecerlo en cada caso concreto. Ciertamente que la norma en cuestión -prostitución- adolece de cierta amplitud en cuanto a su redacción pero, en definitiva, el control judicial permite dar certeza respecto de cuáles son las conductas que la norma persigue y que resultan objeto de sanción. No podría compararse con los conocidos edictos sobre vagancia y mendicidad. Está claro, de la lectura de la norma, que el sentido de ella es prohibir el ejercicio de la prostitución” (3°JContrav. Bs.As., 16-6-99, “Z., N.V.”).-

76.- “La plena validez del principio de legalidad en un Estado de Derecho importa el rechazo de la aplicación de la analogía y la costumbre en materia penal” (CSJN, Fallos, 312-1920).-

77.- “Se acepta una interpretación razonable de la analogía y de la costumbre, porque ésa es una función específica de los jueces” (CSJN, Fallos, 304-1154).-

78.- “El principio de legalidad en materia penal -art. 18, CN- exige indisolublemente la doble determinación por el legislador de los hechos punibles y de las penas a imponer; proscribe, en consecuencia, la aplicación analógica o extensiva de la ley penal, pero no impide la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, requieren también la determinación de su sentido jurídico, función que es propia del PJ” (CSJN, Fallos, 237-636; 557-23).-

79.- “La analogía prohibida en el Derecho de fondo, es admisible en la ley procesal cuando determinada situación no está prevista expresamente. En el aspecto procesal jamás se habrá de encontrar un cuerpo normativo que prevea todas las situaciones. En tales casos se habrá de recurrir a la analogía” (CPen.Econ., 4-11-94, ED, 163-292).-

80.- “El juez penal puede recurrir a procedimientos analógicos de interpretación y eventualmente hasta aplicar extensivamente normas análogas, con tal que no amplíe la pretensión punitiva del Estado. La prohibición de la analogía en Derecho penal, debe entenderse limitada sólo en cuanto puede vulnerar el principio constitucional superior de los arts. 18 y 19, CN, de donde se deduce que no estará prohibido cuando conduzca a la aceptación de un principio que la ley contenga sólo implícitamente y que no lleve a ampliar la pretensión punitiva. La numeración de los delitos o contravenciones es autónoma en cuanto no remite a otras normas. Por ello no puede haber, como regla, más delitos que los tipificados. La tipificación del Derecho administrativo sancionador tiene, como ya sabemos, dos elementos: primero la descripción de la infracción y, luego la conminación de la sanción, o sea, una precisión de las consecuencias punitivas de cada una de las infracciones” (Trib.Ética Mendoza, 4-12-98, “R.J.L.”).-

81.- “La cláusula del art. 29, CN, según la cual los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado, impide aumentar los supuestos susceptibles de sanción penal más allá de los comprendidos en el precepto aplicable, entendido con el alcance que sus términos claramente autorizan. Dicha cláusula tiene por objeto garantir el principio de legalidad que caracteriza el derecho represivo clásico con el fin de evitar que por vía de interpretaciones analógicas o claramente ampliatorias de los términos legales, se frustre la exigencia de que toda sanción penal esté fundada en ley anterior al hecho del proceso” (CSJN, Fallos, 20-129; 215-23).

82.- “La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger” (CSJN, Fallos, 312-1920; 318-207; JA, 1996-II-90).

83.- “La proscripción, en el orden represivo, de la aplicación analógica o extensiva de la ley, no excluye la hermenéutica que cumpla el propósito legal, con arreglo a los principios de una razonable y discreta interpretación” (CSJN, Fallos, 256-277).-

84.- “Es concepto indudablemente recibido por el art. 18, CN, que el Derecho penal -en cualquiera de sus ramas- es un sistema riguroso y cerrado, formado por ilicitudes discontinuas que no tolera ningún tipo de integraciones, extensión o analogía, tendientes a completar los elementos esenciales de las figuras creadas por la ley, y que si bien constituye tarea específica de los jueces interpretar las normas legales a los fines de la exacta determinación de su sentido jurídico, en materia penal se excluye toda interpretación analógica o extensiva de las normas punitivas” (CSJN, Fallos, 301-395; 300-291).-

85.- “Cabe recordar que el Derecho penal (en este caso penal-administrativo) es un sistema cerrado, que no admite ningún tipo de integración, extensión o analogía tendiente a completar los elementos esenciales de las figuras creadas por la ley” (C.A.Contrav. B.A., “G.T.S. S.A.”, 29-3-99).-

86.- “La descripción de la conducta del imputado obrante en el acta contravencional que diera lugar al inicio de estas actuaciones, nada tiene que ver con la del tipo del reformado artículo. En la mencionada instrumental se habla de ejercicio de la prostitución -en concentración-, un término sumamente amplio y que admite tantas interpretaciones como imprecisiones. Las interpretaciones analógicas están absolutamente prohibidas; el Juez de Primera Instancia no tenía otra alternativa que aplicar el art. 2, “in fine”, CPP” (C.A.Contrav. B.A., “A., P.R.”, 22-3-00).-

87.- “La sanción por analogía, aún en materia contravencional, es nula de nulidad absoluta, ya que siendo el Derecho contravencional (o Penal-Administrativo), una rama jurídico-represiva más de las existentes en nuestro país, está sujeta a los mandatos constitucionales, más allá de la voluntad del legislador común o que se trate de un ordenamiento inferior provincial o de reglamento policial. Este tipo de garantías deben ser resguardadas, aún de las pretorianas disposiciones que en su contra pueda adoptar un juez contravencional o de faltas o cualquier otro” (1°JCorrec. Salta, causa 16.956/97).-

88.- “La falta de previsión de la sanción de inhabilitación para un “sereno particular”, impide su aplicación analógica prevista para agencias de investigaciones (que son corporaciones)” (1°JCorrec. Salta, causa 16.956/97).-

89.- “A pesar de la razonable crítica de autores como Núñez y De la Rúa, es indudable que las sanciones o disposiciones legales que afectan derechos o limitan el ejercicio de derechos de los particulares, deben interpretarse restrictivamente; estando prohibida la aplicación analógica o extensiva “in malam partem” en perjuicio del acusado. La disposición contenida en el CPP es coherente y consagra en el ámbito procesal la garantía constitucional que en igual sentido está contenida en los arts. 18 y 19, CN” (1°JCorrec. Salta, 19-11-96, causa 16.718/96).-

90.- “No puede un juez válidamente confirmar una resolución sancionatoria que está basada únicamente en los antecedentes personales, ya que por imperio el art. 18, CN, lo que se reprime son hechos y no antecedentes. Pero además, por aplicación del art. 19, CN, en su última parte (principio de reserva penal), nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de hacer lo que ella no prohíbe, por lo que legalmente corresponde revocar la sanción impuesta conforme a la norma citada. Mucho menos se puede admitir una sanción con el argumento de aplicar analógicamente la ley contravencional, que por tener carácter represivo, está sujeta a las mismas restricciones constitucionales que en tal sentido se le imponen a la ley penal común” (1°JCorrec. Salta, 15-2-96, “J.C.W.”).-

91.- “Dictándose en su lugar el decreto-ordenanza que no reproduce la norma anterior ni prevé pena para dicha falta, se está ante el caso de falta de pena legal que no puede ser sustituida por aplicación de disposiciones análogas ni por construcciones jurídicas contra el procesado basadas en la ley penal en blanco, pues el hacerlo convierte al juez en legislador contra la norma republicana de separación de poderes y vulnera el principio “nullum crimen, nulla poena sine lege” (CAF, 15-10-64).-

92.- “Si el magistrado no puede imponer más pena que la legal, tampoco puede recurrir a interpretaciones de carácter analógico para incriminar un hecho como delito, por más dañoso que fuere, si la sociedad que es en definitiva la amenazada, no le ha asignado por ley tal carácter” (J1a.Inst.Crim. y Correc. Mendoza, 4-5-45, LL, 38-659).-

93.- “Si por analogía se entiende completar el texto legal, en forma que considere prohibido lo que no prohíbe o lo que permite, reprochable lo que no reprocha o, en general, punible lo que no pena, basando la decisión en que prohíbe, no justifica, reprocha o pena conductas similares o de menor gravedad, este procedimiento de interpretación queda absolutamente vedado del campo de la elaboración jurídica del derecho penal, porque la norma tiene un límite lingüísticamente insuperable, que es la máxima capacidad de la palabra. Ello obedece a que es necesario extremar los recaudos para que sólo la ley formal sea fuente de criminalización primaria, no pudiendo el juez completar los supuestos” (C. A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 155- 00- CC/05, 6-2-06, “Larrosa”).

94.- “Lo único prohibido en materia penal es aplicar analógica o extensivamente en contra del reo otra ley que la que rige el caso, y es, en cambio, permitido hacerlo en lo que pueda serle favorable” (CCrim. Río Cuarto, 5-5-43, LL, 32-417).-

95.- “Se debe recordar que se encuentra prohibido realizar una interpretación analógica “in malam partem” de las normas que en materia penal regulan  la prescripción. La prescripción es una garantía a favor del sometido a proceso que debe ser interpretada restrictivamente y sobre la base del principio “in dubio pro reo” (TS Bs. As., 15-5-01, causa 811/01, “A., C.H.”).-

96.- “En el caso de un hecho no alcanzado por una determinada hipótesis legal no puede suplirse esa ausencia de tipificación por “la naturaleza y espíritu” de una norma que no describe concretamente la conducta imputada. Ello implicaría aplicarla analógicamente, en abierta contradicción con el sistema prohibitivo discontinuo de ilicitudes impuesto por los arts. 18 y 19, CN” (SCBA, 23-11-93, LL 1994-A-473; DJBA 146-30; JA 1994-III-432).-

97.- “La prohibición de la aplicación analógica significa la imposibilidad de extender la prohibición penal por “parentesco cercano”, a acciones u omisiones no comprendidas claramente en la ley. En caso de duda sobre aquellas acciones u omisiones que la ley razonablemente abarca, debemos elegir la que más favorezca al imputado. El mandato de certeza requiere del legislador un cuidado especial para definir las acciones prohibidas o mandadas, de manera tal que quien deba cumplirlas pueda conocerlas fácilmente, para así poder conducir su acción y, de este modo, evitar errores sobre el contenido de la prohibición o del mandato; en particular, se vincula con la necesidad de describir sólo una acción, prohibida o mandada, y de hacerlo mediante el verbo y las palabras específicas que circunscriban esa acción correctamente, sin aludir a cláusulas genéricas de prohibición que la tornen ambigua o que permitan construir su contenido de cualquier manera” (TSJBA, 11-9-10, expte. 358/00, “Iwan”).-

98.- “La primera salida del dilema sin ingresar todavía al principio constitucional y sólo como ejercicio de hermenéutica común, consiste en la apelación al bien jurídico protegido, la integridad física, mandato hermenéutico básico del Derecho penal liberal, que incluso contiene una limitación general de prohibir o mandar sin referencia alguna a la protección de un bien jurídico. Es claro para todos que, vinculado con el interés protegido, debe triunfar la acepción que limita el significado de la palabra “pelear” en relación con la conexión física, de tal manera que su extensión a una discusión verbal, aún en términos airados, constituiría ejercicio de la analogía” (TSJBA, expte. 242/00, “Falcone”).-

99.- “Cuando el ordenamiento jurídico prohíbe una acción, lógicamente todas las conductas que no pueden ser específicamente encuadradas en el marco de ella quedan fuera del campo sancionatorio, conformando el ámbito de reserva garantizado por el art. 19, CN. Inversamente, cuando una norma prescribe la acción debida, sancionando su omisión, toda conducta distinta a aquélla puede ser reprimida, ampliando así el espectro punitivo del Estado, con poco margen para la libertad individual. Es por ello que algunos autores, han afirmado con razón que, a los fines de respetar al principio de legalidad, la imputación omisiva debe estar expresamente prescripta. En ese sentido, la admisión de tipos omisivos impropios (no escritos) resulta inconstitucional, ya sea que se la sustente a través de una conversión o equivalencia implícita con los tipos comisivos previstos o recurriendo a la aplicación analógica de los omisivos propios (expresamente contemplados en la ley), supuesto este último que, sin lugar a dudas, desconoce la prohibición de utilizar la analogía “in malam partem” (CApel.Contr. y Faltas, 14-7-08, causa 13698-00/CC/06, “Pérez”).-

100.- “Una hermenéutica razonable aconseja no extender la prohibición a una hipótesis no contemplada en ella, aunque tenga por razón la protección de un bien jurídico, pues ello constituye analogía, en el sentido de una violación del efecto de clausura que posee la cláusula “nullum crimen sine lege” (STJ BA, causa 242/00, “Falcone”).-

101.- “No resulta posible soslayar la consideración del bien jurídico tutelado y el principio de lesividad a la hora de ponderar si el hecho atribuido en estas actuaciones encuadra o no dentro de la previsión contenida en el Código Contravencional; lo cierto es que tal examen debe ser realizado con criterio restrictivo, evitando la formulación de interpretaciones analógicas “in malam partem” susceptibles de conculcar los derechos y garantías que la CN y la local reconocen a todos sus habitantes” (CA Contrav. CABA, 29-5-02, “A., R.A.”).-

102.- “En nuestro esquema jurídico y por mandato de la propia CN, nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho (art. 18, CN), imperativo del que se deduce no sólo la necesidad de existencia de una ley punitiva dictada con anterioridad al hecho de que se trate, sino también la taxatividad en la interpretación de dicha ley con expresa prohibición de la analogía (algo reiterado incluso en el propio CF), toda vez que si se tolerara otra cosa, por una pretendida vía interpretativa se fijarían nuevos campos de prohibiciones distintos a los estrictamente fijados por la ley. En consonancia con lo dicho, la dogmática, como herramienta hermenéutica, nos hace presente que ante un texto legal dado, al momento de su eventual aplicación no debe menospreciarse ninguno de sus elementos constitutivos, so pena de incurrir en aquello que ha querido evitar nuestra Constitución, esto es, la condena por un hecho distinto al que previó el legislador y plasmó en la norma punitiva. Toda expresión incluida en el texto legal, debe pues ser tenida en cuenta” (CApel.Penal Santa Fe, Sala IV, 6-5-98, expte. 21-98, “R., D.”).-

 

VIII. Interpretación de la ley

 

103.- “Los jueces tienen la obligación de efectuar interpretaciones razonables, que privilegien el espíritu de la ley y sean coherentes con los valores que se pretenden tutelar mediante su sanción” (CSJN, Fallos, 306-0721).

104.- “Nada obsta a la razonable y discreta interpretación de la ley penal tendiente al cumplimiento de los propósitos que la animaron, y para ello se deberá incluir el descubrimiento de la posible intención del legislador, compatible con las palabras que éste empleó en la norma” (CSJN, Fallos, 306-796).-

105.- “Al no especificar el CP lo que ha de interpretarse por “incapaz”, el vocablo deberá ser entendido en su sentido técnico y mediante una interpretación restrictiva, puesto que la extensiva se encuentra prohibida expresamente en la CN a través de los principios de reserva (art. 19, CN) y de legalidad (art. 18, CN) en ella contenidos” (ST Río Negro, 11-9-92, “Ch., C.”).-

106.- “La circunstancia de que el juez considere un hecho como contravención encuadrada en el Código de Policía, contrariamente a lo sostenido por la defensa que estima que no es contravención, no puede servir de fundamento al recurso de inconstitucionalidad aduciendo que se ha aplicado una sanción no prevista por la ley, pues la interpretación de los hechos y aplicación del Derecho escapan a la jurisdicción extraordinaria de la Corte” (SCJM, 22-6-51, “Aparicio”).-

107.- “Es doctrina de esta Corte que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos. Además, se destacó que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu. Por otra parte, es principio del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como la política y económica del país reposan en la ley, y si bien la exégesis de esta expresión no ha de caracterizarla como un concepto exclusivamente formal, debe estimarse excluyente de la creación “ex nihilo” de la norma legal por parte de los órganos específicos de su aplicación. En ese sentido cabe recordar, que el ingente papel que en la elaboración del Derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, siendo entonces la misión más delicada de la Justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes” (CSJN, Fallos 306-721; 200-165; 307-928; 311-2553; 316-2732).-

108.- “Siendo que somos los jueces los intérpretes últimos de las normas legales -en este caso constitucionales- debemos en tal tarea profundizar dicho proceso interpretativo, de modo tal que resulte prístino el espíritu y el sentido de la regulación legal. Más aún se exige tal tarea cuando, “prima facie”, una aplicación fría y mecánica de algún precepto conduciría sin duda alguna a una grave injusticia; si ello se da, el juzgador debe entonces profundizar el proceso interpretativo, buscando precisar el espíritu de la regulación legal. Priva así el espíritu sobre la letra, limitando el ámbito de la ley al que verdaderamente corresponde” (CAContrav. CABA, 10-8-99, causa 080-CC/99).-

109.- “Las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean, sin violentar su significado específico, máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente” (CSJN, 10-6-92, LL, 1992-D-589).-

110.- “A los fines de la interpretación de la ley penal debe tenerse en cuenta principalmente el sujeto que hace y dicta las leyes, los medios empleados para la exégesis y el resultado que se pretende llegar. Los jueces deben buscar el espíritu, propósito y razón de la ley, esto es, su voluntad, pero no en el momento en que la ley fue elaborada sino en el instante de su aplicación, teniendo en cuenta las modificaciones sobrevenidas en otros sectores del ordenamiento jurídico considerado en su conjunto y en su unidad. Cuando a pesar de la búsqueda literal y teleológica no se llega a un resultado concluyente y persiste la duda sobre la voluntad de la ley, ésta debe interpretarse restrictivamente si es perjudicial al reo y extensivamente si le es favorable” (1ª.CCrim. Mendoza, 21-10-81, “Bazán”).-

111.- “En la labor de aplicación de la ley penal corresponde al órgano judicial la interpretación última del contenido de los tipos sancionadores y el proceso de subsunción de los hechos probados en los preceptos aplicados, sin que esta función tenga, como regla, trascendencia constitucional. En consecuencia, debe desecharse el planteo relativo a la falta de certeza de la norma del Código Contravencional, siendo que el precepto exige la valoración judicial y no la decisión discrecional y arbitraria de los jueces, a fin de determinar si la conducta se adecua a la norma y además, lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado” (CA Contrav. CABA, 10-7-02, “G., G.A.”).-

112.- “En la interpretación de la ley debe acudirse, como primer postulado, a las propias palabras con que la norma define la conducta punible, no siendo posible disociar aquélla de la mutación que en el mundo exterior produce dicha conducta, que no es otra que la alteración de la tranquilidad pública, como expresamente lo define el título del artículo respectivo, haciendo clara alusión al bien jurídico que se desea proteger a través de la prohibición” (CACCABA, causas 343/CC/00, 20-6-00; 402/CC/00, 31-7-00; 395/CC/00, 14-7-00).-

113.- “El Código ha integrado el principio de legalidad con la prohibición material de interpretar las acciones descriptas como punibles extensivamente. Así, para el Código, tal principio contiene también la necesidad de una interpretación restrictiva de las prohibiciones y mandatos contendidos en la ley contravencional” (TS Bs. As., 27-4-00, causa 242/00, “F., P.A.”).-

114.- “Cuando respecto del verbo que conforma una prohibición del Código Contravencional existen varios significados posibles, debe apelarse -como mandato hermenéutico básico del Derecho penal liberal- a la acepción que lo vincule con el bien jurídico protegido por la norma” (TS Bs. As., 27-4-00, causa 242/00, “F., P.A.”).-

115.- “Para la inteligencia del principio de legalidad es aquí determinante el hecho de que el Código no admite la tentativa en materia de contravenciones. De tal manera, si la vía de hecho no llegó a consumarse por cualquier razón, aunque hubo de ser tentada, la acción se mantiene en el ámbito de lo impune, conforme precisamente, al principio citado. Supletoriamente, el Código ha integrado el principio de legalidad con la prohibición material de interpretar las acciones como punibles extensivamente. Para el Código, tal principio contiene también la necesidad de una interpretación restrictiva de las prohibiciones y mandatos contenidos en la ley contravencional. Se presenta aquí ese caso, pues ante dos interpretaciones del verbo definidor de la prohibición, se ha preferido la más extensa en lugar de la más restringida y, además, se ha preferido el significado supletorio, en lugar del significado principal” (TSJBA, causa 242/00, “Falcone”).-

116.- “Acudir al bien jurídico tutelado como criterio de interpretación es una pauta sensata. También lo es percibir el sentido que en forma general se asigna a la expresión en el lenguaje ordinario. El diccionario puede ser una ayuda, mas no resulta decisivo pues el Derecho, como sistema, se despliega en el mundo de la vida, donde la asignación de sentidos se efectúa con una velocidad distinta al pausado tiempo de la academia. Ambas dimensiones (realidad y sistema) deben ser armonizadas. Donde el lenguaje coloquial carece de sentido unívoco, deben ser otras las pautas que cierren las exégesis del tipo para no contradecir el principio constitucional que se denuncia vulnerado” (TSJBA, expte. 242/00, “Falcone”).-

117.- “La inconsecuencia no se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (JCorrec. Nº 1 Bahía Blanca, 13-4-09, causa 167/09 "Polak”).-

118.- “Los debates parlamentarios constituyen la interpretación auténtica de la ley” (CSJN, Fallos, 313-1335).-

119.- “Básicamente, el principio de legali­dad, reconocido en materia represiva por el art. 18, CN, contiene las siguientes reglas, referidas al caso: a) Pro­hibición de la aplicación analógica de la ley contravencional in malam partem; b) Prohibición de la interpretación extensiva, por expresa disposición legal; c) Mandato de certe­za, en el sentido de descripción clara y circunscripta de la prohibición de que se trata. La prohibición de la aplica­ción analógica significa  la imposibili­dad de extender la prohibición penal, "por parentesco cercano", a acciones u omisiones no comprendidas claramente en la ley. La prohibición de la interpre­tación analógica (o extensiva) significa que en caso de duda sobre aquellas acciones u omi­siones que la ley razonablemente abar­ca, debemos elegir la que más favorezca al acusado. El mandato de certeza re­quiere del legislador un cuidado espe­cial para definir las acciones prohibidas o mandadas, de manera tal que quien deba cumplidas pueda conocerlas fácilmente, para así poder conducir su ac­ción, y, de este modo, evitar errores so­bre el contenido de la prohibición o del mandato; en particular, se vincula con la necesidad de describir sólo una ac­ción, prohibida o mandada, y de hacer­lo mediante el verbo y las palabras es­pecíficas que circunscriban esa acción correctamente, sin acudir a cláusulas genéricas de prohibición que la tornen ambigua o que permitan construir su contenido de cualquier manera. Este úl­timo principio se vincula también al lla­mado error de prohibición, consisten­te en la falsa apreciación del obligado por la ley acerca de que obra de con­formidad con ella y no en disconformi­dad con ella (el parámetro para medir este juicio tiene diferentes exigencias en la doctrina y en la jurisprudencia, inclusive según el tipo de error de que se trate), tanto es así que, con frecuencia, el mandato de certeza se vincula a un principio más general, el de culpabi­lidad (art. 18, CN). Las normas penales procuran que el autor se motive confor­me a ellas, para lo cual, como paso pre­vio, es preciso que pueda conocerlas co­rrectamente” CACFCABA, 10-12-07; TSJ CABA, 9-8-00, expte. 358/00, "Iwán”; 21-12-07 “Fernández”).-

120.- “El Código Contravencional integra el principio de legalidad con la prohibición material de interpretar las acciones descriptas como punibles en forma extensiva. Tal principio contiene también la necesidad de una interpretación restrictiva de las prohibiciones y mandatos contenidos en la ley contravencional, que se viola cuando, ante dos interpretaciones del verbo definidor de la prohibición, se ha preferido la más extensa en lugar de la más restringida y, además, se ha preferido el significado supletorio en lugar del significado principal, por lo que el recurso debe ser acogido y satisfecho” (STJ BA, 27-4-00, causa 242/00, “Falcone”).-

121.-En materia contravencional, se prohíben -a diferencia de lo que ocurre en sede penal- conductas rayanas al riesgo jurídicamente permitido (contactos normales de interacción social), sin que por ello deje de ser, en alguna medida, Derecho penal. En consecuencia, la interpretación del tipo contravencional ha de ser sumamente cuidadosa y restrictiva, dado que existen zonas grises que lindan con el Derecho administrativo sancionatorio o sencillamente, con la adecuación social” (CAContrav. C.A.B.A., “Terrazas”, 23-4-04).

122.- “Tiene razón el recurrente cuando considera lesionado "el principio de legalidad, principio que queda afectado con el fallo en crisis cuando vía interpretación se crea pretorianamente una regla de derecho diferente a la crea­da por el legislador". Se refiere el de­fensor a la interpretación que el tribu­nal de apelación ha dado al CC, al admitir que la fijación de la audiencia del debate, dispuesta en la LPC, interrumpe el plazo de prescripción. Tal interpretación con­tradice, ostensiblemente, el principio citado por la defensa, reafirmado por el mismo CC, específicamen­te. En efecto, CC, después de fijar los plazos de pres­cripción, considera una única causa de interrupción de la prescripción y remite para ello a la audiencia de la LPC. No hay forma de confundir esa audiencia con su fijación por parte del juez, trámite que resulta regulado en la LPC. De tal manera, según expresa el defensor, ni siquiera puede decirse que se ha empleado la analogía, sino, antes bien, como él lo describe, se ha creado pretorianamente una nueva causa de interrupción de la prescrip­ción, no prevista en la ley” (TSCABA, 15-5-01, expte. 811/01, "Andretta”).-

123.- “Se debe recordar que los jueces tie­nen prohibido realizar una interpreta­ción analógica in malam partem de las normas que en materia contravencional regulan la prescripción. La prescripción de la pena debe ser interpretada restrictivamente y sobre la base del principio in dubio pro reo, en tanto es una garan­tía a favor del condenado. En el mismo sentido, indicamos que el derogado CC era fiel al principio de legalidad y, desprendido de él, a la prohibición de la analogía. Además, más allá de la dis­cusión académica acerca de la posibili­dad o imposibilidad de prohibir la in­terpretación extensiva de la ley penal, afirmamos que éste contenía el princi­pio in dubio pro reo, en sentido mate­rial, equivalente a la prohibición de in­terpretar extensivamente las disposicio­nes del mencionado CC. En esos casos, los límites a la interpretación en materia contraven­cional son claros: básicamente, prohi­bición de la analogía in malam partem e in dubio pro reo. La obligación di­rigida a los jueces de interpretar de la manera más restrictiva posible ("máxi­ma taxatividad interpretativa", según la denominación de la que se vale el de­fensor) -obvia consecuencia del prin­cipio de legalidad material- impone descartar cualquier posibilidad de am­pliar, por vía de la hermenéutica judi­cial, el poder punitivo estatal habilita­do por las normas emanadas del órga­no legislativo” (TSCABA, 8-6-05, expte. 3887, "Paiz”).-

 

IX. Decretos del poder ejecutivo

 

124.- “Sin dudas, una secuela directa e inmediata de la tragedia en “Cromañón”, no menos ostensible, es que el titular del gobierno bonaerense excedió su cometido (con errónea invocación de la doctrina justificante de los decretos de necesidad y urgencia, a partir de 1994, constitucionalmente legitimados en el estado federal, aunque con expresa interdicción para insertar “normas que regulen materia penal) (art. 99, CN), pues para sancionar con penas de multa y clausura -ambas con escalas exorbitantes-, en el primer caso, a los infractores a las reglas antisiniestrales, se requiere a título de “conditio sine qua non”, proceder con plena observancia al principio de reserva de ley. Es decir, en la adopción de cualquier medida de penalización contravencional deben tomar necesaria intervención, cuanto menos, los órganos locales depositarios de la voluntad general, habida cuenta que se trata de un asunto de la exclusiva competencia de la H. Legislatura Provincial, en el que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (CAGar. Mar del Plata, Sala II, 8-11-06, “Romero”).-

125.- “La función de juzgar es privativa del PJ de acuerdo con nuestro sistema de división de poderes. La gravedad de la delegación se advierte con mayor claridad si se analiza el contenido de los edictos policiales. Ellos no integran exclusivamente la órbita del derecho administrativo, como se ha pretendido; ellos están comprendidos por el campo del derecho penal y por lo tanto deben jugar a su respecto todos los principios garantizadores de éste. Las conductas o actitudes incriminadas como contravenciones policiales son usadas por los Estados totalitarios para limitar arbitrariamente la libertad personal, algunas de ellas; otras, resultan ser las propias de un derecho penal de autor, notoriamente antidemocrático y violatorio del principio de culpabilidad. Por lo general, llevan a la represión de actos meramente preparatorios en contra del principio de ejecución que, como corolario del art. 19, CN, se halla plasmado en el art. 42, CP. Se trata de tipos penales tan abiertos que resultan, en la mayoría de ellos, violatorios de los principios de legalidad y reserva. Estas contravenciones implican una verdadera represión de la peligrosidad predelictual” (JFed.Cap., 9-9-86, expte. 34.946, “Maturo”).-

126.- “Se trata de un decreto de necesidad y urgencia, fundado en la gravedad y cantidad de accidentes producidos en la vía pública, lo que obliga a tomar medidas excepcionales para asegurar la integridad física de las personas. Resulta absolutamente claro que, tratándose de este tipo de decretos (que se encuentran previstos solamente en la CN), la materia legislada (penal) se encuentra expresamente excluida de su esfera de incumbencias (art. 99, inc. 3, CN). Por ello, siguiendo las reglas establecidas por la Carta Magna, el decreto no puede ser más que inconstitucional, por cuanto, en principio, "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo" (art. 99, inc. 3, segundo párrafo). Regla que encuentra su excepción en el párrafo siguiente, al autorizar dicha facultad "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes", condicionando dicha facultad a que "no se trate de normas que regulen materia penal". Por ello es que, tratándose de un decreto de necesidad y urgencia, que legisló sobre materia penal (prevé la imposición de penas privativas de la libertad), resulta claramente inconstitucional (art. 99, inc. 3, segundo y tercer párrafo, CN). El segundo de los cuestionamientos, también resulta de comprobación evidente y es consecuencia de lo anterior. El principio de legalidad, en su sentido más tradicional (el sentido lato), constituye una norma dirigida al juez, a quién le prescribe que sólo y únicamente considere delito aquello que viene connotado como tal en una ley. Es decir que en el marco de un diseño garantista del Estado de Derecho, el monopolio de la creación penal ha sido puesto en manos del legislador, y es el juez quién debe velar por el cumplimiento de dicho sistema. Conforme al principio mencionado, tanto la categoría de casos a los que se extenderá la aplicación del tipo (denotación) como la configuración de los elementos del tipo (connotación), y las consecuencias del mismo (la pena) deben ser configuradas por el legislador. En nuestro caso, tal actividad ha sido capturada por el PE, por lo que, también en este sentido, la norma en cuestión resulta inconstitucional. La llamativa actitud del PE, de pretender derogar una ley por medio de un decreto de necesidad y urgencia transgrede palmariamente (tanto que exime de análisis) los principios más elementales de resolución de conflictos entre normas (art. 31, CN). De tal manera que cobra pleno vigor la trascendencia del planteo formulado por el apelante, cuando sostiene que el juez administrativo no se encuentra habilitado para imponer penas privativas de la libertad, tema que no es superficial, ya que lo que en definitiva se encuentra en juego es la libertad ambulatoria de los individuos, que, como es sabido, es uno de los valores superiores (junto con la vida) de la escala axiológica de la CN. La Corte Nacional entendió que no se encuentra vedado a los organismos administrativos la aplicación de penas privativas de la libertad dentro del marco de las leyes que así lo autorizan, en tanto y en cuanto dichos decisorios cuenten con la posibilidad de ser revisados por una instancia judicial. La Corte Nacional, desde el precedente "Fernández Arias", ha reconocido la validez de las funciones jurisdiccionales del PE y de sus órganos subordinados. "Para ello se exige que tal función esté conferida por una ley del Congreso y que ésta prevea una instancia judicial plena de revisión del acto jurisdiccional de la administración" (Ekmekdjian). El primer inconveniente que plantea tal doctrina es la posibilidad de una recurribilidad plena, que garantice una tutela efectiva, debida convencionalmente (art. 8.1, CADH). Así, en materia contravencional es muy difícil asegurar (como lo ha hecho la Corte Nacional en los precedentes reseñados) que la revisión de la sentencia administrativa se encuentre debidamente garantizada, ya que la existencia de una instancia recursiva es lisa y llanamente aleatoria, en función de la irregularidad del procedimiento establecido en la materia, el que dista de aproximarse al "debido proceso legal" previsto por la Constitución. Efectivamente, dicho procedimiento no contempla la intervención de la defensa en forma necesaria, por lo que en muchos casos (diría que en la enorme mayoría de los casos) el imputado arriba a una sentencia sin haber tenido posibilidad alguna de evacuar su derecho a una defensa técnica y el correspondiente asesoramiento, también debido convencionalmente (art. 8.2.d, CADH). Por ello, la redacción actual de la norma resulta clara e incontrovertible. Toda función de naturaleza sustancialmente similar a la judicial (independientemente el nombre que le asignemos), está excluida de las que puede ejercer el PE” (JCorrec, Necochea, 7-4-09, causa 6169, “Majo”).-

 

 

 

LEY MÁS BENIGNA

 

 

I. Fundamento

 

 

1.- “El principio de la retroactividad de la ley penal más benigna surge como consecuencia de la idea de defensa social que sirve de base a la legislación punitiva; tal idea importa admitir que toda modificación de estas normas obedecerá a que el legislador ha encontrado un desajuste entre las leyes anteriores y los fines que perseguía al dictarlas, esto es, que la nueva disposición sirve mejor a los intereses que se busca tutelar y, por ello, debe ser esta última la que se aplique a los hechos que hayan de juzgarse después de su sanción” (CSJN, 9-11-00, JA, 2001-II-44).-

2.- “La razón de este principio es la idea de seguridad jurídica, ya que no cabe admitir leyes que podrían dictarse bajo la conmoción producida por un caso concreto, ofreciendo una respuesta mucho más dura que la merecedora cuando se valoriza el hecho a distancia” (CSJN, Fallos, 287-76).-

 

II. Constitucionalidad

 

3.- “El principio de aplicación de la ley más benigna no es una exigencia constitucional” (CSJN, Fallos, 302-1626).-

4.- “El problema de la interpretación y aplicación del principio de la ley más benigna es una cuestión de derecho común y reposa finalmente en el tribunal superior de la causa, ante quien deberá ser planteada -mediante la articulación del recurso de revisión-” (TSCABA, 5-8-05, expte. 3910, “Alberganti”).-

5.- “El art. 2, CP, no afecta los derechos amparados por garantías constitucionales. La ley penal más gravosa es una garantía constitucional, mientras que la retroactividad de la ley penal más benigna es una garantía legal” (TSJ Córdoba, BJC, 4-31-715).-

6.- “Luego de la reforma de la CN de 1994, la garantía legal de la ley más benigna, se ha convertido en una garantía constitucional” (TSJ Córdoba, Foro de Córdoba, IX-43-218).-

7.- “Lo referido a la interpretación y aplicación del art. 2, CP, constituye una cuestión de derecho común, que no es susceptible, en principio, de ser revisada en la instancia extraordinaria, aun cuando se invoque la garantía del art. 18, CN” (CSJN, 24-3-88, “Sicilia”).-

8.- “No existe caso constitucional en relación a la aplicación de la ley penal más benigna cuando la ley cuya utilización se pretende es una norma nacional que, expresamente, requiere la adhesión de los Estados locales para regir en su territorio y ello no se ha verificado” (TSJBA, causa SAO, 61-99, “Transportes 22 de Setiembre”).-

9.- “Por lo demás, la Cámara ha dado su­ficientes razones por las cuales no revi­sa la sentencia firme por ley más benig­na (que, dicho sea de paso, no consti­tuye un principio constitucional), sino a través de convenciones internaciona­les. Cuando se afirma este principio, son comparados dos estados legisla­tivos vigentes en dos tiempos diferen­tes, en su totalidad, de manera tal que si una conducta resulta prohibida tan­to ayer como hoy, no interesa el Códi­go, ley o libro en el cual ella aparece, sino la pena conminada en ese Código, en esa ley o en ese libro” (TSCABA, 30-11-05, expte. 4085/05, "Ministerio Público ­Defensoría Oficial en lo Contravencio­nal y de Faltas Nº 2”).-

 

III. Ámbito de aplicación

 

10.- “El supuesto de aplicación del principio de ley penal más benigna se encuentra reservado a la materia penal, y únicamente podrá ser invocado por personas de existencia visible, toda vez que el mismo se halla destinado para preservar los principios de igualdad (art. 16, CN) y de prevención general de la pena, derivado del art. 19, CN” (CACCABA, causa 283/CC/00, 9-6-00, “V., S.A.”).-

11.- “La atribución del Congreso de la Nación de disminuir las sanciones de los delitos previstos en el CP con el efecto retroactivo que a tal decisión atribuye el art. 2 de ese cuerpo legal, sólo debe ser ejercida dentro de los límites constitucionales si es general y abstracta, esto es, si se refiere a determinadas figuras delictivas” (CSJN, 26-8-86, “Solís”).-

 

IV. Contravenciones y faltas

 

12.- “Los mismos principios que rigen en materia penal común respecto a la retroactividad benigna de la ley, rigen para las faltas o contravenciones” (CSJN, Fallos, 211-443).-

13.- “Los principios de irretroactividad de la ley, y de retroactividad y ultractividad de la ley penal más benigna, tienen plena vigencia en materia de contravenciones” (TMFCap.Fed., RLL, 1960-527).-

14.- “El problema de la aplicación de la ley penal más benigna ha sido, históricamente, una cuestión de derecho común, esto es, ajeno a cualquier principio constitucional. Si bien es verdad que a partir de la reforma constitucional de 1994, este principio ha cambiado su status normativo, por la incorporación de las Convenciones universal y regional sobre derechos humanos a la CN, cierto es también que esos instrumentos internacionales sólo están pensados para la materia penal, esto es, nunca para las faltas administrativas y menos aún para la responsabilidad por multa de las personas jurídicas por hechos de sus dependientes; y rigen, en principio, para personas físicas, a quienes pretenden proteger” (TSJBA, causa 61/99, “T.V.S. SAC”; CContrav. Bs. As., Sala II, 7-2-00, causa 212/CC/99, “L.”).-

 

V. Sucesión de leyes

 

15.- “La cuestión referida a la sucesión de leyes se presenta siempre que rijan sucesivamente dos o más de ellas, en relación a un mismo delito, entre el momento de su comisión y la extinción de la pena impuesta” (TSJ Córdoba, BJC, 3-31-454).-

16.- “La garantía del principio de legalidad impone la indispensable existencia de una ley penal que sea previa, es decir, anterior al hecho investigado, por lo que prohíbe la retroactividad, excepto cuando la nueva ley favorezca al acusado por la supresión de la contravención o atenuación de su pena” (CSJN, Fallos, 311-2721; 275-89).-

17.- “La prohibición constitucional de aplicar leyes penales con efecto retroactivo sólo comprende a las que impliquen empeorar las condiciones de los encausados” (CSJN, Fallos, 287-76).-

18.- “El art. 2, CP, al establecer que siempre es de aplicación la ley más benigna que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, importa reconocer la retroactividad de la nueva ley más benigna, y ésta debe aplicarse de pleno derecho desde la época de su promulgación” (CA Río Gallegos, 30-6-94, “Oyarzo”).-

19.- “El art. 2, inc. 2, CP, significa el reconocimiento de la retroactividad de la nueva ley más benigna, no obstando a ello el principio de la intangibilidad de la cosa juzgada” (SCJM, 19-9-73, JA, 973-XX-766).-

20.- “Si, en el caso, una ley borró el carácter de delito a un hecho que anteriormente lo tenía, y ello es más favorable para los imputados, debe aplicarse retroactivamente la nueva ley, en atención que es la ley más benigna que debe imponerse” (ST Río Negro, 23-9-93, “Loncón”).-

21.- “El precepto del art. 2, CP, importa reconocer no solamente la retroactividad de la nueva ley más benigna, sino también la ultractividad de la ley anterior más beneficiosa” (CSJN, 30-12-86, “Espiro”).-

 

VI. Ley más benigna

 

22.- “La ley más benigna es la que en la situación jurídica en que se encuentra el interesado, lo favorece o lo hace en mayor medida, sea porque el hecho imputado, objeto de la condena, ha dejado de ser delictuoso o contravencional, sea porque se castiga menos severamente o se ponen mayores exigencias para castigarlo o menores para reprimirlo más benignamente o para eximirlo de pena o acordarle un beneficio. Por otra parte, se ha dicho que “puesto que los efectos de la justicia penal consisten en aplicar o no aplicar una pena, o imponer ésta en vez de otra, ha de estimarse como ley más benigna la que haga imposible la penalidad del acusado o de lugar a una pena menos grave. En última instancia, el problema de la benignidad de las leyes punitivas se  vincula  con la consecuencia, es decir, que se reduce a esclarecer cuál es la que contiene una pena menos severa, pues será más favorable la que establezca una pena que prive al individuo de un bien de menor importancia, por menos tiempo o por menos suma de dinero”. Asimismo debe destacarse que la comparación con respecto a qué ley resulta ser más benigna debe hacerse en el caso concreto. Siendo así, son inútiles cuantas reglas casuísticas se den en abstracto, pues el problema de la ley más benigna debe decidirse en cada caso concreto, es decir, comparando en cada uno de los hechos de la vida real los resultados de la aplicación de las distintas leyes. Así, por ejemplo, puede estimarse más benigna una ley penal que, a pesar de imponer una pena más severa, hace susceptible que el imputado pueda ser beneficiado con la condena condicional” (CCCABA, 21-11-05, causa 299-00-CC-05, “González”).

23.- “Se entiende que es más benigna la ley que excluye la pena eliminando el hecho del catálogo de delitos o agregándole a la figura delictiva elementos nuevos o poniendo mayores exigencias para la persecución penal del hecho o favoreciendo su extinción o ampliando la causa de impunidad. También lo es la que establece una pena menos severa, sustituyendo la vigente por una especie menos grave, o por otra de la misma especie pero de menor duración o de ejecución más favorable, etc.” (SCJM, 19-9-73, JA, 1973-20-766).-

24.- "La ley aplicable, por imperio de lo que determina el artículo segundo del código de fondo, es el ordenamiento vigente al momento de los hechos, por resultar más benigna para el reo, por cuanto el hoy vigente reprime estas conductas con mayor severidad” (1ºTOCrim. Buenos Aires, 10-6-09, “Grassi”).-

 

VII. Valoración

 

25.- “Una interpretación que conduce a que bajo la vigilancia de una ley penal más benigna que la que le antecedió, el responsable de un hecho ilícito cometido antes merezca menor castigo que quien incurre en el mismo acto con posterioridad al momento en que comenzó a regir aquélla, no se aviene con los motivos subyacentes al principio que consagra el art. 2, CP” (CSJN, 12-2-87, “Morcillo”).-

26.- “Para determinar la ley más favorable, el juzgador debe analizar las leyes en conflicto, y no únicamente las penas. La comparación debe hacerla con referencia a “todo el contenido de la ley”, partiendo de la pena, de los elementos constitutivos de la figura delictiva, de las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, y también de situaciones que influyen en la ejecución de la pena, en su suspensión, perdón, etc.” (SCJM, 10-4-89, “Díaz”).-

27.- “El principio de la retroactividad de la ley más favorable para el procesado, consagrado por el art. 2, CP, no hace referencia solamente a las variaciones que puedan haber en el monto y calidad de la pena, sino a todo el contenido de la ley. Habrá lugar a la retroactividad de la ley posterior o a la ultractividad de la ley derogada, según sea el resultado de la comparación, no de las penas, sino de las leyes mismas” (2°JCorrec. Mendoza, “Defaveri”; CNPen.Econ., 2-8-77, JA, 979-I-698; 2ª.CPenal Tucumán, 3-5-68, JA, 968-IV-550; LL, 132-476).-

28.- “La comparación respecto a qué ley resulta más benigna debe hacerse en el caso concreto y el concepto de ley pe­nal comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y la culpabili­dad, sino todo el complejo de disposi­ciones ordenadoras del régimen de ex­tinción de la pretensión punitiva. Las variaciones del Derecho, en sentido am­plio, también deben considerarse comprendidas dentro del sistema de retroac­tividad de la ley más favorable” (CCFCABA, Sala I, 12-5-05,  causa 360-00/CC/2004, "Gómez”).-

29.- “Una vez escogida la ley aplicable -que fue considerada más benigna- aquella es la que debe regir en el proceso. En este sentido, cabe destacar que la legislación más beneficiosa para el imputado debe ser seleccionada como consecuencia de un análisis global y completo de ambas normativas y de ninguna manera segmentándolas” (C.A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 430- 00- CC/05, 17-2-06, “Cancinos”).-

30.- “Encontrándose en juego cuestiones de complejidad jurídica tales como la reforma del tipo y la ultractividad de la ley más benigna, resulta de toda evidencia que un fallo que desincrimine conductas comprobadas, debe necesariamente estar precedido de un amplio debate en juicio en el que la parte acusadora tenga oportunidad de sostener sus planteos, y la defensora los suyos” (C.A.Contrav. B.A., “P., D.”, 18-5-99).-

31.- “A efectos de establecer cuál resulta ser la ley penal penal más benigna, no deben contemplarse sólo disposiciones aisladas, sino que debe tenerse en cuenta el conjunto armónico de las regulaciones penales” (CFed. Comodoro Rivadavia, 8-3-50, JA, 1951-IV-41; CFed. Cap. Fed., 16-7-57, DJ, 11-8-57).-

 

VIII. Aplicación de una sola ley

 

32.- “Para considerar el caso, no corresponde “componer” una tercera ley, en base a las dos, para llegar a una situación más favorable al acusado o penado. Esta conclusión tiene la excepción prevista en el art. 3, CP, en cuanto permite, a los fines del cómputo de la prisión preventiva, observar separadamente la ley más favorable al procesado” (TSJ Córdoba, CyJ, XXIV-CXIII).-

33.- “Es necesario dejar perfectamente establecido el alcance que merece la llamada “ley más benigna”. El recurrente entiende que el Código Contravencional no establece pena en los supuestos de violación de clausura. A efectos de aplicar dicho principio no es lícito tomar preceptos aislados de una y otra ley sino cada uno en su totalidad. Para determinar la benignidad de las leyes comparadas, deben tenerse en cuenta los textos legales en todo su contenido, contemplando la escala penal, los elementos constitutivos de las figuras, así como también las circunstancias agravantes y atenuantes, para luego poder optar por la aplicación de una sola de las leyes confrontadas, por ser más benigna. El Código Contravencional estudiado en su conjunto es a todas luces más gravoso que el antiguo régimen de penalidades de Faltas contemplado en la Ordenanza y sus modificatorias, toda vez que entre sus penas incluye la posibilidad de arresto, en forma directa en algunos casos e indirecta por incumplimiento de otras sanciones, en otros” (C.A.Contrav. B.A. causa 093/CC/99, 19-10-99, “D.A., M.”).-

34.- “En la elección de la ley penal más favorable al procesado no deben contemplarse solamente determinados artículos en forma aislada, aplicando separadamente cada una de las leyes, sino que se deben confrontar ambas en su complejidad, formando un conjunto armónico. Para aplicar la ley más benigna no puede conformarse un estatuto mixto con las disposiciones más favorables de las distintas leyes, sino que ha de decidirse por la aplicación completa de la que se estime más favorable” (3°JCorrec. Mendoza, 5-6-68, “Galas”; CApel. San Isidro, 21-5-68, DP, 969-3-375).-

35.- “Cuando se trata de elegir la ley aplicable al caso, si la ley posterior es distinta a la del momento del hecho, al introducir condiciones que resultan menos gravosa para quien sufre la persecución penal, debe aplicarse la ley más benigna; pero este principio rige cuando se trata de elegir la ley aplicable a los hechos concretos imputados, más allá de los criterios que nos parezcan razonables para incluir una circunstancia, como condición de la punibilidad o de la perseguibilidad. Desde el punto de vista de la construcción del tipo legal -garantía cuya conceptualización responde al principio de legalidad- y de su necesaria coherencia interna, no es posible sostener que se aplique una parte de la norma como más benigna y otro aspecto como opuesto a este principio, porque es un argumento “autocontradictorio”, que viola el principio de interpretación restrictiva. No es posible combinar varias leyes; es decir, que no es dable dividir la ley antigua y la nueva ley en varias partes para aplicar o no las disposiciones más benignas de una y de la otra al mismo tiempo, sino que debiendo hacer uso el juez de la ley más benigna, no puede dar al imputado un trato jurídico que, por ser derivado de las dos, no es propio de la ley nueva ni de la anterior. Lo contrario sería autorizar al magistrado para crear una tercera ley -con disposiciones de la precedente y de la posterior- con lo cual se arrogaría funciones legislativas que no tiene. En suma, el juez crearía un nuevo tipo contravencional, violándose así los arts. 1 y 19, CN, que establecen los principios de división de poderes y de legalidad” (CACBA, Sala I, 16-6-05, causa 78-00/CC/06, “Reyes”).-

36.- “Pretender la aplicación de algunas disposiciones de una ley (juzgamien­to y pena) y otras de otra ley (sus­pensión de la pena) no es jurídicamente posible, puesto que la ley debe aplicarse en su totalidad” (CCFCABA, Sala I, 12-5-05,  causa 360-00/CC/2004, "Gómez”).-

37.- “A efectos de aplicar el principio de la ley más benigna no es lícito tomar preceptos aislados de una y otra ley, sino cada uno en su totalidad. Para determinar la benignidad de las leyes comparadas, deben tenerse en cuenta los textos legales en todo su contenido, contemplando la escala penal, los elementos constitutivos de las figuras, así como también las circunstancias agravantes y atenuantes, para luego poder optar por la aplicación de una sola de las leyes confrontadas, por ser más benigna” (CCBA, causa 093-99).-

38.- “En el cotejo de dos legislaciones, no es posible dividir la antigua y la nueva en varias partes para aplicar al acusado las disposiciones más benignas de la una y de la otra al mismo tiempo, sino que, debiendo hacer uso el juez de la ley más benigna, no puede darse al reo un trato jurídico que, por ser derivado de las dos, no es propio de ninguna de ellas. Lo contrario sería autorizar al magistrado para crear una tercera ley, con lo cual se arrogaría funciones legislativas que no tiene. Sólo de forma excepcional todos los aspectos de un cuerpo normativo se presentarán más favorables que los del otro. De allí que habrá que establecer cuál es la ley más benigna en su conjunto más allá de que contenga algunas disposiciones más rigurosas y que esta evaluación no pueda, en consecuencia, experimentarse sin sustrato. Deberá, en cambio, apoyarse en la situación concreta, “...es decir, comparando en cada uno de los hechos de la vida real los resultados de la aplicación de las distintas leyes” (C.A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 451- 01- CC/05, 28-3-06, “Sineiro”; causa 415-00/CC/04, 23-11-05, Policronachi).

 

IX. Aplicación durante la condena

 

39.- “El artículo del Código requiere la vigencia de leyes distintas en los momentos en que la norma consigna y, específicamente, frente a la sentencia firme que ha impuesto una pena, será menester que el cambio de legislación se opere “durante la condena” para que los efectos de la ley más benigna extingan o limiten su cumplimiento. La razón de la norma del art. 2, CP, es evitar la injusticia mediante el cumplimiento de una pena por un hecho que ha dejado de ser delito, o de una especie o cantidad más gravosa que la estipulada en la nueva ley. Efectos que no se producen frente a una sanción ya extinguida. El criterio de que la aplicación del art. 2, CP, exige que el cambio de legislación se opere durante la condena, no se modifica porque el interesado esté procesado por un nuevo hecho y la condena impida su excarcelación. En todo caso corresponderá al juez del actual proceso, valorar en qué medida, hechos que han dejado de ser delitos pueden gravitar o no en la denegatoria de la excarcelación. Se trata de una cuestión procesal independiente que no puede interferir en la interpretación del art. 2, CP, ni alterar su redacción expresa” (TSJ Córdoba, CyJ, XXV-LXXIII).-

40.- “No procede reducir la pena de una condena ya cumplida, mediante la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, que únicamente obra cuando la condena anterior se encuentra con vida y no agotada, pues al extinguirse una condena, ella y sus efectos resultan jurídicamente inmodificables, porque la condena se autolimita temporalmente marcando los términos de su vigencia” (TSJ Córdoba, SJ, 1991-A-244).-

41.- “La aplicación de la ley más benigna después de la condena, no puede ser motivo de impugnación que permita rever la sentencia, y sólo constituye un trámite del momento ejecutivo, surgido por el hecho nuevo de la ley puesta en vigencia, mientras la pena impuesta se ejecuta para eliminar o adecuar a ella la efectivización de la condena” (SCJM, 19-9-73, JA, 973-XX-766).-

 

X. Aplicación de oficio

 

42.- “Si la ley que se violó resulta más grave que la que la modificó, corresponde aplicar de oficio la más benigna” (TSJ Córdoba, Foro de Córdoba, IX-44-144).-

43.- “Los tribunales deben, de oficio, revisar la sentencia (aunque el penado no haya impugnado el pronunciamiento que lo condena); estando en curso de ejecución la sentencia, corresponde que el tribunal de revisión se pronuncie de oficio sobre la situación del penado, desde que la aplicación de la ley penal más benigna lo es de pleno derecho” (TSJ Córdoba, CyJ, XXIV-LXXXVI).-

44.- “Para que, existiendo o no condena, la ley más benigna prevalezca, no es necesario que el imputado o el condenado solicite su aplicación” (SCJM, 18-8-71, “Gómez”).-

45.- “La pretensión de aplicar la ley más benigna puede realizarse a pedido de parte y también de oficio” (C.A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A., causa 415-00/CC/04, 23-11-05, “Policronachi”).

 

XI. Efectos

 

46.- “Corresponde sobreseer definitivamente al imputado de la infracción atribuida, en virtud del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, y lo dispuesto por el art. 2, CC, toda vez que la norma penal entró en vigor con posterioridad a la fecha del hecho acusado” (CAF, LL, 128-978).-

47.- “La derogación de la ley que incriminaba el hecho, por cuya comisión se procesa o se está sufriendo condena, quita al acto el carácter delictuoso” (TMF, JA, 1960-I-403).-

48.- “Los efectos de la ley más benigna operan de pleno derecho, con lo cual la aplicación de dicho principio en el proceso de ejecución de sentencia es obligatoria para el juez, cerrándose expresamente toda discusión al respecto, acorde con la observancia de los principios constitucionales y los derivados de tratados internacionales” (CCBA, 10-3-05, causa 03-01, “Romero”).

 

XII. Leyes penales en blanco

 

49.- “Si se aplicara indiscriminadamente el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, respecto de las leyes penales en blanco que se complementan con actos administrativos, de naturaleza eminentemente variable, importaría despojarlas “a priori” de toda eficacia, pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuelve el proceso económico desactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que intentaban protegerlos” (CSJN, Fallos 321-824, voto mayoría).-

50.- “El criterio de no hacer aplicación del principio de la ley penal más benigna en materia de infracciones administrativas, debe ser revisado a la luz de nuevas reflexiones. No existen razones para excluir a las leyes penales en blanco del principio de aplicación de la ley penal más benigna consagrado en los pactos que hoy gozan de jerarquía constitucional. En esta clase de leyes penales se da la posibilidad de que, sin una variación formal aparente del tipo penal, su contenido resulte modificado por el cambio sufrido por la norma extrapenal. Ello en razón de que no es posible concebir como completa la norma en estudio sin la normativa de complemento, pues ésta resulta una parte esencial de la ley sin la cual se tornaría inoperante. Por ello, ante las modificaciones favorables, experimentadas por las leyes penales en blanco a consecuencia de variaciones de la norma extrapenal, el reo debe beneficiarse con ellas” (CSJN, Fallos, 321-824).-

51.- “El precepto normativo indeterminado en su contenido -"ley penal en blanco"- recién cobra valor después de dictada la reglamentación a que se remite y para los hechos, posteriores a ésta. En el caso, el artículo del CF, que reprime los ruidos molestos, debe ser reglamentado por la autoridad facultada para regular dichas actividades” (SCJ Santa Fe, 27-6-84, expte. 293-83, “Cuciarelli”).-

 

XIII. Casos particulares

 

52.- “Una ley de amnistía constitucionalmente válida produce sus efectos de modo definitivo aun cuando posteriormente sea derogada, ya que el art. 2, CP, establece la aplicación de la ley más benigna, aun cuando no rija al tiempo de cometerse el delito ni al de pronunciarse el fallo, sino en una época intermedia; el delito cometido antes de la amnistía válida no podrá ser punido ni aún después de su derogación, porque se aplicaría la ley que en el tiempo intermedio habría suprimido la delictuosidad del hecho” (CSJN, 30-12-86, “Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”).-

53.- “Al decidir la cuestión el tribunal “a-quo” hizo mérito de la doctrina según la cual, reconocido el carácter punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal en cuyo concepto incluye al régimen de actualización monetaria contenido en la ley 21.898” (CSJN, Fallos, 304-892).-

54.- “Para la fijación de las penas de multa establecidas en el CP, resulta inaplicable el principio de ultractividad contenido en el art. 2, CP, pues de hacerlo se arriba a sumas irrisorias que tornarían inoperantes los fines represivos y disuasorios de la sanción penal y porque, fundamentalmente, las modificaciones legislativas sufridas por los guarismos de las multas no han constituido, en puridad, un aumento de la penalidad, sino que traducen la actualización de valores afectados por la inflación y el cambio de signos monetarios” (CCCap., 14-12-93, “Córdoba”).-

55.- “La aplicación retroactiva de la ley de actualización de la pena de multa no vulnera en modo alguno los principios del art. 2, CP, dado que los mayores montos que aquélla dispone no constituyen un agravamiento de la pena, sino su lógica actualización” (CCCap., 30-4-96, “Saracino”).-

56.- “La Legislatura ha sancionado la ley que regula los juegos de azar; esta ley fue promulgada por decreto del PE y rige desde el día en que fue publicada. Por imperio del principio de irretroactividad de la ley penal, esta ley no puede ser aplicada a las actas en cuestión, puesto que las mismas fueron labradas cuando dicha ley no se encontraba vigente” (C.A.Contrav. B.A., “A.C., A.”, 22-2-00).-

57.- “La aplicación de la ley penal más benigna no puede alcanzar por analogía a la variación de jurisprudencia” (CSJN, 10-3-92, LL, 1992-E-667).-

58.- “Resulta más benigna una ley que desconoce eficacia interruptiva del curso de la prescripción a determinados actos procesales que eran reconocidos como eficaces antes de su sanción. La nueva ley resulta más favorable al procesado en cuanto es menos exigente en orden a la extinción de la pretensión punitiva estatal al limitar las causales de interrupción de la prescripción, dando contenido específico a la fórmula secuela de juicio” (6ª CCrim. Mendoza, 6-7-06, “Knaus”).-

 

59.- “Las condiciones para el ejercicio de la acción penal pueden decidir la declaración de benignidad de la nueva ley. Una ley puede ser más benigna en cuanto a las condiciones para el ejercicio de la acción penal, si se hace depender de acusación o instancia privada la que antes procedía de oficio. Es que la ley penal más benigna es una expresión que comprende tanto los elementos constitutivos del delito, las circunstancias de él, cuanto las condiciones para el ejercicio de la acción penal” (TSJ Córdoba, SJ, 1988-A-80).-

60.- “Las instrucciones especiales confor­man en el nuevo régimen una sanción accesoria, de aplicación facultativa para el juez. En la normativa anterior, for­maba parte del elenco de las penas en­tre las cuales el decisor podía optar de acuerdo a la pautas de eficacia que aho­ra se establecen para acumular, preci­samente, hasta dos sanciones. Por ello no se observa que el nuevo cuerpo sea más desfavorable que el anterior en lo concerniente a esta ma­teria” (CCFCABA, Sala II,  23-11-05, causa 415/04, "Policronachi”).-

61.- “Si bien en abstracto, y en lo que ata­ñe al instituto de la prescripción, cla­ramente la ley anterior (vigente al momento del hecho) se mues­tra más beneficiosa que la actual, en tanto aquélla dis­ponía un plazo de prescripción menor (un año), es en el caso concreto que co­rresponde realizar dicho análisis. Re­sulta incorrecto limitar el estudio de la regulación de la prescripción de la ac­ción al mero plazo establecido por la ley, a fin de establecer la ley penal más benigna, siendo que ello constituye tan sólo una de las aristas -pero no la úni­ca- de este instituto. Debe, en cambio, integrarse su consideración con los pa­rámetros establecidos para su contabi­lidad, esto es, las causales de interrup­ción y suspensión de la prescripción. Así pues, la ley anterior es­tablece el plazo de un año desde la fe­cha de comisión de la contravención (o de la cesación de la misma si fuera per­manente); la suspensión de dicho térmi­no en caso de incomparecencia injusti­ficada del presunto contraventor; y la interrupción por la audiencia de juicio. La ley nueva, por su parte, amplía el plazo a 18 meses desde la comisión y úni­camente establece causales de interrup­ción, siendo ellas la celebración de la audiencia de juicio y la declaración de rebeldía” (CCFCABA, Sala II, 22-4-05, causa 227-00/CC/2004, "Santillán”).-

 

 

 
SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO PENAL

 

 

I. Leyes especiales

 

 

1.- “De los arts. 18 y 75, inc. 12, CN,  emerge la doctrina argentina de la unidad de la legislación penal en los preceptos capitales y en los de carácter general, pues de no ser así, no habría sido posible implantar un régimen de política criminal, como lo ha entendido el legislador argentino y habría habido campo para quince políticas criminales” (CCC, Fallos, 1-162, Rep. LL, III-1797).-

 

2.- “El CP tiene solamente un relativo valor subsidiario en cuanto a las reglas de su parte general, las que se aplican a las leyes especiales tan sólo cuando éstas no dispusieran lo contrario (art. 4, CP). Es evidente entonces que en lo relativo a las figuras delictivas y a las penas correspondientes, el CP no puede servir de paradigma de validez ni los sucesivos legisladores quedar sometidos a los criterios del codificador. El CP no fija un modelo de pautas de agravación a las que debe sujetarse cada ley especial o posterior reforma del propio CP” (CPenal Córdoba, 22-9-89, “Acuña”, SJ, 781).-

3.- “El CP tiene únicamente valor subsidiario de las leyes de su parte general, las que se aplican a las reglas especiales, según el art. 4 de ese mismo cuerpo legal, solamente cuando éstas no dispusieren lo contrario” (CCas.Pen., 24-11-93, JA, 1994-III-399).-

4.- “Cuando el CP en su art. 4, autoriza la aplicación de sus disposiciones generales a los delitos previstos por leyes especiales no se refiere a las legislaciones de faltas, a las que deja libradas a las jurisdicciones locales” (STJ Córdoba, 23-9-40, LL, 32-427).-

5.- “Conforme con doctrina sustentada por la CSJN, resultan inaplicables las normas generales del CP cuando la ley especial contiene una regulación propia sobre el instituto” (CApel.Pen.Econ., Sala I, 27-5-82, LL, 1983-A-568).-

6.- “No es preciso que las leyes especiales enuncien explícitamente y dispongan literalmente lo contrario de lo que expresaron las disposiciones generales del CP para excluir la aplicación de éstas. Es suficiente que la aplicación subsidiaria del CP sea incompatible con la orgánica armonía y finalidad de las disposiciones de aquéllas” (CSJN, 6-10-48, Fallos, 211-1657; 212-64).-

7.- “Las normas generales del CP no deben aplicarse con respecto a infracciones sancionadas por leyes especiales sino cuando esa aplicación, además de estar justificada por la ausencia de las disposiciones pertinentes, sean congruentes con el organismo jurídico del mismo” (CSJN, Fallos, 211-1657).

8.- “El CP es aplicable en tanto y en cuanto la ley especial no disponga lo contrario o surja de manera clara la incongruencia entre esa ley y el Libro I del CP” (CSJN, Fallos, 269-534).-

9.- “No es preciso que la exclusión de las disposiciones generales del CP surja del texto expreso de la ley especial, bastando que la aplicación del precepto general resulte claramente incompatible con el régimen jurídico que estructura dicha ley, atentando contra su armonía y congruencia” (CSJN, 1-12-88, RJA, 1989-672).-

10.- “Las disposiciones generales del CP no pueden aplicarse a los delitos o infracciones de las leyes especiales, cuando éstas contengan disposiciones en contrario” (CSJN, Fallos, 144-273).-

11.- “No corresponde aplicar las normas generales del CP respecto de infracciones sancionadas por leyes especiales, según un ordenamiento jurídico que les es propio, en tanto el criterio que se debe observar resulta del sistema particular de tales leyes, de su letra y de su espíritu, sin necesidad de acudir a la remisión prevista” (CSJN, Fallos, 295-869).-

12.- “La supletoriedad normativa a que acude el CC importa sólo eso: suplir algo que falta, que no está regulado, o que comporta un vacío legislativo dentro del régimen normativo específico. La celeridad de un juicio sumario como el de faltas, con poderes directos e inmediatos y plazos brevísimos no son asimilables al intrincado procedimiento del nuevo ritual para el proceso penal y, por lo demás -salvo circunstancias de excepción- se basta a sí mismo” (CP0303 LP, P 95147 RSI-111-98 I 7-9-1998).-

 

II. Contravenciones

 

13.- “No existiendo diferencias sustanciales entre las contravenciones o faltas con los delitos, y que junto con los mismos integran el derecho represivo, debe aceptarse, en principio, la aplicabilidad de las disposiciones generales del CP a las contravenciones, con lo que se evitará la repetición de disposiciones generales en cada uno de los reglamentos o edictos provinciales o municipales” (CNCrim. y Correc., 29-6-54, JA, 1954-III-425).-

14.- “Si las contravenciones o faltas tienen naturaleza penal, su diferencia con los delitos constituye, en principio, una cuestión de grado y, por tanto, cuantitativa, siendo aplicables en materia contravencional y en los llamados delitos administrativos, las reglas y principios que prescribe el CP, máxime cuando para estos últimos existe una disposición expresa del ordenamiento (art. 4, CP) que así lo estatuye” (STJ Stgo. del Estero, 3-8-98, “González Ábalos”).-

15.- “Históricamente existieron posiciones doctrinarias que sostenían que el injusto penal era cualitativamente diferente del contravencional, postulándose que las infracciones al orden administrativo son un injusto éticamente indiferente, o bien que son delitos de creación política, es decir, choques contra puras leyes positivas. Así, para James Goldschmidt, el Derecho penal se ocupa de la delimitación de las esferas individuales (de los hombres como individuos) en tanto el bien público que sobrepasa lo individual es una cuestión que incumbe al orden administrativo del Estado, y partiendo de la distinción entre el hombre individuo y el hombre miembro, concluye que el delito es la lesión a los deberes que incumben a la primera calidad, en tanto que la lesión a los de la segunda configuran contravenciones administrativas. Para Carrara y Carmignani, el delito afecta la seguridad social, la contravención perjudica sólo la prosperidad. Para Rocco, el concepto de contravención debe derivarse del de administración. Mientras que otra posición -prevalente en la actualidad- niega toda diferencia sustancial y cualitativa entre delitos y contravenciones (Soler, Terán Lomas, Zaffaroni, Jescheck, Stratenwerth). Tanto más, aún superadas las diferencias ónticas entre delitos y contravenciones, y sentado que no existe otra distinción entre ambos que la puramente cuantitativa, motivo por el cual los códigos contravencionales o de faltas no pueden desconocer ninguno de los principios a que debe atenerse el ejercicio del poder punitivo conforme a la CN y al Derecho internacional de los derechos humanos, ni desconocer el límite del art. 19, CN, (Zaffaroni), ello no obsta, sin embargo, a que se trate de un Derecho penal especial. Y ello es así, por cuanto la diferencia cuantitativa da lugar a que se modifiquen algunos de los principios generales y a que el juzgamiento de las contravenciones se rija por un procedimiento también distinto del ordinario; especificidad o particularidad del régimen que se trasluce, a modo de ejemplo, en el artículo 4 de la ley contravencional en cuanto alude a que “Las disposiciones generales del Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, serán aplicables subsidiariamente a este Código, siempre que no sean expresa o tácitamente excluidas por el mismo”, es decir, cuando esa aplicación, además de estar justificada por la ausencia de las disposiciones pertinentes en la ley especial, sea congruente con el orden jurídico del mismo” (CSJ Santa Fe, “R., J.A.”, 22-6-05, expte. 1.642/04).-

16.- “En orden al contenido de este denominado Derecho penal administrativo, el tribunal comparte la opinión de la doctrina mayoritaria que considera que no existen diferencias esenciales u ontológicas entre los delitos y las faltas y contravenciones, y que resultan a él de aplicación los principios generales del Derecho penal clásico, salvo derogación expresa y aún implícita, en la medida que esa aplicación aparezca como incongruente (axiológicamente) con la índole del concreto régimen de que se trate” (CNCont.Adm.Fed., Sala I, 16-4-99, “United Airlines”).-

17.- “Tanto a las contravenciones como a los delitos les son aplicables los mismos principios, pues si bien ambas categorías de infracciones tutelan distintos bienes jurídicos, en el fondo persiguen la misma finalidad. La distinción es sólo cuantitativa, y no cualitativa. Siendo ello así, todos aquellos principios de dogmática penal, referidos a la acción, antijuridicidad, tipicidad, autoría y culpabilidad, recobran todo su esplendor en la primera de esas infracciones” (2°JMenores San Martín, 7-6-82, JA, 1983-II-242; ED, 100-192; LL, 1983-A-302).

18.- “No todas las disposiciones del Derecho penal son aplicables a la materia contravencional, puesto que ambos Derechos protegen bienes de diferente naturaleza jurídica, es distinto su origen normativo y responden a diversas finalidades o necesidades. Quien comete una contravención no ha cometido un delito, sino un hecho que por naturaleza y trascendencia altera el normal orden de convivencia que debe existir entre los vecinos, y cuyo reproche social es mayor o menor según el alcance y naturaleza de la contravención. Es cierto que en otros países, unitarios o de constituciones que responden a principios centralizados, muchas de las actuales contravenciones se encuentran incorporadas a sus propios Códigos penales, como un capítulo más referido a los delitos menores. El Derecho contravencional, como una nueva rama del Derecho, nace como consecuencia de las reformas introducidas en la CN en el año 1994. Es en la Constitución ciudadana -en armonía con las normas de la CN- que debe ir perfilándose la definición sobre la naturaleza jurídica del Derecho contravencional” (CAContrav. CABA, 18-2-99, causa 607-CC/98, “B., M.”).-

19.- “A la legislación represiva provincial no le son aplicables normas contenidas en el CP, por tratarse de una facultad provincial no delegada” (STJ Córdoba, 14-6-77, RLL, 1980-1881-287).-

20.- “La aplicación del CP a una institución provincial de faltas no significaría un caso de interpretación de la ley, sino la explicación extensiva de leyes análogas, que no puede ser autorizada en esta materia”” (STJ Córdoba, LL, 32-409).

21.- “Las contravenciones no están sustraídas de los principios generales del Derecho penal” (CPenal Venado Tuerto, Z 62, R 20, Nº 14.324).-

22.- “A pesar de la distinta naturaleza de las contravenciones y los delitos, les son aplicables a aquéllas los principios generales que rigen a estos últimos, en la medida en que la ley no disponga expresamente lo contrario” (JFed. Mercedes, 7-8-81, LL, 1981-D-475).-

23.- “La recepción o aplicación “en subsidio” de ciertos principios penales a la contravención administrativa, no hace perder a ésta sus modalidades propias” (CFed. Mendoza, 23-9-75, LL, 1976-A-288).-

24.- “La jurisprudencia en general ha extendido a la materia contravencional los principios de la inimputabilidad, las reglas de la participación, el beneficio de la condena condicional, los principios de acumulación de penas, la prescripción, etc.” (SCJM, JA, 33-1255).-

25.- “El CF legisla en materia propia o de competencia concurrente con la de la Nación, no subordinando sus normas a las del CP; no estando, por ende, obligado a seguirlo en todas sus partes, rigiendo subsidiariamente las normas de este último en caso de no ser excluidas, ya sea expresa o tácitamente” (CPenal Rosario, Sala I, Juris 51, J 3).-

26.- “Las normas generales del CP rigen también para las infracciones penal-administrativas, salvo expresa regulación legal en sentido contrario” (CSJN, 2-12-76, LL, 23-3-77).-

27.- “Se extiende a las contravenciones previstas por leyes especiales la aplicación -salvo disposición expresa- de las normas y garantías del Derecho penal común” (JPaz Letr. Tordillo, 22-10-98, RSD, 149/98; CSJN, Fallos 212-134; JZTO, 22-10-98, RSD-149-98).-

28.- “La ley de fondo vigente en esta jurisdicción admite la aplicación supletoria de las disposiciones generales del CP de la Nación, siempre que no estén excluidas por aquélla; cabe interpretar que no se requiere, a tales efectos, una exclusión expresa, sino que habrá de analizarse, en cada caso, si tales disposiciones generales son admisibles o no, a la luz del sistema general que articulan las disposiciones del Código Contravencional” (C.A.Contrav. B.A., causa 033-CC/98, “L.L., M.I.”, 11-1-99).-

29.- “Si en el “sub-judice” se ha aplicado una disposición ajena a la legislación local, el trámite y resolución de la causa adolecen de un grave vicio, que los ha desnaturalizado, imponiéndose entonces su corrección por esta Alzada. Se verifica en la especie la violación del principio de legalidad, toda vez que se ha aplicado un modo de cumplimiento de la pena que no tiene recepción legal; ya Beccaria, en su clásico “De los delitos y de las penas”, afirmaba que “sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad reside exclusivamente en el legislador”. Siendo ello así, no corresponde sino privar de valor alguno a los actos procesales que hallaran sustento en tal infracción, pudiendo actuar este tribunal de oficio al respecto, por tratarse de una nulidad de las llamadas absolutas, que afecta el orden público, y no existir manera alguna de enderezar las actuaciones conforme a derecho” (C.A.Contrav. B.A., “T., J.D.”, 30-3-00).-

30.- “En cuanto a la exclusión de las normas penales nacionales de fondo, puede ser explícita -tal el caso de la tentativa-, o implícita cuando las disposición nacional resulte incoherente con el ordenamiento legal fijado por los legisladores locales, en cuyo caso se exige en el juzgador un fino y estricto análisis de las cuestiones debatidas y de las reglas legales en juego, a fin de admitir o no esa aplicación supletoria” (CCBA, 30-3-00, causa 278-00, “T., J.D.”).-

31.- “Esta supletoriedad es un imperativo cuyo fundamento encuentra asilo en el silencio de nuestra ley de fondo con respecto a este instituto, aclarando que dicha aplicación es viable en tanto y en cuanto no medie incompatibilidad fundada en los diferentes sistemas de enjuiciamiento penal previstos para el proceso penal y el contravencional local y en la necesariedad de dotar a la voluntad punitiva del Estado de mecanismos que la exterioricen. Cabe advertir a la defensa que la aplicación supletoria de las normas consagradas en la parte general del CP no importan la aplicación analógica de la ley penal, cuestión que repugna no sólo a nuestra CN, sino a todo ordenamiento jurídico que se base en la existencia de un Estado de derecho. Tal aplicación supletoria, que se encuentra expresamente prevista en el Código Contravencional, constituye la consecuencia natural de la naturaleza de las conductas reprimidas en el ordenamiento contravencional, puesto que ambos cuerpos legales (penal y contravencional) son la aplicación de la represión legítima estatal contra quien contraríe el orden social establecido, no existiendo ontológicamente diferencia alguna entre delito y contravención” (CContrav. Bs. As., Sala II, 6-1-00, causa 120/CC/99, “P.S.”).-

 

III. Prescripción

 

32.- “Si la ley especial regula expresamente la prescripción de la acción penal y de la pena, hay que atenerse a sus principios y no al CP” (SCJM, 31-3-44, RLL, VI-981).-

33.- “En virtud de los poderes de policía no delegados a la Nación, la ley local puede fijar un término de prescripción distinto al establecido por el CP, el cual es de aplicación subsidiaria, sólo cuando aquélla guarda silencio al respecto” (SCJM, 24-5-44, RLL, VI-981).-

34.- “No hay duda en consecuencia de que en relación con el tema de la prescripción en materia contravencional es innecesario recurrir a normas de orden federal en materia penal que son de aplicación subsidiaria” (TSJBA, CyJ, Fallos, III-2001-230).

35.- “La prescripción en materia penal importa una renuncia legislativa de parte del Estado a la potestad represiva condicionada por el curso continuado de un cierto período de tiempo, y su reconocimiento por el derecho no se hace en base del interés del imputado sino del interés público. La ley provincial que se refiere a las faltas, ha sido dictada por la Legislatura de la Provincia, en ejercicio de atribuciones que le han sido reconocidas invariablemente y sólo tiene fuerza legal con respecto a su materia lo expresamente contenido en ella. El CP no legisla sino sobre delitos. Ha excluido deliberadamente a las faltas de sus sanciones, dejándolas libradas a la legislación de cada Provincia o a la que se diera para la Capital o Territorios Nacionales. La ley de Córdoba que se refiere a faltas, no contiene disposición alguna que estatuya la prescripción de la pena. La ausencia de preceptos que la establezcan no puede ser considerada como un vacío que los jueces deben llenar por analogía con otras leyes recurriendo al CP. La aplicación del CP a una institución provincial de faltas, no importaría un caso de interpretación de la ley, sino de aplicación extensiva de leyes análogas, lo que resulta improcedente en esta materia. La prescripción en materia penal sólo significa un régimen oportuno de política criminal que debe ser establecido por el legislador, no correspondiendo a los jueces proveer a sus disposiciones introduciendo preceptos no contenidos en la ley. Cuando el CP en su artículo 4 autoriza la aplicación de las disposiciones generales del mismo a los delitos previstos por leyes especiales, sólo se refiere a las leyes federales, y no a una legislación dictada por una legislatura de provincia. La pena impuesta por infracción a la ley provincial sobre juegos de azar, no se extingue por prescripción, puesto que dicha ley no contiene disposición alguna al respecto” (CCrim. Río Cuarto, 5-5-43, “Dichiara”; voto mayoría).-

36.- “No interesa establecer cuál es el fundamento más aceptable de la prescripción en materia penal, ni hacer los distingos que imponen las distintas ramas del derecho; basta anotar su significación tradicional y actual y su vigencia en todos los códigos fundamentales del país, para sostener que es una de las bases capitales de nuestro orden jurídico. La impunidad que podría derivarse, en el caso, de la aplicación de las disposiciones del CP sobre prescripción a la infracción reprimida por la ley provincial, sobre juegos de azar, que no contiene precepto alguno sobre prescripción de la acción ni de la pena, no puede sorprender al jurista, ya que el transcurso del tiempo decide la suerte de la acción y cancela la pena en la esfera delictual, extingue obligaciones y determina la adquisición de derechos en el plano civil y comercial y juega un rol trascendente en el orden internacional. Lo que innova el orden jurídico es la vida ilimitada de la acción. La aplicación de las disposiciones del CP sobre prescripción, en caso de infracción a una ley local sobre juegos de azar, que no contiene disposición alguna al respecto, tiene que hacerse por razones de lógica jurídica, que permiten aplicar a los casos regidos por leyes penales locales los principios y las instituciones y normas de derecho incorporados al régimen jurídico del Estado en la ley común y general, dado que es forzoso admitir que a ellos han entendido atenerse las legislaturas, salvo disposición en contrario de las leyes locales, o su incompatibilidad con la naturaleza de la infracción o los principios consagrados por la doctrina o la jurisprudencia. Lo único prohibido en materia penal es aplicar analógica o extensivamente en contra del reo otra ley que la que rige el caso, y es, en cambio, permitido hacerlo en lo que pueda serle favorable. Más que una facultad es un deber de los jueces aplicar a las infracciones locales, salvo disposición en contrario, los preceptos del Derecho penal común relativos a la responsabilidad, a la prescripción, a la condena condicional, al pago de la multa por cuotas, al cómputo de la prisión preventiva, etc.” (CCrim. Río Cuarto, 5-5-43, “Dichiara”; voto minoría).-

37.- “Se aplican los mismos principios generales del CP en materia de prescripción a las faltas o contravenciones” (JZOOOO TO 585 I 7-5-2001).-

 

IV. Suspensión de juicio a prueba

 

38.- “La aplicación supletoria de las normas penales que el CC establece, procede sólo en tanto y en cuanto las mismas no se opongan a las previsiones de la ley contravencional. Ello así, toda vez que son distintas las atribuciones, funciones y naturaleza de los órganos que intervienen en el proceso contravencional respecto de los que lo hacen en el fuero penal. En lo relativo a la aplicación del art. 76 bis, CP, se afirma que tal pretensión no resulta posible, atento que si bien la normativa citada no se opone al procedimiento contravencional, sí en cambio resulta contraria a las características propias del mismo. Es dable recordar que el procedimiento contravencional, salvo excepciones derivadas de especiales circunstancias de la causa, debe respodner al principio de concentración, adquiriendo éste más énfasis por la particular índole de la materia que constituyen estos ilícitos. Precisamente, la figura cuya aplicación solicita la defensa se opone a la celeridad del juicio contravencional, dilatando el procedimiento y manteniendo al encartado en grado de situación jurídica incierta al no resolverse sobre su inocencia o culpabilidad, violándose así garantías procesales de raigambre constitucional, lo que en modo alguno podría admitirse” (CAC CABA, Sala I, 31-2-01, “P., J.”).-

 

V. Casos particulares

 

39.- “Es principio fundamental en materia penal el de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. El carácter de infracción, no de delito, que en principio revisten los ilícitos penal aduaneros no obsta a que se apliquen a su respecto las disposiciones generales del CP” (CSJN, Fallos, 290-202; JA, 27-1075-16).-

40.- “No son normas supletorias que puedan ser utilizadas en el juicio contravencional las referentes al instituto de la llamada  “probation” o suspensión del juicio a prueba (arts. 76 bis a 76 quater, CP)” (CAContrav, B.A., “T., J.D.”, 30-3-00).-

41.- “No resulta ajustada a derecho la decisión de aplicar, en esta sede, las prescripciones del CP relativas a la condena de ejecución condicional. Respecto a la interpretación de la juzgadora en cuanto a la alegada “omisión del legislador”, cabe recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador y que la primaria fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley, así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió” (CCBA, causa 278-00, “T., J.D.”).-

42.- “No obstan recaudos atinentes a supuestas violaciones de las garantías establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica que hoy integra la CN, como la necesidad de respetar la doble instancia instituida en materia penal. En primer lugar, porque ello no significa una identidad de materia. Lo contravencional no es penal ni una contravención es un delito” (TSJBA, causa 555-00, “Caballero”).-

43.- “El Derecho disciplinario no tiene, por su propia finalidad, el rigor ni la inflexibilidad que requiere la violación de las normas de Derecho penal sustantivo ni requiere las garantías funcionales propias del Derecho penal común o contravencional” (SCBA, 12-4-88, “Contreras”).-

 

 

 

CULPABILIDAD

 

 

I. Imputabilidad

 

 

1.- “En tanto los ordenamientos especiales no deroguen tácita o expresamente las disposiciones sobre imputabilidad que prevé el art. 34, CP, y la ley de menores, tales disposiciones estarán destinadas a resolver las cuestiones que se susciten” (CCC, Fallos, 2-149).-

2.- “La internación manicomial está autorizada únicamente respecto de los autores de delito y no de contravención” (CNCrim. y Correc., Sala V, 21-10-80, “Larrea”).-

3.- “Habida cuenta que la normativa de fondo del Código Contravencional, no prevé la inimputabilidad como causal de extinción de la acción, ni como causal de absolución del imputado, debe aplicarse el art. 34, inc. 1, CP, y absolver al imputado” (C.A.Contrav. B.A., causa 092/CC/98, “O., A.G.”, 24-8-98).-

4.- “El ser alcohólico crónico no significa siempre ser inimputable. El daño neuronal que adquiere entidad como para discapacitar absolutamente sólo se produce en alcohólicos donde su toxicomanía aguda alcanza cierto nivel. Declarar imputable a un alcohólico crónico no significa de por sí violar el art. 34, inc. 1, CP, por lo que no basta la mera cita de tal precepto para descalificar el pronunciamiento” (SCBA, 26-8-97, “Aguirre”).-

5.- “No pudo comprender la criminalidad de sus actos y, por lo tanto, fue inimputable, el gendarme que, en base a una profunda alteración psíquica causada por la intoxicación alcohólica provocada por la ingestión desproporcionada de vino, observó una conducta por momentos de ribetes absurdos pues, vestido de gimnasia, de noche, esgrimiendo su pistola descargada y sin balas, en una plaza pública, comenzó a detener personas y a exigirles se identificaran” (5ª.CCrim. Córdoba, SJ, 653-20-8-87).-

6.- “El principio de la “actio liberae in causa” que traslada la investigación sobre la imputabilidad y culpabilidad al instante en que se bebe, permite responsabilizar al ebrio (intencional o voluntario) por el delito perpetrado durante el estado de ebriedad (completa) a título de dolo eventual o culpa según la totalidad de circunstancias de hecho que permiten tener como probada una u otra forma de culpabilidad en el momento de embriagarse y siempre con relación al delito mismo, no correspondiendo al sistema del Derecho positivo el intento de computar como dolo o como culpa el anormal contenido psicológico de su actuación en el momento de ejecutar o consumar el hecho, ni afirmar con carácter general su simple responsabilidad culposa” (SCJM, 14-4-80, “Aguilar”).-

7.- “Le asiste razón a la defensora en cuanto solicita la clausura definitiva de las actuaciones, por tratarse el imputado de un inimputable conforme a derecho. En consecuencia, el “a-quo” debió pronunciarse en su sentencia por absolverlo, puesto que a su vez el Código remite a la aplicación supletoria de las disposiciones del CP (art. 34, inc. 1, CP). En este sentido, y habida cuenta que la normativa de fondo del Código Contravencional no prevé la inimputabilidad como causal de extinción de la acción, ni como causal de absolución del imputado, y tampoco permite el archivo de las actuaciones por parte del fiscal en estas circunstancias, debe aplicarse la norma contravencional que prevé la aplicación supletoria del CP y, en su consecuencia, el art. 34, inc. 1, CP y absolver al imputado” (CAContrav. CABA, 24-10-98, causa 092/98).-

8.- “¿Qué sentido tiene dejar la actuación abierta por el término de seis meses necesarios para que opere la prescripción, cuando se ha probado que el autor de la contravención es un sujeto no punible? El archivo de las actuaciones no clausura el proceso ni extingue la acción, permaneciendo la causa paralizada durante seis meses sin concluir jurídicamente por la falta de intervención del juez cuya competencia es dictar la sentencia correspondiente, generando así inseguridad jurídica y violando las garantías constitucionales del autor del hecho respecto del derecho a obtener un pronunciamiento judicial oportuno mediante una sentencia que resuelva su situación dentro del proceso” (CApel.Contrav.CBA, Sala I, 24-8-99, “O., A.G.”).-

9.- “En este caso el imputado es un insano declarado tal en juicio, no ha podido comprender la criminalidad del hecho ni dirigir sus acciones, razón por la cual la comisión de la contravención de la que es acusado no puede merecer pena alguna, cuestión que hace inicua la prosecución de la acción. El juez, en homenaje a la celeridad procesal, debió absolver al insano sin más trámite y dando fin al proceso” (CApel.Contrav.CBA, Sala I, 24-8-99, “O., A.G.”).-

10.- “Tratándose el encartado de un inimputable, esto es, persona que padece de esquizofrenia de tal intensidad que es considerado un alienado mental, demente en sentido jurídico, del cual se ha decretado la insania por sentencia firme, debe ser sobreseído o absuelto por el ilícito contravencional. En este sentido, y habida cuenta que la normativa de fondo del Código Contravencional no prevé la inimputabilidad como causal de extinción de la acción, ni como causal de absolución del imputado, y tampoco el procedimiento permite el archivo de las actuaciones, debe aplicarse el art. 34, inc. 1, CP, y absolver al imputado. Se trata de un insano, demente en sentido jurídico, y en su consecuencia inimputable para el Derecho contravencional, ordenándose el sometimiento a un examen psiquiátrico a efectuarse por médico forense a los efectos de comprobar su estado mental actual, recomendaciones para su mejor tratamiento, si existe peligrosidad para sí mismo o para terceros, y, en su caso, tomar las medidas previstas en la ley” (CApel.Contrav.CBA, Sala I, 24-8-99, “O., A.G.”).-

11.- “La declaración de inimputabilidad debe ser argumentada y basada en la totalidad de las pruebas incorporadas al legajo y no apoyarse en un único informe pericial; los datos que dimanan de un peritaje sólo constituyen un aporte a la investigación y no pueden ser aislados de los restantes elementos de juicio” (CAPCYF, 23-10-08, causa 6840-00-CC/2008: “Macarrone”).-

12.- “El incapaz de hecho no puede ser sujeto activo de contravenciones o faltas policiales ya que no puede expresar su voluntad válida, todo ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil que corresponda a sus representantes legales e incluso al guardián jurídico de la cosa” (CCiv.Com.Lab. y Min. Comodoro Rivadavia, 1-6-99, “Cistari”).-

 

II. Principio de culpabilidad

 

13.- “El poder punitivo del Estado sólo debe exteriorizarse bajo la condición de que se observen y respeten ciertas exigencias sustanciales y formales. Dichas exigencias se encuentran consagradas en la CN e instrumentos internacionales elevados a jerarquía constitucional en el año 1994. Esos requerimientos sustanciales que debe acatar el poder punitivo que efectúa el control social de los ciudadanos constituyen principios insoslayables para la realización de la materia contravencional: a) Principio de culpabilidad: el obrar tiene que haber sido hecho por parte del individuo con libertad, discernimiento y voluntad final de querer el resultado alcanzado o como consecuencia de un obrar imprudente, negligente o carente de pericia. b) Principio de legalidad: únicamente pueden ser criminalizadas aquellas conductas contenidas en las leyes sancionadas de acuerdo al proceso regular establecido por la Constitución. c) Principio de lesividad: para que se criminalice una conducta debe existir un bien jurídicamente relevante previamente reconocido por la ley, para que constitucionalmente se pueda habilitar el poder punitivo estatal debe haberse verificado una lesión -o al menos puesta en peligro, concreta y tangible- al bien jurídico contenido en el delito o contravención respectivo. d) Principio de proporcionalidad: La reacción estatal frente a la ilicitud debe ser proporcional a la culpabilidad que por el hecho específico es dable atribuir al individuo” (JFaltas Barranqueras, Chaco, 8-7-10, “F., J.L.”).-

 

14.- “Sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. No puede admitirse la existencia  de una responsabilidad penal sin culpa” (CSJN, Fallos, 284-43).-

15.- “La ley ha querido excluir la responsabilidad refleja, y en cambio pretende reforzar la sanción a imponer al autor material. Del principio de culpabilidad, no cabe sino interpretar que la legislación contravencional impide castigar a alguien por un hecho ajeno” (CA Contrav. CABA, 17-1-00, “G., M.A.”).-

16.- “La aplicación de la normativa civil a una responsabilidad contravencional es confundir los ordenamientos jurídicos, es decir, aplicar legislación civil al ámbito penal. Toda responsabilidad penal es subjetiva y se debe aplicar al autor del daño y no de la cosa. Siendo ello así, la resolución cuestionada adolece de defecto legal de aplicación de una responsabilidad ajena al ámbito pertinente, por lo que es procedente la acción procesal administrativa incoada” (SCJM, expte. 68.995: “Autotransportes Los Andes SA”, 17/11/03, LS 331-161).-

17.- “La culpabilidad, tiene un doble significado para nuestro Derecho Contravencional, provenientes de la doctrina penal que los ha definido históricamente a través del principio de culpabilidad y a la culpabilidad como estrato de la teoría del delito, siendo que ambos responden al principio “nulla poena sine culpa”. El principio de culpabilidad, permite ante todo la imputación subjetiva, esto es, un mecanismo que si bien pueda parecer extremadamente simple, es absolutamente fundamental en lo que se refiere a nuestra cultura jurídico-penal, que consiste en la vinculación de un acontecer injusto con una persona actuante. En otras palabras, partir de la hipótesis de una contravención y poder aceptar que el curso causal de la acción es percibible como hecho de un autor. En segundo término, la culpabilidad, como estrato de la teoría del delito, implica ir aún más lejos que con la imputación subjetiva, y permite afirmar la responsabilidad, es decir que "...aquí se afirma que culpable de una lesión sólo puede ser quien por lo menos hubiera podido gobernar el acontecer lesivo..." (Hassemer)” (CA Contrav. CABA, 5-2-02, Sala II, causa 1093-01, “C., H.M.”).-

18.- “En el análisis de una conducta contravencionalmente ilícita, la reprochabilidad implica un concepto de carácter normativo, que se funda en la posibilidad que el sujeto tenía de poder hacer algo distinto a lo que hizo y que le era exigible en esas circunstancias que lo hiciese. En otras palabras, la culpabilidad está compuesta por la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad del acto atribuido y que dicha exigibilidad lo sea en virtud de la inexistencia de una situación de reducción total de autodeterminación (ámbito de libertad). En el caso, el encartado desarrolló la actividad que le estaba vedada, es decir, abrió el local para la realización de fiestas, violando la clausura impuesta sobre esa actividad” (CA Contrav. CABA, 5-11-99, causa 142/CC/99, “G., A.D.”; 27-10-00, “A., A.”; 6-8-01, “C., R.”; 8-3-02, “A., P.”).-

19.- “La culpabilidad del agente es presupuesto de su responsabilidad penal” (CSJN, Fallos, 271-297; 293-301).-

20.- “En numerosos precedentes el tribunal ha considerado requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita pueda ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente” (CSJN, Fallos, 271-297; 274-487).-

21.- “El principio de culpabilidad signi­fica que la pena puede basarse única­mente en la constatación de que al au­tor cabe reprocharle personalmente el hecho. Este principio rector, junto con el de legalidad, se erige en límite del ius puniendi y tiene recepción constitucio­nal en el art. 18, CN” (CCFCABA, Sala I,  23-4-04, causa 36-00-CC/2004, "Roller”).-

22.- “La garantía de culpabilidad implica la necesidad de excluir toda pena que no tenga por presupuesto la culpabilidad del autor; el principio de culpabilidad condiciona el sí de la pena; sólo es punible el autor si ha obrado culpablemente. De tal afirmación se deriva que no resulta admisible en un derecho de naturaleza penal, como lo es el nuestro en principio, la responsabilidad por el mero resultado, sin que medie un nexo imputativo entre aquél y la conducta desplegada por la persona” (CCBA, causa 1377-02, “L., A.O.”).-

23.- “Lo que sucede en estos casos, en verdad, es que no se reprime algo reprochable al autor o se le reprocha algo que en sí mismo no consideramos punible, o no podemos considerar punible como comportamiento, con violación del principio de culpabilidad, propio también del Derecho penal de un Estado democrático. En definitiva, punimos sin finalidad alguna que pueda ser legitimada. Sólo pretendemos erradicar una forma de conducir la vida por algunas personas, que no coincide con nuestra manera de vivir, mediante el uso de la pena estatal, regularmente mediante la marginación que brinda rápidamente la legitimación jurídica del encierro” (TSJBA, causa 1541, “Masliah”).-

24.- “El mecanismo de las contravenciones (también denominadas faltas, transgresiones o infracciones) -como parte del régimen de policía-, establece que la configuración de una situación de hecho por parte del agente provoca la aplicación de la sanción. Ello así, para que surja la contravención no es necesario que esta “situación de hecho” haya sido provocada o querida por quien aparece en conflicto con la norma policial; puede aplicarse una sanción a quien haya actuado sin culpa o sin dolo” (CNCont.Adm.Fed., Sala I, 27-2-98, “Arbumasa S.A.”).-

25.- “En cuestiones de índole sancionatoria rige el criterio de personalidad de la pena que en su esencia responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente y ello importa, desde ya y como mínimo, la obligación de hacer conocer al imputado los cargos que se le formulan, requisito elemental para ejercer el derecho de efectuar el descargo” (CNCont.Adm.Fed., Sala I, 1-6-00, “Vallota”).-

26.- “Del principio de culpabilidad no cabe sino interpretar que la legislación contravencional impide castigar a alguien por un hecho ajeno” (CCBA, causa 307-00, “G., J.A.”).-

 

III. Prueba

 

27.- “Es inconstitucional exigir que el acusado pruebe no ser autor o no ser culpable del delito que se le atribuye” (CSJN, Fallos, 311-444).-

28.- “Resultan contrarias a la Norma Fundamental las presunciones de culpabilidad que no admitan prueba en contrario. Por ello, es válida la ley en materia de faltas que otorga plena fe al acta de constatación de la infracción, pues en materia contravencional, es razonable que el legislador hubiese adoptado un sistema probatorio menos formal que el que rige respecto de los delitos. Se permite, pues, al imputado la producción de prueba en contrario de lo afirmado en el acta” (CSJN, Fallos, 301-493).-

29.- “Si bien conforme a lo dispuesto por el CF el obrar culposo es suficiente para considerar punible la falta, es preciso, a los fines de adjudicar al encartado responsabilidad en el cometimiento de la infracción reprochada, se verifique la existencia del mismo de manera fehaciente” (CPenal Santa Fe, Sala III, Zeus 67, R 19, Nº 16.231; 13-12-94, “G., A.A.”, Z, 68-16.299).-

 

IV. Contravenciones

 

30.- “La clasificación de las contravenciones en formales y materiales no atiende a si es o no irrelevante la culpabilidad, sino a los resultados físicos de la ejecución de la infracción. No se debe confundir contravención formal con forma de culpabilidad contravencional. La contravención supone siempre una voluntad que se objetiva en la comisión u omisión de un hecho que la norma de policía sanciona. Esa acción, comisión u omisión, puede ser dolosa o culposa, no existiendo otra forma de culpabilidad contravencional” (JFed. Mendoza, 14-5-75, JA, 1975-28-571; CFed. Mendoza, 18-10-76, LL, 1977-A-362).-

31.- “En punto a la culpabilidad, en el Derecho argentino, entran en juego las reglas establecidas para los delitos, si para las faltas no se dispusiere otra cosa, en virtud del art. 4, CP. Y aún si la ley contravencional no trajera reglas al respecto, los tribunales han reconocido la aplicabilidad de las normas del CP” (CCC, Fallos, 2-149).-

32.- “No obstante que las hipótesis de la ley contravencional deben conceptuarse como infracciones y no como delitos, les son aplicables igualmente todos los presupuestos y requisitos de éstos, vale decir, que han de seguirse las pautas del Derecho y la ciencia penal en cuanto a la acción, tipicidad, principio de legalidad y prueba de la culpabilidad, ya sea a título doloso o culposo, en cada caso; máxime cuando se trata de contravenciones a las que corresponde una sanción de privación de libertad” (JPrim. Inst. Comodoro Rivadavia, 15-3-82, ED, 101-419).-

33.- “En materia contravencional rige "el principio de culpabilidad". Decimos que una persona es autor cuando ha sido el ejecutor material del hecho, que es imputable cuando ha podido dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del hecho y es penalmente responsable cuando pueden cargarse a su cuenta las consecuencias del hecho, es decir, la imposición de una pena” (C.A.Contrav. B.A., causa 004-CC/99, “P., S.A.”, 4-5-99).-

34.- “La responsabilidad contravencional, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de faltas, es subjetiva, vale decir que no basta con la configuración de la acción típica sino que a ello debe agregarse la posibilidad de reproche, fundada ésta en la posibilidad exigible de que el autor haya podido motivarse en la norma” (C.A.Contrav. B.A., “C., G.”, 24-3-00).-

35.- “El Derecho contravencional tiene características propias que lo diferencian de otras ramas del Derecho y en cuanto a la responsabilidad y culpabilidad de las faltas, basta la conducta contraria a la ley, sin que sea necesario la intencionalidad dirigida a producir el resultado” (CPazLetr. San Juan, 25-8-99, “Rodríguez”).-

36.- “En las faltas es suficiente la voluntariedad del hecho en sí, ya sea la misma dolosa o culposa. Basta la conducta contraria a la ley, sin que sea necesaria la intención dirigida a producir el resultado; basta la sola conducta culposa que tipifique en la norma. Es que la contravención es una infracción formal, con sólo no cumplir lo que la ley ordena o cumpliendo lo que ella prohíbe, sin interesar el fin del autor o el resultado de su obrar se será responsable” (CPazLetr. San Juan, 8-10-97, “Liñán Linares SRL”; 13-11-97, “Seguí”; 9-12-97, “Rampulla”).-

37.- “De conformidad a lo dispuesto por el CF, para la punibilidad de las faltas es suficiente el obrar culposo, correspondiendo confirmar la sentencia del Inferior de existir conducta negligente, como es la inobservancia de su parte respecto de la expresa autorización expedida por autoridad competente” (CPazLetr. San Juan, 27-8-97, “Municipalidad de Zonda”).-

38.- “El Derecho contravencional tiene características propias que lo diferencian de otras ramas del derecho y en cuanto a la responsabilidad y culpabilidad de las faltas, basta la conducta contraria a la ley, sin que sea necesario la intencionalidad dirigida a producir el resultado” (CPazLetr. San Juan, 25-8-99, “Rodríguez”).-

39.- “Para la aplicación de una norma contravencional no es exigible que el sujeto tenga exacta noción del peligro que crea o de la actividad administrativa que entorpece en cuanto su normal desenvolvimiento. Debe existir conciencia de su contradicción entre su hacer (o no hacer) y la prohibición (o el mandato) que emana de la ley” (CPazLetr. San Juan, 8-10-97, “Liñán Linares SRL”).-

 

V. Culpa

 

40.- “La culpa no es un simple actuar descuidado, sino omisión de cuidados en el obrar o en el omitir, porque sin la observancia de un deber que lo prohíba en el caso, el descuido no es reprochable. La omisión tampoco es un no hacer en el vacío, sino la infracción a un deber. En definitiva, ese deber de cuidado se fundamenta en la previsibilidad que del propio hecho se causen daños a terceros, lo que supone la posibilidad de previsión, es decir, se le reprocha al sujeto que pudo y debió prever el resultado dañoso habiendo debido adoptar una conducta distinta para evitarlo” (6ª.CCrim. Mendoza, 1-8-03, “Flores”; 8-10-03, “Molina”).-

41.- “El que una violación al deber de cuidado se encuentre o no tipificada contravencionalmente, ninguna incidencia tiene en la configuración del tipo culposo” (CCrim. y Correc. Pergamino, 10-10-95, “Bonifacio”).-

42.- “La culpa sería la omisión voluntaria de diligencias necesarias para prever y prevenir un evento penalmente antijurídico, posible, previsible y prevenible” (CCrim. Rosario, Sala I, 8-3-78, Zeus, 1978-15-285).-

43.- “La esencia de la culpa reside en la previsibilidad del efecto dañoso, pero no querido, ni previsto por el agente; por lo tanto, es necesario inferir que el criterio con el cual se calcula el grado de culpa (y con ello la medida de la imputación) debe deducirse no de la mayor o menor posibilidad de ese efecto” (CCrim. Rosario, Sala I, 8-3-78, Zeus, 1978-15-285).-

44.- “El elemento sustancial consagratorio de la culpa, recoge la falta de previsión de lo previsible, la base fáctica de la que se debe partir para decidir si la conducta a analizar pudo o no ser culposa” (CCrim. Santa Fe, Sala II, 3-3-80, Zeus, 20-142).-

45.- “La culpa se estructura, objetivamente, a través de que previsible es lo que la experiencia enseña que es posible preverse y, subjetivamente, en tanto depende de la posibilidad de prever que ha tenido en el caso el concreto autor” (CApel.Penal Santa Fe, Sala I, 7-11-80, Zeus, 1981-23-25).-

46.- “Si la culpa se estructura en la falta de previsión de lo previsible es claro que depende de la posibilidad de prever que ha tenido en el caso concreto el autor” (CApel.Penal Santa Fe, Sala III, 3-3-94, Zeus, Rep. 11-384).-

47.- “La formulación de un reproche a título de culpa no agota sus posibilidades con la culpa consciente, en la que debe haber una efectiva previsión de los posibles resultados, sino que se extiende a la denominada culpa inconsciente o sin representación en la que el autor no conoce o prevé el resultado” (CApel.Penal Santa Fe, Sala IV, 19-11-92, Zeus, Rep. 11-374).-

48.- “La reprochabilidad por culpa requiere equivocarse en los medios evitativos por una querida violación de normas de seguridad (lo no querido en la culpa es el resultado típico), es decir, por una consciente violación del deber de cuidado inmediata (culpa consciente) o mediatamente (culpa inconsciente)” (CApel.Penal Santa Fe, Sala I, 14-3-93, Zeus, Rep. 10-434).-

49.- “Cabe advertir que en el obrar culposo, puede suceder que el imprudente o negligente crea haber puesto en el caso la debida diligencia, y ello no obstante ser culpable, ya que la culpa simple no consiste sólo en la falta de previsión de los resultados previsibles de la conducta propia, sino que debe reputarse también extendida en ciertos casos a la falta de previsión de la posible imprudencia ajena” (CApel.Penal Rosario, Sala III, 23-2-96, Zeus, 30-4-97).-

50.- “La razón de la culpa reside en la voluntad contraria a la precaución que el autor está obligado a conservar en determinadas circunstancias para no dañar intereses ajenos” (CApel.Penal Santa Fe, Sala III, 22-3-85, Fallos, 6-396).-

51.- “Se entiende por imprudencia la violación activa de las normas de la cautela, de cuidadosa y diligente atención al actuar, determinadas por la convivencia social, las cuales se concretan en la experiencia, que en su medida media es patrimonio común de los componentes de una sociedad” (CC Mendoza, 11-10-49, JA, 29-9-50).-

52.- “El imprudente realiza una acción que genera un riesgo mayor de lo que es dable admitir. La prudencia es la virtud cardinal que le muestra al hombre sus límites. La causación del resultado sabemos que no es “conditio" suficiente, ya que es necesario colocar la impronta del principio de culpabilidad para poder responsabilizar al encartado, eliminando cualquier vestigio de responsabilidad objetiva, de causalidad, infortunio de la víctima o bien de la mentada “versari in re illicita” (5ª CCrim. Mendoza, 15-2-00, JM, 57-178).-

53.- “En el tipo legal culposo lo esencial es la discrepancia entre lo querido y lo hecho por el autor. Señala Bacigalupo que en el delito culposo “finalidad y comportamiento no coinciden (a diferencia de lo ocurre en los delitos dolosos), el autor realiza el tipo sin quererlo, pero como consecuencia de su obrar descuidado”. La cognoscibilidad de la lesión del bien jurídico en las infracciones culposas no es un elemento subjetivo sino una posibilidad del sujeto que está fuera de él mismo” (CAContrav. C.A.B.A., “Torancio”, 16-2-05).

54.- “Aún admitiendo la ausencia de intención dolosa, la responsabilidad penal de la condenada surge de su obrar culposo, al usar sin previa revisación un implemento necesario en su negocio con tan gruesa adulteración como la verificada en el acta” (CAF, 29-5-61).-

55.- “Incurre en negligencia culpable quien tiene alimentos en envase original cerrado pero abierto y oxidado, lo que impide responsabilizar al fabricante como se pretende” (CAF, 10-7-60).-

56.- “En materia penal, en este caso contravencional-vial, cada situación es analizada en particular, toda vez que a diferencia de otros fueros en que las culpas se compensan o comparten, aquí la responsabilidad es directa. Cada conductor responde por las infracciones que haya cometido” (2°JFaltas Mendoza, 12-4-00, LS 2000-94).-

 

VI. Dolo

 

57.- “En cuanto a la reprochabilidad, cualquiera sea la graduación del dolo -específico, directo o aún eventual-, su presunta existencia a través del análisis respectivo permitiría el juzgamiento de la conducta de que se trate, dentro del marco de los ilícitos contravencionales contenidos en la legislación de fondo” (C.A.Contrav. B.A., “R., J.C.”,  3-8-99; causa 049-CC/99, “O., S.”, 9-6-99).-

58.- “Obra con dolo eventual aquella persona que incluye en los cálculos de su accionar la realización de un acto que encuadra en un tipo reconocido o en una conducta antijurídica (por tratarse de un delito tipificado o simplemente de una contravención a una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico), cuya consecuencia dañosa es admitida como posible, sin que la misma le disuada de su plan. En conclusión, el sujeto que actúa con dolo eventual, no actúa descuidadamente, por el contrario, sabe lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico, bien por indiferencia, bien por desprecio hacia ese bien jurídico o bien sin ningún tipo de sentimiento negativo respecto a ese bien jurídico, sigue actuando, decide seguir adelante con su comportamiento, anteponiendo sus intereses a la integridad del bien jurídico que con su hacer amenaza” (SCJM, expte. 85.311: “Provincia A.r.t. S.A.”, LS 374-195).-

59.- “Las cuestiones relativas al dolo y a la responsabilidad del presunto autor deben ser motivo de prueba y debate en la audiencia de juicio” (C.A.Contrav. B.A., “L., C.R.”, 7-10-99).-

60.- “El dolo no se presume, sino que, aunque es un hecho psíquico, el mismo debe ser probado” (SCJM, 13-3-80, “Contreras”).-

61.- “La previsibilidad de un resultado dañoso es el contenido de la culpa; el dolo eventual requiere algo más: a la previsibilidad del resultado tiene que sumarse su aceptación por parte del autor” (CApel.Penal Santa Fe, Sala I, 24-3-93, “N.H.J.”).-

62.- “Para que se dé el dolo eventual es necesario que el autor se haya representado que su conducta podía acarrear un resultado típico no querido y no obstante ello, no la detiene aceptando que aquél se produzca” (CApel.Penal Rafaela, 24-12-90, Zeus, Rep. 9-472).-

63.- “Es correcta la aplicación en materia contravencional del llamado dolo eventual puesto que para la atribución de culpabilidad a la persona imputada por una contravención, la ley establece la posibilidad de una forma dolosa. El dolo es uno solo cuando se comparte la definición de considerarlo como “la voluntad del autor de realizar la conducta típicamente antijurídica”, pudiendo intuir que posee un elemento cognoscitivo que está dado por el conocimiento que el sujeto tiene de la antijuridicidad de su acción y, también, un elemento volitivo consistente en la posibilidad de que el actor elija con libertad esa acción antijurídica. Cuando se dice que existen distintos tipos de dolo no significa que existan formas diferentes sino que la diferencia está dada por la diversa intensidad del elemento volitivo, que es alta en el llamado dolo directo donde no estaría en discusión que el autor quiere claramente la violación  de la norma y hacia tal fin encamina su conducta, mientras que en el llamado dolo eventual, el autor no busca la violación del mandato legal en forma tan directa como en el ejemplo anterior, sino que acepta que ello se produzca porque prevé el resultado de su accionar” (CA Contrav. CABA, 23-4-01, “P., J.S.”).-

64.- “En primer lugar cabe aclarar que, como principio general, la imputación dolosa y la culposa no son fungibles como si fueran infracciones progresi­vas. No puede pasarse sin más de la ili­citud dolosa a la culposa, pues signifi­can la descripción de hechos distintos, el dolo supone la voluntad de realiza­ción del resultado y la acción consu­mativa de él, la culpa reside en la in­fracción de un deber de cuidado. En tal sentido se sostiene que la imprudencia no es una forma menos grave de dolo, sino algo distinto al dolo. A partir de lo expuesto se deduce que la modifica­ción de la imputación cuando la acusa­ción no reviste el carácter de alternati­va, sino que se centra en uno solo de los supuestos, podría vulnerar el dere­cho de defensa en juicio” (CCFCABA, Sala I, 16-2-05, causa 301-00-CC/2004, "Torancio”).-

65.- “Las contravenciones son conductas que el legislador reprimió con el fin de preservar las mejores condiciones de convivencia de los vecinos de la ciudad; asimismo se torna imperioso tener en cuenta el principio de lesividad que requiere la conducta para llegar a encuadrarla en el marco normativo contravencional. Con respecto a la reprochabilidad, el régimen contravencional requiere en el autor el dolo, es decir, conocimiento, intención y voluntad, de cometer la conducta de que se trate. Cabe señalar que cualquiera sea la graduación del dolo, permitirá el juzgamiento de la conducta de que se trate en el caso” (CCCABA, causas 326/CC/00, 22-5-00 y 390/CC/00,10-7-00).-

 

VII. Acusación

 

66.- “Como principio general, la imputación dolosa y la culposa no son fungibles como si fueran infracciones progresivas. No puede pasarse sin más de la ilicitud dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él; la culpa reside en la infracción de un deber de cuidado (Maier). En tal sentido se sostiene que la imprudencia no es una forma menos grave de dolo sino algo distinto al dolo (Jescheck). A partir de lo expuesto se deduce que la modificación de la imputación, cuando la acusación no reviste el carácter de alternativa, sino que se centra en uno solo de los supuestos, podría vulnerar el derecho de defensa en juicio” (CAContrav. C.A.B.A., causa 301-00, 16-2-05, “Torancio”).

67.- “Si la sentencia condena por culpa -cuando la imputación ha sido dolosa- es dable afirmar que aquélla vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, dado que constituye una “sorpresa”, es decir, un dato con trascendencia sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir. El defecto apuntado implica una invalidez de carácter absoluto, declarable de oficio y en cualquier estado y grado del proceso, de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal. Ello así por cuanto si bien este tribunal se ha manifestado en anteriores precedentes que la nulidad requiere un perjuicio efectivo para que proceda su declaración, en el supuesto de autos el gravamen aparece palmario puesto que la sentencia en cuestión vulnera el derecho de defensa en juicio consagrado constitucionalmente (art.18, CN)” (CAContrav.  C.A.B.A., “Torancio”, 16-2-05).

68.- “Los errores puramente jurídicos en el encuadramiento del hecho atribuido no dañan la defensa ni limitan la decisión del juez, mientras ésta se mantenga dentro de la acción descripta y sus circunstancias” (CAContrav. C.A.B.A., “Torancio”, 16-2-05).

69.- “Es violatorio del principio de congruencia dictar sentencia condenatoria por la comisión culposa de la contravención modificando la plataforma fáctica a título doloso sobre la cual giró la acusación y la defensa. Ello así toda vez que la imputación dolosa y la culposa, aunque se refieren a un mismo resultado no son fungibles, como si fueran infracciones progresivas. No puede pasarse de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en la voluntad, sino en la infracción de un deber de cuidado, que constituye la imprudencia y que provoca el resultado. Si la acusación por un delito doloso quiere contener, eventualmente, la posibilidad de la condena por el delito culposo correlativo, deberá también contener, subsidiariamente, esta última imputación, con descripción detallada del hecho que constituye la inobservancia al deber de cuidado” (CACBA, causa 04-00/CC/05, “Bosca”, 13-5-05).-

70.- “Así, Maier ha afirmado respecto al principio de congruencia que es “el alcance del fallo penal, su ámbito máximo de decisión, que se corresponde con el hecho descripto en la acusación, con todas sus circunstancias y elementos, tanto materiales como normativos, físicos y psíquicos...”. Ahora bien, en cuanto a éstos últimos elementos, entiende que “la imputación dolosa y la culposa aunque se refieren a un mismo resultado, no son fungibles. No puede pasarse sin más, de la infracción dolosa a la culposa, pues significan la descripción de hechos distintos, por más que el resultado sea idéntico: el dolo supone la voluntad de realización del resultado y la acción consumativa de él, circunstancia subjetiva que debe ser objeto de la acusación para poder ser reconstruida; la culpa, por el contrario, no reside en esa voluntad, sino en la infracción a un deber de cuidado, que constituye la imprudencia y que provoca el resultado”. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la sentencia de primera instancia, vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, atento que la condena por culpa -cuando la imputación ha sido dolosa- constituye una “sorpresa”, es decir, un dato con trascendencia sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir” (CAContr. y Faltas CABA, 11-2-05, “Torancio”).-

 

VIII. Responsabilidad

 

71.- “La ley establece la responsabilidad de las personas físicas para las conductas antijurídicas previstas por la norma. La falta de identidad entre el autor del hecho reprochable y el imputado en autos torna nulo el procedimiento realizado. El ordenamiento local de faltas recepta el principio de culpabilidad como base para la imputación de acciones disvaliosas, debiendo determinarse en cada caso la tipicidad subjetiva que requiera la figura respectiva, dejando de lado, salvo las excepciones establecidas, responsabilidades solidarias o reflejas” (C.A.Contrav. B.A., “C., J.A.”, 22-10-99).-

72.- “La persona a quien la autoridad preventora labra las actas es “N.P.” quien en el momento del procedimiento es identificado por encontrarse dentro del local, resultando ciertamente extraño que luego estos mismos hechos se imputen a la persona de su padre. Atribuirle presuntivamente la responsabilidad a este último, quien habría sido titular o responsable de la habilitación comercial intentada en el local ya citado, constituye un grave error consistente en trasladar una supuesta responsabilidad objetiva, al estilo de los procedimientos vigentes en materia de faltas y que llevaría, de no subsanarse, a la substanciación de un proceso contra quien no incurrió en la conducta típica y por lo tanto no puede ser acusado y menos aún penalizado por ello” (C.A.Contrav. B.A., “N.P.”, 30-9-99).-

73.- “Aduce la defensa técnica que el imputado es sólo un simple empleado del local, y como tal no puede ser responsabilizado por la conducta desplegada, origen de la presente. Ante la ausencia del dueño del local en cuestión, el imputado se constituyó frente a la presencia de los funcionarios públicos, con lo cual, cabe afirmar, que el mismo adquirió la figura de la representación. Esta figura de participación (en su acepción amplia) contravencional, se erige toda vez que, quien sea imputado reúna todas las calidades exigidas para poder ser sujeto activo de la contravención. Así, nos encontramos en presencia de un injusto contravencional, que por mandato legal, puede ser atribuido a una persona, que no siendo el autor reflejo, haya tenido al momento del hecho, el dominio de la relación causal del ilícito” (C.A.Contrav. B.A., “G., M.F.”, 28-8-00).-

74.- “Es responsable de las faltas que se cometen en el local el titular de la habilitación, único empresario reconocido, aunque el espectáculo sea explotado por concesionario” (CAF, 2-9-58).-

75.- “Carece de culpa y responsabilidad la empresaria de boite por los ruidos molestos producidos en la vía pública por parroquianos que salieron del local” (CAF, 22-10-59).-

76.- “No se exime de responsabilidad la empresa de publicidad cuyo peón fijó carteles en infracción, aunque en los documentos del contrato con el beneficiario de la propaganda figure una constancia por la que éste asume la responsabilidad por las infracciones, pues ni está suscripta por el anunciante, ni tal contrato sería lícito” (CAF, 9-3-60).-

77.- “No procede la derivación de la responsabilidad en tercero propietario del surtidor de nafta en infracción a la ley, si el imputado es el beneficiario del expendio” (CAF, 12-6-63).-

78.- “Es nula la sentencia que condena al propietario de la mercadería introducida clandestinamente al Municipo si no está demostrada su responsabilidad y si el autor de la falta imputado en autos no ha sido juzgado” (CAF, 17-12-65).-

79.- “La responsabilidad del empresario de sala de espectáculos en la infracción de atentar contra la moral por gestos y palabras de los actores, aunque sean fuera del libreto aprobado, surge de la ley” (CAF, 22-12-65).-

 

IX. Error o ignorancia

 

80.- “Los principios del art. 34, inc. 1, CP, resultan perfectamente aplicables para el caso de las contravenciones, en cuanto a que el error y la ignorancia excluyen el dolo o la intencionalidad, porque implicando falsa noción eliminan la comprensión propia de la voluntariedad consciente del acto, porque le impiden saber que lo que hace es reprochable. En el error o ignorancia de derecho se distingue el error de derecho extrapenal, que es el que recae sobre una ley o norma no penal, de la que depende el conocimiento de que, con el acto, se lesiona un bien jurídico (p.ej., error sobre la reglamentación), del error o ignorancia penal, que es el que recae sobre la ley penal (o contravencional), que hace punible al hecho. Y si bien en otra época se admitía sólo el error de hecho, ya la moderna doctrina ha impuesto el criterio de que también funciona en el mismo plano el error de derecho extrapenal, pero también puede decirse, con sólido fundamento que el error de derecho extrapenal y el error sobre determinados elementos normativos del tipo que dependen de disposiciones civiles, administrativas, etc., sobre situaciones jurídicas relativas a determinadas calidades específicas de los sujetos o del objeto del delito o la falta son, en realidad, errores de hecho. En consecuencia, entiendo que la sentencia apelada debe ser revocada por falta de pruebas suficientes, y en su defecto, por haber mediado en los imputados, error de derecho extrapenal, que importa consecuencialmente, el dictado de la absolución de los mismos” (CApel. Penal, Rosario, Sala 3, 13-6-96, “Grasso”).-

81.- “Nuestro CP, en su art. 34 -en función de la tradicional distinción entre error de hecho y de derecho- sólo prevé el primer tipo de error, en virtud del principio “ignorantio vel error juris non excusat”, basado en la afirmación de que la ley promulgada se estima por todos conocida. Y si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia, a fin de no arribar a situaciones injustas, en general le reconocen relevancia al error de derecho en ciertas circunstancias, no es posible aceptar en el caso de autos que los imputados se amparen en el desconocimiento de la Ordenanza y el Decreto Reglamentario, puesto que como acertadamente lo pone de resalto el “a-quo”, “el otorgamiento de un permiso excepcional conlleva el conocimiento de las normas que regulan ese permiso” (C.A.Contrav. B.A., “R., M.G.”, 21-3-00).-

82.- “El error de hecho ya no es imputable al autor de un accidente de tránsito, cuando puso la diligencia necesaria para saber si la calle por la cual se conducía, y que carecía de señales de dirección, era de doble mano” (CCC Río Tercero, SJ, 974-1994).-

83.- “El concepto de error de prohibición se ha construido sobre la exigibilidad de la comprensión de la antijuridicidad del acto. Error que, de ser invencible tiene como efecto la eliminación del reproche jurídico de la conducta, extinguiéndose totalmente la responsabilidad penal (Creus). Así, el error invencible queda configurado cuando con la debida diligencia el sujeto no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto” (CA Contrav. CABA, 8-3-02, “A., P.”).-

84.- “El error de prohibición se distingue en directo o indirecto. Acerca del primero de ellos, es decir, sobre el error directo de prohibición, es el error que afecta siempre a la comprensión de la norma prohibida, sea por desconocimiento de su existencia, de su validez o su alcance. Asimismo, cabe señalar que es posible que haya conocimiento sin comprensión y por ende el error de prohibición directo no se agota en los casos en que hay desconocimiento de la existencia de la prohibición o del alcance de la misma, sino que también abarca el caso en que, existiendo este conocimiento, el error determina únicamente la ausencia de comprensión (error de comprensión). En este sentido, Zaffaroni enseña que “el error recae en forma directa sobre la norma prohibitiva o sobre su alcance. De ahí su nombre de error directo de prohibición: error que recae sobre la norma que da origen al tipo prohibitivo o sobre su alcance” (CA Contrav. CABA, 8-3-02, “A., P.”).-

85.- “El error acerca de la relevancia contravencional del injusto, es decir, sobre el conocimiento de que se trata de una conducta típica y antijurídica, deviene en un error directo de prohibición, por lo que afecta siempre la comprensión de la norma prohibida, sea por el desconocimiento de su existencia, de su validez o de su alcance. El encartado incurrió en un error sobre el contenido de la prohibición o mandato. Es más, no se cuestionó en ningún momento la existencia o no de una autorización por parte de Lotería del Estado, pues entendió que el permiso lo debería solicitar ante dicho organismo de contralor, el organizador del sorteo. Yerro éste, en el que no muy difícilmente podría incurrir un individuo en la situación del encausado, pues la representante de la Lotería Nacional apuntó que, en el caso de verificarse una promoción de este tipo, la intimación se cursa a la persona física o jurídica que aparece como organizador” (CAC CABA, Sala II, 8-3-02, causa 1159-CC/2002, “A., P.”).-

86.- “La doctrina diferencia dos clases de error de derecho: el error de tipo o el error de prohibición. En el caso, el error invocado, dado por la presunta falta de conocimiento preciso por parte del imputado en cuanto a la extensión a los espectáculos artísticos de la prohibición del Código Contravencional, queda comprendido en el error de prohibición, toda vez que dicho error recae normalmente sobre el reconocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Es decir que, aún cuando la acción del encartado pueda ser típica y antijurídica, no podría serle reprochada porque el error excluye la culpabilidad. Sin embargo, para que exista tal eximente, la imputada y su defensa técnica debieron demostrar en el curso del proceso que dicho error es invencible, es decir que el mismo no podía evitarse empleando la normal diligencia para el caso concreto. Si la imputada no logra demostrar la invencibilidad del error en que manifiesta haber incurrido, no puede utilizar el mismo para justificar su falta de culpabilidad” (CA Contrav. CABA, 10-9-02, “T., M.R.”).-

87.- “El error de prohibición se caracteriza por la consideración de que la conducta del autor, no es contraria al ordenamiento jurídico, es decir, que actúa en el convencimiento de que la conducta, sencillamente, no está prohibida. Este error, en el caso de ser vencible, tiene como conclusión la disminución del reproche del injusto, sólo pudiendo excluir la culpabilidad su invencibilidad” (CA Contrav. CABA, 8-10-02, “R., H.”).-

88.- “No resulta factible que la simple alegación del desconocimiento de una norma pueda ser viable para impedir la aplicación de una pena impuesta como consecuencia del dictado de una sentencia derivada de la realización de un juicio enmarcado dentro de los principios constitucionales aplicables, puesto que la alegación de la propia torpeza no constituye un impedimento para que el Estado ponga en funcionamiento su maquinaria represiva, sin dejar de recordar a estos efectos que el artículo 20 del Código Civil, “a contrario sensu” determina que la ley se reputa conocida por todos los habitantes” (CA Contrav. CABA, 13-7-01, causa 862/CC/01, “O., E.K.”).-

89.- “El error de tipo se presenta en aquellos casos en que el sujeto activo de la conducta cumple con los requisitos objetivos del tipo contravencional, pero desconociendo que su conducta carece de uno o más de los elementos descriptos por la norma (esto es, la falta de algún elemento subjetivo del tipo contravencional de que se tratare). La posibilidad de reprochabilidad, concepto de carácter normativo, se funda en la posibilidad que el sujeto tenía de hacer algo distinto a lo que hizo y que le era exigible en esas circunstancias que lo hiciese. La culpabilidad está compuesta por la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad del acto atribuido y que dicha exigibilidad lo sea en virtud de la inexistencia de una situación de reducción total de la autodeterminación” (CAContr. Bs. As., Sala II, 13-7-01, causa 862/CC/01, “O., E.K.”).-

90.- “El error de tipo es la falta de representación requerida por el dolo, que para nada requiere el conocimiento de la antinormatividad ni de la antijuridicidad, que sólo interesan al error de prohibición como exclusión de la culpabilidad. El error de tipo puede recaer sobre cualquiera de los elementos del tipo objetivo abarcados por el conocimiento del dolo. El error de prohibición impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad del injusto del acto, impide comprender la antijuridicidad, sin afectar los elementos requeridos en el tipo objetivo” (CAPCYF, 19-4-04, causa 1394-00/CC/04: “Martínez”).-

91.- “El error de prohibición elimina la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad, elemento integrante de la culpabilidad, e impide la comprensión del carácter de injusto del acto. A su vez, el dolo directo contiene dos vertientes: el desconocimiento de la norma o el conocimiento de la norma, pero desconociendo que su conducta choca con ella por efecto de un error de interpretación. Para poder ser invocado como causal de exclusión de la culpabilidad debe existir de modo concomitante a la acción típica y su presencia debe valorarse conforme al sujeto concreto, grado de instrucción, medio cultural, profesión, actividad habitual y circunstancias del hecho” (CAPCYF, 19-4-04, causa 1394-00/CC/04: “Martínez”).-

92.- “Para que el error de prohibición pueda excluir la culpabilidad de la contravención, debe tener el carácter de invencible. A fin de deslindar la evitabilidad de la inevitabilidad del error, se ha propiciado como baremo el mismo que se maneja para la imprudencia en relación al deber de examen del autor. En tal sentido, sostiene Stratenwerth que el error es inevitable cuando las dudas podían despejarse mediante reflexión o información. Puede existir una razón suficiente para cerciorarse de la juridicidad del propio comportamiento, cuando conscientemente ha sabido o creído en la posibilidad de que su comportamiento se desarrolla en un ámbito regulado por prescripciones jurídicas. En tal sentido no existiría error de prohibición si se obra con una conciencia eventual de la antijuridicidad, es decir, si se actuara sin tener clara la situación jurídica, considerando probable que su conducta estuviera permitida, pero contando con la posibilidad de que estuviera prohibida, pues quien posee la representación de que posiblemente comete algo injusto y asume esa posibilidad posee conciencia de la antijuridicidad; o, en otras palabras, si existen dudas sobre el carácter antijurídico del hecho se conforma el injusto culpable (Roxin)” (CAPCYF, 19-4-04, causa 1394-00/CC/04: “Martínez”).-

 

X. Estado de necesidad disculpante

 

93.- “Si bien resultan aplicables a las con­travenciones en general las causas de exculpación previstas en el CP, el ca­tálogo de causas de inculpabilidad nun­ca queda cerrado. En tal sentido, las si­tuaciones de disculpa pueden hallarse vinculadas a tipos determinados, lo que encuentra sustento justamente en que la acción tipificada en la norma, le permite paliar al autor su precaria situación brindándole medios para subsistir. Ello no impide tener pre­sente que los presupuestos de inculpa­bilidad se hallan expresamente delimi­tados y no pueden ser ampliados por el juez porque el legislador sólo renuncia al reproche de culpabilidad bajo las condiciones establecidas por la ley” (CCFCABA, Sala I, 5-10-05, causa 289/05, "Peña González”).-

94.- “En el caso, el sentenciante, al absolver por la venta de alimentos en la vía pú­blica sin permiso -investigada a la luz de la contravención sobre uso indebido del espacio público-, incluyó en la materialidad objetiva tí­pica, productos que por su naturaleza -alimentos- están excluidos de ella y, por otra, sustentó la atipicidad con elementos pertenecientes a la culpabi­lidad. Si bien el encartado cometió un injusto contravencional, los fundamen­tos esgrimidos por el juzgador para absolver encuentran ubicación en el es­trato de la culpabilidad configurando una situación reductora de la libre au­todeterminación, atento a que la limi­tada posición en que se encontraba el imputado determina la menor autono­mía para la realización del injusto, de­biendo considerarse a tal fin los da­tos que hacen a su estatus social, clase, pertenencia laboral o profesional, renta, estereotipo que se le aplica, etc.; es decir, por su posición dentro de la escala so­cial. Y con tal salvedad, la resolución corresponde ser confirmada. En efecto, para valorar acabadamente la situación personal en que se encontraba el impu­tado al momento de realizar la conducta contravencional endilgada, conforme se acredita en el caso, corresponde conside­rar que su marginalidad socio-económi­ca y la exclusión de toda posibilidad de inserción laboral fue el resultado de un paulatino proceso de desmoronamiento de las condiciones de trabajo con la con­secuente desintegración familiar. La si­tuación descripta determina la existen­cia de una limitación del ámbito de au­todeterminación del imputado suficiente para anular la exigibilidad de un com­portamiento alternativo conforme a de­recho, neutralizándose la posibilidad de reproche” (CCFCABA, Sala I, 5-10-05, causa 289/05, "Peña González”).-

95.- “Para establecer el alcance del institu­to disculpante plasmado en el art. 34, inc. 2, CP, de aplicación supleto­ria la nor­ma alude a los vocablos "grave", es de­cir que no puede tratarse de cualquier mal, sino de aquellos que poseen cierta entidad o magnitud, entendiéndose por tal aquellos que configuren una pérdida significativa de un bien jurídico; e "inminente", que implica "que amenaza o está por suceder prontamente", conno­ta una situación de premura o urgen­cia que se presenta ante el sujeto y que lo lleva a actuar en consecuencia, y en ese momento, a fin de evitar la situa­ción gravosa coaccionante. A propósito de esto refiere Zaffaroni que "no hay exigibilidad de una conducta diferente, que tiene lugar cuando opera una situa­ción que reduce notoriamente la auto­determinación del sujeto en el momento de la acción”. Ello permite inferir que la aplicación del instituto debe ser res­trictiva, limitándose a aquellos supues­tos donde el agente actúa determinado -en el momento- y en respuesta a una situación apremiante que se le presenta o está por presentársele prontamente, y no ante males cotidianos o de extensión permanente en el tiempo, como ser la vi­vencia a diario de una situación econó­mica precaria o acuciante. Lo contrario importaría que el sujeto pueda encon­trarse amparado indefinidamente y has­ta lograr un cambio de mejor fortuna para contravenir el tipo penal o contravencional de que se trate, extremo éste que no condice con el carácter excep­cional y restrictivo del instituto discul­pante” (CCFCABA, Sala II, 17-10-05, causa 50-00/CC/2005, "Coultas”).-

96.- “En el caso, no resulta aplicable el ins­tituto del estado de necesidad disculpante respecto de la conducta repro­chada al contraventor, toda vez que el hecho de encontrarse desempleado y carecer de recursos económicos a fin de afrontar las necesidades básicas de su familia, si bien representaba para el encartado una situación difícil, no con­lleva en manera alguna un mal inminente pasible de reducir considerable­mente su ámbito de determinación en el momento de su obrar. Ello en virtud de la cotidianeidad de la situación en que se encontraba el nombrado; lo con­trario importaría la aplicación de una suerte de disculpa desde el momento en que quedó desempleado, peor aún, pro­longada  “sine die” hasta que se revierta aquélla. Por ende, no opera una estre­cha relación entre esta situación de su vida diaria respecto de la conducta por él desplegada, y como respuesta a ese mal acuciante” (CCFCABA, Sala II, 17-10-05, causa 50-00/CC/2005, "Coultas”).-

97.- “El instituto disculpante plasmado en el art. 34, inc. 2, CP, encuentra fun­damento en la "notoria reducción del ámbito de autodeterminación del suje­to en la situación constelacional en que realiza la acción, lo que neutraliza la posibilidad de reproche”. En función de ello y a fin de comprobar tales extremos, el art. 34, inc. 2, CP, reza: "No son punibles... el que obrare vio­lentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e in­minente". Adviértase que el texto alu­de primeramente al vocablo "grave", es decir que no puede tratarse de cual­quier mal, sino de los que poseen cierta entidad o magnitud; entendiéndose por tal aquellos que configuren una pérdi­da significativa de un bien jurídico. De otro lado, el término inminente implica "que amenaza o está por suceder pron­tamente" y connota una situación de pre­mura o urgencia que se presenta ante el sujeto y que lo lleva a actuar en conse­cuencia, y en ese momento, a fin de evi­tar la situación gravosa coaccionante. A propósito de esto, refiere Zaffaroni que "no hay exigibilidad de una con­ducta diferente, que tiene lugar cuando opera una situación que reduce noto­riamente la autodeterminación del suje­to en el momento de la acción”. Ello permite inferir que la aplicación del ins­tituto debe ser restrictiva, limitándose a aquellos supuestos donde el agente ac­túa determinado -en el momento- y en respuesta a una situación apremiante que se le presenta o está por presentár­sele prontamente, y no ante males co­tidianos o de extensión permanente en el tiempo, como ser la vivencia a diario de una situación económica precaria o acuciante. Lo contrario importaría que el sujeto pueda encontrarse amparado indefinidamente y hasta lograr un cambio de mejor fortuna para contravenir el tipo penal o contravencional de que se trate, extremo éste que no condice con el carácter excepcional y restrictivo del instituto disculpante” (CCFCABA, Sala II, 10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

98.- “Difícilmente podría entenderse la in­minencia de un "mal grave", al que alude el texto del art. 34, inc. 2, CP, frente a situaciones de la vida diaria, generalizadas, como puede ser el des­empleo y la falta de recursos econó­micos sufridos por el sujeto, como en el caso de autos; sino más bien que el "mal grave e inminente" debe circuns­cribirse a un intervalo manifiesto y determinado, el que reducirá la autodeter­minación del sujeto al momento de su accionar” (CCFCABA, Sala II, 10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

99.- “En el caso, no resulta aplicable el ins­tituto del estado de necesidad disculpante respecto de la conducta reprocha­da al imputado, toda vez que el hecho de carecer de suficientes recursos econó­micos a fin de afrontar las necesidades básicas de su familia, si bien represen­ta para el encartado una situación di­fícil, consideramos que no conlleva en manera alguna un mal inminente pasi­ble de reducir considerablemente su ám­bito de determinación en el momento de su obrar. Ello en virtud de la cotidianei­dad de la situación en que se encontra­ba el nombrado; lo contrario importa­ría la aplicación de una suerte de dis­culpa desde el momento en que el im­putado comenzó a sufrir esas penurias y, peor aún, prolongarla “sine die” has­ta que se revierta aquélla. Por ende, no opera una estrecha relación entre esta situación de su vida diaria respecto de la conducta por él desplegada, y como respuesta a ese mal acucian te. Aún en el caso de analizar la cuestión desde la óp­tica de un eventual estado de necesidad justificante, previsto en el inc. 3 del art. 34, CP, "el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño", entendemos, por las razones ya esbozadas en el supues­to disculpante, que en el caso concreto no se reúnen los requisitos propios del estado de necesidad que resulta común a ambos, esto es, el mal grave e inminente e incluso, para la aplicación de la presente figura, la inevitabilidad del mismo por otro medio no lesivo o me­nos lesivo, extremo que no surge en la cuestión traída a revisión” (CCFCABA, Sala II, 10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

100.- “En el caso, concluimos en que a pe­sar del contexto socio-económico en que obró el imputado, no puede encuadrarse su conducta en los supuestos disculpantes o justificantes del art. 34, CP, toda vez que no se hallan reuni­dos los requisitos propios de ambas fi­guras y que, en su consecuencia, es sus­ceptible de reproche punitivo. La difícil situación económica por la que atrave­saba el imputado junto a su familia no son otra cosa que circunstancias de ate­nuación de la pena, que fueron sopesa­das adecuadamente por la juez a quo en su resolución” (CCFCABA, Sala II, 10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

101.- “La crisis económico-social, la margi­nalidad y la pobreza son fenómenos de injusticia social que han ido en orden ascendente en los últimos años y, desde ya, no escapan a nuestro conocimiento y aflicción. Hoy día, lamentablemente, son males generalizados en todo el país, y sin que se vislumbre por el momento que sean erradicados. Pero no es menos cierto que dicha situación, precisamen­te por ello, no deviene en forma excep­cional, ya que, por el contrario, se ha ido manteniendo inexorablemente has­ta nuestros días. Mal que nos pese, esta inestabilidad global no puede ser el dis­parador para el otorgamiento de permi­sos y/o disculpas indefinidas en el tiem­po, aplicables a todos y cada uno de los casos en particular que puedan presen­tarse en virtud de este contexto socio­económico imperante. Creemos, sin te­mor a equivocamos, que ésa no ha sido la finalidad del instituto disculpante del art. 34, inc. 2, CP, cuya aplicación es restrictiva. Ocurre que su viabilidad requiere de un conflicto entre bienes ju­rídicos y magnitudes de afectación más o menos equivalente de modo que no le sea exigible al autor una opción de­terminada. En el caso concreto, nos en­contramos con la confrontación de bie­nes jurídicos de distinta naturaleza; por un lado, "el uso del espacio público" y, por el otro, la protección de bienes como la vida, la salud, la integridad fí­sica y el derecho a la vivienda digna, entre otros. De dicha evaluación surge a las claras que se trata de bienes ju­rídicos no equiparables, con grados de magnitud de afectación de diferente va­lor y significancia” (CCFCABA, Sala II, 10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

102.- “En el caso, toda vez que la defensa ha planteado un estado de necesidad jus­tificante respecto del obrar reprocha­do a su pupilo -uso indebido del es­pacio público- y, en ese marco, debe responderse que no se advierten en la estructura de la conduc­ta los extremos excluyentes del injusto que prevé el tipo permisivo del inc. 3 del art. 34, CP, resultando evidente que la colisión de bienes percibida por el imputado y que lo decidiera por la vulneración al bien jurídico protegido por el citado artículo, en salvaguarda de la manutención y asistencia tanto propia como de su núcleo familiar, no puede invocarse como licencia jurídica autorizante. Para tal análisis ha de par­tirse en el caso de la naturaleza al me­nos general o colectiva del bien objeto de tutela cuya lesión se reprocha -usar indebidamente el espacio públi­co-, enfrentada al carácter individual y concreto de bienes jurídicos altamen­te valiosos para el imputado, como los inherentes a la indemnidad global de su núcleo familiar y que lo condujera a procurar su resguardo. A la luz de lo expuesto, aunque la jerarquía del bien sacrificado pueda aparecer como infe­rior al preservado, la hipótesis justifi­cante que ensaya la defensa no deviene procedente en razón de que la vía de salvamento empleada por el imputado -venta de alimentos no autorizada en el espacio público- no puede reputar­se como adecuada desde la óptica de las significaciones valorativas del Derecho. Requisito ineludible para la viabilidad de la justificante invocada. Por el con­trario, es la ausencia de exigibilidad de un comportamiento diverso -en fun­ción de las particulares circunstancias analizadas precedentemente- la que impide fundar el reproche, por cuan­to el imputado obró en un contexto de presión psíquica motivada en las necesidades vitales existentes y padecidas por su grupo familiar, que operó como reductora del ámbito de libertad en la decisión por la vulneración de otro bien jurídico, la que se estimó como necesa­ria para la obtención del fin propues­to. Lo anterior denota la existencia del conflicto de bienes jurídicos, núcleo de la estructura de esta causa de exclusión de la culpabilidad, que se resuelve con el sacrificio de uno de ellos en favor del otro. Así, el estado de necesidad excul­pante que subsume la situación descrip­ta en cuanto hipótesis de inexigibilidad, consiste en el caso en el padecimiento de un estado lesivo -como tal inmi­nente y grave- respecto de bienes ju­rídicos altamente valiosos como los in­herentes a la indemnidad global de su núcleo familiar, en la satisfacción de las necesidades básicas (alimento, vivien­da, salud)” (CCFCABA, Sala II,  10-5-06, causa 428/05, "Ávalos”).-

 

XI. Casos particulares

 

103.- “El deber de cuidado que hace referencia el “a-quo” en la sentencia en crisis, tiene como límites los parámetros fijados precedentemente tanto en orden espacial como personal. En el sentido apuntado no puede ser otra la interpretación del artículo de suministro de alcohol a menores, habida cuenta que extender su aplicación a personas o lugares irrazonables o de imposible cumplimiento resultaría repugnante al mínimo sentido de justicia que es nuestra primera obligación asegurar, erradicando el concepto de peligrosidad sin delito o contravención” (CAContrav. CABA, 7-9-99, causa 098-CC/99).-

104.- “Para que proceda la causal de justificación de estado de necesidad, es necesario el elemento subjetivo de la misma, que radica en la finalidad de evitar un mal mayor, destacándose también que el mal causado debe ser el menos lesivo al bien jurídico que tiende a proteger la norma” (C.A.Contrav. B.A., “S., N.B.”, 29-9-00).-

105.- “El apelante reconoce haber dejado el vehículo de su propiedad estacionado sobre la calle el día del hecho, lo que justifica con la exhibición de la oblea de libre estacionamiento. Del acta de infracción se colige que dicha zona se trata de un lugar prohibido, reservado para ascenso y descenso de caudales. El agente municipal plasma en un acta un hecho por él constatado y que podría constituir una contravención. El Intendente de la Municipalidad de Mendoza, tras la firma del convenio a que hace referencia el art. 13, ley 6082 (Decreto 2061/94, anexo II), ejerce las facultades adquiridas para dictar normas dentro de su respectiva jurisdicción, tendientes a organizar el sistema de estacionamiento de vehículos en la vía pública (art. 4, inc. f, ley 6082) y, en consecuencia, dicta el Decreto 1351, del 5 de diciembre de 1995. Sin embargo, en dicho instrumento no se hace mención a que carezcan de validez las franquicias que, conforme a la LT y su DR, se encuentra facultada a otorgar la Dirección de Tránsito de la Policía de Mendoza. Del informe del Director de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, se concluye que quien se encontraba al frente de la Dirección de Tránsito, conforme a las facultades conferidas por los arts. 3, 4, inc. f, y 77, inc. b, ley 6082, y 4, 8 y 118, DR 867/94, otorgó la autorización de libre estacionamiento al recurrente. Cabe aclarar que no corresponde en esta instancia expedirse sobre las causas que motivaron la concesión de la oblea. No existe constancia de que la franquicia se haya conferido mediante resolución alguna, es decir, que no consta que se haya notificado al usuario limitación en cuanto a la validez territorial del instrumento que se le otorgaba. De todo lo anteriormente analizado se puede concluir que, como reza el parte vial, el rodado Fiat se encontraba estacionado en un lugar demarcado como reservado para caudales, que dicho móvil presentaba una oblea de libre estacionamiento otorgada conforme a las disposiciones de la ley 6082 y DR y que no existen en autos elementos que demuestren que el causante no se encontraba autorizado a la acción previamente descripta. Es decir, encontrándonos “prima facie” ante un hecho típico, descripto por el art. 62, inc. d, ley 6082, existe sin embargo una causa de justificación que excluye la antijuridicidad del mismo: el ejercicio legítimo de un derecho (art. 34, inc. 4, CP, supletorio en la especie en función de los arts. 82 y 110, ley 6082), lo que convierte el hecho en no punible. Por ello, se resuelve revocar la sentencia absolviendo al imputado de la infracción que se le atribuía en la presente causa” (2° JFaltas Mendoza, 20-6-00, LS 2000-287).-

106.- “De acuerdo al cuadro probatorio, surge con inobjetable claridad, que el condenado en la primera instancia, creyó en todo momento que lo que estaba arrojando por la cámara era solamente agua, por lo que en principio nos encontramos frente a un error de tipo. El error de tipo recae sobre el desconocimiento de uno de los elementos subjetivos del tipo por parte del sujeto que realiza la acción, ya que éste cree que no lleva a cabo la conducta típica, aunque todos los elementos objetivos del tipo sí estén realizados. El error de tipo excluirá la tipicidad cuando el mismo no fuera vencible y, en caso de serlo, sólo excluirá la tipicidad dolosa, abriendo paso a la imputación culposa. Conforme las pruebas agregadas a la causa, el imputado desconocía que su conducta fuera violatoria del Código Contravencional puesto que no tenía conciencia de la existencia del aceite en el líquido desalojado, lo cual produce la ausencia de un elemento fundamental subjetivo del tipo en cuestión, y cuyo resultado elimina la tipicidad dolosa. Se debe observar cuál es el alcance que corresponde atribuir a este error de tipo y determinar si el mismo era o no vencible y definir cuáles eran los alcances del deber de cuidado específico del agente al momento del hecho. Es factible concluir que no es posible atribuir un deber de cuidado especial al imputado, en relación a lo que puede esperarse de cualquier agente, por no haber sido el único interviniente, sino sólo por estar a cargo del proceso; la realización de los hechos pudo haber sido atribuida a quienes en definitiva, sólo depusieron en calidad de testigos (colaboradores en la tarea realizada por el imputado). Por lo que en definitiva es convicción de este tribunal que el error de tipo en el que se hallaba el imputado es de carácter invencible, y corresponde arribar a un pronunciamiento remisorio del imputado” (CA Contrav. CABA, 12-3-01, “M., W.F.”).-

107.- “Si bien el error inducido por el imputado en orden a considerarse habilitado para comerciar “anteojos para el sol o de protección solar” sin contar con autorización para ello, no sería inevitable o absolutamente excusable en orden a la comisión de la falta de negocios no autorizados o prohibidos, corresponde disponer su absolución pues en el caso las disposiciones del decreto desregulatorio de diversas actividades -incluida la descripta- permiten concluir que se trata de un error entendible en momentos en que existen cambios vertiginosos de leyes y usos y prácticas comerciales” (CPenal Santa Fe, Sala IV, 11-3-99, LLLitoral, 2000-775-1549).-

108.- “El imputado organizó la emisión de un bono-contribución sin haber solicitado la pertinente autorización del organismo fiscal de la Provincia. El recurrente no logra desmerecer con plausibles fundamentos las aseveraciones vertidas por la Cámara para apoyar la denegatoria en relación a lo decidido por la Sala en punto a que no resultaba de aplicación en el “sub-lite” el artículo del CF en virtud del cual el error de derecho excusable excluye la culpabilidad, por cuanto se trataba de la aplicación de una normativa fiscal bien clara que no establecía un régimen de excepciones en el que pudiera ampararse el hecho que motivara los autos. El recurrente tampoco trató de conmover el fundamento de la resolución impugnada en lo que refiere a la inaplicabilidad del error de derecho excusable, en punto a que realmente llama la atención, en la especie, que un dirigente obrero que actúa al frente de un gremio muy importante que nuclea a numerosos afiliados de un sector público y que cuenta, seguramente, con estructuras administrativas y jurídicas, que pudieron haber sido consultadas previamente al lanzamiento del bono, no se haya percatado de la exigencia legal de la autorización que se requería para que dicho bono-contribución pudiera circular” (SCJ Santa Fe, 11-5-95, “J.A.D.”, causa 160/95).-

 

 

 

PARTICIPACIÓN

 

 

I. Participación

 

 

1.- “Las faltas, por su naturaleza, admiten la posibilidad del concurso de varias personas en su realización cuando hay concurso de contribuciones en aportes físicos o morales, por lo que no hay ninguna razón de carácter doctrinario que excluya la responsabilidad de los cooperadores. Las reglas sobre participación se aplican a las faltas” (CCC, Fallos, II-48; JA, 44-815).-

 

II. Autoría

 

 

2.- “Autor es quien tiene dominio final del hecho; la autoría no se basa en cualquier contribución a la causación final del resultado, sino como una unidad de sentido objetivo-subjetiva; el hecho se manifiesta como la obra de una voluntad que dirige el suceso (Jescheck)” (CA Contrav. CABA, 5-2-02, “C., H.M.”).-

3.- “No puede ser condenado por representación, aquel sujeto que intrínsecamente no puede ser considerado autor” (CA Contrav. CABA, 5-2-02, “C., H.M.”).-

4.- “Se debe determinar a quién se le pueden imputar los hechos como propios, aquel que los realiza y del que puede decirse que el hecho le pertenece. En el caso, de las pruebas testimoniales depuestas durante la audiencia de juicio surge que el imputado se desempeñaba como trabajador en relación de dependencia con respecto a una persona (ya sea esta física o jurídica) a la cuál no podía representar, puesto que no tenía el poder suficiente como para que las condiciones objetivas de punibilidad puedan ser variadas, lo que equivale a afirmar que en ningún momento él se encontraba con el dominio del hecho y, consecuentemente, nunca pudo ser considerado autor” (CA Contrav. CABA, 5-2-02, 5-2-02, “C., H.M.”).-

5.- “Conforme a un concepto restrictivo de la autoría de los ilícitos de naturaleza penal, no se categorizan como tales a quienes no tienen un dominio funcional del hecho, que implica una división entre los conceptos de coautoría y participación. Así, en el caso en concreto, y como criterio óntico, la idea del dominio funcional del hecho se asienta sobre la finalidad de la conducta, la cual, a su vez, debe ser claramente distanciada de la idea del dolo. De esta manera, corresponde someter la conducta desplegada a un examen, de acuerdo con las probanzas que deban emerger de la actuación de los operadores judiciales en el proceso específico, a los efectos de determinar si estaba en cabeza del sojuzgado la finalidad de llevar adelante una conducta perteneciente a un plan ilícito (o "criminal") o sólo ésta poseía una virtualidad suficiente como para considerar que la misma se orientaba a prestar una ayuda” (CA Contrav. CABA, 26-12-02, “C., M.D.”).-

6.- “La distinción entre autores y coautores no responde a ninguna finalidad práctica, desde que es idéntica la pena estatuida para los autores y coautores. No se advierte cómo ha de precisarse la diferencia entre el que ejecuta materialmente el delito y el que presta un auxilio o cooperación -de carácter material- sin los cuales no habría podido cometerse. En la aplicación de este concepto surgen dificultades para determinar cuándo el auxilio o la cooperación han de juzgarse esenciales a fin de distinguirlos de la cooperación accesoria constitutiva de la complicidad secundaria, que alude a los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho. Evidentemente, por la naturaleza misma de la cuestión, es imposible fijar reglas que permitan resolverla con acierto. Sólo el prudente arbitrio judicial puede decidirla” (ST Corrientes, 9-4-96).-

7.- “A esta altura del desarrollo de la dogmática penal, no cabe ninguna duda que es imposible que exista responsabilidad sin culpa, esto es, sin que pueda dirigirse a alguien un juicio de reproche en función de una conducta deliberadamente dirigida a contrariar una norma. Al respecto es preciso recordar que es autor quien lleva a cabo la acción típica descripta en la norma contravencional. En el caso concreto, quien perturbó el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia, excedieron la normal tolerancia de los vecinos de la finca lindera. De las pruebas agregadas a la causa se abre un abanico de dudas acerca de quién fue en realidad el responsable de los ruidos molestos ocasionados por los motores de los equipos de aire acondicionado y de extracción de aire. Si bien el imputado coordinaba los trabajos realizados en la obra y atendió a los vecinos afectados por los ruidos de los motores, dado que por la actividad se encontraba con asiduidad en el lugar, dicha circunstancia no lo convierte en autor de la contravención en examen. En el caso, no se advierte una actuación del imputado que implique en los hechos representar a otra persona, atento a que el menester del encartado no puede sin más ser asimilado o equiparado a las funciones de quienes planificaron la obra, decidiendo la utilización de los equipos cuestionados; al respecto, está claro que el imputado no tuvo el más mínimo poder de decisión, no dándose tampoco el “actuar por el otro” que es requisito ineludible para la operatividad de la norma contravencional” (CA Contrav. CABA, causa 247/CC/00, 16-3-01, “L., J.J.”).-

8.- “La cuestión se ciñe en determinar cuál era el rol del imputado, ya que el nombrado detentaba la calidad de encargado. La circunstancia de que todas las determinaciones concernientes al local pasaran a su persona, llevó a afirmar que el enjuiciado era quien tenía el dominio del hecho enrostrado, es decir, el poder de decisión que le permitía la consumación o no de la conducta. Sabido es que la posición de las personas en un sistema productivo organizado bajo los principios de división de trabajo, especialización y complementariedad de las aportaciones individuales, más precisamente el papel, función o rol que desarrollan en una empresa, es lo que motiva, forma y a la vez limita un ámbito de competencia y de responsabilidad a título personal, que la consideración jurídico-penal no puede evitar. Así, el carácter de encargado que detentaba el enjuiciado, con el alcance señalado en lo que atañe a atribuciones, ya que era él quien decidía qué hacer o no hacer en las instalaciones del comercio, es lo que permitió dirigir el juicio de reproche al nombrado” (CCBA, causa 179-00, “B., W.”).-

9.- “El imputado se desempeñaba como trabajador en relación de dependencia con respecto a una persona (ya sea ésta física o jurídica) a la cual no podía representar, puesto que no tenía el poder suficiente como para que las condiciones objetivas de punibilidad pudieran ser variadas, lo que equivale a afirmar que, en ningún momento, él se encontraba con el dominio del hecho, y consecuentemente, nunca pudo ser considerado autor” (CAC CABA, Sala II, 5-2-02, “C., M.”).-

 

III. Coautoría

 

10.- “No debe confundirse coejecución (coautoría) con participación criminal, porque en ésta efectivamente tenemos la relación de accesoriedad. En términos generales, coautores son los que toman parte en la ejecución del hecho (art. 45, CP). El concepto de ejecución del hecho sirve, por lo tanto, para delimitar la coautoría de lo que por ser un auxilio, cooperación o ayuda para el hecho, únicamente es complicidad (arts. 45 y 46, CP). En relación a la coautoría, la fórmula de ejecución del hecho no tiene el significado restringido de conducta consumativa del delito, como sucede, por el contrario, respecto del autor principal. Cuando hay una decisión conjunta en el hecho común y si bien por razones funcionales los imputados dividieron sus tareas, ambos tienen el codominio del hecho, ofreciendo una contribución sin la cual el hecho no se hubiera podido cometer; por tanto, son coautores” (CPenal Rosario, Sala I, 10-2-92, “A., J.N.”).-

11.- “Si de la descripción de los hechos surge que la imputada tomó parte voluntariamente en la ejecución de un delito que fue consumado por la acción conjunta de dos intervinientes, ello basta para que se la responsabilice como coautora, en términos del art. 45, CP” (SCBA, 8-4-97, DJBA, 153-58).-

12.- “La coautoría requiere en su aspecto subjetivo, que los intervinientes se vinculen recíprocamente mediante un acuerdo en común de realizar el hecho, debiendo asumir cada uno de ellos un cometido parcial necesario para la totalidad del plan, que les haga aparecer como cotitulares de la responsabilidad por la ejecución de todo el hecho. La resolución común de ejecutar el hecho es el vínculo que convierte las distintas partes en un todo. En sentido objetivo, la aportación de cada coautor debe encerrar un determinado grado de importancia funcional, de modo que la colaboración de cada uno de ellos mediante el desempeño de la función que a cada uno le corresponde, se presente como una pieza esencial para la realización del plan general. Empero, la necesidad del aporte del coautor funcional no tiene que ser medido en términos absolutos (en el sentido que sin el mismo el hecho no se hubiere podido cometer), sino desde una perspectiva relativa, esto es, que el hecho no habría podido cometerse tal como se cometió, en la forma concreta en que fue llevado a cabo” (SCJM, 15-6-99, LS, 288-481).-

13.- “La coautoría abarca a los que cometen actos típicamente consumativos y a quienes cumplen actos que ayudan o complementan dichos actos. También, quien no hace nada por evitar el curso de los sucesos planeados por el autor, y “los deja correr” dolosamente, tiene la plena coposesión final del hecho íntegro, dado que el hecho total ejecutado, aparece así, como la realización de una voluntad común, para cuya formación cada uno de los coautores contribuyó de manera directa” (6ªCCrim.Mza., 23-11-98, “Muñoz”).-

14.- “Los coautores concurren a la comisión del delito en una doble comunidad objetiva y subjetiva, concretada en acciones autónomas de modo que cada uno de ellos, aún suprimida mentalmente la actuación del otro, resulta verdadero autor, designándolos el art. 45, CP, como “los que tomasen parte en la ejecución del hecho”. Si bien la participación es accesoria de un hecho principal, nadie responde de la culpa del otro en él, sino de la propia. Para apreciar la participación criminal de un delito en cuya ejecución han cooperado objetiva y subjetivamente varios sujetos, debe considerarse el hecho en su totalidad, pues la participación lo es en el delito, y no en la acción del otro” (SC San Juan, 16-3-89, “Reyes”).-

15.- “Es coautor no sólo el que cumple actos típicamente consumativos, sino también el que, con su presencia activa y concomitante, y queriendo el hecho como obra propia, cumple actos que integran la objetividad y subjetividad del hecho delictivo” (CCrim. San Francisco, LLC, 15-12-12-99-1519).-

16.- “La coautoría es la participación de dos o más personas en los actos de ejecución del delito con ánimo de obrar en común. Ella supone la división de tareas en el ámbito de la ejecución de la conducta típica. Este ámbito comprende todos los ámbitos principales y accesorios que en el caso concreto integran la conducta consumativa del delito. La coautoría abarca los que cometen actos típicamente consumativos y a quienes cumplen actos que los ayudan o complementan” (2°TOCrim.Fed. Córdoba, 9-10-96, LLC, 1997-665).-

17.- “Se debe responsabilizar a título de coautores cuando, en los hechos, los imputados han convergido para la realización de la acción típica, más allá que en el aspecto objetivo de los hechos se hubiere dado una división del trabajo, pues en el plano subjetivo ha habido una decisión común al hecho. Esta coautoría funcional implica una imputación inmediata  y mutua de todos los aportes que se prestan en el marco de una decisión común” (CAContrav. C.A.B.A., “Martínez”, 19-4-04).-

 

IV. Autoría mediata

 

18.- “Cuando alguien se vale de ignorantes o víctimas de un error, cuya falta de saber fue utilizada para ponerlos en acción y convertirlos en medio ejecutivo del delito, no estamos ante un supuesto de coautoría, sino de autoría única y principal y se diferencia de la instigación, donde el ejecutor actúa libremente y sabiendo que realiza un acto ilícito. En estos casos, por el contrario, el error impide que el sujeto instrumento del agente pueda decidir con voluntad, ya que la misma se encuentra viciada, y provoca que realice un acto ilícito sin que tenga conciencia de ello. Por tanto, la responsabilidad penal recae exclusivamente sobre quien indujo al error o valiéndose del mismo utilizó como brazo ejecutor a otro” (CPenal Santa Fe, Sala III, 10-11-86, Juris, 81-525).-

19.- “La doctrina está en general de acuerdo con asignar el nombre de “autor mediato” al que se vale de otra persona para ejecutar la acción típica; así el autor pese a no realizar conducta típica mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya voluntad, por alguna razón se encuentra sometida a su designio. Es decir, en la autoría mediata concurren por una parte una persona humana que es utilizada como instrumento -actuando sin dolo, atípica o justificadamente- y por otro un sujeto que utiliza dicho “instrumento” para realizar el delito, por tanto hay un autor detrás del ejecutor. Por su parte, existirían tres formas típicas en las cuales un determinado suceso puede ser dominado sin que el autor tenga que estar presente en el momento de la ejecución del mismo (autoría mediata), éstas serían: al coaccionar al ejecutante, engañarlo -es decir que actúe por error- o que de la orden a través de un aparato de poder, “el cual asegure la ejecución de órdenes incluso sin coacción o engaño, dado que el aparato por sí mismo garantiza la ejecución” (Roxin)” (CAPCYF, 24-10-08, causa 1536-00-00-CC/2008: “Kuperman”).-

20.- “Existen, según Roxin, dos manifestaciones típicas para determinar la existencia del tipo de autoría mediata entendida como el dominio de la voluntad a través de un aparato de poder organizado.El primero de ellos -y mas frecuente- es aquel en el que quienes ostenten el poder estatal -con ayuda de organizaciones subordinadas a ellos- cometan delitos pues sólo -en principio- el poder estatal puede operar al margen de la ley, aún cuando no están vigentes lasgarantías del Estado de derecho. El segundo, se refiere a hechos que se cometen en el marco de movimientos clandestinos, organizaciones secretas, bandas criminales etc. En estos casos, destaca Roxin, es necesario que se trate de una organización  rígida, independiente del cambio de los miembros concretos, con una orientación afín del aparato en su conjunto, contraria al ordenamiento jurídico estatal y que vulnere las normas penales positivas, es decir, debe tratarse del Estado dentro del Estado que se haya emancipado en general en determinadas relaciones con respecto al ordenamiento de la comunidad. En cuanto a este último supuesto, el mismo autor aclara que en tales agrupaciones intraestatales hay que sercauteloso al estimar el dominio de la organización pues si se reúnen elementos asociales para cometer delitos y eligen a uno como cabecilla, el grupo no constituye perse un “aparato de poder”, pues la comunidad se basa en las relaciones individuales recíprocas entre los intervinientes y no posee la existencia independiente del cambio de los miembros que presupone en tales casos esta forma de dominio de la voluntad. En consecuencia, señala que se debe ser muy cauteloso al trasladar esta construcción teórica sin más a la motivación de acciones delictivas por superiores en empresas económicas y otras organizaciones jerárquicamente organizadas sin tener en cuenta la forma de cooperación, pues esto constituiría una sobreextensión de la autoría (Roxin)” (CAPCYF, 24-10-08, causa 1536-00-00-CC/2008: “Kuperman”).-

 

V. Representación

 

21.- “Adquiere la figura de la representación quien se constituye como responsable del local ante los preventores y en la audiencia se presenta como el encargado del establecimiento, como así también manifiesta ser el apoderado de la sociedad en el debate oral y público y ser quien recibió las intimaciones administrativas oportunamente cursadas” (CA Contrav. CABA, 21-8-02, “R., S.G.”).-

22.- “El que actúe en representación de otro responde personalmente por la contravención, aunque no concurran en él y sí en el representado las calidades exigidas por la figura. La imputación se deriva de la representación de una persona jurídica, la cual no está capacitada para responder contravencionalmente por sí, debido a su incapacidad para actuar con relevancia penal, con independencia de la imputación que corresponde a los sujetos que la representan. Por tanto, la imputación atribuida al encartado es, en principio, ineficaz, toda vez que no existe un mandato que le haya sido conferido a los efectos de representar a la persona jurídica. Por lo demás, y examinadas las actuaciones del juicio oral, no surge siquiera la presencia del imputado en el tiempo y el lugar de la comisión de los hechos sobre juzgamiento. Su ausencia durante el desarrollo de los hechos aquí juzgados, confirma los indicios compuestos por las previsiones legales del sistema societario, e impide formalizar una atribución subjetiva de los supuestos ilícitos. Aceptar la imputación solicitada, implicaría la aceptación de la introducción de una causal de responsabilidad objetiva en nuestro sistema contravencional” (CA Contrav. CABA, 19-7-02, “M., J.A.”).-

23.- “En materia contravencional no son aplicables las reglas del mandato civil (art. 1869, CC), en virtud de la cual, el administrador-mandatario es solamente aquel que representa al mandante, a fin de ejecutar en su nombre y de su cuenta, uno o diversos actos jurídicos, no asumiendo ninguna responsabilidad en la medida que actúe dentro de los límites del mandato y no perjudique a su mandante (art. 1904, CC). En cambio, en la ley contravencional, aquel que actúa en representación de otro responde personalmente por la contravención, aunque no concurran en él y sí en el representado las calidades exigidas por la figura para ser considerado autor. Se trata de una aplicación concreta de la moderna doctrina denominada "teoría del dominio del hecho", mediante la cual puede considerarse autor a quien tiene ese dominio, aún cuando en el caso concreto se haya limitado a hacer un aporte que no permita inferir, de su parte, la realización de la acción típica (Creus). En consecuencia, es posible afirmar que el administrador de un consorcio, por la relación que lo liga con los propietarios, es la persona designada como su representante para administrar las cosas de aprovechamiento común (art. 9, ley 13.512). En estos casos "el administrador asume frente al entorno de su ámbito organizativo, un compromiso de control de riesgos para bienes jurídicos, que pueden dimanar de las personas o cosas que se encuentran sometidas a su dirección" (Silva Sánchez). En el caso, resulta evidente que el administrador, al no impedir la continuación de los ruidos molestos, no cumplió con el deber que su situación de garante le imponía” (CA Contrav. CABA, 26-11-02, “B., E.M.”).-

24.- “Se afirma en doctrina que la figura del actuar en lugar de otro se aplica a los supuestos en que el que ha actuado directamente carece de los elemen­tos típicos personales calificativos de la autoría del delito correspondiente y no puede ser castigado porque lo impide el principio de legalidad y sus derivados de tipicidad y prohibición de la analogía contra el reo. La persona en lugar de la cual ha actuado este sujeto, en cambio, a pesar de que posee la cualidad especial de la autoría del delito en cuestión, no ha actuado, o por ser una persona jurí­dica o un incapaz, faltan en ella los presupuestos de la responsabilidad crimi­nal y tampoco puede ser castigada, pro­duciéndose así una laguna de punibili­dad*. Se trata de supuestos en los que se produce una dispersión personal de los elementos del tipo en su ejecución, pues la totalidad de los mismos concurren en dos personas que están engranadas de tal forma que se reparte entre las dos de modo parcial e incomunicable” (CCFCABA, Sala I, 3-3-05, causa 339-00-CC-2004, "Ronchetti”).-

 

VI. Complicidad primaria

 

25.- “La participación criminal se distingue de la autoría porque en aquélla el agente participa en un hecho ajeno, y no tiene, por ende, el dominio del hecho principal. La participación se caracteriza por una propia dirección de la voluntad y de conocimiento de quienes intervienen: el autor principal actúa dolosamente y a su vez el partícipe lo hace con voluntad de consumación del hecho punible ajeno, inspirando o apoyando al autor” (SCJM, 8-7-98, LS, 281-224).-

26.- “El CP define la complicidad primaria como el prestar al autor o autores, una cooperación o auxilio sin los cuales el hecho no habría podido cometerse (art. 45, CP). Es decir que la norma emplea un procedimiento hipotético de eliminación para distinguir a aquélla de la secundaria que estriba en constatar si el evento en concreto se habría consumado suprimiendo la contribución del partícipe” (STJ Viedma, 15-4-93, “Montalvo”).-

27.- “La participación necesaria se manifiesta no sólo cuando se concurre a la ejecución de un delito, sino también cuando se ha prestado una ayuda, asistencia o contribución antes de su efectiva realización, en la medida en que importe un precedente del delito, de modo tal que sin ella no hubiera podido cometerse” (7ª CCrim. Córdoba, LLC, 16-1-2-99-94).-

28.- “El límite máximo posible de la participación necesaria está determinado por la consumación del delito o, si el mismo es permanente, hasta que dejó de consumarse” (JInstruc. Córdoba, CyJ, XXV-1974-LXXVIII).-

29.- “La falta de acuerdo previo y de individualización del autor o autores del hecho no afectan a la caracterización de la participación primaria. No es conceptualmente necesaria a los fines de la aplicación del art. 45, CP, la existencia de acuerdo previo entre los protagonistas, pues a tal efecto basta la convergencia intencional en la realización del hecho común. Los grados de accesoriedad que el Derecho penal pueda atribuir a determinadas especies de participación no obstan que respecto a cada autor y cada partícipe pueda o no probarse, con recíproca independencia, sus respectivas condiciones de tales” (SCBA, 22-4-97, DJBA, 153-29).-<