SEGUNDA CAMARA DEL TRABAJO - PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA
PODER JUDICIAL MENDOZA
foja: 45
CUIJ: 13-07385824-5((010402-166245))
ORUE JORGE LUIS C/ SIMC&A S.R.L. P/ DESPIDO (EXPEDIENTE DIGITAL)
*106531426*
En la ciudad de Mendoza, sede territorial de la Primer Circunscripción Judicial, provincia de Mendoza, República Argentina, a dieciseis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, la Excma. Segunda Cámara del Trabajo, en sala UNIPERSONAL, a cargo del Dr. MARIANO G. LUSVERTI, conforme sigue a continuación, se procede a dictar sentencia definitiva en los autos Nº 166.245, caratula-dos "ORUE JORGE C/ SIMC&A S.R.L. P/ DESPIDO”, de cuyas constancias,
RESULTA:
1. Se presenta el actor e inicia demanda contra SIMC&A S.R.L. el día 22 de septiembre de 2021, Convenio Colectivo de Trabajo N.º 38/39, cumpliendo 14 días se-guidos de 14 días de franco.
La empleadora del actor es una empresa que brinda servicios especializados de asistencia técnica para flotas de equipos pesados, dedicándose al mantenimiento mecáni-co de equipos mineros.
Las labores consistían en detectar fallas hidráulicas, mecánicas y eléctricas en equipos de perforación de superficie y de interior de mina, así como en camiones, mani-puladores telescópicos y otros equipos mineros.
Por lo que narra el actor, la demandada había suscripto un contrato de locación de servicios con la empresa NEWMONT CERRO NEGRO S.A. para la prestación de servicios de mantenimiento mecánico multiflota, comprendiendo aproximadamente ochenta equipos pertenecientes al proyecto minero Cerro Negro, actualmente operado por dicha empresa (anteriormente OROPLATA S.A.).
Las tareas se desarrollaban en talleres, superficie, campo y también bajo mina.
El actor se desempeñó inicialmente durante aproximadamente un año en la ca-tegoría 2 del CCT 38/89, desarrollando tareas de soporte técnico, entre las cuales se en-contraban: búsqueda de repuestos; generación de avisos para órdenes de trabajo; coordi-nación con planificadores del cliente; asistencia técnica a mecánicos y supervisores; ma-nejo de información técnica de los equipos de la flota; análisis de fallas de componentes; elaboración de informes técnicos internos y externos; generación de backlogs; control de novedades diarias de los equipos; inspecciones en terreno y en taller; intervención en tareas críticas ante faltante de personal; control de stock en depósito; cálculo de indica-dores de mantenimiento (KPI); y desarrollo de planes de mejora y recuperación de acti-vidades del proyecto.
Posteriormente, el Sr. Jorge Orue fue ascendido a categoría 3, continuando bajo el Convenio Colectivo 38/39, según lo manifestado por la empleadora en atención a su buen desempeño y experiencia.
El actor afirma haber cumplido cabalmente con su débito laboral, conforme a los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, desempeñando sus funciones con lealtad, respeto y diligencia, ajustándose a las instrucciones impartidas por su empleadora y labo-rando de manera regular, habitual e ininterrumpida durante toda la relación laboral.
Refiere asimismo que en diciembre de 2022 se trasladó a la provincia de Men-doza por razones familiares, oportunidad en la cual la empresa le ofreció colaborar con los traslados desde Mendoza hacia Comodoro Rivadavia, remitiéndole los pasajes aéreos correspondientes. De este modo, el trabajador cumplía su turno de 14 días de trabajo en el yacimiento, regresando luego a Mendoza durante su período de descanso, para poste-riormente reincorporarse al turno siguiente. Dichas circunstancias —según afirma— se encuentran acreditadas mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp acompa-ñados.
En febrero de 2023, la empresa Newmont Cerro Negro S.A. comunicó la resci-sión unilateral del contrato de locación de servicios con la firma demandada. En conse-cuencia, el actor continuó prestando tareas en el proyecto Cerro Negro hasta la primera quincena de marzo de 2023.
Agrega que, posteriormente, se le informó verbalmente la finalización de dicho contrato.
Ante los cambios introducidos en la relación laboral, el trabajador remitió tele-grama laboral de fecha 3 de abril de 2023, mediante el cual emplazó a la empleadora a restituir las condiciones originales de trabajo, por considerar que se habían modificado el lugar de prestación de tareas, la remuneración y la jornada laboral, bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y despedido por culpa del empleador. Asimismo, co-municó la retención de tareas conforme al art. 1031 del Código Civil y Comercial.
La empresa respondió mediante carta documento de fecha 5 de abril de 2023, rechazando los términos del emplazamiento y negando haber ejercido abusivamente el ius variandi, manifestando que su intención era mantener la continuidad del vínculo labo-ral, pese a la rescisión del contrato por parte de Newmont.
Posteriormente, el trabajador reiteró su emplazamiento mediante telegrama labo-ral de fecha 14 de abril de 2023, solicitando nuevamente la restitución de las condiciones laborales originales y reclamando, además, diferencias salariales correspondientes al mes de marzo, así como el pago del bono anual previsto en el art. 17.5 del CCT 38/39.
En paralelo, la empleadora intimó al actor a presentarse a trabajar en Rodríguez Peña 2163, Maipú, Mendoza, bajo apercibimiento de abandono de trabajo.
El trabajador rechazó dichos cambios por considerarlos un ejercicio abusivo del ius variandi, particularmente por la modificación del lugar de prestación de servicios desde Santa Cruz a Mendoza, así como por la alteración del régimen laboral y de la re-muneración.
Posteriormente, mediante acta notarial de fecha 25 de abril de 2023, la emplea-dora reiteró su postura, negando haber modificado sustancialmente las condiciones de trabajo y atribuyendo los cambios a la finalización del contrato con la empresa minera. Asimismo, sostuvo que el trabajador se encontraba fuera del Convenio Colectivo 38/89, afirmando que su inclusión en el mismo había sido un error en el alta laboral.
Finalmente, el trabajador remitió telegrama laboral de fecha 28 de abril de 2023, mediante el cual se consideró gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa del empleador, invocando un ejercicio abusivo del ius variandi que habría afecta-do sustancialmente las condiciones de trabajo, la remuneración, la categorización con-vencional y otros aspectos del vínculo laboral.
La demandada rechazó dicha decisión mediante carta documento de fecha 4 de mayo de 2023, negando la procedencia del despido indirecto y sosteniendo que el traba-jador había actuado con el propósito de forzar una situación indemnizatoria improceden-te, poniendo a su disposición la liquidación final y la documentación laboral correspon-diente.
El actor sostiene que los cambios introducidos por la empleadora afectaron ele-mentos esenciales del contrato de trabajo, tales como la categorización convencional, la remuneración, el lugar de prestación de tareas y las condiciones de traslado, configurán-dose así un ejercicio abusivo del ius variandi contrario a los principios de buena fe y con-tinuidad del vínculo laboral.
Por tales razones promueve la presente acción judicial, a fin de obtener el cobro de los créditos laborales e indemnizatorios derivados del despido indirecto, con expresa imposición de costas a la demandada.
Ofrece prueba, cita jurisprudencia, practica liquidación y funda en derecho.
II. El 21/08/2024 es declarada rebelde la demandada, cuya rebeldía fue notificada al mismo domicilio social que la demanda.
III. Se fija audiencia inicial, y se ordena la sustanciación de las pruebas ofrecidas por la parte actora.
IV. El 25 de febrero de 2025, se procede a la realización de la audiencia inicial, con la intervención de la DR NORMA LLATSER, juez titular del tribunal, ordenándose la producción de la prueba ofrecida por la actora.
V. Se sortea perito contador y perito ingeniero en informática, quienes rinden sus informes, sin ser observados por las partes.
VI. Luego se realiza la vista de causa, compareciendo por la parte actora su apoderada, Dra. Sonia Aveta mat. 4195, según poder obrante en autos. Abierto el acto por la parte actora, desiste de la absolución de posiciones, y de los testigos por ella ofre-cidos, se incorpora la prueba instrumental y la parte actora manifiesta su conformidad para que se dicte sentencia con los elementos probatorios.
VII. Se agregan los alegatos del actor, y en fecha 20/02/2026 se llaman autos para sentencia.
PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de la relación laboral.
SEGUNDA CUESTIÓN: Procedencia de la demanda.
TERCERA CUESTIÓN: Costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. MARIANO G. LUSVERTI DIJO:
I. La actora inicia demanda contra SIMC&A S.R.L. invocando un contrato de trabajo registrado. La demandada notificada no contesta demanda y se la declara rebelde.
II. El actor invoca en sustento de lo que reclama en autos la existencia de un vínculo de trabajo, el periodo de extensión del mismo y una categoría profesional determinada, y la causal del despido indirecto, que constituyen en la litis extremos legales cuyo peso probatorio recaen sobre el mismo (art. 45 C.P.L.).
III. El silencio de la demandada en relación con estos extremos legales y en función de lo dispuesto por los arts. 12, 45 y 55 del C.P.L. no relevan al trabajador de la carga mínima probatoria de la existencia de la relación de trabajo, sobre la que apoya las pretensiones económicas perseguidas en la causa y articulan la competencia del Tribunal laboral.
En art. 45 del C.P.L. y a la doctrina elaborada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha establecido: “La presunción del art. 45 C.P.L. es de tener por contestada la demanda en forma afirmativa, es relativa; el trabajador debe probar la existencia de la relación de trabajo; y es una presunción que va más allá de los efectos de la rebeldía que contiene el art. 75 C.P.C., el cual sostiene que la rebeldía constituye una presunción de verdad de los hechos afirmados por la contraria”(LS 228-334).
Atento a lo dispuesto por la legislación vigente e indicada en los párrafos ante-riores, tengo presente que de las constancias de autos surge que la demandada no han comparecido al proceso a estar a derecho, lo que ha determinado la declaración de su rebeldía, lo que torna operativa las disposiciones contenidas en los arts. 12 y 45 del CPL, en virtud de las cuales tal declaración faculta al Tribunal a tener por contestada en forma afirmativa la demandada si la actora prueba el hecho principal de la prestación de servi-cios, en consecuencia, corresponde dilucidar, con los elementos de prueba incorporados y producidos en el proceso, si la relación jurídica invocada como fundamento de la acción correspondió a un contrato de trabajo en virtud del cual la actora se hubiera desempeña-do en relación de dependencia y subordinación directa con la demanda en autos.
La acreditación “del hecho principal de la prestación de servicios”, entiendo se acredita en esta causa con documental, b) TCL Correo Argentino N.º 126763572, TCL N.º 098863728, TCL N.º 096702759 y TCL N.º 209060789; c) Cartas documento Co-rreo Argentino N.º 126758316, N.º 126763378 y N.º 098847288; d) Acta notarial de fecha 25 de abril de 2023 suscripta por la notaria Luisina Igarreta; f) Certificado de fra-caso del trámite N.º 59183, Registro N.º 12; g) Catorce bonos de sueldo del actor; h) Dos constancias de alta ante AFIP; i) Diecinueve órdenes de trabajo emitidas por la fir-ma Newmont; j) Convenio Colectivo AOMA; k) Correos electrónicos remitidos al Sr. Jorge Orué (jorgeorue646@gmail.com) por Diego Retamar (dretamar@simcya.com.ar) de fecha 13 de diciembre de 2022; l) Resumen de cuenta de caja de ahorro N.º 553-35769777 del Banco Santander Río, cuyo titular es el Sr. Jorge Luis Orué; m) Copia de correo electrónico remitido al Sr. Jorge Orué (jorgeorue@gmail.com) por el responsable de Recursos Humanos Sr. Rolando Blasco (rrhh@simcya.com.ar) de fecha 27 de abril de 2023; n) Capturas de pantalla de conversaciones mantenidas por el actor con los Sres. Diego Retamar, Juan Pablo Pérez y Gonzalo Retamar, ofreciendo para el supuesto de desconocimiento prueba pericial informática; ñ) Escalas salariales correspondientes a los incrementos remuneratorios de noviembre de 2022 a marzo de 2023; o) Certificado de servicios y remuneraciones emitido por la empleadora. p)Tarjeta emitida por la ASO-CIACION OBRERA MINERA ARGENTINA a nombre del afiliado Jorge Luis Orue DNI : 32.337.646, que fueron acompañados con la demanda, y ampliación de la misma, cuyas copias obran en autos, los que no han sido desconocidos, y sumado a ello las pre-sunciones contenidas en el art. 55 de la L.C.T. y 55 del C.P.L. a favor de los dichos del trabajador, pues en la demanda la actora solicita se emplace a la demandada acompañe Legajo, bonos de sueldo, planillas horarias, planillas de horas extras y toda otra docu-mentación perteneciente al actor, donde se acreditan los hechos denunciados en la pre-sente demanda, que se encuentra en poder de la demandada, por lo que corresponde ha-cer lugar a las presunciones del art. 55 del C.P.L.
Asimismo, de la producción de la prueba contable, se verifica que la demandada no acompañó la documentación requerida, y que el intercambio de whashap ha sido veri-ficado como válido por la experta en informática, por lo que considero que la relación laboral entre actor y demandada se encuentra probada, por lo corresponde ahora analizar la procedencia de los rubros peticionados en la demanda consignados y detallados en la liquidación practicada. En un todo de acuerdo con lo afirmado supra, habiéndose acre-ditado en la causa que entre las partes existió una relación de contrato subordinado y no habiendo los demandados contestado la demanda, es de aplicación imperativa la sanción dispuesta por el artículo 12 y 45 del CPL que determina que la declaración de rebeldía y el emplazamiento para contestar la demanda, se efectúa bajo apercibimiento de tenerla por contestada afirmativamente, si el actor prueba el hecho principal de la relación de trabajo, cuestión resuelta favorablemente en el punto anterior.
Además, la falta de contestación de la demanda que motivara la declaración de rebeldía en la causa, (Art. 55 LCT y 55,12, 45 y conc. CPL), hacen surgir otras presun-ciones favorables a la parte actora, las que no han sido desvirtuadas en la causa por prue-ba en contrario.
Debe tenerse presente que los efectos de la rebeldía no son meramente procesa-les, sino que revisten sustancia capaz de definir un pleito, fundamentalmente porque su declaración hace presumir la legitimidad de la acción y traslada al oponente rebelde pro-bar contra la misma. Es decir, que, si bien no cambia la secuela del juicio, vale como una suerte de autocondena que el rebelde pronuncia contra sí mismo, inaplicable sólo para la faz penal, pero propia y correcta para el proceso civil (como el laboral), en el cual concu-rre de forma importante a forma el convencimiento del juez a cerca de la verdad de los hechos (Conf. Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza. Coordinador “Horacio Gianella T. I, pg. 413).
Aplicando los conceptos expuestos al particular, la falta de exhibición de la do-cumentación laboral unida a la falta de prueba que permita desvirtuar los dichos del actor autoriza a reconocer la procedencia del reclamo efectuado en los términos supra estable-cidos. ASÍ DECIDO.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. MARIANO LUSVERTI DIJO:
a. El distracto:
De las constancias de autos surge que el actor, y conforme al intercambio postal, la demandada modificó las condiciones laborales esenciales del contrato de trabajo, cuestión que no ha podido explicar la demandada dada la declaración de rebeldía, y la falta de acompañamiento de la documentación requerida por el perito contador y por el tribunal.
Sobre el particular como he afirmado en la cuestión anterior, que el art. 55, inc. b) del CPL se alinea con la solución establecida en el art. 55 de LCT en los casos donde el empleador, mediando requerimiento judicial o administrativo, o como en el caso del perito contador, en tal sentido, no exhiba los libros, registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por el ordenamiento jurídico laboral. Pero en este caso el legislador crea una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, mientras que en el art. 55 del CPL lo que se utiliza es la técnica procesal de inversión de la carga probatoria.
Es decir que la normativa contenida en el art. 55 de la LCT encuentra su correla-to, con el que se complementa armoniosamente, en el art. 55 del CPL, por ello el incum-plimiento del empleador del emplazamiento efectuado, deroga la regla clásica del onus probandi, operando la inversión de la prueba respecto de aquellos antecedentes que de-ben obrar en las registraciones o planillas de ley.
Por tanto, y en términos generales, por aplicación de la disposición contenida en el art. 55 de la LCT, la falta de exhibición de los libros, planillas y otros elementos de contralor de registro obligatorio para el empleador, cuando ha sido exigida por la autori-dad administrativa o judicial, crea la presunción favorable a los hechos que invoca el tra-bajador respecto de los datos que debieron ser consignados allí. Y, en forma complemen-taria y por aplicación del art. 55 del CPL, será a su cargo la prueba en contrario de las afirmaciones del trabajador cuando los hechos por él invocados se refieran a datos o cir-cunstancias que deben obligatoriamente estar consignados en los libros, registros o plani-llas especiales, y los mismos no se encuentran registrados o los registros no reúnan las condiciones legales o reglamentarias, aun cuando haya mediado la exhibición de ellos a requerimiento judicial.
Por todo lo antes expuesto corresponde considerar que el despido fue injustifi-cado, debiendo analizar los rubros que le reclama la actora y corresponden conforme a derecho.
b. Liquidación: El actor reclama los siguientes rubros:
1. Indemnización por Antigüedad Art. 245:
Atento a lo expuesto hasta aquí, y en virtud de que el despido fue indirecto, conforme al art. 245 de la L.C.T., al no contar con la documentación laboral cobra valor la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que de-bían constar en los libros, registros y otros elementos de contralor, prevista en el art. 55 de la L.C.T., la cual se habría producido en fecha
A los efectos de su cálculo, debo tomar como MRNYH la denunciada por el ac-tor dentro de la escala salarial, antigüedad y fecha de despido indirecto corresponde de-terminar, conforma la pericia contable que la misma fue de $ 373.331,00
2. Indemnización Sustitutiva de Preaviso:
El contrato de trabajo implica una obligación bilateral, por lo que la parte que dispone el distracto y omite otorgar el preaviso ordenado por el art. 231 de la LCT, debe abonar a la otra parte una indemnización sustitutiva tarifada equivalente a la remunera-ción que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en la norma citada.
En el caso que nos ocupa por la antigüedad que revestía el trabajador le corres-ponden un mes del sueldo que le hubiera correspondido cobrar si hubiera seguido traba-jando, teniendo en cuenta el criterio no de la MRNYH, sino el de la normalidad próxima, es decir $373.331,00.-
3. Integración mes de Despido:
Este rubro también debe ser concedido por estar contemplado en el art. 233 de la LCT, y la comunicación del despido dada la fecha del despido, por lo que debe admi-tirse, por la suma de $24.888,73.
4. SAC Proporcional:
El pago de aguinaldo proporcional devengado conforme a la fecha del distracto debe ser abonado (art 123 LCT), por tanto, el rubro corresponde por la suma de $124.443,67.-
5. Vacaciones no Gozadas:
La actora pide la indemnización equivalente al salario que debía percibir por el período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada. El art. 156 de la LCT contempla este supuesto, y la demandada no acompañó constancia de que lo hubiere abonado, por lo que corresponde acceder al mismo, por la suma de $275.635,59.-
6. Art 2 Ley 25.323. DI 26/04/2023.
La norma establece: “Cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabaja-dor no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20744 y los arts. 6 y 7 de la ley 24013 o los que en el futuro las reemplacen y, conse-cuentemente lo obliga-re a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de ca-rácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%”.
Además, la aplicación del art. 2 de la ley 25.323 faculta la eximición del pago de las indemnizaciones “Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del em-pleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el in-cremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pa-go.”
Son entonces dos los requisitos a los que se supedita la procedencia del incre-mento previsto en la norma: a) la mora por parte del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones que diera lugar a la iniciación de acción judicial u otra instancia de carácter obligatorio, para que sea admisible la indemnización agravada; y b) el emplazamiento al pago por parte del empleado.
Tratándose de sanciones conminatorias deben ser interpretadas en forma res-trictiva, por lo que debe el juzgador ser muy meticuloso en la verificación de los requisi-tos que hacen a su procedencia.
De las comunicaciones postales se observa que la actora emplazó a que se can-celara los rubros no retenibles e indemnizatorios, y al no abonar-los lo obligó a litigar, razón por la cual considero que se torna procedente la sanción dispuesta en la norma, motivo por el cual corresponde hacer lugar por la suma de $746.662,00.-
En consecuencia, la demanda se admite por la suma por la suma de $ 2.291.622,99.-
7. Intereses:
Conforme lo dispuesto por el artículo 82 del Código Procesal Laboral (la con-dena implica además la aplicación de intereses, moratorios o legales, aun cuando no ha-yan sido solicitados por las partes), y por el artículo 90 inciso 6 del CPCCyT —norma aplicable por remisión del artículo 108 del Código Procesal Laboral—, cabe señalar que todas las sentencias de condena deben necesariamente prever la aplicación de intereses.
Hasta la fecha he entendido que corresponde analizar, en cada caso concreto, cuál es la tasa de interés que debe utilizarse, siempre teniendo en consideración criterios de equidad y prudencia. Para ello deben tomarse como pautas rectoras el valor real y actual del crédito, la capacidad económica del demandado, la eventual vulnerabilidad social de la parte actora, la situación macroeconómica imperante, la conducta de las par-tes en el proceso —en particular la probable razón y/o la buena fe de los litigantes—, así como la duración del proceso, entre otras variables relevantes. Así lo he decidido, entre otras causas, en autos Nº 21.845 caratulados "HUARACHI CLEMENTE SUSANA C/ MENDEZ ALEXIS PEDRO E P/ DESPIDO", de fecha tres de julio del dos mil veinticinco, dictada en pleno, con mi voto preopinante, como miembro integrante de la Excma. Primera Cámara del Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial, de la Ciudad de Mendoza, RCA Argentina,
En ese orden de ideas, al momento de determinar los intereses aplicables he te-nido especialmente en miras lo dispuesto por el artículo 771 del Código Civil y Comer-cial de la Nación, norma que reconoce a los jueces la facultad de reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que produzca la capitalización de intereses exceda, sin justificación y de manera desproporcionada, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación.
Nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha avalado dicha postura. Así lo sostuvo en los autos CUIJ N° 13-00844414-9, de fecha 24/11/2022, caratulados “Ló-pez”, al expresar que: “En el mismo sentido esta Corte ha ratificado la facultad atribuida a los jueces para morigerar los intereses cuando se adviertan exorbitantes o cuando su aplicación conduzca a un resultado injusto, reñido con la moral y/o las buenas costum-bres” (Sala I, “Agroexportadora San Ceferino”, 12/12/2019, LS 600-043).
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó el denominado “Fa-llo Plenario” en materia de tasa de interés aplicable, en autos CUIJ N° 13-00845768-3/1 ((010404-28144)), caratulados: “CITIBANK N.A. en J: ‘28144 Lencinas, Mariano c/ Citibank N.A. p/ Despido’ p/ Rec. Ext. de Inconstitucionalidad-Casación”. En dicho pronunciamiento se resolvió: 1) modificar la doctrina fijada por esta Suprema Corte en el plenario “Aguirre” en materia de intereses moratorios aplicables en la Provincia en aque-llos casos en que no exista una tasa prevista por convención o ley especial; 2) disponer que corresponde aplicar la tasa correspondiente a la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina denominada “Libre Destino” a treinta y seis (36) meses; y 3) reconocer expresamente la facultad de los jueces de verificar, en cada caso concreto, si la tasa establecida debe ser reducida conforme a las circunstancias acreditadas en la cau-sa. Finalmente, el resolutivo 4) estableció que la tasa de interés debía aplicarse a partir del dictado de dicho plenario.
Expone la Suprema Corte, en los fundamentos del mencionado “Plenario Citi-bank”, que la tasa de interés puede y debe ser disminuida cuando la condición del sujeto vencido resulte particularmente desventajosa, según lo que quede acreditado en el caso concreto. En tales supuestos, el juez de mérito deberá reducir la tasa propuesta por el plenario y honrar lo dispuesto por el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Na-ción. Esta pauta de equidad —que puede y debe ser utilizada incluso de oficio— tiene por finalidad evitar la consagración de situaciones de manifiesta inequidad, tales como la grave afectación de pequeñas y medianas empresas o empleadores de casas particulares, reclamos de créditos de contenido alimentario o situaciones en las que personas en con-diciones de vulnerabilidad resulten perdidosas, demandas promovidas contra trabajado-res, entre otras hipótesis.
Este análisis adquiere particular relevancia frente a la situación económica que atraviesa actualmente el país, caracterizada por una sostenida pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, aun cuando la tasa inflacionaria haya mostrado cierta disminu-ción. Ello resulta especialmente significativo cuando, como ocurre en el caso, existe un tramo temporal comprendido entre la extinción del vínculo laboral y la fecha de la sen-tencia en el cual se ha aplicado el índice UVA para la actualización de los capitales de condena.
Siendo del modo anterior, entiendo que, el decisor no debe desentenderse de las consecuencias económicas y financieras que pueden derivarse de sus sentencias, en especial en supuestos como el que corresponde resolver en autos. En sintonía con tal con-cepto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Acordada 36/2009— ha puesto de relieve la gravitación que sus fallos tienen en el desenvolvimiento de las actividades eco-nómicas del país. En dicha oportunidad precisó los alcances jurídicos de normas consti-tucionales que aluden directamente a cuestiones de naturaleza económica, tales como las “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” (art. 4 CN), el “desarrollo humano” y las “actividades productivas” (art. 41 CN), el “grado equitativo de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” (art. 75 inc. 2 CN), y el “progreso económico con justicia social” y la “generación de empleo” (art. 75 inc. 19 CN). En ese mismo sentido, el Tribu-nal destacó que no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razo-nabilidad de la interpretación adoptada y su congruencia con el sistema jurídico en el que la norma se encuentra inserta (Fallos 302:1284).
En la misma línea argumental he considerado en anteriores sentencias, como ya lo expresé antes, que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, la prudencia y, particularmente, la equidad —entendida como la justicia en el caso concreto—, la aplica-ción del índice UVA puede ocasionar, en determinadas circunstancias, un gravamen ex-cesivo. Ello podría afectar tanto a los trabajadores —quienes eventualmente verían frus-trada la posibilidad real de percibir sus acreencias— como a los empleadores, especial-mente cuando se trata de pequeñas empresas o emprendimientos que atraviesan situacio-nes de desfinanciamiento y carecen de acceso al crédito en razón de las elevadas tasas de interés existentes en el mercado.
Por todo lo expuesto, en antecedentes recientes he considerado prudente hacer uso de las facultades previstas en el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Na-ción y morigerar la tasa de interés respecto de los montos por los que se rechaza la de-manda, conforme las atribuciones otorgadas por el nuevo plenario y las normas procesa-les vigentes, aplicando en el caso concreto la tasa correspondiente a la línea “Libre Des-tino” del Banco de la Nación Argentina a setenta y dos (72) meses.
De hecho, la propia Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por voto mayorita-rio, así lo ha resuelto en autos N° 13-07315626-7/1, caratulados: “REFRES NOW S.A. en J: 19252 Garre, Jorge Daniel c/ Refres Now S.A. p/ Despido s/ Recurso Extraordina-rio Provincial”, de fecha 9 de febrero de 2026, al confirmar la sentencia de grado, pero reducir la tasa de interés conforme a las pautas antes analizadas.
Sin embargo, en el presente caso debe tenerse en cuenta que, a la fecha del dic-tado de esta sentencia, se encuentra vigente la Ley N° 27.802 (B.O.: 06/03/2026), la cual establece en su artículo 55 que: «En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las rela-ciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:
a) mediante la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva de-terminada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;
b) en ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a), podrá ser su-perior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de aplicar sobre el mismo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por cien-to (3 %) anual;
c) el valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67 %) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quie-bra».
Cabe señalar que, para despejar las dudas que puedan existir respecto de la vigencia temporal de esta norma, que conforme lo dispone el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el caso de autos, el crédito laboral cuyo monto corresponde determinar mediante esta sentencia aún no se encuentra definitivamente cuantificado ni consolidado mediante pronunciamiento firme, razón por la cual el legislador se en-cuentra habilitado para establecer el régimen aplicable para el cálculo de los intereses o mecanismos de actualización correspondientes al momento del dictado de la sentencia. En tal contexto, la aplicación del artículo 55 de la Ley N° 27.802 no implica afectar de-rechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, sino regular los efectos económi-cos de la condena que en esta sentencia se determina.
Conforme a lo expuesto, el despido indirecto se produjo el día 26/04/2023 y el capital que la demandada debió abonar a esa fecha ascendía a la suma de $2.291.622,99. Desde entonces el crédito devenga intereses.
Así, desde el 26/04/2023 hasta el 16/04/2024, de no estar vigente la Ley N.º 27.802 correspondería aplicar la tasa prevista por la Ley Provincial N° 9041, es decir la actualización mediante el índice UVA, lo que arroja un monto de $6.114.232, y a partir del 16/04/2024 y hasta la fecha de esta sentencia corres-ponde aplicar la tasa establecida por la Ley Provincial N° 9516 —línea “Libre Destino” a setenta y dos (72) meses— lo cual determina la suma de $3.815.709.
De tal modo, sumando el capital histórico y los intereses correspondientes con-forme a los distintos tramos de vigencia de las leyes referidas, el monto total del crédito ascendería a $12.221.563,99.
Ahora bien, a la fecha del dictado de esta sentencia se encuntra vigente la Ley N°27802, y su artículo 55 inciso a), por lo que el monto de la condena ascendería a la suma de $11.655.088. Para este cálculo, conforme lo prevé la propia norma, he utilizado la calculadora oficial del Banco Central de la República Argentina prevista a tal efecto.
Siguiendo este razonamiento, se advierte que existe una diferencia de $524.189,99 en perjuicio del cálculo realizado conforme a las tasas vigentes con anterioridad a la Ley N° 27.802.
Ahora bien, de los casos resueltos hasta el momento, algunos magistrados se han inclinado por declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley N° 27.802, mientras que otros han optado por aplicar la normativa anterior hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley —06 de marzo de 2026— y aplicar a partir de allí el nuevo régimen, o bien por aplicar directamente la nueva norma en toda su extensión. En este sentido, parte de la doctrina ha sostenido que la citada disposición podría resultar inconstitucional por cuanto establece, para los juicios en trámite, un régimen diferenciado respec-to del previsto por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, sustituyendo el sistema de actualización plena mediante IPC más una tasa del 3 % anual por un mecanismo indi-recto basado en la tasa pasiva del BCRA, con la fijación de un “techo” equivalente al resultado del cálculo por IPC más 3 % anual y un “piso” del 67 % de dicho resultado, lo que —según dicha postura— podría implicar una limitación del ajuste de los créditos laborales judicializados y un tratamiento diferenciado respecto de aquellos que no se encuentran en trámite judicial (conf. Formaro, Juan J., “Limitaciones a la actualización monetaria para los juicios en trámite”, 2026).
En el caso particular que aquí se analiza advierto que, si bien existe una dismi-nución económica al realizar el cálculo conforme a la legislación anterior en comparación con la posterior, también es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma dictada por el Congreso constituye una decisión de extrema gravedad institucio-nal, circunstancia que ha sido reiteradamente destacada tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Debe recor-darse asimismo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, por lo que los jueces deben procurar, siempre que resulte razonablemente posible, interpretar y aplicar las normas legales de manera compatible con el orden consti-tucional, evitando desplazar la voluntad del legislador cuando no se verifique una in-compatibilidad manifiesta, clara e indudable con la Constitución Nacional.
Asimismo, debe considerarse que, si se hubiese seguido el razonamiento inicial-mente expuesto —esto es, morigerar la tasa de interés desde la extinción del vínculo laboral, ocurrida el 26/04/2023, hasta la fecha de la presente sentencia aplicando únicamente la tasa prevista por la Ley N° 9516— el monto de la condena habría ascendido a $9.148.410, suma que resulta incluso inferior a la que surge de la aplicación del nuevo régimen legal.
Cabe agregar que la aplicación del art. 55 de la Ley N° 27.802 a los procesos en trámite no implica desconocer el régimen general establecido por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo —texto según art. 54 de la citada ley— ni genera una vulneración al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Ello así, por cuanto ambas disposiciones regulan situaciones jurídicas diferentes. Mientras el art. 276 establece el régimen general de actualización de los créditos laborales hacia el futuro —mediante la aplicación del IPC más una tasa del tres por ciento anual desde que cada suma es debi-da—, el art. 55 regula específicamente una situación transitoria referida a los juicios que ya se encontraban en trámite al momento de la entrada en vigencia de la ley. En este sentido, el legislador se encuentra constitucionalmente habilitado para establecer regímenes transitorios que ordenen el paso de un sistema normativo a otro, siempre que la distinción se funde en criterios objetivos y razonables, como ocurre en el presente caso con la diferente situación procesal de los créditos laborales. En consecuencia, la aplicación del art. 55 a los procesos en trámite no importa un trato arbitrario ni irrazonable, sino el ejercicio legítimo de la potestad legislativa de regular los efectos temporales de las leyes y las con-secuencias económicas de las relaciones jurídicas existentes, conforme lo previsto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Por todo lo expuesto, considero justo y equitativo aplicar al crédito de condena de autos lo dispuesto por el artículo 55 inciso a) de la Ley N° 27.802. En consecuencia, corresponde fijar el monto de condena —capital más intereses— a la fecha de la presente sentencia en la suma de $11.655.088. ASÍ DECIDO.
SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. MARIANO LUSVERTI DIJO:
Respecto de las costas corresponde imponerla a la demandada, en lo que se ad-mite la demanda, todo en virtud del Principio Chiovendano de la derrota. (Art. 31 y 108 del C.P.Laboral en concordancia con los arts. 35 y 36 del C.P.C. C y T.).
Respecto de la regulación de honorarios, corresponde seguir las pautas dispues-tas por el articulo 33 inc. III del CPCCyT que dispone “Cuando el abogado actúa como representante no es exigible el patrocinio letrado. En cuyo caso percibirá la totalidad de los honorarios correspondientes a ambos tipos de actuaciones”; y de acuerdo a los por-centajes, según el monto del proceso, establecidos en el artículo 2 de la Ley 9131. ASI DECIDO.
Con lo que se dio por terminado el acto a dictar la
S E N T E N C I A:
Tunuyán, Mza., 16 días del mes de marzo de 2.026.
I.- HACER LUGAR a la demanda instaurada por JORGE LUIS ORUE contra SIMC&A SRL, y en consecuencia condenar a esta última a abonar al actor den-tro de los CINCO (5) DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, la su-ma de por la suma de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO ($11.655.088), a la fecha de esta resolución.
II.- Las costas en lo que prospera parcialmente la demanda se imponen a cargo de la codemandada SIMC&A SRL por resultar vencida (art. 31 del C.P. Laboral en concordancia con los arts. 35 y 36 del C.P.C. C y T).
III. Regular los honorarios profesionales a cargo de la demandada por lo que prospera la demanda, a los doctores SONIA AVETA, mat.4195 y MARIANA GONZÁLEZ mat. 8699 en la suma conjunto de $3.496.526,40.-. Las regulaciones preceden-tes no incluyen el IVA, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la sub-jetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo (CS expte. 4120/200002 "Carinadu SA c/Banco de la Provincia de Buenos Aires", 02/03/2016).-
IV.- Regular los honorarios de la pericia contable realizada por la perita conta-dora LIC. GABRIELA PATRICIA INOCENTI y de la pericia ingeniero en informá-tica realizada por la ING. MARÍA FERNANDA ROSALES en la suma de $314.365,21.- a cada una sin perjuicio del IVA, monto que -en su caso- deberá ser adi-cionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al ci-tado tributo (CS expte. 4120/200002 "Carinadu SA c/Banco de la Provincia de Buenos Aires", 02/03/2016).-
V.- La condenada deberá hacer efectivo el Aporte ley Nº 5.059 por la suma de $233.101,76.-; Tasa de Justicia por la suma de $349.652,64.-, y Derecho Fijo por la suma de $17.482,63.- (Ley 9212), dentro de los 10 (DIEZ) días de la notificación de la presen-te, todo bajo apercibimiento de ley.
VI.- A efectos del cumplimiento de los pagos, el actor y los profesionales in-tervinientes con derecho a capital y honorarios (abogados), deberán denunciar en autos, su número de CUIT / CUIL, acompañar constancia de CBU de entidad bancaria donde poseen cuenta a su nombre emitida por la misma, o extraída por cajero automático, o ho-me banking y facturación en debida forma conforme la Res. Afip 1415/2003.-
VII.- La condenada en costas deberá cumplir lo dispuesto en esta sentencia dentro de los cinco días de quedar firme y ejecutoriada la presente, plazos que comenza-rán a correr una vez que los acreedores designados en esta resolución hayan cumplido con la carga de denunciar CBU, CUIT/CUIL Y CONDICIÓN IMPOSITIVA.
VIII. Al momento de realizar las trasferencias a los acreedores de esta senten-cia, agréguese por intermedio de la secretaria del tribunal la constancia de que la actora y los profesionales poseen libre de deuda del Registro de Deudor Alimentario. –
IX. Notifíquese a ARCA; ANSES, A.T.M., Colegio de Abogados, y a la Caja Forense por los derechos que les correspondan.
ML
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