SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
PODER JUDICIAL MENDOZA
N.º Actuación: 1050872366
CUIJ: 13-06757940-7()
TORREBLANCA VARGAS JOEL ALEJANDRO C/ DIRECCION GRAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
*106014416*
En Mendoza, a ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis, reunida la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa CUIJ: 13-06757940-7() caratulada “TORREBLANCA VARGAS JOEL ALEJANDRO C/ DIRECCION GRAL DE ESCUELAS P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”
De acuerdo a lo decretado en actuación Nº 1050098642, se deja constancia del orden de estudio efectuado en el expediente para el tratamiento de las cuestiones por los ministros del Superior Tribunal: primero Dr. OMAR A. PALERMO, segundo Dr. MARIO D. ADARO y tercero Dr. JOSÉ V. VALERIO.
ANTECEDENTES:
A fs. 08/15 vta. el Sr. Joel Alejandro Torreblanca Vargas promueve Acción Procesal Administrativa en contra de la Dirección General de Escuelas, a fin de que se declare la nulidad del acto que dispuso su cesantía, Resolución Nº 2021-3039-E-GDEMZA-DGE del Director General de Escuelas, y se lo reincorpore a su cargo de planta permanente. Funda en derecho, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.
A fs. 22 se admite formalmente la acción interpuesta y se ordena correr traslado al Director General de Escuelas y a la Fiscalía de Estado.
A fs. 28/34 la Dirección General de Escuelas solicita el rechazo de la demanda. Cita jurisprudencia, funda en derecho y ofrece pruebas.
A fs. 39/43 la Fiscalía de Estado peticiona el rechazo de la demanda.
A fs. 47/48 vta. la parte actora evacua el traslado de las contestaciones a su demanda.
Admitidas y rendidas las pruebas ofrecidas, se agregan los alegatos de la parte actora (cargo Nº 8365475/2024); de la Fiscalía de Estado (cargo N° 8359607/2024) y de la demandada (cargo N° 8315712/2024).
Se incorpora el dictamen de la Procuración General (cargo N° 8464201/2024).
Se llama al acuerdo para la sentencia a fs. 129.
De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución Provincial, esta Sala Segunda se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA: ¿Es procedente la acción interpuesta?
SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?
TERCERA: Pronunciamiento sobre costas.
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO, DIJO:
I.- RELACIÓN SUSCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS:
A) Posición de la parte actora:
Relata que comenzó a prestar servicios para la DGE, primero como celador y luego como abogado clase 009 desde junio del año 2005. Añade que durante 16 años se desempeñó como asesor, sin tener nunca un llamado de atención o apercibimiento, manteniendo siempre una conducta intachable. Señala que durante los años 2018 y 2019 se le asignó la función de “defensor del docente”.
Indica que a finales del año 2019 se entrevistó con el nuevo Director de Asuntos Jurídicos quien le informó verbalmente que ya no necesitaba sus servicios y que lo iba a denunciar penalmente, realizar un sumario en su contra y que el adicional mayor dedicación del 20% que percibía iba a ser destinado a nuevos abogados.
Refiere que durante tres meses estuvo sin usuario para poder trabajar y además, se le negó intervenir en cualquier trámite relacionado con la DGE. Añade que durante los meses de enero hasta abril del año 2020, comenzó a notar ciertos roces atento a que se lo hacía cumplir horario pero debía estar sentado sin ningún tipo de tarea para realizar. Asimismo, agrega que ningún compañero quería hablar con él por temor a represalias por parte del Director.
Señala que en el mes de junio del año 2020, sin antecedentes formales ni justificación alguna, le redujeron sus haberes en forma fraudulenta. Explica que con una simple nota del Director de Asuntos Jurídicos se le dejó de abonar el ítem 930 Fiscalía de Estado, sufriendo un perjuicio irreparable, en plena pandemia covid-19 y con una hija menor a su cargo.
Relata que la SCJM hizo lugar a una medida de suspensión del acto administrativo y se le reintegró el ítem 930 (Expediente CUIJ Nº13-05393288-0 “Torreblanca, Joel Alejandro c/ DGE P/ Suspensión de Ejecución”).
Denuncia que existió una prohibición tácita de cumplir con sus funciones con el fin de desmoralizarlo y aislarlo del resto de los empleados. Además, resalta que se lo defenestró en todo el ámbito de la DGE y aún en el fuero judicial, en particular en la causa Nº 309524 caratulada “Castro, Genara Aramina P/Sucesión” del Tercer Juzgado de Gestión Judicial. Señala que, en dicha causa, se mencionó que el accionante tenía un sumario en su contra y que iba a ser cesanteado, lo que demuestra que su suerte estaba echada y la sanción de cesantía ya estaba escrita.
Indica que por culpa de toda esa persecución personal y arbitraria sufrida en su contra, tomó licencia psiquiátrica del día 14/09/2021 hasta el día 13/10/2021, por recomendación médica, ya que sufría ataques de pánico. Sin embargo, denuncia que el día 17/09/2021, tres días después de haber comunicado su licencia psiquiátrica, le notifican por correo electrónico la cesantía ordenada, lo cual fue un golpe moral muy fuerte y sin ningún atisbo de humanidad.
Explica que durante toda tramitación del sumario la demandada denegó la posibilidad de incorporar y controlar una inspección ocular solicitada, como así también copia del expediente de desalojo Nº 250599. Asimismo, se le ordenó que en un plazo de tres días debía acompañar un oficio informado y una declaración escrita por los efectos de la pandemia, vulnerando así su derecho de defensa.
Se opone a lo decidido por la Instructora Sumariante atento a que era el Sr. Fiscal el que debía informar el oficio acompañado y diligenciado oportunamente por el sumariado. Sostiene que se equivoca la instructora al poner en cabeza del sumariado la obligación de informar el oficio, atento a que no tiene las facultades para hacerlo. En todo caso, la instructora debía reiterar el oficio asi la Fiscalía decretaba su contestación.
Sostiene que la instructora fijó un plazo perentorio de solo tres días para rendir la prueba, mientras que a ella le tomó más de dos meses recibir la contestación, negando de esta forma la posibilidad de la defensa de contar con prueba de descargo.
Relata que, finalmente, el día 06/09/2021 la Fiscalía contestó el oficio una vez que el sumario fue cerrado y ordenada su cesantía, sin poder agregar el mismo en los alegatos del sumariado. Destaca que, en forma prematura, sin haber resuelto el recurso jerárquico interpuesto contra la denegación de prueba fundamental para el actor, la instructora sumariante dio por cerrado el sumario. De esta manera, señala que se le denegó su derecho de defensa.
Señala que los testigos Olguín y Zárate declararon oralmente, sin ponerse ningún tipo de reparo, aún cuando ni el actor ni la instructora sumariante estaban vacunados contra el Covid. Sin embargo, refiere que se le denegó expresamente el derecho a declarar poniendo como excusas la pandemia, aún cuando en ese momento ya tenía las vacunas al día. Agrega que, en todo caso, la declaración podría haber sido realizada por los medios tecnólogicos adecuados.
Sostiene que se le denegó la posibilidad de ser oído en contra de lo preceptuado por el art. 23 in fine de la Ley 9103. Además, añade que la declaración del imputado debía llevarse a cabo una vez que estuviese agregado el oficio contestado por la Fiscalía de Delitos Económicos y la inspección ocular realizada, es decir con toda la prueba de cargo y de descargo completada, a fin de asegurar el respeto del debido proceso y el derecho de defensa.
Indica que, de la compulsa del expediente sumarial surge que no se le permitió participar de la inspección ocular en el inmueble sito en calle Videla Castillo N° 1984, Ciudad de Mendoza. Señala que al ser prueba de cargo es necesario el control por parte de la defensa y al denegar su participación se estaría violando el derecho de defensa consagrado constitucionalmente.
Resalta que la denegación de su participación en la inspección ocular mencionada no fue caprichosa, pues se comprobó que quien ocupaba el inmueble era el Sr. Pablo Ares, Jefe de Mesa de Entradas, quien además había puesto un negocio en dicha vivienda, lucrando así con bienes del Estado. Concluye que se pergeñó su cesantía para que éste ocupara el inmueble.
Refiere que dicha situación fue denunciada y se instruyó una compulsa penal que tramita en el expediente Nº 76228/21 radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos. Manifiesta que el Sr. Ares, al haber sido descubierto, comenzó a enviarle mensajes amenazantes por lo que se pidió una pericia al celular del actor.
Con relación al hecho que dio origen al sumario, relata que el día 14/08/2014 participó del desalojo del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984 de Ciudad de Mendoza, tramitado en el expediente Nº 250599 caratulado “DGE c/Farías Jofre, Laura Noemí P/ Desalojo”. Indica que, conforme acta agrega a dicho expediente, se entregó la posesión del inmueble a la DGE mediante la oficina de Servicios Generales.
Expresa que en el año 2016 la DGE, mediante la Subsecretaría de Educación, entrega la posesión y llaves a una Fundación Siria a través de una orden emanada telefónicamente por el Sr. Sebastián Centillini. Posteriormente, en el año 2017, refiere que la DGE entrega la posesión y llaves de la vivienda a una persona de nacionalidad brasilera.
Indica que en el año 2019 se constata que en el referido inmueble vive la Sra. Nilda Mármol y el Sr. Rinaldoni, conforme acta notarial labrada por la escribana Vivianda Talquenca. Transcribe partes de dicha acta, de donde surge que en el lugar estaba el Sr. Rinaldoni, quien ejerce tareas en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE y la Sra. Nilda Cristina Mármol.
Posteriormente, explica que de otra acta que se labró en el lugar, obrante en el sumario, surge que el lugar era ocupado por la Sra. Camila Figueroa, quien manifestó que antes que ella, en la vivienda habitaba el Sr. Rinaldoni con su madre, Nilda Mármol.
Destaca que durante toda la tramitación del sumario y de la prueba de cargo y de descargo no surge que el actor haya entregado la posesión y llave a persona alguna. Por el contrario, señala que la DGE, por razones de mérito, oportunidad o conveniencia otorgó la posesión del inmueble sin intervención del accionante. Agrega que todas las personas que habitaron la vivienda fueron autorizadas telefónicamente, tal como lo señala el Sr. Zárate en su declaración testimonial.
Sostiene que la instructora sumariante hizo un análisis parcial de la prueba, sin analizar correctamente las declaraciones testimoniales rendidas en el sumario. Destaca, por ejemplo, que no tuvo en consideración las contradicciones incurridas por el testigo Zárate en las dos oportunidades que declaró.
Alega que la orden de entregar la llave es una duda que a la misma Administración, a través de Servicios Generales, no le consta, y se le quiere endilgar al actor dicha responsabilidad cuando nunca tuvo intervención en la misma. Resalta que su única intervención fue en el juicio de desalojo, durante el año 2014, cuando la entrega de llaves fue en el año 2016, es decir, casi dos años después.
Alega que nunca existió una carta documento o acta notarial solicitando la desocupación del inmueble. En virtud de ello, cuestiona que la instructora sumariante haya calificado de ilegítima la posesión de un inmueble que nunca fue reclamado por la DGE.
Asimismo, señala que la instructora sumariante afirma que existió un perjuicio para la DGE, cuando ello no surge del sumario, sino todo lo contrario, que los habitantes realizaron mejoras y cuidaron el inmueble.
Resalta que en la resolución del caso, la instructora sumariante menciona el expediente Nº 250599, pero nunca lo agrega al sumario, incluso da por caduca dicha prueba. Manifiesta que este expediente es fundamental por cuanto revela quiénes se quedaron con las llaves del inmueble.
En consecuencia, sostiene que no hay prueba de cargo que logre acreditar la comisión de alguna falta administrativa por parte del accionante. Remarca que no existe ninguna prueba que permita endilgarle al Sr. Torreblanca la responsabilidad de facilitar la presunta ocupación ilegal de inmueble en cuestión.
Por el contrario, indica que las llaves y la posesión del inmueble propiedad de la DGE la tenían otras personas (Fundación Siria; una persona de nacionalidad brasilera; la Sra. Nilda Mármol; el Sr. Andrés Rinaldoni y la Sra. Camila Figueroa), tal como surge de las constancias del sumario. Así también, manifiesta que quedó acreditado que la orden de entregar las llaves salió de la propia DGE, según criterios de mérito, oportunidad y conveniencia que tienen los órganos de la Dirección de los que el Sr. Torreblanca nunca formó parte.
Concluye que la medida expulsiva es una medida arbitraria, que viola tanto la Constitucional Nacional como la Provincial, por lo que el acto que dispone la cesantía se encuentra groseramente viciado atento lo preceptuado en el art. 52 inc.a de la LPA y su nulidad sería absoluta conforme dispone el art. 72 del mismo cuerpo legal.
B) Posición de la Dirección General de Escuelas:
La DGE solicita el rechazo de la demanda.
Por imperativo procesal niega categóricamente todos y cada uno de los hechos y pruebas invocados en la demanda. En particular, niega que la sanción de cesantía sea arbitraria y que los actos administrativos cuestionados sean nulos e ilegítimos.
Destaca que mediante la resolución cuestionada el Sr. Director General de Escuelas resolvió aplicar al señor Joel Alejandro Torreblanca Vargas, Profesional Clase: 009 en Planta Permanente, con efectiva prestación de servicios en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Repartición Escolar, la sanción disciplinaria de Cesantía conforme al Art. 2 inc. c) del Anexo del Régimen Disciplinario dispuesto por Ley Nº 9103, en concordancia con el Art. 5 inc. b) y d) de precitada Ley por transgresión al Art. 13 incs. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Decreto Ley Nº 560/73 Estatuto del Empleado Público, a partir de la fecha de notificación.
Refiere que el proceso sumario administrativo ventilado en pieza nº 2020-00968173 en todo momento se tramitó y sustanció conforme a Derecho, respetándose todas y cada una de las etapas procesales correspondientes, sin que se haya menoscabado o disminuido en medida alguna el derecho de defensa del accionante.
Así, relata que previo la instrucción por parte de la Oficina General de Sumarios de una Información Sumaria,, mediante Resolución Nº 2020-1484- E-GDEMZA-DGE el Sr. Director General de Escuelas resolvió ordenar la apertura de sumario administrativo en la persona del agente Joel Alejandro Torreblanca Vargas por haber incurrido prima facie en incumplimiento del art. 13 incs b) p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc k) y l) del Dec Ley Nº 560/73, en virtud de que con su accionar, aprovechándose de su cargo, función y en ocasión de él y de la documentación disponible, facilitó prima facie, la ocupación ilegal e ilegítima por parte de la señora Camila Figueroa y sus dos hijas del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984 de la ciudad de Mendoza.
Manifiesta que en el marco del proceso sumario llevado adelante por la Oficina General de Sumarios se produjo una importante cantidad de prueba de cargo, dentro de las que puede mencionarse un oficio a la UFI de delitos económicos e informáticos N°19 solicitando compulsa copia del expediente Nº P12.869/20 caratulado “F c/TORREBLANCA, Joel p/Negociaciones Incompatibles con la función pública”, y se ordenó la producción de una gran cantidad de declaraciones testimoniales.
Señala que, luego de valorar toda la prueba de cargo incorporada, la Instrucción sumaria resolvió citar a indagatoria al actor y asimismo correr vista de la denuncia por el plazo de diez días hábiles. Resalta que se notificó al sumariado Joel Torreblanca y éste no asistió a la audiencia. Agrega que el sumariado solo presentó un escrito donde solicita el sobreseimiento "por no ajustarse la misma a derecho, padeciendo de vicios groseros", sin aclarar a qué resolución se refiere, no pudiendo la instrucción deducir su fundamento en este punto.
No obstante ello, indica que se produjeron una gran cantidad de pruebas ofrecidas por el sumariado, incluyendo declaraciones testimoniales, informativa, etcétera.
Expresa que quedó acreditado en el sumario llevado a cabo que el accionante es Asesor Letrado de la DGE, que tuvo a su cargo el desalojo del inmueble sito en Videla Castillo Nº 1984, Ciudad de Mendoza; que del acto de constatación notarial surge que la escribana actuante fue atendida por la Sra. Nilda Cristina Mármol, quien manifestó que ella no vivía allí, que allí vivía su hija Camila Noel Figueroa y que su hija era esposa del Dr. Joel Torreblanca que tenía intenciones de comprar el inmueble para ella y sus hijas; que una de las hijas de la Sra. Figueroa es también hija del accionante; que en sede penal, en autos Nº P12.869/20 caratulado “F c/TORREBLANCA, Joel p/Negociaciones Incompatibles con la función pública" radicado en la UFI de Delitos Económicos e Informáticos Nº19, el Agente Torreblanca fue imputado por el delito de Negociaciones Incompatibles con la función pública; que el Agente Torreblanca se ha probado el pleno conocimiento de la ocupación ilegítima del inmueble de la Calle Videla Castillo N° 1984 y que tal ocupación no hubiera sido posible sin su inmediata intervención.
Sostiene que en el caso de autos la situación es clara, por cuanto se trata de un agente público que ostenta en su haber faltas graves y debidamente acreditadas, perjudicando así con ello notablemente el servicio educativo, y faltando gravosamente a sus obligaciones. Añade que todo lo dicho, ha quedado fehacientemente acreditado, no está controvertido, ni ha sido desvirtuado por el propio actor.
Señala que surge con meridiana claridad que la falta que se le imputa al Agente Torreblanca sólo puede ser perpetrada en ocasión de la función y cargo que ostenta. En consecuencia, indica que la gravedad de la sanción se condice con la falta cometida, por que se ha valorado razonablemente la premisa fáctica en la que se sustenta una sanción de cesantía por violación a los arts. 13 incs. b) p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Decreto Ley Nº 560/73, siendo aplicable la sanción prevista en el arts. 5 inc. b) y d) de la Ley Nº 9103.
Reitera que se encuentra acreditado que el actor permitió y facilitó, en ocasión de la función y cargo que ostentaba, la ocupación absolutamente ilegítima de un inmueble de propiedad de la Dirección General de Escuelas, lo cual no puede ser soslayado.
Indica que las actas notariales, inspecciones oculares, testimoniales y demás prueba de cargo rendida en el expediente administrativo resultan contundentes, concretas y no dejan lugar a dudas respecto de las personas que se encontraban ocupando el inmueble, su relación para con el actor y por ende, la configuración de la gravísima falta en que ha incurrido el Sr. Torreblanca.
Alega que dicha falta debe valorarse también, atendiendo la enorme responsabilidad e investidura que ostenta una persona que reviste la calidad de abogado de la Administración, señalando además que el actor se encuentra inclusive imputado en sede penal.
Conforme lo expuesto, considera que no puede interpretarse que nos encontremos ante una medida desproporcionada, irrazonable y mucho menos arbitraria. Por el contrario, sostiene que en el presente proceso no surge la existencia de arbitrariedad o ilegalidad por parte de la accionada, sino, simplemente, una decisión administrativa que no satisface las pretensiones de la accionante.
Manifiesta que en la presente acción, el actor no adjunta ni ofrece ningún elemento de prueba distinto o diferente que permita tener por desacreditados o desvirtuados los cargos que se le han imputado y probado en el marco del sumario administrativo.
Sostiene que se respetó en todo momento el derecho de defensa y el debido proceso por parte de la Administración. Así, señala que el Sr. Torreblanca fue fehacientemente notificado de los cargos que se le imputaron, se produjo una gran cantidad de prueba tanto de cargo como de descargo incluyendo inspecciones oculares, declaraciones testimoniales, informativas, etcétera.
C) Posición de la Fiscalía de Estado:
La Fiscalía de Estado adhiere a la contestación efectuada por la demandada principal. Sin perjuicio de ello, señala que las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones de naturaleza disciplinaria, han sido respetadas plenamente en el sumario administrativo que concluyó en la sanción recurrida.
Refiere que de las actuaciones administrativas surge que se ha dado la posibilidad a la parte actora de, no solo haber tenido conocimiento de la acusación en su contra, sino también de ser oído, y de hacer valer sus medios de defensa, ofrecer pruebas pertinentes e imponer los recursos procedentes.
Señala que se ha comprobado, que el agente sumariado ha violado sus deberes, incurriendo en irregularidades y ejercicio funcional disvalioso conforme al Art. 2 inc. c) del Anexo del Régimen Disciplinario dispuesto por Ley Nº9.103, en concordancia con el Art. 5 inc. b) y d) de precitada Ley por transgresión al Art. 13 incs. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Decreto Ley Nº 560/73 Estatuto del Empleado Público, conductas que, al margen de la existencia o no de un perjuicio, fueron correctamente sancionadas.
Indica que al actor se le notificó el sumario y se lo citó a indagatoria, no acudió a la audiencia pero contestó y presentó descargo, por lo que las exigencias constitucionales y legales fueron totalmente observadas en la especie. Por lo tanto, entiende que si no hay indefensión no hay nulidad, la cual no tiene otro objeto que el resguardo del derecho de defensa en juicio y en consecuencia se ciñe estrechamente a los supuestos de indefensión; más aún cuando las hipotéticas y eventuales contradicciones que argumenta el actor no tendrían un fin práctico, desde que el acto se cumplió de acuerdo a las prescripciones legales vigentes.
Resalta que el actor se agravia en tanto no se lo citó nuevamente a ampliar su indagatoria, no obstante no se presentó en la primera oportunidad y solo acompañó escrito de descargo, desarrollando sus argumentaciones de hecho y de derecho y ofreciendo pruebas. Sin embargo, señala que habida cuenta la inmensidad de pruebas de cargo categóricas reunidas por la Instructora en contra del actor, las testimoniales de las personas ofrecidas por el mismo, que confirmaban las irregularidades a las que el mismo incurrió, dado que era el encargado de realizar los desalojos y recuperar los inmuebles para la DGE, (no existiendo prueba documental (comodato) que pudiera justificar la ilegal ocupación del inmueble por parte de la Sra. Camila Figueroa y sus dos hijas (una de ellas también hija del actor), dicha instructora lo consideró inconducente.
Sostiene que, en todo caso debió demostrar previa y expresamente, cuales defensas o cuestiones se vio privado y que pruebas descartarían las presunciones en su contra de conformidad a la prueba rendida, y no invocar genéricamente violación a su derecho de defensa. Por el contrario, alega que las pruebas en su contra eran y son contundentes y coincidentes de modo que su sola declaración no bastaba para desvirtuarlas. Añade que en su posterior cuestionamiento tampoco establece ni ofrece pruebas que puedan desvirtuar la contundencia de las ya rendidas.
En cuanto a la sanción aplicada, manifesta que, conforme el criterio receptado por esta SCJM, los jueces no pueden controlar cualquier sanción disciplinaria y la magnitud de esta está en principio reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, extremos no acontecidos en la especie.
D) Dictamen del Ministerio Público Fiscal
La Procuración General considera que, más allá del esfuerzo argumental desplegado por la parte actora para deslucir las resoluciones puestas en crisis, no se advierte irregularidad en el procedimiento que llevó a la sanción, habiéndose respetado el derecho de defensa del ocurrente. Entiende que no se han violentado los derechos constitucionales invocados por la parte actora (igualdad, debido proceso, defensa en juicio), al habérsele garantizado la posibilidad de ofrecer y producir prueba.
Señala que los informes agregados en el expediente administrativo acompañados como prueba, reflejan la existencia de los hechos denunciados y por ello instruyen el sumario administrativo contra el accionante.
En cuanto a la graduación de la sanción impuesta, sostiene que las facultades del Juzgador se encuentran limitadas, al tratarse de un extremo que depende del mérito que de las circunstancias realice la autoridad que la aplicó. Por lo tanto es inconmovible salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. Añade que, dada la discrecionalidad administrativa en la merituación de la importancia de los quebrantamientos a las obligaciones legales, las sanciones son irrevisibles a menos que se haya demostrado su irrazonabilidad, lo que no ha acaecido en el sub lite.
Por todo lo expuesto, propicia el rechazo de la demanda.
II.- PRUEBA RENDIDA:
1- Instrumental:
a) Copia de la Resolución Nº 2021-3039 del 09/09/2021, emitida por el Sr. Director General de Escuelas (fs.1 y vta) .
b) Copia Carta Documento remitida por el actor al Sr. Guillermo De Paolis ( fs. 2).
c) Copia certificado médico, formulario de licencia y constancia de recepción (fs. 2 vta, 5 vta/6).
d) Copia mail con notificación de la Resolución Nº 2021-3039 de fecha 17/09/2021 (fs.3)
e) Captura de pantalla mensajes de texto (fs. 3 vta./5)
f) Expte. digitalizado Nº2020-00968173-GDMZA-MESA (fs. 24/25).
g) Expte. N° 12869/20 caratulados “FC/FIGUEROA MARMOL TORREBLANCA VARGAS P/ estafa generica”, remitidos por la Fiscalía de Delitos Económicos, registrados en este Tribunal como AEV N° 105588,(PAQ) (fs. 84)
h) Expte. Digitalizado Nº 76228/21 caratulados “Fiscal C/NN- Compulsa en Autos N° 12869/20 de 016202”, originario de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos (fs. 86)
i) Expediente digitalizado N° 309524 caratulados “CASTRO GENARA ARAMINA P/ SUCESION” originario del Tribunal de Gestion Asociada Tercero (fs. 88)
2.- Informativa:
Oficio remitido por el Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública (fs. 101).
3.- Pericial Informática:
Pericia realizada por el perito ingeniero en informática obrante a fs. 71/75.
4.- Testimonial:
De los Sres. Roberto Daniel Zárate, Gustavo Javier Olguín y Pablo Ares (fs. 121 y vta).
III.- LA SOLUCIÓN DEL CASO:
a.- Cuestión a resolver:
Conforme ha quedado trabada la litis, corresponde revisar la legitimidad del obrar administrativo que impuso la sanción disciplinaria de cesantía al Señor Joel Alejandro Torreblanca Vargas, en orden a los vicios denunciados.
b.- Antecedentes fácticos relevantes:
De la compulsa del procedimiento administrativo previo a la interposición de la presente acción, como así también de la prueba arrimada a esta causa y de los hechos afirmados y no discutidos por las partes, se desprende la siguiente plataforma fáctica:
I- Expediente N° EX-2020-00968173- -GDEMZA-MESA#DGE
A) Investigación Preliminar:
i.- Con fecha fecha 01/11/2010, la Dirección de Bienes Inmuebles de la DGE informa que sobre el inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984 de la Ciudad de Mendoza identificado como herencia vacante existe un Convenio de Comodato suscripto entre la DGE y la Sra. Catalina Farías LC N° 888.361.562, habiendo fallecido esta última. Por tal razón, mediante Resolución Nº 229 del Honorable Consejo de Enseñanza, de fecha 03/05/2012, designó a la Escribana Sánchez para tomar posesión del inmueble en cuestión. Al constatarse que se encontraba ocupado, la escribana sugiere a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE que el inmueble se recupere en forma urgente por vía judicial.
ii.- Por Resolución Nº 389 del Honorable Consejo de Enseñanza, de fecha 31/07/2012, se autorizó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE a iniciar la acción judicial para realizar el inmediato desalojo de la herencia vacante del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984, ciudad de Mendoza.
iii.- Con fecha 12/05/2014, el agente Joel Torreblanca informó a la Dirección de Administración de la DGE, que se había iniciado el juicio de desalojo, tramitado en expediente n.º 250.599 caratulado “DGE c/Noemí Farías p/Desalojo” radicado en el 24° Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial”. Posteriormente, con fecha 14/08/2014, en dichos autos el juzgado resuelve disponer que se proceda a la entrega del citado inmueble a la parte actora.
iv.- Para fecha 28/09/2017 el agente Torreblanca envia nota a Servicios Generales de la DGE a fin de que informe el estado ocupacional del inmueble sito en calle Videla Castillo N.º 1984 de Ciudad de Mendoza ya que al momento del desalojo esa dependencia quedó a su cuidado. Luego, con fecha 27/11/2017 dicha nota es respondida a Asesoría Letrada informando que el inmueble no quedó a cargo de dicha dependencia debido a que fue desocupado por pedido de las autoridades para alojar a refugiados de Siria, por lo que se realizó el traslado de documentación y archivo a la Galería Tonsa, despejando el lugar y dejándolo en condiciones. Posteriormente, con fecha 07/12/2017 el Coordinador General de Servicios Generales de DGE informa a Asesoría Letrada, que se constató que en el inmueble hay una persona de nacionalidad brasilera que no posee documentación pero que afirmaba tener permiso de los directivos de un establecimiento.
v.- Con fecha 31/07/2019 la Dirección de Asuntos Jurídicos requiere a la Escribana Talquenca realice un acta de constatación del inmueble en cuestión. Al llegar al lugar, en la puerta se encontraba el Sr. Andrés Rinaldoni, quien ejerce funciones en la Dirección de Asuntos Jurídicos de DGE “quien nos reconoce, nos saluda y nos comunica que estaba esperando a un amigo y procedió a retirarse del lugar”. Luego fueron recibidos por una señora llamada Nilda Mármol, quien al ser preguntada si vive allí, responde que “ella no vive allí, que la que vive es su hija de nombre Camila Noel Figueroa”, que hace un año aproximadamente que viven allí, que su hija es esposa del Dr. Joel Torreblanca que trabaja en la DGE y que tenía intención de comprar el inmueble para su esposa y por eso estaban viviendo ahi.
vi.- Posteriormente con fecha 28/01/2020, el Director de Asuntos Jurídicos de la DGE requiere a la Escribana Carbonari que constate el estado de ocupación del inmueble en cuestión, dejando constancia al momento de constituirse en el lugar, que los llamados no fueron atendidos, pudiendo observar a través de la ventana una mesa redonda y sillas, y sobre dicha mesa una botella de agua mineral y una mamadera con restos de leche.
vii.- El Director de Asuntos Jurídicos envía pedido de informe al agente Joel Torreblanca a raíz de las irregularidades detectadas en relación a los ocupantes del inmueble, qué grado de parentesco tienen con él, si sabe desde cuándo y en qué calidad ocupan el inmueble y si sabe quién los autorizó a vivir alli.
viii.- El agente Torreblanca contesta el pedido de informe expresando que el inmueble primero estuvo ocupado por gente de Siria y después por un ciudadano de Brasil. Luego en el año 2018, el Sr. Andrés Rinaldoni le cuenta que fue autorizado para vivir allí junto a su pareja, Sra. Nilda Mármol y que Servicios Generales le dio la llave. Que su ex pareja fue invitada a vivir con ellos por lo que solicita se realice un comodato para cuidar la propiedad.
ix.-Se dicta la Resolución Nº 2020-480, de fecha 09/03/2020, por la que el Director General de Escuelas resuelve ordenar la apertura de información sumaria en la persona del abogado Joel Torreblanca. Asimismo se dispone la suspensión preventiva de prestación de servicios laborales del agente, por el plazo de treinta (30) días, de conformidad con lo normado por el Art. 19 y cc del Anexo de la Ley Nº 9.103, debiendo mantenerse el goce íntegro de haberes durante dicho lapso.
xi.- Para fecha 25/06/2020 se ordena una inspección ocular en el lugar y también que se libre oficio al Honorable Consejo de Enseñanza Pública a fin de que informe si se ha celebrado contrato de comodato del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984 de Ciudad de Mendoza.
xii.- El día 26/06/2020 se realiza la inspección ocular en el lugar, siendo atendidos por la Sra. Camila Figueroa quien manifiesta vivir en el inmueble con sus dos hijas menores, desde junio del año 2018, que el tema del instrumento legal en virtud del cual vive allí lo maneja su abogado, que conoce al Dr. Torreblanca porque es el padre de su hija y sobre el Sr. Rinaldoni dice que vive en Miramar con su mamá desde agosto del año 2019 aproximadamente. Agrega que, antes que ella, habitaba en el inmueble el Sr. Rinaldoni junto con su mamá.
xiii.- El Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública informa que con fecha 06/08/2019 la Sra. Figueroa, actual ocupante del inmueble en cuestión, solicito al HCA que autorizara la firma de un comodato a su nombre, ya que según sus dichos ocupaba el inmueble junto a dos hijas menores habiendo realizado arreglos a tal fin. Dicha autorización nunca fue concedida, por lo que se encontraría ocupando el inmueble en forma ilegítima.
xiv.- La Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina que corresponde disponer la clausura de la información sumaria ordenada, habiendo quedado demostrado que ha habido claras irregularidades y que actualmente hay una ocupación ilegal de la Sra. Figueroa y sus hijas que no hubiera sido posible sin la intervención de los agentes Torreblanca y Rinaldoni, quienes aprovechándose de su cargo, función y en ocasión de él, de la documentación disponible y teniendo acceso a la casa de calle Videla Castillo Nº 1984, facilitaron la ocupación señalada. Dichos extremos demandan la necesidad de la apertura de un sumario administrativo contra el agente Torreblanca por haber incurrido, prima facie, en incumplimiento del art. 13 inc. b), p) y r) y las prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Dec.Ley 560/73, pudiendo ser aplicable las sanciones previstas en el art. 5 inc b) y d) de la Ley 9103.
B) Sumario Administrativo:
i.- Por Resolución Nº 2020-1484 de fecha 11/08/2020 el Director General de Escuelas, ordena la apertura de sumario administrativo en la persona del agente Joel Torreblanca por haber incurrido, prima facie , en incumplimiento del art. 13 inc. b), p) y r) y las prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Dec.Ley 560/73, pudiendo ser aplicable las sanciones previstas en el art. 5 inc b) y d) de la Ley 9103. Ello en virtud de que con su accionar, aprovechándose de su cargo, función y en ocasión de él y de la documentación disponible, habría facilitado, prima facie, la ocupación ilegal e ilegítima por parte de la Sra. Camila Figueroa y sus dos hijas menores del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984, Ciudad de Mendoza. Asimismo, y de acuerdo a lo normado por el art. 19 anexo Ley 9103, se dispuso la suspensión sin goce de haberes por el término de 30 días. Dicha resolución fue notificada al agente Torreblanca con fecha 13/08/2020.
ii.- Con fecha 11/09/2020 la Oficina General de Sumarios designa como Instructora Sumariante a la Dra. Alejandra Casero y como Secretario de Actuaciones al Sr. Exequiel Barroso, quienes aceptan el cargo y disponen el avoque del sumario administrativo con fecha 15/09/2020. Asimismo ordena la producción de una serie de medios de prueba.
iii.- Se agrega copia digitalizada y fiel del expediente Nº 16367-b-2010 y actuaciones 1456-d-2013; situación de revista del agente Andrés Rinaldoni; legajo personal del agente Torreblanca.
iv.- Se adjunta copia de Antecedentes e Imputación del Sr. Joel Torreblanca en el Expte P/12869/20 (UFI. Delitos Económicos).
v.- Con fecha 18/11/2020, rinde declaración testimonial el Sr. Daniel Zárate, Coordinador de Servicios Generales de la DGE y el día 29/12/2020 declara el Sr. Gabriel Sciola, Subsecretario de Administración de la DGE.
vi.- Producida la prueba de cargo, se cita a indagatoria al agente Joel Torreblanca para el día 17/03/2021, corriéndole vista por el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la indagatoria para efectuar los descargos, presentar defensa, ofrecer medidas de prueba y designar defensor. El sumario fue notificado el día 15/03/2021.
vii.- Con fecha 31/03/2021 el agente Torreblanca constituye domicilio legal y electrónico e interpone Nulidad de la indagatoria por no encontrarse resuelto el recurso de revocatoria incoado contra la apertura del sumario. Detalla los hechos que hacen a la causa y ofrece además prueba.
viii.- La Instructora Sumariante expresa que, sin perjuicio de que el recurso de revocatoria señalado no fue interpuesto en el presente expediente, dictamina que la resolución de apertura de sumario es irrecurrible. Asimismo se tiene el escrito presentado como descargo y se aceptan parcialmente las pruebas ofrecidas, admitiendo: 1) Copia del Recurso de Revocatoria contra la suspensión preventiva 2) Solicitud de información publica. Acta notarial del 7 de agosto de 2020 (cobertura de guardias mínimas, presentación personal, notifica reunión del 13 de Agosto). A efectos de admitir el resto de la documentación acompañada el sumariado deberá acompañar copias legibles de la documentación citada en el término de 5 (cinco) días hábiles de notificado el presente. Con respecto a la prueba informativa, se admite parcialmente debiendo oficiarse a la UFI de Delitos económicos para que remita AEV el EX 12869/20 FC/ Joel Torreblanca P/ Negociaciones Incompatibles completo. Se rechaza la Inspección Ocular en los términos solicitados atento que la misma se encuentra agregada al expediente y por último se admite la prueba testimonial oferecida disponiendo su producción.
ix.- El día 11/05/2021 rinde declaración testimonial el Sr. Gustavo Olguín y el día 13/05/2021 lo hacen el Sr. Carlos Benítez y el Sr. Roberto Zárate.
x. Con fecha 13/05/2021 el sumariado interpone recurso de revocatoria contra el acto por el que se rechazó la prueba de descargo ofrecida. Señala que de la compulsa del expediente sumaria surge que no se encuentra agregado el expediente judicial de desalojo Nº 250599 caratulado “Farías, Noemí p/ Desalojo”, por lo que dicha prueba resulta de suma importancia para su defensa. Asimismo solicita nuevamente la inspección ocular atento que su defensa no puedo controlar debidamente las demás actas de inspección realizadas.
xi. La Instrucción, por las razones que expone, resuelve rechazar el recurso interpuesto. Sin embargo ordena oficiar a la UFI de Delitos Económicos para que remita AEV el acta de entrega de posesión del inmueble sito en calle Videla Castillo Nº 1984 de la Ciudad de Mendoza obrante en el el expediente judicial de desalojo Nº 250599 caratulado “Farías, Noemí p/ Desalojo”, acompañado como prueba en el expediente penal Nº 12869/20 Fc/Joel Torreblanca P/ Negociaciones Incompatibles”, disponiendo que el oficio debía ser diligenciado y rendido por el sumariado en el plazo de cinco días hábiles de notificado.
xii. El Sr. Torreblanca informa que con fecha 11/06/2021 envió oficio por correo electrónico, atento la situación de pandemia, a la UFI de Delitos Económicos y el que el Fiscal no había decretado nada hasta el momento. Asimismo, solicita que luego de que sea contestado dicho oficio y proveído el recurso que interpondrá contra el acto que denegó parcialmente el recurso de revocatoria, se fije fecha de indagatoria.
xiii. La Instrucción, mediante OV 91, emplaza al sumariado a que acompañe una constancia legible del diligenciamiento del oficio mencionado, y asimismo, en el término perentorio de tres días, adjunte el oficio informado bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba.
Por otra parte, dispone que atento a la situación de pandemia podrá declarar por escrito, al correo electrónico de la Oficina General de Sumarios, dentro de los tres días desde la notificación, bajo apercibimento de tenerla por desistida.
xiv. El Sr. Torreblanca acompaña copia legible del oficio oportunamente diligenciado ante la UFI. Informa que presentó Recurso Jerárquico ante la denegatoria de las pruebas de descargo y que presentará recurso de revocatoria contra la OV 91 por violación al derecho de defensa.
xv. Con fecha 08/07/2021 la Instructora Sumariante clausura el sumario administrativo, dando vista por diez días al sumariado para alegar y sugiere aplicar al actor una sanción de cesantía al haberse demostrado el hecho o conducta del agente Torreblanca como responsable de facilitar la ocupación ilegal del inmueble de propiedad de la DGE, sito en calle Videla Castillo Nº 1984, de la Ciudad de Mendoza, que sin su intervención no hubiera sido posible, teniendo en consideración su cargo, función, ocasión, conocimiento, documentación disponible y particularmente personas que habitaron ilegalmente dicho inmueble, en violación a los arts. 13 incs. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Dec. Ley 560/73.
xvi.- El Sr. Torreblanca interpone recurso de revocatoria contra el acto que dispuso la clausura del sumario por violación del derecho de defensa y denuncia la ocupación del inmueble por un empleado de la DGE, Pable Ares, Jefe de Mesa de Entradas, quien explotaría un negocio y sus ganancias las compartiría con el Director de Asuntos Jurídicos, que es quien mandó a instruir el sumario en su contra. Por ello peticiona que se realice una nueva inspección ocular para deslindar responsabilidades.
xvii.- El recurso es rechazado sustancialmente y con relación a la denuncia de ocupación formulada se resuelve que ocurra por la vía que corresponda.
xviii. El sumariado presenta sus alegatos. Reitera la violación de su derecho de defensa.
xix.- Luego de haberle dado intervención a la Junta de Disciplina para personal no Docente, con fecha 09/09/2021 el Director General de Escuelas dicta la 2021-3039-E-GDEMZA-DGE por la que dispone aplicar al Sr. Torreblanca la sanción de cesantía conforme el art. 2 inc c) del Anexo del Régimen Disciplinario dispuesto por la Ley Nº 9103, en concordancia con el art. 5 inc. b) y d) del mismo régimen por transgresión al art. 13 inc. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Dec.Ley 560/73. La misma es notificada al actor con fecha 15/10/2021.
c.- Encuadre legal:
Las normas que invoca la Administración demandada para dar sustento específico a la sanción, son el art. 2 inc c) del Anexo del Régimen Disciplinario dispuesto por la Ley Nº 9103, en concordancia con el art. 5 inc. b) y d) del mismo régimen por transgresión al art. 13 inc. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Dec.Ley 560/73.
Sus textos disponen:
Anexo del Régimen Disciplinario Ley Nº 9103
Artículo 2°: “...Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, fiscales y/o penales que le quepan a los agentes públicos, serán pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias: ...c) Cesantía...”
Artículo 5: “Son causas para la cesantía: ...
inc b): Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el artículo 14 del Dec.Ley Nº 560/73, graduado conforme a la naturaleza y gravedad de la falta.…
inc. d): Falta grave respecto al superior en la oficina o en actos de servicio...”
Dec.Ley N° 560/73
Art.13: “Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a:...
inc. b) Observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige;...
inc. p) Velar por la conservación de los útiles, objetos, y demás bienes que integran el patrimonio del Estado y de los terceros que se pongan bajo su custodia;...
inc. r) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio al Estado o configurar delito;...”
Art. 14: “Queda prohibido al personal:…
inc. k) Valerse de los conocimientos adquiridos en la función, para fines ajenos al servicio;…
inc. l) Arrogarse atribuciones que no le competen;...”
d.- Límites del control jurisdiccional sobre la facultad sancionatoria-disciplinaria de la Administración. Precedentes del Superior Tribunal:
Con relación al alcance del control jurisdiccional sobre las facultades en materia disciplinaria, desde hace tiempo este Tribunal tiene establecido y delimitado un pormenorizado desarrollo de los postulados que rigen el alcance de las facultades del Poder Administrador (L.S. 292-1; 296-134; 298-209; 299-110; 304-66; 347-178; 379-176; 401-115; 403-65 entre otros). Así pues se han precisado las siguientes premisas:
• Los jueces, en principio, no pueden, sin correr el riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción impuesta, mientras que la magnitud de las sanciones está, como regla, reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. Por lo que cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada o si los hechos no han sido probados (L.S.292-1; 296-134; 298-209; 299-110; 304-66, 347-178; 379-176).
• La apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades discrecionales del tribunal administrativo, en cuyo ejercicio este no debe ser sustituido por los jueces y solo corresponde su revisión en el caso de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas. Dicho de otro modo, solo cabe apartarse de las sanciones impuestas si las mismas no guardan proporcionalidad con la falta imputada o si los hechos no han sido probados (ver al respecto C.S.J.N. Fallos 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282; 312:607; 318:137; y los precedentes de esta Corte “Suárez”, del 05/07/84; “Gorrini”, del 17/10/96, entre otros).
• Las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario solo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados (LS 312-219).
• En cuanto a la razonabilidad de la sanción, se ha establecido que la graduación de la misma debe realizarse mediante la aplicación de criterios de proporcionalidad valorados en relación con el caso concreto, de modo tal que resulta adecuado que la sanción se gradúe, entre otras pautas, en función de:
(i) La perturbación del servicio (ver González Rivas, J.J., “Las sanciones administrativas en la doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional”, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia”, Madrid, Actualidad ed. 1994, p. 57).
(ii) La reiteración de los hechos (ver Carretero Pérez, Adolfo y otro, “Derecho administrativo sancionador”, Madrid, Edersa, 1992, pág. 153).
(iii) La jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo (ver Castillo Blanco, Federico, “Función pública y poder disciplinario del Estado”, Madrid, Civitas, 1992, p. 290).
• Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria (Fallos 308:191; 316:2043; 324:3593). A su vez, tales salvaguardas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa.
e.- Mi opinión
i.- De la compulsa del expediente administrativo se deriva que el accionar de la demandada, en ejercicio de su potestad administrativa sancionatoria, no ha sido ejercido de manera irrazonable ni arbitraria, sino que fue desplegada dentro de la competencia que legalmente tiene otorgada.
En este sentido, de lo alegado por el actor en sede administrativa como en la presente instancia jurisdiccional, surge que su defensa se basamenta en la falta de autoría y/o responsabilidad en el hecho imputado, en la inexistencia de relación entre el hecho imputado y su trabajo, y en la violación del debido proceso y el derecho de defensa en el marco del procedimiento sumarial, como así también en la arbitrariedad de la sanción aplicada.
ii.-El actor se agravia de que en el marco del procedimiento sumarial se le denegó incorporar prueba y controlar una inspección ocular solicitada; se lo emplazó en tres días a acompañar un oficio informado y se dispuso que rinda declaración indagatoria por escrito por razones de pandemia, todo lo cual habría vulnerado su derecho de defensa.
Corresponde tener presente que las garantías de defensa y debido proceso son de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria (Fallos 308:191; 316:2043; 324:3593), y las mismas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa.
Al respecto este Tribunal ha dicho que “para que la defensa se lesione se debe impedir el derecho de ser oído, de ofrecer pruebas pertinentes y el de interponer los recursos procedentes” (L.S.: 294-35).
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, (causa"Baena Ricardo y otros c. Panamá", 2001) que las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos no son exclusivamente imperativas para los procesos penales sino que, por el contrario, son plenamente aplicables a cualquier procedimiento, incluido así el procedimiento administrativo sancionador.
Por su parte, el art. 8.2.b CADH establece entre las garantías mínimas que deben respetarse durante el proceso, el de la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
A su vez, el Régimen General Disciplinario, Ley 9.103, recepta expresamente esta garantía al establecer en su art. 22 que luego de incorporada la prueba de cargo, el instructor citará al sumariado a fin de notificarle circunstanciadamente los hechos que se le imputan y las pruebas existentes en su contra, debiendo informarle también que puede declarar si fuese su voluntad y que puede designar un defensor oficial.
Sobre la base de dichos parámetros se concluye que, más allá de las alegaciones formuladas sobre el punto por la parte actora, la tramitación del procedimiento sumarial no adolece de los vicios que aquella le achaca.
Así, de las constancias de las actuaciones administrativas surge que luego de producidas las pruebas de cargo, la Instrucción consideró oportuno imputar al agente Torreblanca y lo citó a indagatoria para el día 17/03/2021, así como también dispuso correrle vista de las actuaciones por el término de diez días hábiles computados desde el día hábil siguiente a la fecha de audiencia indagatoria fijada, contando aquél con la documentación y prueba obrante en el expediente.
Sin embargo, el accionante no se presentó a la audiencia. Por el contrario, con fecha 31/03/2021, solicitó la nulidad de la indagatoria alegando que no se había resuelto el recurso que habría interpuesto contra la apertura del sumario. En dicho escrito expuso una serie de hechos y ofreció prueba documental, informativa, inspección ocular y testimonial.
La Instrucción, luego de tratar y rechazar la nulidad impetrada por improcedente, le asignó a dicho escrito el carácter de descargo y admitió parcialmente la prueba ofrecida, considerando que algunas de ellas resultaban inconducentes o irrelevantes para la investigación y otras, ya se encontraban rendidas en el expediente sumarial, el cual estaba a disposición del sumariado y sin embargo, no había solicitado vista del mismo.
El sumariado interpuso recurso de revocatoria contra el rechazo de la prueba de descargo ofrecida, circunscribiendo sus agravios en relación al oficio dirigido a la UFI remisión de un AEV y a la inspección ocular.
La Instrucción rechazó el recurso entendiendo que, con respecto a la inspección ocular, el recurrente solo peticionó que se realizara nuevamente con su participación, sin agregar nada, y sin impugnar tampoco la agregada en las actuaciones sumariales, que fue realizada con extrema legalidad.
Con relación a la prueba informativa se hizo lugar al libramiento del oficio mencionado, el que debía ser diligenciado por el propio sumariado y rendido en el plazo de 5 días hábiles. Sobre este punto, el accionante acompañó una constancia ilegible a fin de informar el diligenciamiento del oficio, por lo que la Instrucción, con fecha 02/07/2020, le notificó que debía acompañar una constancia legible y el oficio informado en el término perentorio de tres días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, lo que finalmente acaeció en virtud de no haberse cumplido en tiempo y forma con dicha carga.
En este punto, y más allá de que no se pudo constatar en el marco del juicio por desalojo que se tramitó en los autos Nº 250599 caratulados “DGE c/Farías Noemí p/ Desalojo” quién fue el agente que recibió las llaves del inmueble en cuestión, al haber tenido por desistida dicha prueba, lo cierto es que el actor no ha logrado demostrar que esta circunstancia modificaría de algún modo las conclusiones a las que arriba el acto cuestionado respecto a la conducta imputada y a las consecuencias legales que de ella se derivan.
En efecto, de las testimoniales rendidas tanto en sede administrativa como en esta sede, no surge en forma clara qué funcionario u oficina quedó a cargo de las llaves del inmueble en cuestión luego de concluido el juicio por desalojo en el que intervino el actor como letrado autorizado por la DGE. Sin embargo, dicho desalojo se produjo en el año 2014, y el inmueble fue ocupado y utilizado para distintos usos a lo largo de los años hasta la ocupación ilegítima del mismo por la Sra. Figueroa. En consecuencia, determinar quién recibió las llaves luego del desalojo ordenado en los autos Nº 250599 caratulados “DGE c/Farías Noemí p/ Desalojo”, no resultaría un elemento dirimente para excusar la conducta posterior imputada al accionante, por la que en definitiva se le aplicó la sanción que aquí se discute.
Por otro lado, y con relación a la alegada vulneración de su derecho de defensa al disponer la instrucción que rinda declaración indagatoria por escrito, cabe señalar que el actor no argumenta, ni siquiera someramente, de qué manera podría entenderse configurada dicha violación a la garantía aludida, el hecho de tener que rendirla por escrito, máxime cuando tuvo la oportunidad de rendirla oralmente en la audiencia fijada a tal fin y no concurrió.
Advierto entonces, que se ha respetado por parte de la Administración el procedimiento de investigación, se han seguido los pasos establecidos para el inicio de un sumario mediante el dictado de los respectivos actos administrativos; se han cumplimentado todos los requisitos necesarios para su validez, especialmente lo que hace al derecho de defensa del imputado, toda vez que se le informó el encuadre de su conducta administrativa, el derecho de nombrar abogado defensor y la posibilidad de ofrecer las pruebas que considerase oportunas.
A su turno, la clausura del sumario se realizó conforme lo determina la normativa vigente, se elevó el Informe pertinente y el sumariado tuvo la oportunidad de alegar. Con respecto del Dictamen de la Junta de Disciplina, cabe destacar que cuenta con los requisitos necesarios para su validez, en la medida que tuvo lugar un análisis de los hechos, las pruebas, la calificación en los términos legales apropiados, junto con la sugerencia de aplicar la cesantía.
De lo expresado se desprende que la conducta desplegada por la Instructora se adecua a las prescripciones legales vigentes, como así también se colige que el derecho de defensa del interesado y la garantía del debido proceso han sido debidamente respetados pues el procedimiento ha tramitado de la mano de las oportunidades establecidas por ley para la intervención del sumariado.
Por ello, entiendo que el proceder de la demandada en este sentido no se encuentra afectado por vicio alguno que afecten su legitimidad
iii.- En el contexto descripto, al amparo de las máximas referidas y de la normativa implicada, corresponde analizar los restantes vicios que atribuye el accionante al obrar administrativo.
En el sumario administrativo iniciado contra el actor se llevó a cabo para comprobar los hechos sancionables, recopilar evidencia y determinar su responsabilidad administrativa, y estuvo orientado a investigar las graves conductas atribuidas al Sr. Joel Torreblanca que se le achacó haber transgredido los deberes de los empleados públicos previstos en el art. 13 incs. b), p) y r) y prohibiciones del art. 14 inc. k) y l) del Decreto Ley Nº 560/73.
De los antecedentes de la causa, surge que el análisis de la instrucción sumaria sobre las conductas y faltas atribuidas al agente han sido probadas, cabiéndole responsabilidad administrativa y siendo pasible de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
Surge suficientemente probado que el el Sr. Torreblanca cumplía funciones de asesor letrado en Asesoría Jurídica de la DGE, y participaba, por mandato de dicho organismo, en los juicios por desalojos de los inmuebles propiedad de la DGE; que en virtud de su cargo, solicitaba informes a distintas áreas de la DGE sobre las condiciones en las que se encontraban los diferentes inmuebles y por ello, podía tener acceso al conocimiento del estado de los mismos; que en el año 2014 intervino como letrado de la DGE y tuvo a su cargo el juicio por desalojo del inmueble ubicado en calle Videla Castillo N° 1984, de Ciudad de Mendoza, que tramitó en el 24° Juzgado Civil, Comercial y Minas, bajo el número 250.599 caratulado “DGE c/ Farías Jofré, Noemí”; que desde el año 2018 (según acta de inspección ocular de fecha 26/06/2020) el inmueble de referencia se encontraba ocupado por la Sra. Camila Figueroa, ex pareja del agente Torreblanca, junto con dos hijas menores edad, una de las cuales es hija del sumariado; que por estos hechos, en sede penal el accionante fue imputado por el delito negociaciones incompatibles con la función pública en los autos Nº P12.869/20, que en las actuaciones sumariales, al contestar un pedido de informe sobre las irregularidades detectadas, el Sr Torreblanca solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos la realización de un comodato a favor de su ex pareja para cuidar la propiedad en cuestión.
Los hechos descriptos y acreditados dan cuenta que el agente Torreblanca tenía pleno conocimiento de la ocupación ilegítima del inmueble, en donde habitaba su hija menor de edad, violando en forma premeditada y deliberada el ordenamiento jurídico vigente, todo lo cual no podía desconocer teniendo en cuenta que es abogado y que se desempeñaba como asesor letrado de la DGE, teniendo a su cargo las herencias vacantes, los desalojos de los inmuebles ilegítmamente ocupados, como así también el acceso a la documentación e informes sobre el estado de los inmuebles propiedad la demandada.
Por otro lado, cabe señalar que tampoco en esta sede el agente logró aportar elemento probatorio alguno a los fines de acreditar su falta de responsabilidad en los hechos enrostrados, por cuanto ni la prueba pericial informática ni las testimoniales rendidas resultan conducentes a tal fin. En efecto, determinar quién ocupa hoy el inmueble, de qué forma, o quién la ocupaba antes de la Sra.Figueroa, no excusa su responsabilidad en los hechos investigados en el procedimiento sumarial.
Se advierte entonces, que la conducta desplegada por el actor configura una conducta gravísima, pues era abogado, funcionario de Asesoría Jurídica de la DGE, encargado de herencias vacantes y desalojos, lo que permite deducir que la ocupación ilegítima del inmueble en cuestión por parte de la Sra. Figueroa junto a la hija menor de ambos, no hubiera sido posible sin la intervención del Sr. Torreblanca, configurando ello una inobservancia gravísima a los deberes impuestos como empleado público, que se encuentran previstos en el Dec. Ley 560/73.
En efecto, existe un nivel de jerarquía y de profesionalidad en el actor por el cual resulta inexcusable su conducta con relación al conocimiento de una ocupación ilegítima de un bien inmueble propiedad de la demandada, y mucho más teniendo en cuenta que los ocupantes resultaban ser su ex pareja y su hija menor.
Consecuentemente, se advierte que la demandada ha obrado dentro del marco de juridicidad que le es aplicable, de allí que resulte pertinente recordar que el control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a la administración, y sólo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo. Aun cuando existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al juez sustituir una por otra, sino sólo controlar que el criterio adoptado por la administración tenga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello quiere decir que quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo verificar si el iter lógico y la ponderación ya efectuada por la administración se ajusta a pautas objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables (cfr. SESÍN, Domingo J., Administración pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial, 2da ed. act., Lexis Nexis, Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 223).
En conclusión, en el ceñido marco del control que está llamado a ejercer este Tribunal en la materia, el temperamento adoptado por la demandada en relación a la responsabilidad disciplinaria de la accionante, no aparece ilógico, irrazonable, ni ostenta contradicciones en aquellos razonamientos que sustentan los respectivos actos administrativos.
En virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar la demanda incoada, en tanto los actos impugnados no se exhiben ilegítimos. Ello en evidencia de que, objetivamente, dichos actos contienen una adecuada fundamentación en circunstancias de hecho oportunamente corroboradas y por aplicación de las normas jurídicas vigentes relacionadas con tal materia, todo, en el marco de un debido procedimiento previo..
Así voto.
Sobre la misma cuestión, los Dres. MARIO D. ADARO y JOSÉ V. VALERIO adhieren por los fundamentos al voto que antecede.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO DIJO:
Conforme surge de las valoraciones vertidas con anterioridad, corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
Sobre la misma cuestión, los Dres. MARIO D. ADARO y JOSÉ V. VALERIO adhieren al voto que antecede.
SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. OMAR A. PALERMO DIJO:
Considero que, no obstante el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, atento a las características del presente reclamo jurisdiccional y que los abogados de la demandada perciben un sueldo por sus servicios profesionales, corresponde imponer las costas por el orden causado (arts. 36 del C.P.C.C.yT. y 76 del C.P.A. y Ley 5394). Ello así toda vez que me encuentro convencido que debe tenerse especialmente en cuenta, que la suerte de estos pleitos, siendo la jurisdicción del empleo público de instancia única, puede devenir en una pérdida más gravosa para los y las agentes estatales, y también para quienes pretenden reclamos vinculados con su salario, pensión o jubilación. (conf.“Mendoza Natalia Paola c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza P/ APA”, CUIJ: 13-04311568-9, SCJM, Sala 2, sentencia de fecha 7/03/2023; “Cabañas Raúl Omar c/ Gob. De la Prov. p/ APA”, CUIJ: 13-06758356-0, SCJM, Sala 2, sentencia de fecha 9/05/2023; “Contreras Graciela Alicia y Ots. c/ DGE p/ APA”, Sala 2, CUIJ: 13-04215940-3, sentencia de fecha 14/08/2023; entre muchos otros).
Atento lo resuelto en el párrafo anterior, no corresponde regular honorarios en función del art. 28 de la Ley Nº 9131 y de la prohibición dispuesta por la Ley N° 5394.
Así voto.
Sobre la misma cuestión, el Dr. MARIO D. ADARO adhiere al voto que antecede.
Sobre la misma cuestión, el Dr. JOSÉ V. VALERIO, en disidencia, dijo:
Conforme el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la parte actora vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.C.yT. y 76 del C.P.A.).
Respecto de la regulación de honorarios, corresponde diferirlos para su oportunidad.
Así voto.
Con lo que dio por terminado el acto y se procedió a dictar la resolución que a continuación se inserta:
SENTENCIA:
Y VISTOS:
Por el mérito que emana del acuerdo precedente, la ex Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia, con fallo definitivo,
RESUELVE:
1) Rechazar la Acción Procesal Administrativa entablada por el Sr. Joel Alejandro Torreblanca Vargas.
2) Imponer las costas del proceso en el orden causado.
3) Dar intervención a la A.T.M. a los efectos fiscales pertinentes.
Notifíquese, ofíciese y oportunamente archívese.
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