SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SECRETARIA DE COMPETENCIA ORIGINARIA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 19

CUIJ: 13-07428033-6((122478))

ALESTEMAR S.A. C/ ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA (ATM) P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA (ART. 2 INC. 4 LEY 9.423; ART. 1° CPA; ART. 187 LEY 9003)

*106568101*


En Mendoza, a seis días del mes de octubre de dos mil veintiséis, reunida esta Sala con Competencia Originaria de la Suprema Corte de Justicia, se toma en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-07428033-6 caratulada “ALESTEMAR S.A. C/ ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA (ATM) P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”.

Conforme sorteo realizado, se deja constancia del orden de estudio efectuado para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Sres. Ministros: primero, DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ; segundo, DR. JOSÉ VIRGILIO VALERIO; tercero, DR. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI.

ANTECEDENTES:

Alestemar S.A., a través de su representante legal, inicia el 02/02/2024 acción procesal administrativa contra la Administración Tributaria Mendoza (en adelante ATM) con el objeto que se anule la Resolución Nº 113/2023 -y sus precedentes-, la cual rechazó substancialmente el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 256/2022 que desestimó en lo substancial el recurso de revocatoria presentado contra la Resolución de Determinación de Oficio N° 307/2021 que aprobó la determinación tributaria, respecto de la actora, practicada en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el período 01/2016 a 12/2018, más intereses y multa, conforme expediente administrativo EX2018-GDEMZA-DGR_ATM. Asimismo, acompaña diversa prueba instrumental.

El 06/08/2024 se admite formalmente la acción y se ordena correr traslado al Administrador General de ATM y al Fiscal de Estado.

El 03/09/2024 comparece el apoderado de ATM, se hace parte, contesta demanda, ofrece pruebas y solicita el rechazo de la acción. El 01/10/2024 se hace parte la Subdirectora de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, responde el traslado, ofrece prueba y peticiona que se desestime la demanda.

El 02/10/2024 la actora denuncia hecho nuevo y acompaña prueba instrumental. El 10/10/2024 ATM contesta el traslado del hecho nuevo solicitando su rechazo, adhiriendo Fiscalía de Estado.

La actora concreta el responde previsto en el art. 46 del CPA el 14/10/2024.

El 19/11/2024 se dicta acto de sustanciación por el que resuelve admitir el hecho nuevo y aceptar la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes.

El 08/09/2025 la accionante denuncia otro hecho nuevo, que se rechaza por auto del 15/12/2025.

Rendidas las medidas probatorias, las partes presentan sus alegatos y se incorporan el 11/02/2026.

El 20/04/2026 se agrega el dictamen de la Procuración General y el 19/05/2026 se llaman los autos al acuerdo para dictar sentencia.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción procesal administrativa interpuesta?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso ¿Qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Pronunciamiento sobre costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ DIJO:

I.- Cuestiones planteadas por las partes

1.- Posición de la parte actora:

Mediante la acción ejercida, la actora pretende que se anule la Resolución de Determinación de Oficio Nº 307/2021 del 27/05/2021 -y, por ende, los actos posteriores que rechazaron sus recursos administrativos-, por la que se aprueba la determinación practicada por el Departamento de Determinación de Oficio de ATM, por el impuesto de Ingresos Brutos por el período 01/2016 a 12/2018, por la suma de $14.538.967,23, con más intereses legales (art. 60 Código Fiscal) por $15.553.216,23 y Multa (art. 69 Código Fiscal y Res. Gral. 07/2014), graduada al 200%, de $60.559.326,39, intimando una deuda total de $ 90.651.509,85, liquidada al 15/06/2021.

Alega que la empresa liquidó el Impuesto a los Ingresos Brutos en función de la retribución por la actividad ejercida enmarcada en el art. 168 segundo párrafo del Código Fiscal de Mendoza (2017), que consiste en una retribución que surge de las planillas emitidas por Cervecería y Maltería Quilmes SACIA donde se reflejan los márgenes -sobre las que se liquidó el impuesto- entre los precios de venta y compras.

Señala que la relación contractual con Quilmes es igual a la que tiene la empresa José Panella SA, a quien se le aplicó el dictamen (Informe técnico 2/2017 del 13/3/2017) emitido en el expediente Nº 2693-D-2017-01130 y expediente 23737-D-2016-1130; por eso, considera que ATM debió aplicar ese dictamen a su caso y efectuar la determinación con esos criterios, coincidentes con la liquidación del impuesto efectuada por la propia empresa accionante.

Entiende que tanto el contrato como el sistema de distribución que tiene es el mismo que se aplica al resto de los distribuidores en Mendoza. Por eso, reitera, la forma de liquidar el impuesto es como se realizó en el caso de José Esteban Panella SA.

Destaca que ATM no puede ir contra sus propios actos: reconoció a una empresa del rubro el cálculo de ingresos brutos en función de la retribución por la actividad ejercida del art. 168 segundo párrafo del Código Fiscal de Mendoza (2017) – criterios del mencionado dictamen en el caso de la empresa “Panella”-, por lo que mal puede ahora exigir a otro distribuidor (empresa actora) en igualdad de condiciones otra forma de liquidar.

En consecuencia, considera que los vicios que presentan los actos atacados y la determinación de oficio del impuesto, sus intereses y multa desproporcionada, implican la violación de diversos principios y derechos constitucionales, en especial la razonabilidad (por lo cual actuó arbitrariamente) y la igualdad ante la ley.

Asimismo, violenta la teoría de los actos propios, al aplicar para una caso los criterios del referido dictamen del caso “Panella” y para otro caso – el de marras – criterios diversos que hacen mucho más oneroso el tributo.

Respecto de la multa, en la demanda solamente señala que no se expresan considerandos ni se resuelve sobre los argumentos impugnatorios de la multa, lo que torna nulo – a su entender – lo resuelto con relación a este tópico.

Pone de manifiesto que se configuran los vicios graves establecidos en el art. 63 de la LPA al transgredirse lo dispuesto en los arts. 38 o 39 de esa norma, al no valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y no disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.

Ofrece diversa prueba instrumental y testimonial que será analizada oportunamente.

Al responder los traslados del art. 46 de la Ley Nº 3.918, y en contestación a las argumentaciones principales expuestas por la demandada directa y por Fiscalía de Estado, la actora ratifica que realiza la misma actividad comercial que la empresa “Panella”.

Agrega que conforme el referido informe técnico “Panella”, contrariamente a lo que refiere ATM en su contestación de demanda, cumplió con los requisitos fundamentales para que resulte aplicable el segundo párrafo de los arts. 168 y 174 del Código Fiscal y los criterios de dicho dictamen, esto es que: debe tratarse de distribución y venta de productos concesionados, provisto por el concedente conforme el CCCN, a la vez que debe existir un contrato de distribución y venta que refleje la actividad de la distribución y venta de los productos concesionados, en el que debe estar pactada la retribución. Que en su caso este contrato existe, fue concretado mediante correo electrónico y en cumplimiento con diversos artículos del CCCN que regula cómo puede expresarse la voluntad (forma tácita o expresa, arts. 262 y 264) y los términos del art. 971 de dicho cuerpo legal sobre que admite para la formación del consentimiento una conducta que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Asimismo, se cumple con lo determinado en dicho informe técnico sobre la forma de retribución, conforme las diversas planillas agregadas en las piezas administrativas de las que surge dicha retribución pactada.

Finalmente, se refiere que el hecho nuevo admitido por el auto del 19/11/2024, denunciado por la demandante, consiste en que la Resolución DGR Nº 81/2024 ha considerado aplicable a Distrosol SA los criterios del informe “Panella”.

2.- Posición de la Administración Tributaria Mendoza (ATM):

La demandada directa, luego de efectuar las negativas generales y particulares pertinentes, refiere que del Informe Técnico Nº 2/2017, emitido por el Director General de Rentas en el caso “Panella” -que invoca la actora-, surge que los requisitos fundamentales para que resulte procedente la aplicación del segundo párrafo del art. 168 y el art. 174 del Código Fiscal son los siguientes:

1) Debe tratarse de una actividad de distribución y venta de productos concesionados provistos por el concedente de acuerdo lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación; 2) Debe existir un contrato de distribución y venta, que refleje la actividad de distribución y venta de productos concesionados; 3) El contrato debe haberse concertado con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (01/08/2015); y 4) En el contrato debe estar pactada la retribución como elemento esencial del contrato de concesión.

Destaca que en el supuesto de “Panella” se constataron todos los requisitos, y por esta circunstancia el Director entendió que debió considerarse la retribución pactada como base imponible para liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme lo previsto en el art. 168 del CF.

Con respecto al caso de la empresa actora, la demandada directa considera que Alestemar S.A. no cumplió las señaladas condiciones establecidas para la aplicación del precedente dictado en el expediente “Panella” (Informe Técnico Nº 2/17).

En tal sentido, indica que la actora, en sede administrativa, y a pesar de habérselo requerido en reiteradas oportunidades, nunca aportó el convenio o contrato celebrado con Cervecería y Maltería Quilmes SAICA o cualquier otra documentación suscripta con esa empresa donde se verifique que actúa por cuenta y nombre de terceros, de modo de justificar su actuación bajo las denominadas figuras de comisionista, consignatario, mandatario, corredor, representante y/o cualquier otro tipo de intermediario en operaciones de naturaleza análoga cuya forma de liquidación del impuesto se encuentra establecida en el Art. 174 CF (t.o. 1993 y mod. art. 178 CF t.o. 2019).

Alega que el documento que acompañó la actora como prueba para acreditar la existencia de un “contrato de distribución o concesión” resulta ser la constancia de envío de un correo electrónico con asunto “Convenio de distribución” con fecha 04/02/2021, de pabloambrosini@distribuidoragama.com.ar (gerente de ALESTEMAR S.A.), con destinatario “Pereyra, Juan Francisco”.

Al respecto analiza que ese correo electrónico no contiene de forma expresa el acuerdo que implica un contrato de concesión con las cláusulas que resultarían de inminente aplicación para regular la relación contractual que se pretende probar. Por otra parte, en ningún lugar resulta probada la personería invocada por el presunto “Gerente de Quilmes”, ni la facultad para aceptar dichas condiciones, hecho este último que implica que no existe una manifestación de la voluntad por parte de la Sociedad que haría las veces de concedente en el supuesto acuerdo que se analiza. Además, la fecha en que fue remitido el correo electrónico es 04/02/2021, es una fecha que resulta abiertamente posterior a los periodos objeto de la determinación tributaria practicada (01/2016 a 12/2018). Esta circunstancia implica que la documentación aportada en sede administrativa no acredita de manera alguna la relación contractual que se invoca durante los periodos inspeccionados.

En definitiva, la accionante no comprueba la existencia de un contrato de distribución vigente a la época de los períodos inspeccionados, ni la retribución pactada para dichos lapsos temporales; tampoco responde, al querer compararse con el caso “Panella”, como esta sí pudo probar la existencia de la relación contractual y aquí la actora no lo pudo hacer.

Lo expuesto por ATM, según su criterio, implica la legitimidad de la originaria determinación de oficio, como así también los posteriores actos administrativos que rechazaron los diversos recursos.

Por tal motivo, la determinación de oficio realizada en los términos del art. 172 del Código Fiscal vigente resulta legítima.

Con relación a la multa, alega que no es ilegítima pues se aplicó la normativa vigente: el art. 57 del CF y su reglamentación Resolución Gral. ATM Nº 07/14.

En conclusión, considera que por los motivos expuestos la demanda debe ser desestimada.

3.- Posición de Fiscalía de Estado:

El rechazo de la demanda que propugna Fiscalía de Estado en su contestación se funda en los mismos motivos expuestos por la demandada directa, a cuyo escrito adhiere expresamente. Sobre las contestaciones planteadas por la actora, la Fiscalía de Estado adhirió a lo expresado por la demandada directa.

4.- Dictamen de la Procuración General:

En su intervención del 20/04/2026 la Procuración General dictamina que la demanda debería ser rechazada, con fundamento en que: el control judicial se encuentra limitado cuando se trata de evaluar la conveniencia u oportunidad de la regulación cuestionada; ATM actuó dentro de la legalidad al aplicar el art. 172 del Código Fiscal en la determinación de oficio; no acreditó la actora el contrato que invoca; es carga del contribuyente acreditar los hechos o prueba que alega.

En consecuencia, corresponde el rechazo de la acción, por ser legítimo el actuar de ATM en sede administrativa, tanto en la determinación de oficio cuestionada como en los posteriores actos administrativos que resolvieron los diversos remedios recursivos interpuesto por la demandante.

II.- Prueba rendida

Se identifica a continuación la prueba rendida que se considera relevante para la solución del caso, la cual consiste en declaraciones testimoniales y en diversa instrumental glosada en autos cuya autenticidad y veracidad de contenido y firma no ha sido desconocida por las partes, a saber:

1) Informe Técnico Nº 2/17 emitido el 13/2017, en autos administrativos 2693-D-2017-01130 y 23737-D-2016-1130, caso “Panella”, suscripto por el entonces Director General de Rentas Dr. Ignacio Barbeira; Resolución Administrativa ATM Nº 113/2023 que rechaza substancialmente el recurso jerárquico contra la Resolución DGR Nº 256/2022 (Cargo 8143828/2024);

2) Resolución DGR Nº 256/2022 que rechaza substancialmente el recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº 307/2021 del Departamento Determinación de Oficio 256/2022; (Cargo 8149269/2024);

3) Acta Notarial Extraprotocolar de Constatación del 18/06/2021 y correo electrónico sobre el que se expide de fecha 4/2/2021 emitido por Pablo Ambrosini Gerente de Alestemar SA y dirigido a Juan Francisco Pereyra y Fcontrera y correo electrónico de fecha 7/6/2021, en respuesta al anterior, suscripto por Juan Francisco Pereyra, que dice ser Gerente Regional de Ventas – Cuyo – Cervecería y Maltería Quilmes; Vista Nº 235/2022 del 7/12/2022 (art. 91 del Código Fiscal) por la que la Jefa del Departamento de Determinación de Oficio resuelve conferir vista a Alestemar SA para que en quince días conforme las liquidaciones practicadas o formule por escrito su descargo o presente las pruebas que hagan a su derecho (Cargo 8149339/2024);

4) Actas de Asambleas de Alestemar SA: Estatuto Constitutivo; Resolución DPPJJ disponiendo la conformación del contrato constitutivo de dicha sociedad anónima; Acta de Asamblea general ordinaria del 15/10/2020 (Cargo 8149875/2024);

5) Recurso Jerárquico de Alestemar SA contra Resolución DGR Nº 256/2022 (Cargo 8150312/2024); Recurso de Revocatoria de Alestemar SA contra Resolución Determinación de Oficio Nº 307/2021; Resolución Nº 307 del 27/05/2021 Departamento Determinación de Oficio que aprueba la Determinación Tributaria practicada a la firma Alestemar SA por el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales 2016/01 a 2018/12 (Cargo 8151124/2024).

6) Expedientes administrativos números EX-2018-02856371-GDEMZADGR_ATM; EE-7746-2021; EE-41570-2021; EE-41570-2021; EE-71589-2022; EE-36815-2020; EE-39926-2020; N° 23737-D-2016-1130; 2693-D-2017-01130; y demás actuaciones administrativas requeridas por el Tribunal para la admisión formal, tramitadas por ante ATM, que incluye Determinación de Oficio cuestionada y los actos previos investigativos, los Recursos Administrativos interpuestos por el contribuyente y las pruebas ofrecidas y producidas, los actos administrativos que los resolvieron, rechazándolos, en lo substancial, la mayoría de ellos ya identificados en los puntos anteriores; antecedentes del caso “Panella” (Cargos 8373622/2024; 8373734/2024; 8373747/2024; 8373751/2024; 8373757/2024; 8373778/2024; 8373791/2024; 8373851/2024; 8373856/2024);

7) Hecho nuevo y prueba instrumental, admitido por el Tribunal, que prueba la aplicación del caso “Panella” y el informe técnico emitido a otro supuesto (Distrosol SA) (Cargo 9028121/2024)

8) Declaraciones testimoniales de CPN Alejandro Garbuio, asesor contable de la actora, y de Rodrigo Marcelo Mandich, Gerente Zonal de Quilmes, quien reemplaza a Juan Francisco Pereyra que dejó de pertenecer a dicha sociedad (Grabaciones cuyos links obran en actas del 5/3/2025 y 24/6/2025, respectivamente).

III.- Solución del caso

Conforme se ha planteado la controversia, y en virtud de los antecedentes fácticos acreditados que se enunciarán, se determinará y analizará el núcleo del caso.

1.- Antecedentes fácticos acreditados. Normativa aplicable. Cuestión medular a resolver:

De las actuaciones administrativas y demás pruebas producidas se encuentra acreditada la plataforma fáctica que se explicitará a continuación:

a.- El acto que da origen a los diversos remedios recursivos, que provoca el resto de las decisiones administrativas cuestionadas que agotan la instancia que habilita a la judicial, es la Resolución Nº 307 del 27/05/2021 emitida por el Jefe del Departamento Determinación de Oficio de ATM.

Dicha Resolución aprueba la Determinación Tributaria practicada a la firma Alestemar SA por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos fiscales 2016/01 a 2018/12, aplica una multa de $60.559.326,39 por infracción a sus obligaciones sustanciales correspondientes a dichos períodos conforme lo dispuesto en el art. 69 del Código Fiscal y según Resolución General Nº 7/2014, e intima a la ahora actora a ingresar la suma adeudada por impuesto, intereses y dicha multa, liquidada al 15/06/2021, por un total de $90.651.509,85 según el siguiente detalle: Impuesto sobre los Ingresos Brutos por $14.538.967,23; Intereses art. 60 del Código Fiscal por $15.553.216,23; multa art. 69 del CF y su reglamentación (200%) por $60.559.326,39.

Para llegar a tal Determinación Tributaria aprobada, y la consecuente Intimación, y en lo que hace al cuestionamiento medular del acto originario atacado, la demandada directa considera que la firma accionante debió liquidar el Impuesto en cuestión sobre la base de los ingresos brutos devengados durante los períodos fiscales analizados, correspondientes al ejercicio de la actividad gravada como lo establece el art. 172 del CF (t.o. 2019).

Contrariamente, Alestemar SA liquidó el impuesto por los mencionados períodos, en lo que hace -reitero- al aspecto medular de la impugnación, aplicando la alícuota de los productos vendidos para el caso de vinos a granel o venta de uvas en función de las alícuotas respectivas, pero por los productos provistos por Cervecería y Maltería Quilmes SAICA (en adelante Quilmes) liquidó el impuesto como mandatario (primer párrafo del art. 174 del Código Fiscal reformado en el año 2016, texto vigente durante los años 2016, 2017, 2018; primer párrafo del art. 178 del Código Fiscal del año 2019), considerando que es dicha empresa quien le proporciona la mercadería, indica las zonas de ventas y determina los precios a vender y los márgenes de ganancias.

En tal sentido, en su liquidación y posteriores recursos, considera la actora que ese mecanismo es el aceptado por ATM conforme lo decidido en el caso “Panella” en virtud del Informe Técnico Nº 2/17 del Expediente Nº 2696-D-2017-001130. A la luz de ese Informe, que entiende aplicable a su caso, establece que la base imponible surge del margen que otorga Quilmes para realizar la comercialización y distribución del producto y sobre dicho monto se aplica la alícuota del código 959227 más la sobre tasa por el volumen de facturación.

b.- Ante esta argumentación, ATM intimó al contribuyente quejoso a que acompañe a las actuaciones administrativas el convenio o contrato celebrado con la empresa Quilmes y cualquier otro tipo de documentación que acredite la relación contractual invocada para la liquidación del impuesto concretada del modo propugnado por la firma accionante, entre otra documentación requerida.

No obstante los emplazamientos cursados en sede administrativa, y conforme surge de los considerandos del acto cuestionado, la actora no aportó el contrato o convenio celebrado por la empresa Quilmes o cualquier otra documentación suscripta por ésta donde se verifique su actuación por cuenta y nombre de terceros, de modo de justificar su actividad bajo las denominadas figuras de comisionista, consignatario, mandatario, corredor, representante y/o cualquier otro tipo de intermediario en operaciones de naturaleza análoga cuya forma de liquidación esté establecida en el art. 178 del CF (t.o. 2019).

Ante ello, ATM considera que el Informe Técnico Nº 2/17 del Expediente Nº 2696-D-2017-001130 aplicado al caso “Panella”, al igual que el supuesto del hecho nuevo admitido en autos, difiere al del actor en tanto en esos supuestos sí se acompañó el contrato y convenio que habilitaba a la liquidación en los términos que pretende la actora, no probando dicha relación contractual la documentación que aportó Alestemar SA, tanto en sede administrativa como ahora en la judicial; ni la prueba testimonial rendida acredita dicho vínculo en los términos que pretende la quejosa.

c.- En tal sentido, y adentrándome en la esencia de la argumentación principal de la accionante, se encuentra acreditado que esta se limitó únicamente a adjuntar, tanto en sede administrativa como ahora en la judicial, un Acta Notarial Extraprotocolar de Constatación de fecha 18/06/2021 y correo electrónico sobre el que se expide de fecha 4/2/2021 emitido por Pablo Ambrosini Gerente de Alestemar SA y dirigido a Juan Francisco Pereyra y Fcontrera y correo electrónico de fecha 7/6/2021, en respuesta al anterior, suscripto por Juan Francisco Pereyra, que dice ser Gerente Regional de Ventas – Cuyo – Cervecería y Maltería Quilmes; es decir, actuaciones y comunicaciones datadas dos años después de los períodos fiscales liquidados y que tampoco dan cuenta de la relación contractual requerida y que invoca la firma contribuyente.

En efecto, del texto de dichos correos electrónicos no puede derivarse la relación contractual invocada por la empresa actora, puesto que sus términos son de una vaguedad tal que no determinan una oferta y su aceptación con las exigencias previstas en el CCCN, y menos aún puede invocarse un efecto retroactivo de esa supuesta relación contractual; por el contrario, si se le diera algún valor a tales manifestaciones, no harían más que acreditar que, en el mejor de los casos, la relación en los términos pretendidos por la actora comenzó a partir de la fecha de esas comunicaciones y que claramente no existía durante los años de los períodos fiscales respecto de los cuales se procedió a la liquidación del Impuesto de los Ingresos Brutos cuestionada.

d.- Al respecto, resulta oportuno señalar que en la Vista Nº 235/2022 (art. 91 CF) obrante en las actuaciones administrativas y debidamente notificada a la sociedad demandante, se detalla toda la actividad de inspección realizada por ATM previa a la determinación de oficio, destacándose, con relación a las diversas gestiones tendientes a la incorporación de la documentación que justifique la invocada relación contractual con Quilmes, no sólo los emplazamientos incumplidos del propio contribuyente, sino lo manifestado por la propia firma Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G, quien expresa (EE 16020-2022) que no existen acuerdos ni contratos celebrados con los contribuyentes [dentro de los cuales se mencionaba a Alestemar SA].

Conforme surge de la misma actuación, Quilmes, ante el emplazamiento para que ratifique o rectifique lo informado sobre la inexistencia de acuerdos o contratos, indica que “por el momento no contamos en nuestros registros con documentación relativa a las condiciones de compra, distribución y venta de los productos que comercializamos”.

e.- A lo anterior debe agregarse lo determinante de la declaración testimonial del 24/6/2025, concretada por el Sr. Rodrigo Marcelo Mandich, Gerente de Ventas de Quilmes, a cargo de la parte comercial de dicha empresa, al afirmar, respecto de la relación entre la empresa actora y Quilmes, que “No es un servicio sino es un contrato más de compra y venta” para luego reafirmar que “No es una redistribución, sino lo que hace la compañía es vender el producto a un precio y el distribuidor lo vende a otro precio por lo cual él tiene un margen, un marck up, que de ahí entiendo que saca sus ganancias y cubre sus costos.”

Lo cual demuestra la inexistencia del contrato en los términos invocados por la actora y, por ende, la legitimidad de la determinación de oficio efectuada por ATM y el marco normativo aplicado a la determinación del impuesto de los ingresos brutos efectuada por el organismo impositivo provincial.

f.- En definitiva, debe señalarse que no puede invocarse una relación contractual o pretender acreditarla con meras manifestaciones posteriores, con pretensos efectos retroactivos, con poca claridad en su formulación de aceptación de la oferta y de la oferta misma, con términos ambiguos que dan lugar a dudas de la existencia o no de dicha relación, y menos aún cuando con esa pretendida relación contractual se propugna una liquidación impositiva contraria a la normativa aplicable o se intenta forzar el supuesto personal para que encaje en una caso especial de base imponible que difiere al propio.

g.- En virtud de ello, es que la prueba aportada por la actora no acredita que el supuesto sea igual al del caso “Panella” ni al del hecho nuevo admitido, puesto que ni en sede administrativa ni en esta causa la actora ha acreditado debidamente la existencia, a la fecha de los períodos fiscales liquidados, de una relación contractual como la que pretende, no obstante que ATM la emplazó a acompañar tales instrumentos, lo cual lo incumplió, contrariamente con lo sucedido en los otros casos en los que los contribuyentes acompañaron la prueba instrumental de la relación contractual que habilitaba a aplicar a tales casos los criterios del Informe Técnico Nº 2/17 del Expediente Nº 2696-D-2017-001130.

A ello se añade que, tampoco resulta ilegítima la no aplicación al caso del Informe Técnico “Panella” -principal argumentación defensiva de Alestemar SA-, no sólo porque no acreditó la relación contractual que invoca, sino que además, conforme lo dispone el art. 97 bis del Código Fiscal (2017), estos informes no son aplicables a favor o en contra de terceros ajenos a la consulta que los provocó. En efecto, dicho artículo, en su parte pertinente refiere que “las opiniones en respuesta a consultas efectuadas por los contribuyentes, responsables o terceros, se circunscribirán estrictamente a los términos de la situación de hecho concreta y actual consultada y a los elementos de juicio aportados en su oportunidad. No son recurribles, tienen carácter vinculante para la Administración Tributaria Mendoza y para los consultantes, sólo cuando fueran emitidas por el Administrador General, en su caso por Director General, en el que hubiere delegado tal atribución, y su alcance no es extensivo a favor o en contra de terceros ajenos a la misma”.

h.- Por ende, en atención a la plataforma fáctica acreditada, es clara la legitimidad del actuar de ATM al concretar la determinación de oficio en los términos del art. 172 del Código Fiscal (to 2019), en el sentido expuesto por dicho organismo recaudador, y no aplicar el art. 178 como pretende la actora, puesto que no fue acreditado que Alestemar SA haya actuado por cuenta y nombre de terceros, por lo cual la base imponible en su caso no es la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que corresponden en el mismo a sus comitentes, sino que vendió en nombre propio y por cuenta propia, por lo cual la base imponible es aquella general, esto es el monto facturado a los compradores.

i.- Con relación a la multa, las argumentaciones de la demanda no determinan la ilegitimidad del actuar de ATM, puesto que ese organismo no hizo más que aplicar al caso lo dispuesto en el art. 69 del Código Fiscal y en su reglamentación Resolución General Nº 7/2014.

Cabe recordar que esta Suprema Corte de Justicia tiene establecida una precisa jurisprudencia en relación al control jurisdiccional del alcance de las facultades administrativas en materia sancionatoria (ver L.S. 292-1; 296-134; 298-209; 299-110; 304-66, 347-178; 379-176, entre otros).

Los jueces, en principio, no pueden, sin correr el riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción que se impone por parte de la Administración Pública.

Por otro lado, las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observación en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria (confr. CSJN, Fallos: 308:191; 316:2043; 324:3593). A su vez, ellas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa.

Del procedimiento surge que la accionante en todo momento pudo ejercer su derecho de defensa y ha existido una debida tutela administrativa efectiva en el desarrollo procedimental.

En su demanda, con relación a la multa impuesta, se limita a referir que no se expresan considerandos ni se resuelve sobre los argumentos impugnatorios de la multa, siendo esta una argumentación vacía de contenido y que no logra desvirtuar la legitimidad de la sanción aplicada por ATM, quien -se reitera- aplicó correctamente al caso la normativa citada (Art. 69 del Código Fiscal y su reglamentación Resolución General Nº 7/2014), cuya constitucionalidad no fue cuestionada por la demandante.

2.- Conclusión:

En definitiva, y en atención a lo expuesto, constancias de autos y normativa aplicable, no se ha demostrado en la causa la existencia de los vicios endilgados a las decisiones atacadas, por lo cual se considera legítima la determinación de oficio originaria y los actos administrativos que rechazaron substancialmente los sucesivos recursos.

En consecuencia, corresponde que la demanda sea desestimada.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. VALERIO y el Dr. GARAY CUELI adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, El DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ DIJO:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. VALERIO y el Dr. GARAY CUELI adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GÓMEZ DIJO:

Atento a cómo han sido votadas y resueltas las cuestiones anteriores, en un todo de acuerdo con lo previsto en el art. 36 del CPCCyT y 76 del CPA, corresponde aplicar el principio chiovendano de la derrota y, por ende, imponer las costas a la actora vencida. La regulación de honorarios se difiere para el momento en que obren en la causa elementos suficientes a tal fin.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. VALERIO y el Dr. GARAY CUELI adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala con Competencia Originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, fallando en definitiva,

RESUELVE:

	1°) Rechazar la acción procesal administrativa interpuesta por ALESTEMAR SA.
	2°) Imponer las costas del proceso a la actora vencida (art. 36 del CPCCyT y 76 del CPA).
	3°) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
	4°) Dar intervención a la Administración Tributaria Mendoza a los efectos fiscales pertinentes. 
	Notifíquese. Ofíciese. Oportunamente archívese.





DR. JULIO RAMON GÓMEZ
Ministro




DR. JOSÉ V. VALERIO
Ministro





DR. DALMIRO FABIÁN GARAY CUELI
Ministro