Trib. G.J.A. Nº 2
Expte: 3.740
Fojas: 222
EXPTE. Nº 3.740 caratulado “GUZMAN, MARÍA CRISTINA C/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. P/ D. Y P.”
Mendoza, 16 de Junio de 2016.
VISTOS:
Los autos arriba caratulados, llamados a dictar sentencia a fs. 221 y de los que,
RESULTA:
I.- Que a fs. 11/15 y vta. comparece el Dr. Mauricio Osmar Mathon, en representación de la Sra. MARÍA CRISTINA GUZMAN, e interpone demanda por indemnización de daños y perjuicios contra WAL MART ARGENTINA S.R.L., soli-citando se condene a la demandada al pago de la suma de $ 65.000, y/o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos, con más sus intereses y costas.
Relata que el día 16 de Mayo de 2.010, en horas de la tarde, la deman-dante se encontraba realizando compras en el establecimiento de la demandada ubicado en calle Coronel Moldes n° 1023 y Acceso Sur, Dorrego, Guaymallén, Mendoza. Agrega que cuando se encontraba en el sector de carnes, cerca de las heladeras, debido a que el piso donde transitaba se encontraba mojado por agua proveniente de las mismas heladeras, resbaló, cayó y se golpeó bruscamente en el suelo. Debido a ello, fue asistida de urgencia en el lugar por el Servicio de Emergencia Médico, para ser luego trasladada al Sanatorio Argentino, donde se le diagnosticó politraumatismos varios, traumatismo de columna cervical y fractura de tobillo izquierdo. Posteriormente, fue sometida a una intervención quirúrgica, debiendo permanecer en reposo y realizar tratamientos de curación y rehabilitación.
Fundamenta la responsabilidad de la accionada en la normativa legal y jurisprudencia que cita.
Concreta su reclamo bajo los siguientes rubros: a) Gastos asistenciales y terapéuticos: $ 5.000; b) Incapacidad: $ 30.000 y c) Daño Moral: $ 30.000.
Ofrece prueba y funda en derecho.
II.- A fs. 30/36 se presenta el Dr. Juan Ignacio Cimino, por la demandada WAL MART ARGENTINA S.R.L., contesta demanda y pide su rechazo, con costas.
Niega en forma específica los hechos invocados por su contraria como fundamento de su pretensión.
En subsidio, aduce que el hecho se originó por una circunstancia ajena a la accionada, en virtud que la actora eventualmente sufrió un resbalón originado por su propia imprudencia, por lo cual su parte no debe responder.
Destaca que sus dependientes mantienen la seguridad y limpieza del hipermercado en firma rigurosa y permanente.
También en forma subsidiaria, desconoce el grado de incapacidad invocado por la actora, las lesiones y secuelas detalladas por ésta e impugna los rubros y montos pretendidos.
Ofrece pruebas y funda en derecho.
III.- A fs. 39/43 y vta. la parte actora contesta el traslado conferido a su parte con motivo de la contestación de demanda presentada en la causa.
IV.- A fs. 50 y vta. se dicta resolución sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes. Se rinden las siguientes: absolución de posiciones del representante legal de la demandada (fs. 63); declaración testimonial de la Sra. NORA ELISA SACONE (fs. 68 y vta.); declaración testimonial de la Sra. CINTIA LORENA CASTRO (fs. 75 y vta.); declaración testimonial de la Sra. CELINA CLARA DIAZ (fs. 76 y vta.); informativa de la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (fs. 90/93); informativa del REGISTRO DEL ESTADO CIVIL (fs. 95/96); pericial médica (fs. 139/140); informativa de SANATORIO ARGENTINO S.A. (fs. 168); declaración testimonial del Sr. LEANDRO AGUSTÍN GIUNTA (fs. 184).
V.- A fs. 136 y vta. el Sr. Armando Saturnino Arias, en su carácter de Administrador Provisorio designado en el Expte. N° 1012.658, caratulado “GUZMÁN, MARÍA CRISTINA P/ SUCESIÓN”, originario del 2° Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Tercera Circunscripción Judicial, denuncia el fallecimiento de la actora y acompaña autorización judicial otorgada a su parte para intervenir en los presentes.
VI.- A fs. 144 y vta. los Sres. ARMANDO SATURNINO ARIAS, CRISTIAN ELIAN ARIAS, NORMAN ISRAEL ARIAS, ARMANDO HÉCTOR ARIAS y SILVANA VERÓNICA ARIAS, en su calidad de herederos declarados de la actora, se hacen parte y constituyen domicilio legal.
VII.- A fs. 196 se ordena poner los autos a la oficina para alegar, por el término de ley, glosándose los alegatos de la parte actora a fs. 204/210 y los de la de-mandada a fs. 211/215.
VIII.- Previo dictamen de la Sra. AGENTE FISCAL de fs. 217, a fs. 221 queda la causa en estado de dictar sentencia.
CONSIDERANDO:
I.- A la luz de los antecedentes de la causa, precedentemente reseñados, corresponde en forma previa establecer el marco jurídico conforme el cual deben ser resueltas las cuestiones sometidas a decisión.
Mediante resolución de fecha 26/07/2005, dictada en la causa n° 72.871, caratulada “Bloise de Tuchi, Cristina en J: 140.351, Bloise de Tuchi c/ Supermercados Makro S.A. p/ D. y P. s/ Inc.”, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza se expidió sobre la responsabilidad de los supermercados por daños sufridos en sus instalaciones por los clientes, estableciendo directrices y conceptos que estimo aplicables al caso.
Allí se dijo que: “Los daños provocados en la sociedad moderna por la actividad humana se han multiplicado, de allí que también la jurisprudencia haya debido mutar y situaciones que hace algunos años pasaban silenciosamente o no habían podido hacer surgir un caso de responsabilidad, hoy, en cambio, consienten la protección de nuevos intereses. Se han multiplicado no sólo las ocasiones de daño, sino también los deberes de comportamiento, extendiéndose el ámbito del daño injus-tamente sufrido. Por eso no debe asombrar que el criterio de responsabilidad por riesgo de empresa encuentre aplicación en la actividad de gestión de un supermerca-do; de tal modo la casuística jurisprudencial propone una serie de nuevas hipótesis como es la caída en una escalera mecánica, o en el piso resbaloso, el daño producido por el uso de los carritos, o por un producto que explota, o por hurtos de vehículos o daños causados a éstos en playas de estacionamiento de estos centros de compras. Los supuestos de caídas por resbalones en supermercados son frecuentes en la juris-prudencia y normalmente el problema que abordan es el de la causalidad adecuada, presupuesto que se muestra complicado porque el piso es una cosa inerte. En estos supuestos se ha hecho responsable al supermercado, aplicándose las normas sobre responsabilidad por las cosas que se tienen bajo su custodia, si el daño acaece porque el consumidor se resbaló por efecto de cualquier tipo de suciedad existente en el piso (por ej. hojas de lechuga o cáscaras de naranja) o simplemente por estar el piso demasiado encerado. En nuestro país se ha liberado al supermercado si la actora no acreditó sus dichos (había invocado que el personal del supermercado estaba lim-piando con cera); manteniéndose ignorada la causa de la caída (Cám. Nac. Civ., Sala A, 02/03/1.999, L.L. 1.999-F-83)”.
Además, recuerdo que en el precedente “Mosca…” (06/03/2007, publi-cado en Revista La Ley 2007-B-359) la Corte Suprema de Justicia de la Nación aludió al “derecho a la seguridad” previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo que abarca no solo a los contratos, sino también a los actos uni-laterales como la oferta a sujetos indeterminados.
En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia Mendocina tiene dicho que “El art. 5 de la Ley 24.240 dispone: “Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”. Es verdad que la norma se refiere específicamente a los servicios prestados y a los productos enajenados, pero es también una pauta general, aplicable por analogía, relativa a la seguridad que deben prestar las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece” (S.C.J. de Mendoza, 26/07/2002, L.S. 310-058).
Por su parte, la Excma. Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza tiene entendido que “… cuando las personas sufren daños en el ámbito de una relación de consumo, rige una presunción de responsabilidad respecto del proveedor de bienes o servicios, derivada de la obligación de seguridad establecida por el art. 42 de la Constitución de la Nación y por los arts. 5, 6 y cc de la ley 24240. Si bien la primera en el orden temporal fue la ley 24.240 (recientemente reformada), al haberse incorporado el art. 42 a la Constitución Nacional por la reforma de 1.994, se ha configurado un nuevo principio general del derecho, una nueva garantía o derecho fundamental, que impregna a todas las relaciones jurídicas que caen bajo su influencia. El art. 42 de la C.N. prescribe que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y o condiciones de trato equitativo y digno… Entonces, cuando una actividad riesgosa provoque un daño dentro de una relación de consumo, aún cuando no provenga del producto o del servicio prestado sino de las modalidades con las que aquel se ofrezca o éste se cumpla, tendrá la peculiaridad de que, probada la relación de consumo y el daño ocurrido dentro de su ámbito, la presunción será de que se ha visto incumplida en su totalidad la obligación de seguridad impuesta constitucional y legalmente” (3° Cám. de Apel. de Mendoza, sentencia del 26/08/2008, Expte. n° 178.857/31.291, caratulado “Hernández María c/ Supermercados Libertad p/ D. y P.”).
Según los lineamientos precedentemente transcritos, respecto de la caída de una persona dentro de las instalaciones de un local comercial debe considerarse que existe una responsabilidad “objetiva” del dueño de la cosa riesgosa por aplicación del art. 1.113 del Código Civil o por el “deber de seguridad” hacia el consumidor, reglado por el art. 40 de la ley N° 24.240 (responsabilidad también objetiva). De ahí que, el incumplimiento de este deber genera una presunción de responsabilidad a favor del consumidor (Conf. 1° Cám. de Apel. de Mendoza, “Orellana Poblete…”, 27/11/2012, LLGran Cuyo 2013 (marzo), 171, AR/JUR/64369/2012).
Esta presunción de responsabilidad puede ser total o parcialmente destruida por parte del proveedor, demostrando la ruptura del nexo causal – como dice el citado art. 40 la “causa ajena” – ya sea, probando el hecho de la víctima, o de un tercero por quien no deba responder y/o el caso fortuito ajeno a la actividad, servicio o cosa (ver Frustagli, Sandra A. - Hernández, Carlos A., “Régimen de responsabilidad por daños en el estatuto de defensa del consumidor”, RCyS 2004, 178).
II.- Conforme los principios sentados por la doctrina y jurisprudencia ci-tadas precedentemente, se impone el análisis de los medios de prueba incorporados a la causa a efectos de determinar si la parte actora ha acreditado en debida forma la incidencia riesgosa o viciosa de una sustancia resbaladiza derramada en el piso del local comercial de la accionada, con aptitud suficiente para provocar que la misma haya caído como consecuencia de ello y golpeado en el piso.
Adelantando opinión, estimo que se ha acreditado en debida forma la existencia de la cosa riesgosa y, consecuentemente, la relación causal con el daño.
Efectúo esta afirmación sobre la base de la valoración de los medios pro-batorios incorporados a la causa, conforme a continuación detallaré:
1) A fs. 6/7 corre agregado ticket de compra, acompañado por la actora junto con su escrito de demanda, emitido por Sucursal Moldes 1023 de la demandada, de fecha 16 de Mayo de 2.010 (19.26 horas).
2) A fs. fs. 68 y vta. la Sra. NORA ELISA SACONE, prestó declaración testimonial.
Dijo la deponente que “… estaba comprando… cerca del sector de carnicería… y veo que la señora cae, había un charco de agua ahí…”. Al ser preguntado sobre el horario de los hechos, manifestó que “fue en la tarde, cerca de las 7 u 8, estaba oscuro”. Respecto del líquido que provocó la caía de la demandante, expresó que “estaban las heladeras, tiene que haber sido de alguna de las heladeras de la carnicería”. Destacó que no había personal de limpieza cerca del lugar, ni ningún tipo de señalización de precaución o de limpieza.
Sabido es que la prueba testimonial debe ser valorada en función de diversos elementos, ponderando las condiciones individuales y genéricas de los deponentes, seguridad del conocimiento que manifiestan, coherencia del relato, razones de la convicción que declaran y la confianza que inspiran, conforme a las reglas de la sana crítica (conf. Cám. Nac. Civ. Sala A, nº 256.311 del 16/04/1999, L.580.061).
Doctrina y jurisprudencia han enunciado diversas directivas cuya ob-servancia facilita una adecuada crítica de las declaraciones y permite, por ende, el enjuiciamiento más exacto posible acerca de su credibilidad y eficacia. Por ello, supuesta la validez de la prueba, la pertinencia de los hechos sobre que versa y la aptitud genérica del testigo para asumir tal calidad procesal, las mencionadas directivas se relacionan, fundamentalmente, con las circunstancias personales de aquél, la naturaleza de los hechos sobre los cuales declara, la razón de ciencia enunciada como fundamento de su declaración y la concordancia de sus respuestas (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tomo IV, pág. 650/651 nº 486).
En definitiva, la valoración de este medio probatorio constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate (conf. Falcón, Enrique, “Código Procesal Civil y Comercial”, Tomo III, pág.365).
En el caso, los dichos de la testigo resultan convincentes, no son des-virtuados por otro medio de prueba, ni son discordantes con las demás circunstancias que ofrece la causa, debiendo tenerse por acreditados los hechos sobre los que depone.
La circunstancia que la Sra. Sacone haya sido el único testigo presencial del hecho no obsta aquella conclusión. La máxima latina “testis unus testis nullus”, que sugiere la descalificación de la declaración cuando se trata de un testigo único, no se aplica debido a la evolución del derecho procesal, máxime cuando la exposición brindada por la testigo resulta idónea, elocuente y no contradictoria, por lo que puede compensarse que se trate de un testigo único con la calidad de la exposición, la experiencia y severidad con que se aprecie el testimonio. Así, se ha sostenido que los dichos del testigo único deben ser apreciados con criterio restrictivo, sin perjuicio que nada autoriza a enervar su declaración cuando ella es categórica, amplia, dando razón de sus dichos y explicando detalladamente según tiempo y lugar, su participación y presencia en las circunstancias anteriores y posteriores al suceso, no advirtiéndose mendacidad, complacencia, parcialidad o confabulación respecto de la parte a quien favorecería eventualmente su declaración (Cám. Nac. Civ., 15/09/2003, “A., M. I. c. Reus, Hugo E.”, DJ 2004- 1, 84).
Siguiendo los lineamientos expuestos, no hay en autos elemento alguno que desvirtúe la declaración de la testigo, debiendo destacarse que la misma no fue objeto de tacha o impugnación alguna por parte de los sujetos de la causa, no existiendo motivo que permita dudar de la veracidad de los dichos de la deponente.
III.- Valorado conforme las reglas de la sana crítica el material probatorio antes aludido, juzgo acreditado que el accidente base de la demanda de autos ocurrió en la forma relatada por la actora en el escrito inicial de la presente causa, es decir, el día 16 de Mayo de 2.010, en horas de la tarde, cuando la misma se encontraba realizando compras en el establecimiento de la demandada ubicado en calle Coronel Moldes n° 1023 y Acceso Sur, Dorrego, Guaymallén, Mendoza, en el sector de carnes, cerca de las heladeras, y debido a que el piso donde transitaba se encontraba mojado, resbaló, cayó y se golpeó en el suelo, sufriendo lesiones.
Habiendo ocurrido el accidente al concurrir la actora a las instalaciones de la empresa accionada y resultando como consecuencia de ello lesionada, no cabe duda que el hecho cae bajo la égida de la normativa de Defensa del Consumidor (Ley n° 24.240 y su modificatoria Ley n° 26.361), en tanto aquella se encontraba ligada con la accionada por una relación de consumo, comprensiva del ámbito objetivo de aplicación de la protección normativa del consumidor.
Es decir que el deber de reparar los daños provenientes de una relación de consumo no implica exclusivamente la extensión de una garantía implícita emanada de un contrato; sino que lo que se ha instaurado es una responsabilidad de fuente legal específica, con basamento en el deber genérico de no dañar y que, por tanto, resguarda no solo al contratante, sino también a todo aquel que se ha visto damnificado aun sin haber adquirido o utilizado el producto o servicio. Es abarcativa entonces, de todas las situaciones en que el sujeto es protegido antes, durante y después de contratar, cuando es dañado por un ilícito extracontractual o cuando es sometido a una práctica del mercado, cuando actúa individualmente o cuando lo hace en forma colectiva (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, pág.74).
En el caso, tales recaudos se cumplen, en tanto la actora (consumidora en los términos del art. 1º de la ley mencionada) se encontraba dentro local comercial de la demandada en el que se comercializan bienes, de manera profesional (proveedor conf. art. 2º de la normativa citada), siendo en dicho contexto que aquella sufrió el daño por el que reclama.
Conforme el marco legal de referencia, dicha relación jurídica conlleva un “deber de seguridad objetivo” por parte del centro comercial frente al consumidor. Tal obligación es de “resultado” y su incumplimiento lleva aparejada responsabilidad objetiva (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad contractual objetiva”, J.A., 1989-II-964).
Se ha sostenido de tal manera, que se trata de una obligación central de carácter principal y autónoma, a diferencia del rango de accesorio o secundario que como deber de conducta se entendía emanado del principio rector de buena fe del art. 1.198 del Código Civil, erigiéndose en un derecho de los consumidores y usuarios, que trasciende la mera expectativa objetivamente generada. El deber de custodia que recae sobre el proveedor abarca prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o elementos extraños y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, la estructura y fluidez de la circulación. Esta exigencia impone de parte de aquél, ante la sola demostración de un hecho dañoso en circunstancias comprendidas por la obligación de seguridad, una conducta procesal dinámica (art. 53 LDC 3er. párrafo) que acredite esa “causa ajena” absoluta.
En dicha inteligencia, no cabe sino concluir que la demandada no ha logrado demostrar la causa ajena que fracture el nexo causal, no habiendo quedado acreditado tampoco que la conducta de la víctima haya tenido incidencia causal en la producción del hecho dañoso, que pueda excluir su responsabilidad, imponiéndose – en consecuencia – hacer lugar a la demanda deducida en su contra.
IV.- Atento al resultado arribado en los considerandos anteriores, corres-ponde el análisis de los rubros indemnizatorios pretendidos por la accionante.
a) Incapacidad: Para determinar la procedencia del reclamo de la actora canalizado bajo este rubro es necesario establecer las lesiones por ella padecidas y las se-cuelas que de las mismas se derivaron, correspondiendo, a tales fines, el análisis de las pruebas aquí rendidas.
La pericial médica incorporada a la causa a fs. 139/140, da cuenta que debido a la caída, la demandante sufrió una fractura de tobillo derecho, por lo que debió recibir asistencia médica, permanecer internada, ser sometida a una cirugía con colocación de placas y tornillos y realizar tratamiento de rehabilitación por un largo período. Como secuela informa una fractura bimaleolar de tobillo derecho, con alteración de la marcha, que le ocasiona una incapacidad parcial y permanente del 25%, con relación de causalidad directa con el accidente motivo de los presentes.
Para remarcar el mérito que corresponde asignar a la labor pericial cum-plida en autos, recuerdo que nuestros Tribunales han entendido: “Respecto del mérito y valor de la prueba pericial se ha expedido reiteradamente este Cuerpo y los demás Tribunales en general, señalándose así que "El rechazo por el Juez del dictamen de los peritos... debe basarse en razones serias que debe explicar, en un análisis crítico tanto de sus fundamentos como de sus conclusiones y de las demás pruebas, sobre los mismos hechos, que lo lleve al convencimiento de que, o bien aquellos no aparecen suficientes o carecen de lógica... Si considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad, que para el caso puede exigirse y no existen otras pruebas mejores o iguales en contra... no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad” (conf. 2° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 81-215. En igual sentido, ver 5° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 12-221; 3° Cám. de Apel. de Mendoza, L.A.75-108; 4° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S.169-253).
Por otra parte, a fs. 184 prestó declaración testimonial el Dr. Leandro Agustín Giunta, quien manifestó que atendió a la accionante con motivo del accidente, la cual ingresó al Sanatorio Argentino con diagnóstico de fractura bimaleolar de tobillo derecho y traumatismo cervical, por lo que debió ser operada con osteosíntesis.
Siguiendo a la S.C.J. de Mendoza (ver L.S. 262-284, L.S. 254-149), en-tiendo que bajo el rubro incapacidad ha de computarse la lesión en sí misma, como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad física); el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral), el menoscabo que además apareja en su vida de relación toda y al dificultar y amenguar sus interrelaciones con los otros (en igual sentido, Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”, T. II-B, págs. 191 y 208; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños -2a daños a las personas”, 3º reimpresión, Ed. Hammurabi. pág. 343).
En tal temperamento, el rubro incapacidad no sólo comprende las pérdidas laborales, sino también el daño a la integridad física o corporal o el daño a la salud per se, independientemente de su incidencia o no en su capacidad laborativa. El bien jurídico protegido es la salud, toda persona tiene derecho a que su integridad física no sea dañada y si ello ocurre, debe ser indemnizado, conforme con el principio de reparación integral.
Juzgo que los porcentajes de incapacidad fijados por los expertos cons-tituyen sólo pautas a los fines de la cuantificación del daño, pues lo que realmente resulta de vital importancia es el modo en que las secuelas afectan a la víctima para desarrollar los diversos actos de la vida cotidiana, considerando tanto la faz laboral como la vida de relación del individuo, ya que la indemnización en sede civil tiende a la integridad (conf. Cám. Nac. de Apel. Civ., Sala M, 06.08.2002, D.J. 2003-I-339).
Asimismo, recuerdo que las indemnizaciones tabuladas atendiendo a los porcentuales de incapacidad, tienen su ámbito de aplicación exclusivamente en los juicios laborales por accidentes de trabajos e incluso en ese ámbito, tratándose de indemnizaciones de derecho común, los Tribunales suelen aplicarlos con incuestionable relatividad. Por ello el cuadro de valorización de la disminución de aptitudes (baremo) significa sólo una referencia, si bien de primordial jerarquía, condicionada a todas las circunstancias persona-les de la víctima, no pudiendo, en consecuencia considerarse la incapacidad con un criterio puramente tarifario, sino con un sentido humano. Por idénticas razones entonces, tampoco puede haber criterios matemáticos rígidos para la determinación del “quantum” resarcitorio que condicionen el decisorio del juzgador.
De allí entonces que no pueda dejar de valorarse la situación socio-económica de la víctima, a los efectos de tratar de resarcir su daño en el caso concreto, evitando, tanto con el monto indemnizatorio, provocar un enriquecimiento sin causa, como dejar de resarcir, con una suma irrisoria, el real perjuicio o menoscabo sufrido.
Agrego a lo expuesto que no debe supeditarse la reparación a la previa demostración de la disminución laboral o económica, sino que debe entenderse que toda lesión física o psíquica de importancia debe indemnizarse como un valor del que la víctima se vio privada, puesto que la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan a la personalidad íntegramente considerada.
Analizada la prueba precedentemente detallada y ponderando las pautas objetivas marcadas por la reclamante, fundamentalmente sexo y edad al momento del accidente (ver partida de nacimiento de fs. 95, 62 años) y su fallecimiento acaecido el día 03 de Junio de 2.014 (ver partida de defunción de fs. 132); las lesiones sufridas por la víctima; sus secuelas; el grado de incapacidad informado por el experto en medicina ya consignado (25%); las repercusiones que las consecuencias derivadas del accidente han tenido en el ámbito personal y de relación de la actora, según dan cuenta las declaraciones testimoniales incorporadas a 75 y vta. y 76 y vta., juzgo sería justa y equitativa (art. 90 inc. 7º del C.P.C.), en el caso concreto, mandar pagar en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
b) Gastos asistenciales y terapéuticos: Nuestra doctrina y jurispruden-cia reiteradamente han sostenido que aun cuando la víctima de un accidente haya sido atendida en un establecimiento asistencial público o asistida por una Obra Social, debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen gastos que deben ser solventados por el paciente, el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, la afección o la enfermedad, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado. “Aún cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público, puede incluirse en la indemnización una suma en concepto de atención médica y de farmacia, pues es notorio que existen gastos que deben ser solventados por el pa-ciente y de los que incluso puede no tener comprobante de pago alguno, sea porque no se lo suministraron o porque no los solicitó o incluso no los conservó, pero si bien puede no contarse con prueba documental de la erogación, el resarcimiento es viable, debiendo guardar concordancia con la lesión, la afección a la enfermedad” (Conf. 4° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 159-073, en igual sentido: 5° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 014-156, 3° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 077-076; 2° Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 081-044).
Tal concepto entiendo se ajusta a derecho y a la reparación integral del daño basándose en la equidad.
En el sub examine juzgo, atento las lesiones sufridas por la demandante, que la indemnización deberá proceder, puesto que sobre la base de tales lesiones se puede establecer los gastos incurridos.
Por lo expuesto, teniendo presente que se ha acreditado el daño, entiendo que deberá indemnizarse un monto prudente y acorde con los padecimientos y el trata-miento consecuente. Haciendo uso de las facultades que me acuerda el art. 90 inc. 7 del C.P.C., estimo el rubro bajo análisis en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000).
c) Daño moral: Puede decirse que el daño moral es, en términos generales, aquella especie de agravio implicado por la violación de los derechos inherentes a la personalidad, es decir, de esos derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las facultades o presupuestos de la personalidad: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, etc…, todo lo cual se resume en el concepto de “seguridad personal”, y el honor, honra, sagrados afectos, etc…En una palabra, las “afecciones legítimas” a que se refería el art. 1078 del Código Civil, antes de la reforma de la Ley 17.711.
Se ha sostenido, criterio al que adhiero, que como en el sub examine “…no es menester la prueba concreta del daño moral cuando existen lesiones corporales” (4º Cám. de Apel. de Mendoza, L.S. 131-321), siendo la prueba del daño moral “in re ipsa”, por lo que su existencia no necesita de acreditación alguna.
Por tanto, estimo que para acreditar el daño moral no es necesaria la prueba objetiva de un determinado padecimiento, basta con que se acrediten las cir-cunstancias en las cuales, según las reglas de la vida constatables por la experiencia común, el contenido de aquél es una consecuencia normal del evento dañoso.
En mérito a lo precisado, corresponde acceder a lo solicitado, debiendo mensurar su extensión económica. Ello no significa “...mensurar el bien ofendido que el derecho protege, es un resarcimiento aproximativo o por satisfacción o satisfactorio. La moneda se proyecta en este caso como medio para obtener goces más o menos compensatorios de los sufrimientos soportados” (3º Cám. de Apel. de Mendoza, Expte. n° 123.174, 06/12/1992, fallo publicado en Revista del Foro de Cuyo, pág, 367, año 1993). Es por ello que debo proceder a su estimación, concordando con lo dicho por la Excma. Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil que dijo en autos 97.863, en fallo del 28/04/1992, es en esta tarea de fijar la indemnización del daño moral que “...cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación (del daño moral); la cantidad de dinero necesaria para servir de compensación del daño es la que sugiere caso por caso, su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno”.
En el caso, con las pruebas rendidas se ha acreditado que la integridad física de la reclamante fue lesionada, causándole indudablemente padecimientos físicos y morales que deben ser reparados.
Consecuentemente con ello, aprecio sería justa y equitativa (art. 90 inc. 7º del C.P.C.), en el caso concreto, mandar pagar en concepto de indemnización por daño moral la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).
V.- Intereses: En resumen, se hace lugar a un monto total indemnizatorio de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000), con más los intereses de la Ley n° 4.087 desde la fecha del hecho (16 de Mayo de 2.010, art. 1.748 CCyCN) hasta el dictado de la presente resolución, correspondiendo a partir de allí aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.) (Conf. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en pleno, Expte. N° 93.319, “Aguirre, Humberto por sí y por su hijo menor en J° 146.708/39.618 Aguirre, Humberto c/ O.S.E.P. p/ Ejecución de sentencia s/ Inconstitucionalidad”, 28/05/2009, L.S. 401-215).
Cabe aclarar que, implicando los intereses “una consecuencia de la relación jurídica existente”, a tenor de lo dispuesto por el art. 7 del CCyCN, Ley n° 26.994, a partir del 1 de Agosto de 2.015 quedan bajo el amparo de lo dispuesto por el art. 768 inc. c) del mencionado Código, que remite a las tasas que “se fijen” según las reglamentaciones del Banco Central.
En razón de que dicho Banco en su carácter de Superintendente de las entidades bancarias y financieras que operan en el país, fija variadas tasas de intereses para distintos tipos de operaciones, considero prudente seguir liquidando – a partir del 01 de agosto de 2.015 y hasta el efectivo pago – los intereses a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, por tratarse de una tasa que guarda razonabilidad.
Ello en consonancia con lo resuelto en el orden Nacional por la Sala C de la Cámara de Comercio: “Cabe considerar que el acreedor tiene derecho a percibir los inter-eses moratorios según la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días, desde la mora, pues esta solución –que se aplicaba en el fuero en virtud de lo dispuesto del art. 565 del Código de Comercio- debe entenderse vigente a partir de una interpretación razonable de lo dispuesto en el art. 768, inciso c), del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; norma que, a estos efectos, remite a las tasas que “se fijen” según las reglamentaciones del Banco Central. Los intereses moratorios deben ser calculados a la tasa activa, pues el art. 768, inciso c), del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación hace una remisión amplia, dado que la norma sólo exige sujeción a las tasas que “se fijen” según las reglamentaciones del Banco Central; recaudo que cumple la tasa señalada. En tales condiciones, es –al menos en principio- prudente que los jueces se remitan a las tasas que fija el aludido Banco, elección que se estima razonable porque contribuye a la previsibilidad necesaria en la materia a efectos de otorgar seguridad jurídica y evitar el riesgo de incurrir en un apartamiento arbitrario de las reglas del mercado financiero” (Cám. Nac. Com., Sala C, 20/10/ 2015, “W., S. N. c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Ordinario”, publicado en editorial El Derecho, www.elderecho.com.ar).
VI.- Costas: Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 35 y 36 ap. I del C.P.C.), no correspondiendo imponer costas a la actora por lo que se rechazan parcialmente los rubros por ella reclamados, ya que se trata de un rechazo cuantitativo y no cualitativo, por lo que no existen razones que justifiquen el apartamiento del principio chiovendano de la derrota a los fines de la imposición de costas (Conf. S.C.J. de Mendoza, in re “Chogris”, L.S. 187-177).
VII.- Honorarios de peritos: La regulación de los honorarios profesio-nales correspondientes a los peritos actuantes en el sub examine se efectuará respetando el principio de la proporcionalidad con el honorario por patrocinio, a la luz del análisis de la labor desarrollada y la incidencia probatoria de cada pericia en el proceso, es decir, valorando si la tarea fue necesaria y efectivamente auxilió al juez para tomar su decisión (Conf. S.C.J. de Mendoza, 05/08/2009, L.S. 403-080; ídem 12/06/2006, L.S. 366- 206; 15/06/2007, L.S. 378-143).
Respecto de la Lic. MARIELA FERNANDA GRIMALT, quien aceptó el cargo a fs. 72 pero que no ha presentado su informe pericial por razones ajenas a la misma, estimo aplicable aquella jurisprudencia según la cual “No corresponde hacer lugar al pedido de regulación de honorarios por el trabajo pericial que no fue incorporado a la causa..., y por ende, no incidió en el desarrollo de la misma. Si corresponde, se le regulen honorarios por la aceptación del cargo, ya que el sorteo practicado implicó que el perito fuera excluido de la lista para otros sorteos…” (Conf. 3° Cám. de Apel. de Mendoza, 31/08/2004, Expte. n° 111.717/28.448 “Alicia M. c/ Guzmán Claudia p/ D. y P.”).
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
I.- Hacer lugar a la acción de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Sra. MARÍA CRISTINA GUZMAN (hoy sus herederos decla-rados Sres. ARMANDO SATURNINO ARIAS, CRISTIAN ELIAN ARIAS, NORMAN ISRAEL ARIAS, ARMANDO HÉCTOR ARIAS y SILVANA VE-RÓNICA ARIAS) y, en consecuencia, condenar a la demandada WAL MART AR-GENTINA S.R.L. a abonar en el plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000), con más los intereses establecidos en el considerando V de la presente.
II.- Imponer las costas a la demandada vencida (art. 35 y 36 ap. I del C.P.C.).
III.- Regular honorarios profesionales a los Dres. MAURICIO OSMAR MATHON (h) en la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($ 3.240), ALEJANDRO DANIEL URRUTIA en la suma de pesos seis mil cuatrocientos ochenta ($ 6.480), JUAN IGNACIO CIMINO en la suma de pesos dos mil doscientos sesenta y ocho ($ 2.268) y DANIEL GÓMEZ SANCHIS en la suma de pesos cuatro mil quinientos treinta y seis ($ 4.536), todos sin perjuicio de los honorarios complementarios que correspondan (arts. 2, 3, 4 inc. a y 31 de la Ley n° 3.641).
IV.- Regular honorarios a los peritos Lic. MARIELA FERNANDA GRIMALT y Cdora. MARÍA ROXANA PINO SCANIO en la suma de pesos tres-cientos ($ 300) a cada uno y Dr. FERNANDO ENRIQUE CUARTARA en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500), todos estimados a la fecha de la presente resolución (art. 1.627 del Código Civil).
V.- Se deja expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten su calidad de responsables inscriptos.
CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes y profe-sionales actuantes por cédula y al MINISTERIO FISCAL con remisión de los presentes.-
Fdo: Dra. Cecilia R. LANDABURU - Juez